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Hacen estudio semántico de la norma que fija el límite de la pena para cómplices |
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Escrito por LEDA DOMINGUEZ
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Jueves, 01 de Marzo de 2018 15:20 |
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Tomado de www.ambitojuridico.com
"...Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó, con base en el artículo 30 del Código Penal, que cuando la participación se hace a título de cómplice la pena debe reducirse de una sexta parte a la mitad.
Acorde con ello, indicó que la palabra “de” indica el mínimo de la rebaja (una de cada seis unidades), y la palabra “a” o “hasta” hace alusión al máximo descuento posible (la mitad).
De igual forma, la Sala precisó que esta norma debe complementarse con lo establecido en el numeral 5° del artículo 60 ídem, el cual explica los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables y específicamente señala que “si la pena se disminuye en dos proporciones la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica”.
En el caso concreto, el tribunal violó directamente la ley sustancial, por la interpretación errada de las mencionadas normas, lo que dio lugar a que la pena que procedía legalmente fuera reducida en una proporción mucho más amplia que la dispuesta por el legislador. Por esa razón la Corte decidió casar el fallo impugnado.
Finalmente, tenga en cuenta estas definiciones a la hora de estudiar este tema en una conducta punible:
- Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.
- Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.
- Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.
- Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.
- Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización se le rebajará la pena en una cuarta parte (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-2272018 (45436), Feb. 14/18.." |
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Última actualización el Jueves, 01 de Marzo de 2018 15:21 |
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Privación del derecho al porte de armas es de 15 años y debe atenerse al sistema de cuartos |
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Escrito por Edilberto Alvarez
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Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:23 |
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Tomado de www.ambitojuridico.com
"..La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el tope de privación del derecho a tener y llevar armas de fuego es de 15 años. (Lea: Una nueva reforma penal consideraría las ejecuciones extrajudiciales como delito autónomo)
También señaló que en la dosificación de las sanciones de otros derechos, como la de este tipo de privación, es deber atenerse siempre al sistema de cuartos, sin importar que estas sean principales o accesorias.
De ahí que como el tribunal de instancia no tuvo en cuenta estas consideraciones la Sala decidió casar oficiosa y parcialmente el fallo de segunda instancia, dosificando nuevamente la sanción accesoria.
Caso concreto
En el 2007, un pelotón especial reportó que sostuvo un enfrentamiento en una vereda en el departamento de Cauca, en el cual habrían muerto tres guerrilleros. (Lea: Acción para reclamar perjuicios al Estado por falsos positivos no caduca: Corte Constitucional)
Las personas fallecidas eran en realidad habitantes de la calle del municipio de Cali, sin relación o vínculo alguno con organizaciones insurgentes. A los cadáveres les dejaron varias armas de fuego, la mayoría privativas de las Fuerzas Armadas. Ninguna tenía salvoconducto.
Por lo anterior, la Fiscalía imputó a los miembros del respectivo batallón que participaron en la supuesta operación contra la insurgencia y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán absolvió a uno de ellos y condenó al resto por los punibles de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico y porte de armas.
En segunda instancia, el Tribunal Superior incrementó las respectivas penas privativas de la libertad, acogiendo el argumento de la Fiscalía y las víctimas atinentes a que no se aplicó la dosificación del artículo 14 de la Ley 890 del 2004. (Lea: Destituida fiscal que otorgó libertad por vencimiento de términos a acusados de “falsos positivos”)
Por último, la Sala Penal de la Corte casó parcialmente la sentencia y, en consecuencia, disminuyó la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, pero mantuvo incólume todo lo demás (M. P. Eugenio Fernández Carlier).
CSJ Sala Penal, Sentencia SP-197592017 (49790), 23/11/17...." |
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Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:25 |
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Delito de obtención de documento público falso puede producirse si se induce al error al notario |
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Escrito por Edilberto Alvarez
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Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:25 |
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Tomado de www.ambitojuridico.com
"....Un decisión reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explica que para la realización de la conducta de que trata el artículo del 288 del Código Penal (obtención de documento público falso), se requiere que el sujeto activo conozca la condición de que la persona de la que obtiene un documento falso sea servidor público y que este actúe en ejercicio de sus funciones.
El delito de obtención de documento público falso prevé la posibilidad de sancionar con pena privativa de la libertad a cualquier persona que mediante artificios o engaños induzca en error a un servidor público, para que este, en ejercicio de sus funciones, le extienda o expida un documento público con potencialidad de acreditar la existencia de un hecho o de una relación jurídica que no corresponden a la verdad, precisa la corporación.
Por lo tanto, el autor del comportamiento es cualquier persona sin cualificación, esto es, el particular que engaña al servidor público. (Lea: Conozca la condena a dos exfuncionarios de juzgado por fraude en reparto judicial)
Así, la falsedad es la alteración consciente de la verdad, es decir, faltar maliciosamente a ella; y debe recaer sobre documento público, pues lo que sanciona la ley penal es la infracción a la fe pública que las personas depositan en dichos escritos, los cuales tienen seriedad en la vida civil y el comercio.
En ese orden, la fe pública es el bien jurídico tutelado para asegurar la confianza colectiva que hace posible el desenvolvimiento en la vida común. Por la misma razón, no es de la esencia de la falsedad el perjuicio de un tercero cuando se realiza a través de documento público, ya que estos valen por sí mismos. (Lea: ¿Qué entidad se legitima por pasiva tratándose de la responsabilidad estatal por falla notarial o registral?)
Así las cosas, la Sala concluyó que para todos los efectos de la ley penal también se consideran servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, es decir, que no cabe duda que “los notarios pueden ser pasibles de engaño para efectos de la realización de este delito” (M. P. José Francisco Acuña).
CSJ Sala Penal, Sentencia SP-180962017 (42019), 01/11/17.." |
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Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:26 |
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Suspensión condicional de ejecución de la pena posibilita cumplimiento de obligación alimentaria |
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Escrito por Edilberto Alvarez
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Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:20 |
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Tomado de www.ambitojuridico.com
"....Dentro de un proceso de inasistencia alimentaria, la Corte Suprema de Justicia explicó que si bien la imposición de la pena se fundamenta en su finalidad de prevención especial con el objetivo de que el procesado en el futuro no vuelva a sustraerse de su obligación alimentaria, lo cierto es que con la no suspensión de la ejecución de la pena se le imposibilita al penado alimentante el cumplimiento de su obligación.
Ello luego de que la Sala Penal argumentara que acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena tiene la virtud de satisfacer tanto el interés superior de los menores como la prevalencia de sus derechos y la necesaria reparación de los perjuicios ocasionados. (Lea: Desde que cobra firmeza la ejecución de una sentencia se puede determinar la sustitución de la pena)
Lo anterior por cuanto no aleja al penado alimentante de su fuente de ingresos posibilitándole continuar con el cumplimiento de su obligación alimentaria y, además, no se convierte en un obstáculo para que mantenga comunicación con sus menores hijos.
Igualmente, prevé dentro de su régimen la estipulación de un plazo para indemnizar, el cual debe estar garantizado por una caución, so pena de revocatoria del subrogado. (Lea: Estos serían los tres nuevos regímenes para la aplicación de beneficios penales en Colombia)
A la luz del numeral 6 del artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006), la providencia señaló que el fallador judicial juez no puede aplicar el principio de oportunidad y el subrogado de la condena de ejecución condicional cuando el beneficiario de esos institutos no haya indemnizado los perjuicios por el ocasionado a los menores de edad que sean víctimas del delito por el que se procede.
Sin embargo, pese al carácter general e imperativo de esta disposición, la exposición de motivos de la Ley 1098 en el acápite de “Los niños y las niñas víctimas de delitos” solamente se hizo referencia a la deuda que tenía el país con estos menores que son víctimas de los vejámenes más atroces como el fundamento de la implementación de medidas como la examinada y dentro de esta categoría no se encuentra el delito de inasistencia alimentaria.
Justamente, la Sala afirmó que la decisión de suspender condicionalmente la ejecución de la pena tiene en cuenta la protección integral de los niños y adolescentes, eso es, el reconocimiento de que son sujetos de derechos, la garantía del cumplimiento de estos y la prevención de la amenaza o vulneración de los mismos. (Lea: Precisan competencia para conocer decisiones de juez de ejecución de penas sobre mecanismos sustitutivos de prisión)
También, la protección de su interés superior, que obliga a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos (M. P. José Luis Barceló Camacho).
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-189272017 (49712), Nov. 15/17..." |
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Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:22 |
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