company logo

Directorio de Enlaces

Comentarios

Visitante No.

Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Procesados por delitos sexuales contra menores pueden solicitar libertad por vencimiento de términos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 13 de Mayo de 2016 15:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La prevalencia de los derechos de los menores no puede ser entendida como la negación absoluta de las garantías fundamentales de los condenados, entendimiento que se hace extensible a quienes apenas tienen la condición de imputados o acusados y, por tanto, se les presume inocentes.

Así  lo informó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de establecer que el derecho de todos los procesados a obtener la libertad provisional por vencimiento de términos no implica la negación de la prevalencia de los derechos constitucionales a esta población vulnerable.

Al respecto, la prevalencia de los derechos de los menores de edad, no significa la supresión absoluta de los derechos de los demás sujetos, así estos sean imputados o condenados por delitos contra menores. (Lea: Este es el precedente sobre libertad sin salvedades por vencimiento de términos)

Para la Sala, un entendimiento ponderado de esta problemática llevaría a concluir que un proceso judicial sin dilaciones injustificadas se obtendrían beneficios para:

· La sociedad, porque con la condena o la absolución se esclarece prontamente un hecho que encendió las alarmas y causó pública desazón.

· En las víctimas, al obtener una justicia, verdad y reparación coetánea con su proceso de sanación.

· Al procesado, para quien concluye una etapa de angustias, en particular si es absuelto de las acusaciones, porque obviamente se libra de unos injustos señalamientos y de la restricción de sus derechos fundamentales.

Labor del juez

De ahí que la eliminación de las consecuencias jurídicas del vencimiento de los términos en relación con la detención preventiva, el relevo del funcionario a cargo de la investigación y las sanciones penales o disciplinarias por el delito de prolongación ilícita de la libertad “no contribuye positivamente a esos objetivos, incluso propicia el efecto contrario al crear una zona de ‘confort’ en la cual el desinterés o la negligencia de las autoridades no es censurada”, agregó la corporación judicial.

Ahora bien, la Corte precisó que dicha interpretación jurisprudencial no tiene como consecuencia inmediata que todos los procesados por delitos sexuales contra menores de edad que soliciten la libertad por vencimiento de los términos deban ser excarcelados, pues corresponde a los jueces de control de garantías evaluar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada.

Lo anterior de conformidad con los parágrafos primero y tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que concuerdan con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos humanos para estos temas. (Lea: Entrevista forense a menor víctima de delitos sexuales es elemento probatorio)

Razón por la cual el máximo juez de la jurisdicción ordinaria concluyó que en los delitos de altísimo impacto los jueces de control de garantías, en su calidad de garantes de los derechos fundamentales, deben evaluar todas las causas de la dilación de los términos y no solo para recriminar la conducta procesal del detenido.

Pero también para descartar maniobras ocultas de los demás sujetos procesales, “tendientes a prolongar el tormento de quien, de forma anticipada y prejuiciosa, ha sido condenado por la opinión pública” (M.P. José Francisco Acuña).

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia 84957, Abr. 26/16....."

Última actualización el Viernes, 13 de Mayo de 2016 15:04
 
Homicidio agravado por motivos abyectos o fútiles. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 07 de Mayo de 2016 22:11

Tomado de http://derechopenal-colombia.blogspot.com.co/

 

"...De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española, abyecto es aquello despreciable, vil en extremo; y fútil aquello que carece de aprecio o importancia.

En cuanto al agravante contemplado en nuestro sistema de tendencia acusatoria para el delito de homicidio por motivos abyectos o fútiles (Art. 103, 104 Numeral 4 del C.P) es claro que dicho motivo aducido como desencadenante de la acción homicida se debe identificar plenamente, pues obrar por motivos fútiles no puede ser otra cosa que realizar el hecho delictivo por una causa tan insignificante, tan nimia, que hace resaltar en forma inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho. Y abyecto es actuar de manera despreciable o vil, como por ejemplo quien matare a otro por venganza, pues esto lo hace repugnante.
Entratándose de circunstancias específicas de agravación punitiva de una determinada conducta punible, siempre se ha sostenido que es imprescindible que en la actuación se encuentren debidamente demostradas, toda vez que como elementos integrantes del tipo básico en particular, requieren de las mismas exigencias de concreción y claridad, no solo con el fin de que el procesado no albergue duda “razonable” frente al cargo que debe enfrentar en el juicio, sino también respecto de consecuencias punitivas de la responsabilidad penal que voluntariamente decide aceptar, en los eventos de allanamiento a cargos o negociaciones y preacuerdos, dado que aquellas delimitan en cada caso concreto los extremos mínimo y máximo de la sanción a imponer. (Art. 61 del CP)
En cuanto a la causal agravante especifica, se debe delimitar en cual de ambas se incurrió (abyecto o fútil), ya que de la inadecuada redacción normativa se pueden tratar como sinónimos, cuando son dos figuras totalmente disímiles.
Valoración judicial.
La esencia del proceso constitucional- penal es acceder al valor justicia, en síntesis, porque se trata de un proceso de búsqueda de la verdad que tiene por finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal..., se trata de hacerjusticia material en cada caso[1]
Si se parte del presupuesto de que “...el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso”
“El funcionario (léase Agente del Ministerio Publico, Fiscal, Juez) está exhortado a cumplir fielmente los deberes que la Constitución y la ley le imponen, sobre todo cuando se es garante institucional de la Administración de Justicia; por ello, dentro de marcos razonables, el funcionario tiene el deber jurídico de apreciar correctamente las pruebas del proceso, la duda es un estado racional del conocimiento, no se puede convertir en una gratificación, en un aguinaldo, en una regalía.
La duda es un estado insalvable del conocimiento, tiene que aparecer fundamentada en insuperable condición probatoria, tanto para absolver por falta de prueba que demuestre con suficiencia la inocencia del procesado, como para condenar por falta de prueba que con suficiencia permita declarar la certeza de la responsabilidad; de lo contrario, en uno y en otro caso la sentencia de mérito debe ser absolutoria o condenatoria.
En suma, cuando hay suficiente evidencia en uno u otro sentido, no puede haber duda y no puede haber absolución.”[2]
En cuanto al criterio de valoración por parte del juzgador, siempre debe primar entre otros principios el de la legalidad, ya que el fallador no puede conceder valor probatorio a los elementos que han sido allegados de manera banal y mucho menos que han sido aducidos con violación a la disposición legal. Para esto el Art. 380 del código procedimental es claro, y define que “los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y evidencia física se apreciaran en conjunto…”
Además de lo anterior, el sistema de tendencia acusatoria otorga al juez la posibilidad de apreciar y valorar la prueba según su percepción, persuasión y convicción, o lo que se conoce como sana critica, pues no tiene que ceñirse al valor que da la ley a cada prueba, sin que esto atente contra la legalidad. O sea que el fallador es libre de crear su propio convencimiento, pero ello debe estar sujeto a lo realmente probado en la vista pública de juicio oral, pues de lo contrario seria una especulación creativa de lo que no se ha aducido en juicio.
De ahí que sea importante la diferenciación de cada una de las circunstancias de agravación punitiva, no solo para el punible de homicidio sino para las demás consagradas en la norma sustantiva penal, y ello con el fin de evitar yerros jurídicos por parte de los jueces al materializar la ley a la luz de la dignidad humana como mandato constitucional.
En atención a la congruencia, como principio fundante del sistema procesal acusatorio, la corte suprema de justicia a dicho[3]:
La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la acusación sí y sólo sí es el que puede ser tenido en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra que los hechos no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de acusación, al juez no le quedará otro camino que el de resolver el asunto de manera contraria a las pretensiones de la acusadora; y, así mismo, (ii) la acusación debe ser completa desde el punto de vista jurídico (la que, en aras de la precisión, se extiende hasta el alegato final en el juicio oral), con lo cual se quiere significar que ella debe contener de manera expresa las normas que ameritan la comparecencia ante la justicia de una persona, bien en la audiencia de imputación o bien en los momentos de la acusación, de modo que en tales momentos la Fiscalía debe precisar los artículos del Código Penal en los que encajan los hechos narrados, tarea que debe hacerse con el debido cuidado para que de manera expresa se indiquen el o los delitos cometidos y las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la punibilidad.”

Lo que antecede refleja, que la pretensión del ente acusador debe ser respetada por el fallador siempre y cuando conserve la misma hebra procesal, en aras de no sorprender al encausado con circunstancias novísimas por las cuales vaya a ser procesado y peor aun, condenado. ..."

Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 22:13
 
Las pruebas para determinar el lucro cesante en el incidente de reparación están sujetas al procedimiento civil PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 07 de Mayo de 2016 14:14

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...El material probatorio que sirve de fundamento para determinar el lucro cesante en el incidente de reparación está sujeto a los designios propios y característicos del procedimiento civil y no al penal. Así lo precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al revocar parcialmente una sentencia del Tribunal Superior de Cali que negó el pago del lucro cesante a una víctima, cuya disminución de capacidad laboral se estableció en más de un 60%, en un proceso en el que el responsable del hecho fue condenado penalmente por el delito de lesiones personales culposas. Así las cosas, el máximo juez de la justicia ordinaria enfatizó que la estimación de los daños causados en un proceso es ajeno al juicio penal y sigue su propio curso, que no es otro que el de procedimiento civil..."

Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 14:16
 
Complicidad excluye la ejecución de la acción típica: PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 07 de Mayo de 2016 21:52

Tomado de http://derechopenal-colombia.blogspot.com.co/

"..La Sala Penal del alto tribunal recordó que el participe o cómplice no puede ser tenido como coautor de un delito, porque lo que hace es una contribución al injusto doloso que otro comete. “El partícipe es una figura marginal o personaje secundario”, aseguró.

De ese modo, ese partícipe accesorio no realiza la conducta típica, solo contribuye de manera más o menos eficaz, sin tener dominio en la producción del hecho.
Según la sentencia, solo aquella persona que domina el hecho puede ser tenido como autor o coautor, mientras que el cómplice simplemente presta una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita.
De otro lado, la coautoría implica tener el dominio propio del hecho y se presenta cuando un número plural de personas “comparten conscientemente los fines ilícitos propuestos y están de acuerdo con los medios delictivos para lograrlos”, concluyó.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP- 8346 (42293), Jul. 1/15. M. P. Gustavo Enrique Malo)..."

Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 21:54
 
Jueces carecen de discrecionalidad para estimar monto de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 07 de Mayo de 2016 14:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró su rechazo enérgico a la práctica judicial consistente en individualizar inmotivadamente las sanciones penales.

 

De esta manera, el alto tribunal enfatizó que los jueces de la administración de justicia carecen de discrecionalidad para estimar a su arbitrio el monto de pena a imponer, por cuanto existen parámetros legales para individualizarlas y están previstos en los artículos 59 y 61 del Código Penal.

 

Para la Sala, citando una reciente decisión, “así como un aumento de penas inmotivado o carente de fundamento en el ámbito legislativo deviene en inconstitucional, esta misma consecuencia es predicable de la imposición concreta de una pena que inmotivadamente se aparta de los límites mínimos”.

 

Recordemos que el artículo 61 indica que el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

 

Así, solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. (Lea: Tutela procede por error en dosificación de la pena)

 

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos:

 

  • La mayor o menor gravedad de la conducta

 

  • El daño real o potencial creado

 

  • La naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

 

Vale la pena decir que  la simple enunciación o alusión a dichos criterios sin la debida articulación y análisis con el caso concreto no satisfacen el deber de motivar la individualización de la sanción penal.

 

Al contrario, “implican un reprochable proceder que pretende encubrir el arbitrio del funcionario bajo la apariencia de una supuesta motivación”.

 

Así las cosas, la corporación concluyó que los funcionarios judiciales deben seguir los parámetros que ha establecido la ley para individualizar las sanciones, los cuales han de aplicarse motivadamente de cara al asunto particular y con la debida interpretación de los fines de la pena, en el marco garantista de un Estado social de derecho (M.P. José Leonidas Bustos). (Lea:Individualización de la pena debe tener en cuenta el principio ‘no reformatio in pejus’)

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-9182016 (46647), 02/03/16.."

Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 14:13
 
« InicioPrev11121314151617181920PróximoFin »

Página 17 de 65



Potenciado por Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.