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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Delito de tortura no requiere que el dolor inflingido sea grave PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:05

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que para configurarse el delito de tortura establecido en el artículo 178 del Código Penal (Ley 599 del 2000) no se requiere que el dolor o el sufrimiento ocasionado a una persona sea grave, sino que para estructurar este tipo penal basta que este dolor físico o síquico persiga los fines señalados en él.

 

Además, se requiere que sea un acto expiatorio por un hecho cometido o que se sospecha se ha cometido, o de presión o amenaza por razón de algún tipo de discriminación que afecte la autonomía sin importar los grados o la intensidad. (Lea: El caso del estudiante de Derecho imputado por amenazar a su profesora de consultorio jurídico)

 

Lo precedente conforme a la Sentencia C-148 del 2005, que declaró la inexequibilidad de la expresión “graves” del artículo citado, al verificar que con este aparte se transgrede notoriamente la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y consecuencialmente el artículo 93 de la Constitución Política superior.

 

Así mismo, porque el artículo 12 constitucional no hace ninguna diferencia sobre la prohibición de la tortura que se fundamenta además en el respeto de la dignidad humana (M. P. Luis Guillermo Salazar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-94772016 (42129), 07/13/16..."

Última actualización el Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:07
 
Inclusión de circunstancias de agravación consideradas en acusación y suprimidas en alegato de conclusión no vulnera congruencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala Penal de la Corte Suprema explicó que el hecho de que el juez incluya en la sentencia una circunstancia de agravación que hizo parte de la acusación pero que fue excluida tácitamente por el fiscal al no incluirla en su alegato de conclusión no viola el principio de congruencia.

 

Al respecto, recordó el cambio jurisprudencial que se dio en mayo de este año, sobre el alcance del artículo 448 de la Ley 906 del 2004, en el sentido de que el análisis de congruencia debe hacerse entre la acusación, entendida como el acto complejo compuesto por el escrito de acusación y la audiencia reglada en los artículos 338 y siguientes del estatuto procesal penal, y el fallo.

 

De ese modo, advirtió que el alegato de conclusión del fiscal, regulado en los artículos 443 y 448 del citado código, no determina el estudio de congruencia.

 

En el caso bajo análisis, la inclusión de la circunstancia de agravación en la condena no obedeció a que el juez que sucedió a quien emitió el sentido del fallo no estuvo de acuerdo con esta determinación y decidió modificarla en ese sentido. Se trató de un error por dar por sentado que en el sentido del fallo se incluyó la circunstancia de agravación, sin ser cierto.

 

Para la sala, es ostensible que ese error se generó porque el funcionario que profirió la sentencia consideró equivocadamente que el fiscal, en su alegato de conclusión, propuso la calificación jurídica de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en grado de tentativa, y como quiera que el funcionario que emitió el sentido del fallo acogió dicha modificación, asumió que la calificación incluida en la sentencia es igual a la anunciada por quien tuvo a cargo la dirección del juicio oral.

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-111442016 (46537), 11/08/2016, M. P. Patricia Salazar

..."

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:52
 
Acumulación jurídica de penas no es un beneficio sino un derecho PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:46

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La acumulación jurídica de penas no hace parte de los sustitutos o beneficios prohibidos para las personas condenadas, entre otros, por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, toda vez que no se encuentra previsto como tal en el contenido del numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, ni hace parte de los beneficios señalados por la Ley 65 de 1993 a la que se debe acudir por remisión.

 

Así lo sostuvo la Sala Penal de la Corte Suprema, en una tutela que encontró probada la vía de hecho en la interpretación de los postulados antes mencionados. (Lea: Procesados por delitos sexuales contra menores pueden solicitar libertad por vencimiento de términos)

 

Según explica la providencia, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098) no se ocupa de instituir los subrogados, mecanismos sustitutivos o beneficios judiciales o administrativos aplicables a los adultos responsables de delitos, ni sus requisitos, pues de esa materia se encargan el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.

 

En conclusión, ningún precepto legal establece que la acumulación jurídica de penas es un “beneficio” y, por ende, en el caso concreto, no podían las autoridades accionadas darle una interpretación a las normas, que contienen diversas prohibiciones de las que no hace parte el instituto de la acumulación jurídica de penas (Patricia Salazar).

 

CSJ. Sala Penal, Sentencia STP-79662016 (86202), Jun. 14/16..."

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:48
 
Circunstancias para establecer si la libertad del procesado representa un peligro para la comunidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:48

Tomado  de www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional explicó, a través del comunicado sobre la Sentencia C-469 del 2016, la exequibilidad de varios apartes demandados del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal,relacionados con las circunstancias que el juez penal debe valorar para establecer si la libertad del imputado representa un peligro para la comunidad.

 

Vale la pena recordar que estas circunstancias son las siguientes:

 

· La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

· El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

· El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

 

· La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

 

· Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

 

· Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

 

· Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.

 

La Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que para la completa determinación del concepto de detención preventiva y los eventos en que ella procede la Carta Política ha dejado un amplio margen a la potestad de configuración del legislador.

 

El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio y, como tal, buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse, agregó. (Lea: Reforma a la detención preventiva no aplica a casos regidos por la Ley 600 del 2000)

 

De ahí que la detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementosprobatorios importantes para la instrucción.

 

También recordó que la protección de la comunidad, en aras de impedir la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo 1° de la Constitución, según el cual “el Estado colombiano se encuentra fundado en la prevalencia del interés general”.

 

El alto tribunal recalcó que la adopción de una medida de aseguramiento está sometida a valoraciones sobre su necesidad y proporcionalidad, las cuales serán evaluadas por el juez de control de garantías. (Lea: URI no son lugares para recluir personas procesadas o en ejecución de sentencia

 

No obstante, el magistrado Alberto Rojas se apartó de estas consideraciones, por cuanto, en su concepto, prever como justificación de la detención preventiva el que se estime que la libertad representa un peligro para la sociedad no se ajusta a los estándares internacionales vigentes en materia de detención preventiva.

 

Corte Constitucional, Comunicado Sentencian C-469, Ago. 31/16...."

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:50
 
FALLOS DE TUTELA 2016 CORTE CONSTITUCIONAL PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 07 de Septiembre de 2016 14:42

T-252/16 Jueces no pueden aprobar conciliaciones que discriminen a las personas

Al estudiar una acción de tutela, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional advirtió que los jueces no pueden aprobar cláusulas que impidan la convivencia de parejas del mismo sexo. El Tribunal Constitucional estudió el caso de una mujer que fue presionada por su ex esposo a suscribir un acuerdo para dejar de convivir con su pareja del mismo sexo, so pena de no ver a su hijo

 

T-151/16 Corte ordena evacuar detenidos en las URI y estaciones de Policía en Bogotá

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a las personas detenidas en Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía y advirtió que estos lugares no tienen la capacidad para albergar en condiciones dignas a la población que allí es trasladada. Como consecuencia dio plazos perentorios al Gobierno y a las Autoridades para evitar la vulneración de Derechos Fundamentales.

 

T-363/16 Sena debe respetar orientación sexual

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a una persona transexual y ordenó al Sena -Regional Atlántico- abstenerse de interferir en el desarrollo y la expresión legítima de la identidad de género en especial en aspectos relativos a la forma de vestir y la utilización de accesorios estéticos. Igualmente, la Corte dio un plazo de seis meses para que la institución diseñe un plan que adopte el servicio de educación que provee, al respeto y la promoción que merecen las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, particularmente las expresiones de la identidad de género y la orientación sexual.

 

T-146/16 Tenencia de animales silvestres es del Estado y no de particulares

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional determinó que no les corresponde a los particulares alegar la propiedad privada sobre la fauna silvestre y en el caso de animales silvestres se debe privilegiar su estado de libertad. El pronunciamiento fue hecho al negar una tutela a una familia que solicitaba a las autoridades ambientales que le devolvieran un mono aullador.

 

T-241/16 Llamado de la Corte a jueces para proteger mujeres víctimas de violencia

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional llamó la atención de los jueces del país, para que sean respetuosos del estándar internacional y adoptar un enfoque de género en los casos de violencia contra la mujer, de manera que permitan administrar justicia de manera efectiva. El pronunciamiento fue hecho al conceder una acción de tutela a una mujer cuyo esposo la maltrataba y la Comisaría de Familia le impuso una multa, pero posteriormente un juez revocó dicha sanción.

 

T-265/16 Acoso sexual en el trabajo es violatorio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional dejó sin efectos dos fallos de la Procuraduría que impidieron la participación de una mujer presuntamente afectada en un proceso por acoso sexual en el trabajo y advirtió que tal conducta debe ser considerada como una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El pronunciamiento fue hecho al conceder una acción de tutela a la señora a quien el Ministerio Público había negado su participación porque no era la quejosa y porque consideró que “la falta disciplinaria investigada no constituye violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ni del Derecho Internacional Humanitario”.

 

T-283/16. Corte protege derechos de recluso LGBTI

La Corte Constitucional amparó los derechos de una persona homosexual que está recluida en la cárcel La Picota de Bogotá, quien exigía el traslado de celda por considerar ser víctima de maltrato físico y discriminación por parte de otros reclusos y de las autoridades del establecimiento carcelario por su orientación sexual. Mediante fallo la Corte ordenó al INPEC tomar medidas preventivas para garantizar la dignidad humana a la que tienen derecho las personas LGBTI privadas de la libertad, realizar vigilancia para que no se produzcan actos discriminatorios en los recintos penitenciarios contra esta población.

 

T-036/16 Antecedentes disciplinarios deben ser actualizados

En un fallo de tutela, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional advirtió a la Procuraduría General de la Nación la necesidad de dar estricto cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de las personas. En tal sentido indicó que debe actualizar los datos para que la información consignada corresponda a la realidad. El fallo favoreció a un vigilante de un colegio en Cartagena, a quien le aparecieron antecedentes penales que no correspondían a la realidad y a pesar de ello lo mantuvo reseñado en los antecedentes disciplinarios.

 

 

T-050/16. Límites al Derecho a la libre expresión en redes sociales.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a una persona que se declaró ofendida por una publicación que hizo otra persona en su contra a través de la red social Facebook. En tal virtud ordenó que en los próximos tres días se debe realizar una rectificación en la misma red. La Corte considera que en materia de controles institucionales tanto en medios de comunicación no virtuales, como virtuales, la libertad de expresión conlleva el mismo grado de responsabilidad.

 

T-012/16. Violencia económica en las relaciones de pareja también es discriminación contra la mujer.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una mujer que durante su matrimonio sufrió maltratos físicos y sicológicos. Dependía económicamente de su esposo quien, aprovechando su posición, la ahogó financieramente ocasionando daños en su vida, integridad personal y presiones sicológicas. La Corte advirtió que si bien este tipo de violencia en muchas ocasiones es difícil de probar, no por ello deja de ser una práctica por medio de la cual los hombres pueden agredir a sus parejas. De esta manera, los jueces de la república tienen el deber de estudiar estos casos con base en criterios de género y ausentes de estereotipos, para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional. Además, concluyó que cuando concurren culpas en un proceso de divorcio, no necesariamente se debe negar el derecho de alimentos pues una culpa puede ser consecuencia de la otra.

 

T-772/15. Corte toma medidas en favor de mujeres agredidas por sus parejas

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al conceder una acción de tutela a una mujer que fue agredida por su pareja, advirtió a la Fiscalía General de la Nación que cuando reciba denuncias por violencia de género, deberá solicitar inmediatamente al juez de control de garantías medidas de protección contempladas en la Ley 1257 de 2008. Igualmente, previno a los Comisarios de familia, Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y a los Jueces de Control de Garantías que deberán dar un estricto cumplimiento a los términos contemplados en la Ley 1257 de 2008, para evitar que las víctimas de maltrato estén expuestas a nuevas agresiones.

 

T-762/2015 Corte ordena volcar política criminal al respeto de los Derechos de las personas privadas de la libertad

En un fallo que acumula 18 tutelas, la Corte reiteró el Estado de Cosas Inconstitucional –ECI- en materia carcelaria. Además: (i) ordenó ajustar y articular la política criminal conforme a estándares de respeto a los derechos fundamentales; y (ii) fijó parámetros de acción y ordenó la expedición de las Normas Técnicas sobre la Privación de la Libertad, para determinar garantías puntuales a favor de los internos, las necesidades del sistema penitenciario, su estado actual y los avances en la adecuación de las condiciones de vida en las cárceles. Por otra parte, advirtió que la superación del ECI estará condicionada a los criterios fijados en la sentencia, será liderada por la Defensoría del Pueblo, vigilada por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la Presidencia articulará a todas las instituciones implicadas.

Última actualización el Miércoles, 07 de Septiembre de 2016 14:53
 
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