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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Esta es la línea jurisprudencial sobre estipulaciones probatorias en el sistema acusatorio PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 30 de Julio de 2016 15:01

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...

Hay que comenzar diciendo que el procedimiento penal implementado por la Ley 906 del 2004estructura lo que se ha denominado como un sistema de partes, en el entendido de que la fiscalía y la defensa acuden ante un juez imparcial que, sin conocimiento previo de los hechos, “habrá de resolver de conformidad con el convencimiento a que llegue según las pruebas que aquellas le pidan, se decreten y practiquen en un juicio público”.

 

Con la finalidad de que ese juicio se centre en aspectos sustanciales, el legislador previó la posibilidad que, de común acuerdo entre las partes, se haga una depuración anterior al debate en aras de que este verse sobre lo trascendente y, en consecuencia, no se desgaste en temas sobre los que no se tiene ánimo de controversia. (Lea: Línea jurisprudencial: 25 años de libertad de expresión e información en Colombia)

 

Así, el inciso 4° del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, entre otras normativas, faculta a las partes para que lleguen a acuerdos o estipulaciones probatorias que versen sobre aspectos en los cuales, se enfatiza, no exista controversia sustantiva, sin que impliquen renuncia a los derechos constitucionales de los procesados. (Lea: Esta es la línea jurisprudencial sobre requisitos para acceder a pensión especial de vejez)

 

De esta manera, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de esta temática a efectos de realizar algunas precisiones, en casi 10 años, para el estudio de esta figura del Derecho Procesal Penal, de la siguiente manera:

 

(i) El convenio excluye la actividad probatoria sobre el hecho específico, el que el juez debe tener por cierto. De tal forma que no pude admitirse, por improcedente e inútil, la introducción de una prueba que pretenda dar por demostrado un hecho estipulado, como tampoco puede ejercerse contradicción sobre ese aspecto (Sentencia de octubre 10 del 2007, radicado 28212).

 

(ii) Admitida la estipulación, su contenido, alcance y límites deben quedar claros para las partes y el juzgador. No hay lugar a la retractación unilateral, en tanto, de admitirse, se rompería el equilibrio entre los adversarios” (Agosto 19 del 2008, radicado 29001; octubre 17 del 2012, radicado 39475).

 

(iii) El objeto de estipulación es un hecho concreto, no un determinado elemento material probatorio (Sentencia de octubre 26 del 2011, radicado 36445). (Lea: Estipulaciones probatorias admitidas en juicio oral son irretractables)

 

(iv) La estipulación misma, sin más aditamentos, constituye la prueba del hecho, de donde deriva que no hay lugar a anexar elemento alguno para respaldar la estipulación, pero si las partes convienen hacerlo solo puede apreciarse en el contexto del hecho acordado, pues si refiere aspectos fácticos diversos estos no pueden valorarse en ningún sentido, pues el anexo no constituye prueba alguna, en tanto no ha sido introducido ni controvertido en el juicio (Sentencia de febrero 6 del 2013, radicado 38975).

 

En efecto, sobre la última decisión reseñada, la Sala Penal precisó recientemente que, siendo la estipulación prueba en sí misma, carece de sentido y resulta inoficioso que a ella se hagan anexos, “en tanto el hecho está demostrado por aquella y, por ello, ese anexo no debe ser valorado o, de serlo, solo puede apreciarse en el contexto del hecho que se estipuló como probado” (M.P. José Luis Barceló).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-78562016 (47666), Jun. 15/16..."

Última actualización el Sábado, 30 de Julio de 2016 15:02
 
No demostrar convivencia en caso de violencia intrafamiliar no afecta principio de congruencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 30 de Julio de 2016 14:38

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que no demostrar una convivencia permanente en casos de violencia intrafamiliar no afecta el principio de congruencia, pues basta con poner en evidencia que entre víctima y victimario existe una unidad doméstica, viven bajo el mismo techo y se ha infligido maltrato físico y sicológico.

 

Al respecto, precisó que la tipificación de la violencia intrafamiliar protege la armonía y la unidad de la familia, entendiendo esta última desde una concepción amplia y no restrictiva, es decir, la conformada por vínculos de consanguinidad, jurídicos o por razones de convivencia.

 

En estos casos, precisó, el tipo de familia que establece el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 es apenas un referente, y no es necesario que la fiscalía especifique a cuál de los literales de esa legislación se adecúa el sujeto pasivo del maltrato intrafamiliar.

 

La Sala también aclaró que el propósito del legislador es amparar la armonía doméstica y la unidad familiar, sancionando penalmente el maltrato físico o sicológico infligido a un integrante de la familia.

 

Bajo esa línea, sostuvo que el elemento esencial para que se configure es que ese maltrato provenga de y se dirija sin distinción hacia un integrante del núcleo familiar o de la unidad doméstica, en tanto el concepto de familia no es restringido, ni estático, sino que evoluciona social, legal y jurisprudencialmente.

 

Por último, señaló que el principio de congruencia no es estricto, pues la jurisprudencia ha admitido que el juez se desvíe jurídicamente del contenido de la acusación y condene por un delito distinto al imputado, siempre que el nuevo injusto sea del mismo género y se favorezcan los intereses del procesado; no se modifique el núcleo fáctico de la acusación, que es inalterable e invariable; el nuevo delito sea de menor entidad, y no se lesionen los derechos de las partes.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16544 (41315), dic. 3/14, M. P. Eyder Patiño)..."

Última actualización el Sábado, 30 de Julio de 2016 14:39
 
PREVARICATO POR ACCIÓN - Elementos: elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley), decisión en proceso penal, decisión relativa a detención domiciliaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Martes, 19 de Julio de 2016 17:55

/ DETENCIÓN DOMICILIARIA - Padres cabeza de familia: requisitos «El doctor ZH insiste en que no contrarió la ley, en tanto entre los dos detenidos existía una unión marital de hecho, pero en la providencia cuestionada (tampoco en el juicio y en el sustento de la apelación) no verificó probatoria y jurídicamente que las dos personas, sin estar unidas en matrimonio, hicieran comunidad de vida permanente y singular, que es como la Ley 54 de 1990 define el instituto. No solo no lo hizo, sino que, por el contrario, al momento de favorecer a TB con la detención domiciliaria (previamente la había otorgado a LM), dispuso que cada uno cumpliera la reclusión en su propia residencia, distantes en mucho una de la otra, de lo cual surge como inobjetable que no existía comunidad de vida permanente, dejando sin piso sus excusas. En el momento de emitir la providencia censurada, el señor juez acusado ya había concedido la detención domiciliaria a la progenitora de los menores, accediendo al pedido de la Fiscalía por verificarse su condición de madre cabeza de familia.

En esas condiciones, el propio funcionario dejaba sin posibilidad de aplicar igual criterio respecto de la pareja (que no compañero permanente) de aquella, señor TB. En efecto, la detención domiciliaria, bajo el entendido de que se está ante quien ejerce como cabeza de familia (sea la madre o el padre), de que trata la Ley 750 del 2002, debe entenderse en los términos del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado por la ley 1232 de 2008, esto es, que tiene a su cargo hijos menores de edad o discapacitados cuyo cuidado integral (protección, educación, afecto, educación, orientación, etc.) depende económica y exclusivamente de ella. La concesión del sustituto parte del supuesto necesario de que, previo a su detención, se demuestre que el procesado, él solo, sin apoyo alguno, estaba al cuidado de sus hijos, de tal manera que la privación de la libertad trajo como consecuencia el abandono, la exposición y el riesgo inminente para aquellos (confrontar auto del 14 de marzo de 2007, radicado 26.597). La vasta experiencia profesional y académica del acusado en el área penal, que fue estipulada (con anexos), conduce a que estaba al tanto de lo anterior, máxime su prolongado ejercicio como juez de garantías, en desarrollo del cual hubo de pronunciarse de manera reiterativa sobre la detención domiciliaria, aspecto que a la vez fue tenido como probado de común acuerdo entre las partes. En este contexto, como bien razonó el Tribunal, mal podía el señor juez de garantías tener a TB como padre cabeza de familia de los hijos de LM, porque (i) antes de ser aprehendido no los tenía a su cuidado (no eran hijos suyos), (ii) no convivía con aquella, (iii) había reconocido esa condición a la mujer, lo cual descartaba que pudiera pregonarse que el hombre quedaba como exclusivo protector de los infantes, (iv) no existía un desamparo económico porque el padre entregaba una cuota mensual para esos efectos, además de que otorgó a Lorena permiso para trabajar. Un hecho trascendente que la parte defendida deja de lado apunta a que, con independencia de lo que el juicio respectivo haya verificado, cuando menos sumariamente se demostró, y el señor juez acusado lo tuvo por probado, que al parecer los dos capturados se habían confabulado para dar muerte al esposo de la mujer y padre de los niños. En ese contexto, con el Tribunal debe concluirse que repugna al sentido común que la madre y su novio opten por dar muerte al esposo y padre de los niños para, así, generar el desamparo de estos para que el novio homicida adquiera la condición de padre cabeza de familia, y que el juez, para reconocérsela, invoque el interés superior de la protección de los niños, como que la conducta que se premia fue la que precisamente los privó de su progenitor. Con fundamento en las pruebas estipuladas, con tino el Tribunal verificó que el instituto concedido no fue solicitado ni, por ende, sustentado. En efecto, la postura del defensor ante el señor juez de garantías fue la de prohijar el pedimento de la Fiscalía sobre la concesión de la detención domiciliaria a LM y respecto de TB solo acudió a algunas frases genéricas, para decir que se le concediera libertad o “la domiciliaria”, pero sin soporte probatorio y jurídico alguno, ni la especie de “domiciliaria” a la que aspiraba y por qué. Por tanto, estándose ante un sistema de partes, rogado, en donde el juez debe ser plenamente imparcial, se impone que resuelva las peticiones de las partes, de donde deriva que la respuesta a la defensa de TB ha debido brindarla en consonancia con sus planteamientos, lo cual no solo no sucedió, sino que el doctor ZH se dedicó a rehacer la postulación defensiva y a resolver temas no pedidos, como que tuvo que elaborar un discurso sobre la detención domiciliaria, la condición de padre cabeza de familia y la concesión de permisos para trabajar, nunca reclamados ni sustentados probatoria ni jurídicamente, además de que, como acaba de verificarse, no se satisfacían las exigencias legales para adjudicar al detenido un carácter que no tenía. […] En la misma línea cabe resaltar, como hizo el Tribunal, que encontrándose el señor juez acusado valorando las exigencias para resolver la medida de aseguramiento, procedió, sin que la Fiscalía (tampoco la defensa) hubiera postulado esa pretensión, a modificar la imputación en el sentido de pregonar que se tipificaba el homicidio pero con el atenuante del estado de ira o intenso dolor, conminando al juez de conocimiento a tener por incluida esa modificación. Esa actitud demuestra, de nuevo, el quebrantamiento ostensible de la ley, en tanto la imputación fáctica y jurídica fue realizada por la Fiscalía, sin cuestionamiento alguno de la defensa, y el juez, de oficio, sin petición de parte, tomó partido en favor del acusado, beneficiándolo con ese aspecto, además de que lo hizo con omisión del principio de la preclusión de las etapas, como que la audiencia de imputación había expirado, el acto de tipicidad quedó consolidado y la adición la hizo el juez, no la parte facultada legalmente para hacerlo y sin siquiera postulación de la defensa».

Última actualización el Martes, 19 de Julio de 2016 18:00
 
Maltrato sexual no configura delito de violencia intrafamiliar PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 30 de Julio de 2016 14:31

Tonado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que el punible de violencia intrafamiliar se realiza siempre que los hechos en que se funda, los cuales deben corresponder a acciones de maltrato físico o psicológico por uno de los miembros de la unidad doméstica, no se sancionen más severamente a través de otro tipo penal, por tratarse de un comportamiento punible de naturaleza subsidiaria.

 

Según destaca el fallo, en sus inicios este tipo penal era una conducta autónoma e incluía como una de las formas de maltrato en la familia la violencia sexual pero, con posterioridad, tal ingrediente normativo fue suprimido para sancionar como violencia intrafamiliar únicamente el maltrato físico y psicológico, dejando el castigo de la ofensa sexual a los punibles atentatorios contra el bien jurídico de la formación, integridad y libertad sexuales.

 

En ese sentido, dada la descripción típica del delito de violencia intrafamiliar frente al cual el legislador le otorga el tratamiento de tipo subsidiario y del que excluyó la violencia sexual como una de las clases de maltrato propio de este comportamiento, no puede afirmarse que en sucesos atentatorios contra la libertad y formación sexuales de un miembro de la familia por parte de otro exista un concurso aparente de tipos penales entre el delito sexual y el delito contra la integridad familiar. (Lea: No demostrar convivencia en caso de violencia intrafamiliar no afecta principio de congruencia)

 

Lo anterior, como afirma el alto tribunal, en tanto la violencia sexual solo se castiga cuando se configure alguno de los delitos contemplados en el Título Cuarto del Estatuto Penal con la agravante prevista en el numeral 5º del artículo 211 de la misma normativa, que impone una mayor punibilidad cuando la ofensa sexual se cometa contra pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero/a permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes (M. P. Fernando Castillo).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP- 91112016 (46454), Jul. 6/16..."

Última actualización el Sábado, 30 de Julio de 2016 14:33
 
Así se evitará la excarcelación masiva de presos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 02 de Julio de 2016 13:59

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

OJO DESCARGUE LA LEY EN EL LINK DESCARGAS...

"...El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1786, con la cual aplaza la entrada en vigencia de algunos aspectos de la Ley 1760 del 2015, sobre racionalización de la medida de detención preventiva.

 

De esta manera se extendió por un año más un término de la norma del 2015 que habría generado una excarcelación masiva e indiscriminada. Entonces, la detención de carácter preventivo no podrá exceder de un año. Vencido este término, los detenidos deben quedar libres. (Lea: Esta es la propuesta del Gobierno para evitar una excarcelación masiva)

 

A esta regla le sigue una excepción relativa a tres casos en los cuales, dada la mayor complejidad en la investigación y juzgamiento, dicho periodo podría prorrogarse por un año más a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, sería cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, cuando sean tres o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva y cuando se trate de investigación o juicio de los actos de corrupción de los que trata laLey 1474 del 2011.

 

Por otra parte, impone como obligación del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura la elaboración de un plan de acción que implementarán, en el plazo de un año, con el objetivo de definir la continuidad de las medidas de aseguramiento que son susceptibles de prórroga.

 

Dicho plan deberá presentarse dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley. El Ministerio de Justicia y del Derecho también deberá presentar cada tres meses un informe al Congreso de la República indicando el estado, el avance y la gestión adelantada en dichos procesos.

 

¿Qué información debe contener el informe?

 

1. El número de personas que podrían adquirir el derecho a reclamar la libertad por vencimiento de términos en razón y con ocasión de las reformas introducidas por esta ley y por la Ley 1760 del 2015.

 

2. La discriminación de esa población carcelaria por delitos, regiones, sexo, edad y centro carcelario.

 

3. El estudio del número de audiencias que deberían realizarse en el plazo de un año para dar cumplimiento a los términos dispuestos en la presente ley.

 

4. La discriminación por tipo de audiencia, tipo de juez que debe realizarla, circuito judicial, tipo de fiscal que debe solicitarla o asistir a ella, seccional de la Fiscalía que tramita el proceso y tipo de defensor (público o de confianza).

 

Congreso de la República, Ley 1786, 07/01/16..."

Última actualización el Sábado, 02 de Julio de 2016 14:07
 
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