Tomado de  www.legismovil.com

"....Al resolver una tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras contra un juzgado promiscuo municipal de Santander con el propósito de solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, tras considerar que un proceso monitorio reinvidicatorio no tuvo la publicidad necesaria para permitir la oposición al mismo, la Corte Constitucional realizó importantes precisiones sobre los requisitos generales de procedencia de la tutela. Allí indicó que como en el caso analizado no se acreditó la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable, se debe acudir a los procedimientos administrativos y judiciales previstos en las normas, ya que son los medios ordinarios de defensa los idóneos. Así las cosas, recordó que la tutela no es un mecanismo establecido para reabrir asuntos concluidos en las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativa, revivir términos procesales o compensar el desinterés de quienes no acudieron en la oportunidad legal a los recursos ordinarios y extraordinarios que disponían (M. P. Luis Guillermo Guerrero).

Precisiones sobre el debido proceso y legalidad en materia disciplinaria

La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó, con base en el precedente de la Corte Constitucional, que las garantías generales del debido proceso administrativo son: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) ser notificado oportunamente y en término de ley, (iii) que la actuación no tenga dilaciones injustificadas, (iv) que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el orden jurídico, (v) gozar de la presunción de inocencia, (vi) solicitar y controvertir pruebas, así como (vii) impugnar decisiones y promover nulidad de las obtenidas con violación al debido proceso. Por último, en relación con el principio de legalidad, indicó que puede ser flexibilizado pero de tal forma que no se conduzca a la arbitrariedad de la Administración y se entiende vulnerado cuando la indeterminación de la ley no permite la identificación plena de la conducta o la sanción a imponer, de manera que no se puedan establecer con certeza las consecuencias de la conducta (C. P. Carmelo Perdomo Cuéter)...."

Tomado de www.ambitojuridico.com

"---A través de un auto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que si bien los preacuerdos implican la renuncia libre, voluntaria e informada al juicio oral, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo, ello no comporta el ejercicio de un poder dispositivo sobre la acción penal, sino, apenas, la búsqueda, a través del consenso, de alternativas que permitan anticipar o abreviar el desarrollo del proceso.

En esa dirección advirtió que aun cuando el acusado manifieste su voluntad de llegar a un acuerdo no implica que de forma automática la Fiscalía deba acceder a ello, pues de la naturaleza de la aceptación preacordada de responsabilidad se desprende la necesidad de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual se logra la culminación anticipada de la actuación.

Recordó que la Fiscalía es una autoridad pública y como tal está en el deber de dar respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos, pero la desatención de tal mandato no configura la vulneración al debido proceso. (Lea: Repase cuándo el juez puede hacer control material excepcional sobre acusaciones o preacuerdos).

Así mismo, agregó que es indiscutible que si el fiscal formula acusación durante la audiencia en la que también participa el defensor fue porque entre las partes no se concretó ningún acuerdo; “y ello, sin más, entraña una negativa a la propuesta del imputado”.

Concluyendo además que no existiendo legalmente ningún procedimiento preestablecido en el que se le asigne al ente investigador el deber de dar trámite a las propuestas de preacuerdo de una forma determinada, de ninguna manera es dable afirmar la vulneración al debido proceso (M. P. Patricia Salazar).  CSJ Sala Penal, Auto AP-37202018 (48414), Ago. 30/18.