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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Casación 40478 (10-06-15) Delito sexual. Derecho penal de Acto. Reglas de la Experiencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 22 de Abril de 2016 23:18

Tomado de http://jaydermu.blogspot.com.co/

 

"..Esta reciente decisión de la Corte Suprema, la cual ha sido suficientemente estudiada en diferentes barras académicas, pone de presente varios problemas jurídicos en cuanto a la valoración probatoria, reafirmando el concepto de derecho penal de acto.

 

Nótese que uno de los pilares de la sentencia condenatoria radicaba en "los comentarios" que dos de los testigos hicieron sobre presuntas conductas sexuales abusivas por parte del acusado en anteriores oportunidades, con lo cual se revivía el concepto de derecho penal de autor. Esto dijo la Sala:

 

"13.3.1. En primer lugar es de destacar que acerca de las presuntas conductas punibles pasadas atribuidas por las declarantes, los juzgadores no tuvieron en cuenta, con el fin de aquilatar la solidez de esas graves imputaciones, que según el artículo 248 de la Constitución Política únicamente “las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen el carácter de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

 

Al reconocer esos comentarios como "antecedentes de pasada conducta" en detrimento del acusado, se vulneró la presunción de inocencia según dice el Máximo Tribunal. A manera de conclusión y en lo que respecta al tópico señalado dice la Corte:

 

"Importa señalar que al sistema procesal penal implementado con la Ley 906 de 2004, no le es ajena la tradición jurídica expresada en  anteriores regímenes acerca de las reglas de apreciación de las pruebas,  según la cual éstas deben ser valoradas no sólo de acuerdo con las  exigencias inherentes a la práctica o incorporación de cada medio en  particular, sino con sujeción a lo que la doctrina denomina apreciación racional, que no es otra cosa que la estimación en conjunto o articulada de los elementos de conocimiento, conforme a los postulados que integran  la sana crítica, actividad que debe desarrollar el juzgador con sujeción a los principios que gobiernan la lógica, la ciencia y la experiencia.

 

Igualmente debe destacarse que si bien es cierto en la Ley 906 de 2004 no hay norma expresa que regule o establezca pautas en cuanto a la pertinencia de pruebas relacionadas con el carácter del acusado y la incidencia o peso valorativo que puede tener la acreditación de aspectos semejantes frente al hecho delictivo investigado, de la misma manera es verdad que esta Sala tiene decantada una pacífica y reiterada jurisprudencia sobre ese tema en particular que debió ser atendida por  los juzgadores, como criterio orientador en la valoración de las aludidas circunstancias (Constitución Política, artículo 230, inciso segundo).

 

En efecto, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el colombiano, con sujeción al artículo 29 de la Carta Política , el sistema de protección de los bienes jurídicos inmanentes al mismo está sustentado en el principio de derecho penal de acto, por virtud del cual  la condición de punible de una hipótesis normativa tiene como exclusivo  fundamento el concreto hecho (como sinónimo de acción u omisión humana) del sujeto en la ejecución de un comportamiento previsto como delito, y la correlativa sanción también tiene a la vez como sustento solamente ese hecho individual.

 

Es por lo anterior que esta Corporación tiene establecida una inveterada, pacífica y reiterada línea jurisprudencial, según la cual, de la misma manera que la demostración de antecedentes conductuales positivos del procesado no es idónea para sustentar la ausencia de responsabilidad frente a la imputación de una conducta punible , la acreditación de anotaciones negativas similares o no al comportamiento atribuido, anteriores, concomitantes o posteriores a este, tampoco es  eficaz para, con base en un aparente perfil antisocial del implicado, asegurar su compromiso en el delito endilgado en ausencia de otros elementos que de manera efectiva lo comprometan, pues valoraciones de ese calado constituyen una inaceptable manifestación del proscrito derecho penal de autor, en desmedro de su par opuesto, el derecho penal de acto.

 

A este respecto ha aclarado la jurisprudencia de la Sala que “indicio de capacidad moral para delinquir [es] el derivado ‘de la vida anterior y las cualidades personales de las cuales se puede inducir un hábito criminoso’ ” . Y en relación con la univocidad de ese llamado indicio para fundamentar la atribución de responsabilidad frente a un concreto delito, en la misma decisión puntualizó:

 

“[E]s de destacar que no sólo los tratadistas que admiten como razonable el indicio de capacidad para delinquir lo catalogan con un ‘valor secundario o supletorio’ , o poco importante para acreditar la participación del procesado , sino que además la Corte, en anteriores  oportunidades, ha concluido que, [es] ‘contrario al contenido del artículo 29 de la Constitución Política condenar a una persona con base en lo que es, y no en lo que hizo, [porque] desconoce el principio del hecho fundamentar la responsabilidad o gravedad del injusto en la existencia de antecedentes penales’ :

 

”‘[…] atribuir credibilidad a una imputación hecha por un tercero con base en los antecedentes del procesado, y erigir tal señalamiento como fundamento de la responsabilidad, es contrario al derecho penal de acto propio de Estados Sociales y de Derecho, pues de acuerdo con aquél el  juicio de reproche acerca de un comportamiento únicamente debe tener sustento en la concreta conducta del sujeto en la ejecución del hecho previsto como delictivo, y no en la personalidad o en los antecedentes del autor, ni en reflexiones vinculadas a esos aspectos para colegir eventuales peligros esperados en el futuro del mismo individuo’ .

 

”En este orden de ideas, si es derecho penal de autor deducir la participación o responsabilidad a partir de los antecedentes penales que obren en contra del procesado, también lo será si la inferencia se  construye a partir de registros, anotaciones, manifestaciones o cualquier otro elemento de convicción que acerca de la personalidad del individuo figuren en el expediente”.

 

En conclusión, de acuerdo con lo anterior, la falladora de primera instancia, avalada tácitamente por el juzgador de segundo grado, al traer como soporte para la atribución de responsabilidad al procesado en el comportamiento delictivo objeto de debate, los comentarios de MABM y LVZA acerca de supuestas acciones semejantes, cometidas por el procesado en épocas anteriores y remotas en relación con los hechos materia de juzgamiento, incurrió en un falso raciocinio por desatención de las reglas que constituyen pautas de valoración racional de los medios de prueba, de conformidad con la lógica, la ciencia y la experiencia".

 

El falso RACIOCINIO presente en la apreciación probatoria por parte de los falladores de instancia permitió que se CASARA la sentencia impugnada....."

Última actualización el Viernes, 22 de Abril de 2016 23:20
 
CASACIÓN 43.880. VIOLENCIA SE CONFIGURA CON CUALQUIER ACCIÓN QUE DOBLEGUE LA VOLUNTAD DE LA VÍCTIMA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 22 de Abril de 2016 23:10

Tomado de http://jaydermu.blogspot.com.co/

"...Eximios Juristas,

Les comparto la Casación 43.880 MP. José Luis Barceló C, del Boletín calendado 21 de octubre hogaño mediante el cual se casa la sentencia por demanda de la Fiscalía General de la Nación mediante el cual el Tribual de Pasto Sala de Decisión Penal absolvió por el delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO en una niña de 15 años de edad, decisión que efectivamente fue casada por violación directa de la ley sustancial por falso juicio de raciocinio.

Prima facie advertiré instrumentos internacionales-Estatuto de Roma- donde se fijan pautas específicas sobre apreciación probatoria en materia de violencia sexual) y línea jurisprudencial que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad tal y como son los expuestos en la sentencia T-452 de 2015 donde se refiere a las reglas de aducción de los elementos de conocimiento y el respeto por la dignidad humana de la mujer en cualquier acto procesal que se adelante en el Sistema Penal Acusatorio y así no sea víctima de descrédito. (Ref. Sent 23.706 y 23.508).

Siendo así y frente a una presunta voluntad o consentimiento de la víctima, resulta contrario a la lógica confundir la falta de reacción con la permisión, toda vez que el tipo penal descrito en el artículo 205 del C.P., exige como elemento la violencia y no que la víctima tenga la obligación de oponerse, precisamente por las múltiples reacciones que una imagen violenta pueda generar en ella. Aplicable al caso, por tanto, emana la misma regla de experiencia derivada del hurto calificado por la violencia (art. 240 núms. 1-2 del C.P.) y agravado por atacar bienes móviles como celulares (Art. 241 núms. 5-10 ib.), “comúnmente denominado raponaso”, de corriente acontecer y que tienen en alerta y peligro a cualquier ciudadano por cuanto han trascendido incluso hasta la muerte de la víctima, “muchas, pero muchísimas veces, el agredido al perder su bien (celular), considera que no haber sido lesionado, resulta mejor que haber opuesto resistencia, que le hubiera causado por retaliación un resultado peor. No pone denuncia alguna, ni avisa a las autoridades y pasa a engrosar el inmenso número de afectados, Jaque en que se encuentra toda una nación. Pero no por ello (que no haya resistencia) el delito no existe o el agredido lo permitió (aun cuando se hace entrega del bien por miedo) o; como en este caso que lo consienta”.

Habrá que reiterar que para efectos de la realización típica de la conducta punible de acceso carnal violento, lo importante no es especificar en todos y cada uno de los casos la modalidad de la violencia empleada por el agresor, sino la verificación desde un punto de vista objetivo y ex ante (fáctico y jurídico) que la acción desplegada fue idónea para someter la voluntad de la víctima, luego entonces el togado será un examinador in situ del momento mismo del acto y así verificar cuál fue la verdadera intención del agente en el supuesto de hecho, pues las modalidades de violencia son susceptibles de adaptarse a todo tipo de combinaciones y variantes dependiente de la manera en que se desarrollen los hechos en cada caso en particular.

 

Hasta pronto...."

 

Última actualización el Viernes, 22 de Abril de 2016 23:14
 
Noticia destacada Expendedores de estupefacientes deben ser judicializados, aunque sean adictos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 13 de Abril de 2016 14:17

Tomado  de www.legismovil.com

"....Expendedores de estupefacientes deben ser judicializados, aunque sean adictos (2:44 p.m.)


Con plena independencia del parámetro legal sobre dosis personal de narcóticos, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se aplica incluso a los adictos cuando son sorprendidos portando o almacenando dichas sustancias con fines de venta, tráfico, comercio o distribución. Así lo precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de confirmar una condena de 64 meses de prisión contra un expendedor de estupefacientes a quien las autoridades hallaron en su lugar de residencia una cantidad por encima de la dosis personal mínima permitida por el ordenamiento jurídico. Hay que mencionar que la defensa del condenado demostró en el proceso que era consumidor habitual de estupefacientes; no obstante, la Sala advirtió que las circunstancias particulares del caso permitieron mediante prueba circunstancial edificar su compromiso penal. En este tipo de conductas pueden coexistir las dos calidades, tanto la de adicto como el de distribuidor o comerciante de la droga, motivo por el cual el alto tribunal aclaró que la justicia no puede permitir que, precisamente, una enfermedad sea utilizada como pretexto para delinquir, esto es, que bajo el supuesto de portar dosis compatibles con el propósito o necesidad de consumo también queden amparadas cantidades destinadas con fines de comercialización (M.P. Eugenio Fernández Carlier)....."

 

 

Última actualización el Miércoles, 13 de Abril de 2016 14:20
 
domingo, 17 de abril de 2016 Casación 43.489 (17-06-15) EL DELITO DE PREVARICATO POR ACCIÓN – Decisión manifiestamente contraria a la Ley – Orden de Registro y Allanamiento – Audiencias Preliminares Concentradas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 22 de Abril de 2016 22:43

Tomado de http://jaydermu.blogspot.com.co/.

"..Casación 43.489 (17-06-15) EL DELITO DE PREVARICATO POR ACCIÓN – Decisión manifiestamente contraria a la Ley – Orden de Registro y Allanamiento – Audiencias Preliminares Concentradas

EL DELITO DE PREVARICATO POR ACCIÓN – Decisión manifiestamente contraria a la Ley – Orden de Registro y Allanamiento – Audiencias Preliminares Concentradas

M.P.: PATRICIA SALAZAR CUELLAR

NÚMERO DE PROCESO: 43489 (17-06-2015)

PROVIDENCIA: SP7657-2015

DELITOS: Prevaricato por Acción

TIPO DE PROVIDENCIA – Sentencia Segunda Instancia

Dos son las situaciones procesales importantes que se debatieron en esta sentencia de segunda instancia y de las cuales advierto son el escenario de debates actuales en el desarrollo de las audiencias preliminares concentradas:

1.      El registro personal que realiza la policía administrativa (de vigilancia) en el registro de personas y vehicular en el ejercicio de su función constitucional.

2.      El término de las 36 horas para llevar a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento.

 

En el primer aparte es evidente que el registro personal y vehicular que realiza la policía administrativa o de vigilancia en su función constitucional de preservar la tranquilidad, la seguridad ciudadana y conservación del orden público, no requieren de autorización judicial, máxime cuando con dicho registro no se están desarrollando métodos invasivos, sino por el contrario, se trata de una revisión externa y superficial de la persona y de lo que lleva consigo, hecho que la Sala Penal lo ha hecho extensivo a los registros de vehículos.

Siendo así, queda clarificada la legitimidad que se ostenta en los policías de vigilancia para realizar registros personales y vehiculares, más no que dicha actividad debe ser realizada únicamente por la policía judicial, ni mucho menos que ésta debe atender autorización de un juez de control de garantías, o en otros eventos orden del fiscal para llevarse a cabo un registro y allanamiento, per se, sería como pretender que cada policial presente una autorización judicial por cada persona o vehículo que registre.

De ahí la relevancia del alcance aludido en la sentencia C-822 de 2005 referente a la constitucionalidad del artículo 208 de la Ley 906 de 2004, precepto concordante con el artículo 218 Superior, y no por ello pretender que dichos alcances sean los establecidos en la sentencia C-789 de 2006[1].

Frente al segundo interrogante, es evidente que por omisión legislativa, la Ley 906 de 2004 no dispuso de un término expreso para que el juez que ejerce funciones de control de garantías entre a analizar respecto de la imposición de la medida de aseguramiento, situación por la cual emerge prima facie el término general dispuesto por el artículo 159 ibídem, esto es de cinco (5) días.

Término que al entrar en conflicto con la derecho fundamental a la libertad y que en razón a la omisión legislativa, ha sido la jurisprudencia la que ha entrado a suplir que las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de la medida de aseguramiento deben realizar en audiencias concentradas dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión[2].

Lo anterior, habida cuenta que una vez vinculado el indiciado al proceso mediante la audiencia de formulación de imputación, el término de los cinco (5) días puede ser un factor que desencadene una prolongación ilícita de la privación de la libertad[3].

Corolario de lo anterior, surge la necesidad del ente acusador en que una vez vinculado el proceso mediante la audiencia de formulación de imputación, la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento en los casos previstos en la Ley debe adelantarse en la misma audiencia preliminar, y no que esta última se desligue de las anteriores, en especial de la de legalización de captura, máxime cuando si bien se trata de audiencias diferentes, todas ellas mantienen una sincronía procesal en cuanto a los aspectos fácticos y jurídicos debatidos ab initio.

Hasta pronto,

[1] …la facultad de registro personal que regula el artículo 208 bajo examen no es contraria a la Constitución pues tal norma no gravita en torno a lo que ha de realizarse en el curso de una investigación penal, sino que se circunscribe a la actividad preventiva que por mandato constitucional le compete ejercer a la Policía Nacional a fin de mantener el orden público, en facultad previsora que, para el caso, con métodos no invasivos, permite la revisión externa y superficial de la persona y lo que lleva consigo, con el fin de dar seguridad al entorno, por lo cual su práctica no necesita autorización judicial previa. Ciertamente, el registro de personas es una de las medidas que persigue la realización del fin constitucional de garantizar la convivencia pacífica, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, tarea asignada por mandato superior a la Policía Nacional, según ya se analizó (art. 218 Const.). Estos argumentos son igualmente válidos para justificar la constitucionalidad del registro de vehículos que la policía realiza, establecido como está que tal procedimiento no tiene alcances de investigación penal ni de policía judicial con miras al esclarecimiento de delitos; sólo son actos elementales de rutina, para identificar al conductor y a los pasajeros, constatar las características y la propiedad del vehículo, al igual que la naturaleza, procedencia y legalidad de los objetos transportados. [1]

 

[2] “…Si bien es cierto las audiencias que sobrevienen a la captura de un indiciado se realizan de manera concentrada y cada una tiene un fin diferente, no lo es menos, que la audiencia de imposición de medida de aseguramiento no puede desligarse de la situación fáctica y decisión jurídica expuestos durante el control posterior a las aprehensiones físicas, por cuanto al juez de garantías le corresponde examinar si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicadas por la Fiscalía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino además son o no proporcionales...”

 

[3] “…Así, entonces, la interpretación restrictiva de la normatividad; la abierta aplicación que hace la Corte del bloque de constitucionalidad (particularmente las dos convenciones antes reseñadas); la filosofía que guía el nuevo sistema respecto de la privación de libertad; el criterio de ponderación, y finalmente la propia Ley 906/04 en cuanto señala que todos los días y horas son hábiles para adoptar decisiones, entre otras, las atinentes a aquella garantía fundamental, bien para imponerla, sustituirla o revocarla, son ingredientes que -conjugados- permiten a la Sala señalar que las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento deben llevarse a cabo dentro del plazo de treinta y seis (36) horas.

(…)

El prementado lapso de las 36 horas para efectos de la audiencia concentrada encuentra razón de ser -además de las motivaciones expuestas- en la necesidad de proteger la libertad individual respecto de una eventual prolongación ilegal de la privación en cuanto que así, al determinarse un plazo, puede el juez constitucional (de garantías o de habeas corpus) estimar -desde luego razonadamente- que se ha prolongado el estado de privación de libertad con desmedro de esta garantía para que en esas condiciones pueda hacer realmente efectiva la segunda modalidad de habeas corpus, originada, como se sabe, en la ilícita prolongación..”. . (CSJ. AP. 14 ago. 2009. Radicado 31900)...."

Última actualización el Viernes, 22 de Abril de 2016 22:47
 
Corte Constitucional condiciona actuación de agentes encubiertos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Domingo, 10 de Abril de 2016 14:44

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"..La Sala Plena de la Corte Constitucional informó la declaratoria de exequibilidad condicionada de un inciso del artículo 242 de la Ley 906 del 2004, el cual establece que la revisión de la legalidad formal y material de una operación realizada por agentes encubiertos se realizará de manera posterior por parte del juez de control de garantías.

 

Según los accionantes, la constitucionalidad de aquella norma convenía interpretarse en el entendido de que debe existir control judicial previo, ya que su texto actual violaba el debido proceso, la intimidad y la dignidad humana del sindicado, pues desconoce que la actuación encubierta implica una intromisión en el núcleo personal del investigado. (Lea: Conozca en detalle a los aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la Nación)

 

Por su parte, la Procuraduría afirmaba que no le asistía razón a los demandantes cuando argumentan que la operación del agente encubierto debía ser de aquellas que requerían autorización judicial, toda vez que estas actuaciones no afectan derechos y garantías fundamentales de los indiciados o imputados.

 

Vale la pena aclarar que las operaciones de persecución penal encabezadas por la Fiscalía en las que se intervengan gravemente garantías fundamentales requieren, por regla general y principal, una autorización judicial, salvo aquellas que están indicadas en el numeral 2° del artículo 250 de la Carta Política. (Lea: Las ocho directivas que dejó Montealegre)

 

“Este tipo de excepciones no han sido establecidas caprichosamente por parte del legislador, sino que versan sobre actuaciones particulares cuyo fin es materializar el incumplimiento de la obligación constitucional e irrenunciable del Estado, radicada en cabeza de la Fiscalía”, concluyó el concepto de la Procuraduría.

 

No obstante, el máximo juez de la justicia colombiana resolvió que cuando este tipo de operaciones impliquen  el ingreso del agente a reuniones en el lugar de trabajo o en el domicilio del imputado o indiciado deben estar presididas de autorización previa del juez de control de garantías, sin perjuicio de control posterior. (Lea: “El contexto” en el proceso penal y los riesgos frente a la investigación)

 

Hay que mencionar que la ponencia de esta sentencia de constitucionalidad estuvo a cargo de la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa. En el trascurso de la semana, a través del habitual comunicado de prensa, se esperan más detalles sobre esta  trascendental decisión en materia de derecho procesal penal.

 

(Corte Constitucional, Noticia, Abr. 06/16)."

Última actualización el Domingo, 10 de Abril de 2016 14:46
 
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