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¿Cuáles aspectos deben analizarse ante dos versiones diferentes de un mismo testigo? |
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Escrito por Edilberto Alvarez
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Viernes, 25 de Enero de 2019 17:22 |
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Tomado de www.ambitojuridico.com:
"......"¿Cuáles aspectos deben analizarse ante dos versiones diferentes de un mismo testigo?..........Además de las hipótesis de indisponibilidad del testigo que viabilizan la admisión como prueba de referencia de las declaraciones previas, también podrán introducirse como medio probatorio cuando el deponente comparezca al juicio oral a rendir testimonio y cambie la versión inicial o se retracte, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En tal sentido, afirmó que la declaración anterior debe ser incorporada a través de lectura, para que pueda ser valorada por el juez. Así las cosas, tendrá dos versiones: la rendida por el testigo por fuera del juicio oral y la entregada en este escenario. (Lea: No bastan simples señalamientos para argumentar que se omitió una regla de la experiencia)
Aspectos que se deben valorar
El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto obliga a analizar el asunto con especial cuidado, teniendo en cuenta: (i)No puede asumirse adelantadamente que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal (ii)El juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión. Por el contrario es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad (iii)Ante la concurrencia de versiones antagónicas, el fallador tiene la obligación de motivar suficientemente porqué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder persuasivo a todas .(iv)Ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos, sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión, pues solo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos (v)La parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que este pueda decidir si alguna de las versiones entregadas merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo. (vi)La prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones.
Declaraciones de menores de edad (víctimas) La providencia también agregó precisiones sobre las declaraciones de los menores de edad que comparecen al juicio oral en condición de víctimas: (i)La Fiscalía cuenta con múltiples opciones para el manejo del testimonio de las víctimas menores de edad (ii)Cada una de esas posibilidades está sometida a los requisitos y limitaciones establecidas, que deben ser considerados en la planeación del caso (iii)El ordenamiento jurídico es más laxo cuando se trata de la incorporación de este tipo de declaraciones a título de prueba de referencia
(iv)La oportunidad de formular preguntas sobre lo expuesto por el declarante por fuera del juicio debe garantizarse, incluso con las limitaciones inherentes a la práctica del testimonio de menores.
Finalmente, se precisó que la Ley 906 establece los criterios de valoración del testimonio, sin distinguir entre los que provienen de personas adultas y menores de edad, por lo que resultan aplicables a ambas hipótesis (M. P. José Francisco Acuña Vizcaya). Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-52902018 (44564), Dic. 5/18. |
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Última actualización el Viernes, 25 de Enero de 2019 17:23 |
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ADICTOS DEBEN SER TRATADOS COMO ENFERMOS EN TANTO NO EXISTA PRUEBA QUE INDIQUE TRÁFICO |
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Escrito por leda dominguez
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Miércoles, 26 de Diciembre de 2018 22:44 |
COMUNICADO 08/17 SALA PENAL
Bogotá, D.C., 28 de marzo de 2017.
El consumidor o adicto de estupefacientes puede portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre que sea con la finalidad de su consumo personal y aprovisionamiento y no exista evidencia que indique tráfico de sustancias ilícitas. Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia al absolver a un procesado que fue detenido por efectivos de la Policía quienes, tras una requisa, hallaron en su poder una bolsa plástica en su ropa que contenía 5,7 gramos de cocaína, en el municipio de Bello, Antioquia, el 10 de octubre de 2012. Para la Sala de Casación Penal, durante el proceso la Fiscalía jamás pudo demostrar que la acción de llevar consigo esa cantidad de la sustancia estupefaciente, que supera ampliamente la dosis personal, lo hubiera hecho con el ánimo de traficar con esa sustancia o que la hubiere fabricado, por lo que debe ser tratado como un enfermo y no un infractor de la ley. “Lo anterior ya era suficiente para concluir que no le era atribuible el tipo previsto en el artículo 376 del Código Penal. Pero además, la defensa estableció, sin demostrarse lo contrario, que el porte obedeció a un hábito de un dependiente de sustancias prohibidas, adquiridas para el consumo personal, un joven dedicado a la construcción y no al comercio de drogas ilícitas, un individuo consumidor ‘con gran frecuencia’, que en el instante de su aprehensión se dirigía a su residencia desde el sitio donde había adquirido la cocaína, quien confesó que la portaba para su ingesta y aprovisionamiento, porque residía en un municipio diferente al de la aprehensión” señala la decisión. Por tal razón, la Corte Suprema advirtió que la absolución se sustenta en el supuesto del ejercicio de un derecho: “el de autopuesta en peligro bajo responsabilidad propia”. Sin embargo, el fallo advierte que si el porte de dosis personal carece del nexo con propio consumo, o se advierte su comercialización, tráfico, o su distribución, así sea gratuita, la conducta ha de ser penalizada al tener la potencialidad de afectar los bienes jurídicos de salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social. “…lo que puede desvirtuarse en cada caso según las circunstancias modales, temporales o espaciales, como cuando la cantidad supera exageradamente la requerida por el consumidor, adicto o enfermo, o la intención es sacarla o introducirla al país, transportarla, llevarla consigo, almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, ofrecerla, adquirirla, financiarla, suministrarla o portarla con ánimo diverso al consumo personal”, concluye la decisión.
tomado de: Corte Suprema de Justicia de Colombia
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Última actualización el Miércoles, 26 de Diciembre de 2018 22:45 |
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FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO NO PREVISTA COMO CULPOSA. RECONOCEN UN ERROR DE TIPO. |
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Escrito por leda dominguez
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Viernes, 28 de Diciembre de 2018 20:45 |
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CSJ ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente , AEP 00064-2018 Radicación N° 52746 Aprobado Acta No. 40 Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
".....Como existió discordancia entre lo representado y lo realmente ocurrido, se tipificó el error de tipo en el actuar de la investigada que recae sobre el aspecto subjetivo de la tipicidad, previsto como una causal de ausencia de responsabilidad en el numeral 10-1 del artículo 32 del Código Penal, en vista de que la indiciada actuó con la convicción errónea pero vencible de que el acta firmada por ella contenía información veraz, ya que el punible de falsedad ideológica en documento público no está prevista en el Código Penal como culposa, sino solamente dolosa.
Sobre el delito culposo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido lo siguiente:
“Al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, el legislador, atendiendo el desarrollo y avances de las dos aludidas fuentes generales de derecho —doctrina y jurisprudencia—, señaló en su artículo 23 que “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”, concepción del delito imprudente que debe entenderse armonizada con dos postulados, aludidos en precedencia, erigidos como normas rectoras prevalentes y orientadoras de la interpretación del sistema penal, según las cuales “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” y “toda forma de responsabilidad objetiva” se encuentra proscrita o erradicada (artículos 9, 12 y 13 ídem).
…El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado. Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido.
…El criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos típicos”.
Respecto de los elementos subjetivos en el delito imprudente, la presencia de contenidos de esa naturaleza es clara. En efecto, en cuanto al aspecto volitivo, el resultado típico debe corresponder a una causalidad distinta de la programada para el acto al que dirigió su voluntad el agente, y respecto del elemento cognoscitivo, es condición que el autor haya tenido la posibilidad de conocer el peligro que la conducta representa para los bienes jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa cognición.”27 |
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Última actualización el Viernes, 28 de Diciembre de 2018 20:58 |
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¿Cómo se determina la relevancia jurídica de los hechos para la legalidad del acto de acusación? |
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Escrito por leda dominguez
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Lunes, 24 de Diciembre de 2018 21:51 |
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Tomado de www.ámbitojuridico.com
"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales.
Puntualmente, los artículos 288 y 337 de la Ley 906 del 2004, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.
Así, por ejemplo, si se avizora una hipótesis de coautoría, en los términos del artículo 29 del Código Penal, se debe consultar el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de esta figura, en orden a poder diferenciarla de la complicidad, del favorecimiento, entre otros.
De manera que la relevancia jurídica de los hechos, de cara a asegurar la legalidad del acto de acusación, está supeditada a su correspondencia con el supuesto fáctico de la proposición jurídica sustancial.
El artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que “revistan las características de un delito”; el artículo 287 de la Ley 906 del 2004 indica que la imputación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado “es autor o partícipe del delito que se investiga” (M. P. Patricia Salazar).
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-30822018 (46050), 01/08/18...." |
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Última actualización el Lunes, 24 de Diciembre de 2018 21:54 |
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