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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Corte Suprema hace precisiones sobre nueva interpretación de dosis personal de estupefacientes PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 07 de Abril de 2017 21:05

tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..El consumidor o adicto a estupefacientes puede portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre que sea con la finalidad de su consumo personal y aprovisionamiento y no exista evidencia que indique tráfico de sustancias ilícitas.

 

Así lo reiteró recientemente la Corte Suprema de Justicia luego de absolver a un procesado que fue detenido hace cuatro años por efectivos de la Policía Nacional, quienes, tras una requisa, hallaron en su poder una bolsa plástica en su ropa que contenía 5,7 gramos de cocaína, en el municipio de Bello (Antioquia).

 

Según el concepto de la Sala Penal, durante el proceso la Fiscalía no pudo demostrar que la acción de llevar consigo esa cantidad de la sustancia estupefaciente, que supera ampliamente la dosis personal, lo hubiera hecho con el ánimo de traficar con esa sustancia o que la hubiere fabricado, por lo que debe ser tratado como un enfermo y no un infractor de la ley.

 

Sin embargo, advirtió que si el porte de dosis personal carece del nexo con propio consumo, o se advierte su  comercialización, tráfico o su distribución, así sea gratuita, la conducta ha de ser penalizada al tener la potencialidad de afectar los bienes jurídicos de salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social.

 

Sobre este tema, es necesario recordar que, en marzo del año pasado, la Sentencia SP- 29402016 (41760) del 2016, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, fijó esta nueva interpretación del artículo 376 (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) del Código Penal.

 

Después, la Sentencia SP-41312016 (43512) del 2016, con ponencia del mismo magistrado, aclaró que los  expendedores de estupefacientes deben ser judicializados, aunque sean adictos.

 

Ello porque en este tipo de conductas pueden coexistir las dos calidades, tanto la de adicto como el de distribuidor o comerciante de la droga, motivo por el cual aclaró que la justicia no puede permitir que, precisamente, una enfermedad sea utilizada como pretexto para delinquir.

 

Corte Suprema de Justicia, Comunicado, Abr. 3/17

..."

Última actualización el Viernes, 07 de Abril de 2017 21:07
 
No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:27

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"...La Corte Suprema de Justicia indicó recientemente que dentro de la formulación de imputación el fiscal del caso debe expresar oralmente la relación clara y suscinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.

 

Así mismo, la Sala de Casación Penal de esta corporación explicó que la sentencia debe ser congruente con la acusación realizada, entendida como el acto complejo integrado por el respectivo escrito y su formulación oral.  (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

Aunque este principio de congruencia se predica de la relación sustancial fáctico-jurídica entre la acusación y la sentencia y está establecido que al momento de la acusación es posible modificar los términos de la imputación en su aspecto jurídico teniendo en cuenta su carácter provisional, no así en los de naturaleza fáctica; la Sala advirtió que lo cierto es que jamás podría emitirse fallo sin que se haya enunciado con claridad el aspecto fáctico relevante del injusto en la audiencia de formulación de imputación.

 

Resulta importante indicar que en este evento no es posible emitir una sentencia en cualquiera de sus sentidos, es decir, absolutorio o condenatorio. (Lea: Fallo que permite a víctimas solicitar cancelación de la personería jurídica)

 

Ello por cuanto el referido acto de comunicación presentado por la fiscalía constituye una de las bases fundantes del proceso con efecto sustancial, y además provee la protección del derecho de defensa. De lo precedente surge la regla adjetivo-sustantiva según la cual sin imputación no puede haber acusación y mucho menos condena o absolución. (Lea: Todo lo que un abogado debe saber sobre el nuevo procedimiento penal abreviado)

 

Del mismo modo, agregó que la legalización de la imputación, formulada por la fiscalía y a cargo del juez de control de garantías, constituye el mecanismo legal de vinculación del indiciado al proceso y tiene la finalidad de que el presunto responsable conozca que el ente investigador lo tiene por autor o partícipe de unos hechos jurídicamente relevantes que lo hacen sujeto de una acción penal encaminada a verificar la conducta punible y la responsabilidad de la misma.

 

Finalmente indicó que, en esta etapa preliminar, el fiscal no tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que se encuentren en su poder, pero sí está obligado a expresar con claridad al indiciado los hechos de connotación jurídico penal que le son endilgados y las razones por las cuales, a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. (Lea: ATENCIÓN: Corte decide sobre incremento general de penas previsto en la Ley 890 del 2004)

Hechos

En el caso concreto, la fiscalía pasó por alto la normativa indicada en relación con la formulación de imputación y con ello afectó gravemente la estructura del proceso y vulneró el derecho de defensa del imputado, impidiéndole no solo conocer a cabalidad las conductas que se le atribuyen, sino la posibilidad de allanarse a estas.

 

Ello toda vez que la fiscalía, al determinar las conductas cometidas por el presunto responsable, no precisó las circunstancias que las habrían enmarcado y tampoco indicó con claridad quiénes fueron las víctimas de estos ilícitos. En tal virtud, y con base en el principio de congruencia, el alto tribunal dispuso casar oficiosamente la sentencia impugnada e invalidó las actuaciones desde la formulación de imputación.

 

También llamó la atención al órgano de persecución penal para que adopte los mecanismos de instrucción y formación necesarios en aras de que la actividad encomendada constitucionalmente se desarrolle con sujeción a los deberes que la ley procesal penal le impone. Por tal motivo, remitirá copia de esta decisión al señor Fiscal General de la Nación (M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-169132016 (48200), Nov. 23/16...."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:29
 
Criterios para constatar cuándo se vulneran derechos fundamentales por falta de defensa técnica PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:22

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional recordó, por medio de una sentencia de tutela, que la jurisprudencia ha decantado los criterios que permiten determinar en qué casos se entienden vulnerados los derechos fundamentales por falta de defensa técnica, especialmente en materia penal. (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

En efecto, la Sala Cuarta de Revisión indicó que:

 

(i)Se requiere demostrar que efectivamente existieron fallas en la defensa y que desde ninguna perspectiva posible pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada

 

(ii)Se debe acreditar que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado

 

(iii)Se debe demostrar que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial, de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos que hacen procedente la tutela sobre providencias judiciales, estos son, defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales

 

(iv)Se debe probar que, como consecuencia de todo lo anterior, hay una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales no procede la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso, advirtió la corporación.

 

Aunado a lo precedente, la sala también recordó que en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del Derecho. Esto es, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por ello, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa.

 

No obstante, aclaró que si bien el derecho a una defensa técnica es una manifestación del derecho de defensa, aun cuando el imputado o condenado haya nombrado a un abogado de confianza o a un defensor público para asistirlo, este se reserva el derecho de actuar en su favor dentro del expediente penal. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Defensa técnica y material

 

Del mismo modo precisó que en el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor (defensa técnica), sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado (defensa material), las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo, cual es defender al imputado. (Lea: Este sería el procedimiento para impugnar el primer fallo condenatorio en el proceso penal)

 

Finalmente, concluyó que las posibles faltas en la asistencia de un abogado habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional. (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-018, Ene. 20/17...."

Última actualización el Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:24
 
Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:24

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..Correspondió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por una procesada a quien el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga declaró penalmente responsable por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La sentencia condenó a la procesada a una pena privativa de la libertad de más de 20 años.

 

La recurrente formula un único cargo contra el fallo emitido por el tribunal, con sustento en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 del 2004 por violación al debido proceso, al considerar que el fallo del ad quem desconoció abiertamente la garantía del derecho a la defensa técnica que le asistía, en el entendido de que la profesional del Derecho que la asistió en la audiencia preparatoria desconocía la estructura y dinámica de la misma.

 

El pronunciamiento de la Sala Penal

 

Jurisprudencialmente, la Corte ha reiterado que el derecho a la defensa constituye una garantía de rango constitucional, cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario judicial que se caracteriza por ser intangible, real o material y permanente.

 

La violación al derecho a la defensa real o material se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la asistencia del profesional del Derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción.

 

Así, se ha establecido que invocar la violación del derecho a la defensa en casación requiere que el demandante enuncie las pruebas que dejaron de practicarse por omisión del abogado defensor, con indicación de su pertinencia, conducencia y utilidad, así como la exposición de una debida argumentación tendiente a evidenciar la posibilidad de haber sacado adelante una defensa más favorable al procesado.

 

En jurisprudencia reciente, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la falta de aptitud del abogado en la solicitud de pruebas en el curso de la audiencia preparatoria genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho de defensa por cuanto impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios.

 

De esa manera, la inefectividad de la defensa material prácticamente anula las posibilidades de controversia y por esa vía se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio, como el colombiano.

 

En este sentido, la legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus presupuestos, los que, a su vez, se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, de la puesta a prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa dotada de poderes análogos a los de la acusación.

 

De manera que el derecho a la asistencia letrada pretende evitar desequilibrios entre los contradictores que puedan generar como resultado la indefensión y, en consecuencia, desde la óptica adversarial, promueve que las partes en contienda se opongan mutuamente a las pretensiones sustentadas del contrario.

 

La importancia de la audiencia preparatoria

 

La audiencia preparatoria es, justamente, el acto procesal por excelencia para realizar las solicitudes de las pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral.

 

Por tal motivo, la legislación exige que el procesado deba estar asistido durante esta diligencia por un profesional del Derecho, que, como se explicó anteriormente, debe ser idóneo para la representación de los intereses que se le confían.

 

Lo anterior implica, entre otras cualidades, que sea depositario de los conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar que el juicio será un escenario contradictorio, en el que su representado pueda ejercitar plenamente el derecho a la defensa, bien sea por medio de la práctica de la prueba postulada y admitida en la audiencia preparatoria o, confrontando y contradiciendo las allegadas por su contraparte.

 

Esta cualificación del defensor resulta relevante si se tiene en consideración que no basta con que se mencione la prueba que se desea practicar, sino que es necesario que se justifique su conducencia y pertinencia, por cuanto la norma legal establece las reglas que debe observar el juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria.

 

Así, en el caso concreto, la Sala casó la sentencia recurrida, por cuanto se logró probar que dentro de la audiencia preparatoria la profesional del Derecho no hizo ningún llamado a pruebas con lo que dejó en una situación de indefensión a su representada. (M.P. José francisco Acuña).

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-1542017 (48128), 01/18/2017 )

.."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:26
 
El carácter constitucional del juez de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de la segunda instancia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Mediante acción de tutela, el anterior Fiscal General de la Nación (e) atacó la sentencia del Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quien decidió, en segunda instancia y ejerciendo función de garantías, revocar las medidas de aseguramiento que habían sido impuestas a dos ciudadanas.

En concepto del accionante, la providencia acusada incurrió en un defecto susceptible de vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el juez resolvió sobre la procedencia de las mencionadas medidas, a pesar de que las partes solo habían apelado el carácter de las mismas.

Conforme a esto, el problema jurídico que se planteó la Corte Constitucional fue: ¿vulneró el derecho fundamental al debido proceso y el principio constitucional de limitación el juzgado accionado al decretar el levantamiento de las medidas de aseguramiento en segunda instancia dentro de un proceso penal, a pesar de que esto no fue solicitado por las partes al momento de la impugnación?

El carácter constitucional que tiene el juez de control de garantías le permite flexibilizar el principio de limitación de segunda instancia cuando observe que hay una vulneración obvia y grosera del ordenamiento constitucional y de los derechos fundamentales de alguna de las partes o, también, cuando deba ponderar entre este principio y otro de mayor jerarquía constitucional.

Según el alto tribunal, si bien el principio de limitación obra como regla general de conducta, no es aplicable a todos los jueces en todas las jurisdicciones, pues el legislador o el constituyente tienen la facultad de establecer la competencia para que algunos puedan pronunciarse extra petita aun en sede de impugnación.

En efecto, explicó que los jueces que conocen de acciones constitucionales tienen la facultad de ordenar todas las medidas que consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sin importar si conocen del proceso en primera o en segunda instancia. Lo anterior no implica que el juez de control de garantías no tenga límites competenciales, aclaró la corporación.

A su juicio, los actos de estos funcionarios deben estar enmarcados en las necesidades del procedimiento penal y en los principios que ilustran dichos procesos dentro de sus competencias legales y constitucionales, como cualquier otra autoridad judicial, salvo que, como se dijo, se presenten las vulneraciones descritas (M. P. Luis Ernesto Vargas).

Corte Constitucional, Sentencia T-643, 21/11/1..."

Última actualización el Jueves, 16 de Febrero de 2017 15:48
 
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