PREVARICATO POR ACCIÓN - Elementos: elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley), decisión en proceso penal, decisión relativa a detención domiciliaria Imprimir
Escrito por leda dominguez londoño   
Martes, 19 de Julio de 2016 17:55

/ DETENCIÓN DOMICILIARIA - Padres cabeza de familia: requisitos «El doctor ZH insiste en que no contrarió la ley, en tanto entre los dos detenidos existía una unión marital de hecho, pero en la providencia cuestionada (tampoco en el juicio y en el sustento de la apelación) no verificó probatoria y jurídicamente que las dos personas, sin estar unidas en matrimonio, hicieran comunidad de vida permanente y singular, que es como la Ley 54 de 1990 define el instituto. No solo no lo hizo, sino que, por el contrario, al momento de favorecer a TB con la detención domiciliaria (previamente la había otorgado a LM), dispuso que cada uno cumpliera la reclusión en su propia residencia, distantes en mucho una de la otra, de lo cual surge como inobjetable que no existía comunidad de vida permanente, dejando sin piso sus excusas. En el momento de emitir la providencia censurada, el señor juez acusado ya había concedido la detención domiciliaria a la progenitora de los menores, accediendo al pedido de la Fiscalía por verificarse su condición de madre cabeza de familia.

En esas condiciones, el propio funcionario dejaba sin posibilidad de aplicar igual criterio respecto de la pareja (que no compañero permanente) de aquella, señor TB. En efecto, la detención domiciliaria, bajo el entendido de que se está ante quien ejerce como cabeza de familia (sea la madre o el padre), de que trata la Ley 750 del 2002, debe entenderse en los términos del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado por la ley 1232 de 2008, esto es, que tiene a su cargo hijos menores de edad o discapacitados cuyo cuidado integral (protección, educación, afecto, educación, orientación, etc.) depende económica y exclusivamente de ella. La concesión del sustituto parte del supuesto necesario de que, previo a su detención, se demuestre que el procesado, él solo, sin apoyo alguno, estaba al cuidado de sus hijos, de tal manera que la privación de la libertad trajo como consecuencia el abandono, la exposición y el riesgo inminente para aquellos (confrontar auto del 14 de marzo de 2007, radicado 26.597). La vasta experiencia profesional y académica del acusado en el área penal, que fue estipulada (con anexos), conduce a que estaba al tanto de lo anterior, máxime su prolongado ejercicio como juez de garantías, en desarrollo del cual hubo de pronunciarse de manera reiterativa sobre la detención domiciliaria, aspecto que a la vez fue tenido como probado de común acuerdo entre las partes. En este contexto, como bien razonó el Tribunal, mal podía el señor juez de garantías tener a TB como padre cabeza de familia de los hijos de LM, porque (i) antes de ser aprehendido no los tenía a su cuidado (no eran hijos suyos), (ii) no convivía con aquella, (iii) había reconocido esa condición a la mujer, lo cual descartaba que pudiera pregonarse que el hombre quedaba como exclusivo protector de los infantes, (iv) no existía un desamparo económico porque el padre entregaba una cuota mensual para esos efectos, además de que otorgó a Lorena permiso para trabajar. Un hecho trascendente que la parte defendida deja de lado apunta a que, con independencia de lo que el juicio respectivo haya verificado, cuando menos sumariamente se demostró, y el señor juez acusado lo tuvo por probado, que al parecer los dos capturados se habían confabulado para dar muerte al esposo de la mujer y padre de los niños. En ese contexto, con el Tribunal debe concluirse que repugna al sentido común que la madre y su novio opten por dar muerte al esposo y padre de los niños para, así, generar el desamparo de estos para que el novio homicida adquiera la condición de padre cabeza de familia, y que el juez, para reconocérsela, invoque el interés superior de la protección de los niños, como que la conducta que se premia fue la que precisamente los privó de su progenitor. Con fundamento en las pruebas estipuladas, con tino el Tribunal verificó que el instituto concedido no fue solicitado ni, por ende, sustentado. En efecto, la postura del defensor ante el señor juez de garantías fue la de prohijar el pedimento de la Fiscalía sobre la concesión de la detención domiciliaria a LM y respecto de TB solo acudió a algunas frases genéricas, para decir que se le concediera libertad o “la domiciliaria”, pero sin soporte probatorio y jurídico alguno, ni la especie de “domiciliaria” a la que aspiraba y por qué. Por tanto, estándose ante un sistema de partes, rogado, en donde el juez debe ser plenamente imparcial, se impone que resuelva las peticiones de las partes, de donde deriva que la respuesta a la defensa de TB ha debido brindarla en consonancia con sus planteamientos, lo cual no solo no sucedió, sino que el doctor ZH se dedicó a rehacer la postulación defensiva y a resolver temas no pedidos, como que tuvo que elaborar un discurso sobre la detención domiciliaria, la condición de padre cabeza de familia y la concesión de permisos para trabajar, nunca reclamados ni sustentados probatoria ni jurídicamente, además de que, como acaba de verificarse, no se satisfacían las exigencias legales para adjudicar al detenido un carácter que no tenía. […] En la misma línea cabe resaltar, como hizo el Tribunal, que encontrándose el señor juez acusado valorando las exigencias para resolver la medida de aseguramiento, procedió, sin que la Fiscalía (tampoco la defensa) hubiera postulado esa pretensión, a modificar la imputación en el sentido de pregonar que se tipificaba el homicidio pero con el atenuante del estado de ira o intenso dolor, conminando al juez de conocimiento a tener por incluida esa modificación. Esa actitud demuestra, de nuevo, el quebrantamiento ostensible de la ley, en tanto la imputación fáctica y jurídica fue realizada por la Fiscalía, sin cuestionamiento alguno de la defensa, y el juez, de oficio, sin petición de parte, tomó partido en favor del acusado, beneficiándolo con ese aspecto, además de que lo hizo con omisión del principio de la preclusión de las etapas, como que la audiencia de imputación había expirado, el acto de tipicidad quedó consolidado y la adición la hizo el juez, no la parte facultada legalmente para hacerlo y sin siquiera postulación de la defensa».

Última actualización el Martes, 19 de Julio de 2016 18:00