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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Inpec debe garantizar la reclusión de exmiembros de la fuerza pública en pabellones especiales PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 29 de Junio de 2017 14:23

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional advirtió al Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec) que a los exmiembros de la fuerza pública debe garantizárseles su reclusión en establecimientos o pabellones especiales, con el fin de evitar que compartan espacios con internos con los que hubieran podido generar enemistades en ejercicio de su labor y, de esta manera, proteger su vida e integridad física.

Según el alto tribunal, el cumplimiento de esta premisa conduce a que la solicitud de traslado por motivos de seguridad pueda ser negada sin que, por ello, se vulnere esa garantía. (Lea: Tutela procede contra traslado de presos, si se afecta el núcleo familiar de menores)

Aun así, la petición de un recluso de estas características fundada en hechos que puedan variar el nivel riesgo al que se encuentra expuesto en determinada cárcel debe incluir la solicitud de un estudio técnico de nivel de riesgo a cargo de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del Inpec.

Basado en ese resultado la autoridad penitenciaria deberá, entonces, resolver el requerimiento conforme a los parámetros desarrollados por la jurisprudencia. Por tanto, la respuesta debe ser (i) pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado y, finalmente, (iii) tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario.

Intervención judicial

El pronunciamiento también aclara hasta dónde puede intervenir el juez de tutela en decisiones de traslados que competen al Inpec. (Lea: Tutela, procedente para obtener traslado de celda ante discriminación por orientación sexual)

Al respecto, recordó que la jurisprudencia estableció que, en principio, la acción de tutela no era procedente para ordenar el traslado de reclusos. Sin embargo, luego estimó que resultaba procedente cuando la negativa de tramitar el traslado no derivara del ejercicio de una facultad discrecional, específicamente, cuando dicha determinación fuera arbitraria e injustificada o amenazara o lesionara derechos fundamentales de los internos no susceptibles de ser suspendidos.

Posteriormente, señaló que el juez de tutela no podía ordenar la reclusión del accionante en determinado penal, pues dicha decisión requería de elementos de juicio de los cuales el juez carecía, a saber, las condiciones sanitarias, de infraestructura, de seguridad y de capacidad de los establecimientos de reclusión.

Por tal motivo, se aseguraba que el pronunciamiento del juez debía limitarse a ordenar que el recluso fuera internado en un pabellón o establecimiento de reclusión especial acorde a la condición que ostentara, por ejemplo, exmiembro de la Fuerza Pública.

Ahora bien, se ha sostenido que cuando no se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales del recluso, lo procedente es promover un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que decide sobre el traslado.

En suma, el juez constitucional debe respetar la facultad discrecional del Inpec para conceder o negar traslados a los reclusos. No obstante, está llamado a intervenir en estas determinaciones cuando observe arbitrariedad en ellas o una posible amenaza o lesión a derechos de los internos que permanecen incólumes pese a la relación de sujeción, verbigracia, la vida o la integridad personal (M. P. María Victoria Calle).

Corte Constitucional, Sentencia T-182, Mar. 28/17..."

Última actualización el Jueves, 29 de Junio de 2017 14:26
 
Condicionan norma del Código Penal sobre daños materiales y morales.......Recientemente, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “daños materiales y morales”, contenida en el artículo 94 del Código Penal (L PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 29 de Junio de 2017 14:21

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Según el demandante, esta disposición trasgrede los derechos de acceso a la justicia, a la dignidad humana y el de reparación integral a las víctimas, por cuanto deja por fuera otros perjuicios extra patrimoniales, como el daño a la salud, a la vida de relación o a los bienes jurídicos de especial protección constitucional.

De igual forma, explicó que esta disposición solo permite que la víctima reclame prejuicios materiales y morales afectando de manera elocuente su derecho a la reparación integral. (Lea: Así serán las audiencias con el procedimiento penal abreviado)

De acuerdo con este contexto, la Corte indicó que la norma demandada permitía dos interpretaciones sobre la reparación del daño. Una la adoptada por el demandante y la otra puesta de presente por la Fiscalía General de la Nación y algunos intervinientes. (Lea: Jueces penales pueden imponer medidas de restablecimiento no pecuniarias)

Esta última sostiene que las categorías daños materiales y morales no impedían, en la práctica, la reparación de otros perjuicios; para esto, recordaron que la jurisprudencia penal había ordenado en algunos casos la reparación de perjuicios inmateriales distintos de los morales.

Razón por la cual el alto tribunal decidió declarar la exequibilidad del aparte acusado, en el entendido de que las categorías de perjuicios allí mencionadas son meramente indicativas y no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios tanto materiales e inmateriales que hayan sido causados a las víctimas como consecuencia del delito y resulten debidamente probados (M. P. Alejandro Linares).

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-344, May. 24/17..."

Última actualización el Jueves, 29 de Junio de 2017 14:23
 
Línea jurisprudencial de la violencia sobre las cosas como circunstancia calificante del hurto PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 18 de Mayo de 2017 22:42

tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó la línea jurisprudencial de la violencia sobre las cosas como circunstancia calificante del delito de hurto. Así, explicó que la doctrina de la Corte ha caracterizado, en sus diferentes matices, este componente de la siguiente manera:

 

No requiere que se despliegue un gran esfuerzo físico: En la Sentencia 1100102300201999011762 de 1992 la corporación destacó que basta con que se ejerza una fuerza anormal, sin que sea necesario un gran impulso físico. (Lea: Circunstancia de agravación punitiva derivada de la confianza debe probarse siempre)

 

-  No se desvanece por la existencia de un vínculo de familiaridad entre el sujeto activo que ejerce la violencia y el pasivo cuyos bienes la soporta: En la Sentencia 1100102300171999009263 de 1999 sostuvo que la violencia calificante del hurto que no se disipa por la existencia de relaciones de familiaridad entre quien la ejerce y el sujeto pasivo cuyos bienes la soporta. Siendo así, el ejercicio de la violencia sobre las cosas se predica aunque el poseedor o tenedor de la cosa sobre la que se ejerce tenga alguna relación de familiaridad con el sujeto activo de la acción.

 

Debe ser ejercida con anterioridad o con concomitancia al hurto, para asegurar su producto o la impunidad de los responsables, y no con posterioridad a la consumación del delito: Desde esta arista, en una decisión del 15 de septiembre del 2005 (reiterada en las sentencias 30211 del 2010 y 43527 del 2014) la Sala afirmó que la violencia debe haberse configurado antes o durante el hecho delictivo.

 

Debe estar dirigida a los mecanismos de protección y defensa del objeto del hurto, o causar daño o destrucción del bien: Desde un fallo proferido en junio de 1947 (reiterado en sentencias del 25 de febrero de 1949 y del 28 de junio de 1995) se afirma que la violencia debe estar dirigida a los mecanismos de protección y/o defensa de la cosa que constituye el objeto del delito. (Lea: Estos son los delitos más denunciados por los colombianos en el 2016)

 

En cuanto a la violencia que causa el daño o la destrucción del bien, en la Sentencia 11001023002019990117 de 1999 se explicó que se considera violencia todo acto que ocasione daño o destrucción del bien, o de otros bienes que facilitan o permitan la comisión del hecho punible.

 

De las anteriores decisiones se concluye que la violencia calificante del delito de hurto debe ser ejercida sobre los mecanismos de protección y defensa del bien o recaer sobre el bien objeto de apoderamiento, ocasionando su daño o destrucción.

 

Debe ser diferente a la que emplea el dueño del bien para removerla y apoderársela: Según este ítem, la fuerza que despliega el sujeto agente sobre la cosa calificará el delito de hurto solo si es distinta a la que emplea el dueño del bien para removerla y apoderársela.

 

En la Sentencia 1100102300011999010069 de 1999, retomando la decisión de noviembre 24 de 1992, la Sala insistió en que la fuerza que se despliega en ejercicio de la violencia debe ser “distinta a la que emplea el dueño del bien para apoderarse de la cosa”.

 

De todo lo anterior se colige que esta causal de calificación se predica de aquella acción o procedimiento anormal al comúnmente utilizado por el dueño, poseedor o tenedor del bien objeto del ilícito, que se ejerce contra este deformándolo o dañándolo, o contra los mecanismos dispuestos para su protección y defensa, con precedencia o concomitancia al apoderamiento, o para asegurar su impunidad, con prescindencia del eventual vínculo de familiaridad que exista entre el sujeto agente y el sujeto pasivo de la acción delictiva (M. P. José Francisco Acuña).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP49232017 (48352), 04/05/17..."

 

Última actualización el Jueves, 18 de Mayo de 2017 22:44
 
Corte Suprema indica alcance de la violencia intrafamiliar frente a exparejas con hijos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 19 de Junio de 2017 14:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Una sentencia que anunció hoy la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explica que el delito de violencia intrafamiliar (artículo 229 del Código Penal) no  protege en abstracto a  la familia como institución básica de la sociedad, sino la coexistencia pacífica de un proyecto colectivo que supone el respeto por la autonomía ética de sus integrantes.

 

Es este sentido, fáctica y normativamente, ese propósito no se cumple entre parejas separadaspero se mantiene respecto a los hijos, frente a quienes la contingencia  de la vida en común no es una condición de la tipicidad. Ello por la intemporalidad que supone el vínculo entre padres e hijos. (Lea: Las recomendaciones de la Corte a jueces al resolver casos de violencia intrafamiliar)

 

En relación a su configuración, la Sala precisó que este tipo penal se presenta entonces cuando “el victimario y la víctima pertenezcan a la misma unidad familiar y conviven en la misma casa”; de no ser así, la agresión del uno al otro no satisface la exigencia típica de maltratar a un miembro del mismo núcleo familiar y tampoco vulnera el bien jurídico de la armonía y unidad familiar.

 

En este último caso deberá procederse, por ejemplo, conforme a las normas que regulan el delito de lesiones personales agravadas en razón del parentesco. (Lea: Jueces deben garantizar derecho de las víctimas de violencia a no ser enfrentadas con su agresor)

 

Con todo, la alta corporación judicial agregó que tener un hijo en común, así mismo, es insuficiente para acreditar unidad familiar y para suponerla perpetuamente. “De ser así se llegaría al absurdo de pensar que si una mujer o un hombre tienen varios hijos con diferentes parejas poseen tantas unidades familiares como número de hijos con sus compañeros o compañeras permanentes”.

 

El fallo termina siendo enfático al concluir que el maltrato a la expareja causado por quien ya no convive con ella no configura el delito de violencia intrafamiliar, sino el de lesiones personales dolosas.

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP80642017 (48047), Jun. 7/17..."

Última actualización el Lunes, 19 de Junio de 2017 14:02
 
Precisan criterios para condenar a una persona por un delito distinto al definido en la acusación PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 10 de Mayo de 2017 17:01

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...A la luz de varios parámetros jurisprudenciales, vigentes hasta hace poco, el juez tenía la posibilidad de proferir una sentencia por comportamientos punibles diversos a los contenidos en la acusación, siempre y cuando:

 

(i)La nueva conducta corresponda al mismo género

(ii)La modificación se oriente hacia un delito de menor entidad

(iii)La tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación y

(iv)No se afecten los derechos de los sujetos intervinientes

 

Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que ahora la identidad del bien jurídico de la nueva conducta (numeral i) no es presupuesto del principio de congruencia y que nada impide hacer la modificación típica dentro de todo el Código Penal. (Lea: Mínima, extra y ultra ‘petita’, defectos que tornan incongruente la sentencia)

 

Al respecto aseguró que la modificación de la adecuación típica de la conducta puede hacerse dentro de todo el Código Penal sin estar limitada por el título o el capítulo ni mucho menos por la naturaleza del bien jurídico tutelado, por cuanto la imputación jurídica provisional hecha en la resolución acusatoria es específica, sin que se exija el señalamiento del capítulo dentro del correspondiente título. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Es importante aclarar que estas consideraciones se realizaron frente a procesos tramitados bajo la Ley 600 del 2000. No obstante, la providencia aclaró que nada impide para que, de igual forma, sea predicable de los procedimientos regulados por la Ley 906 del 2004, toda vez que la imputación jurídica también es específica y provisional. Por ello, ninguna razón habría para que se mantuviera una exigencia que respondía a las formas restringidas que preveía el Decreto 2700 de 1991.

 

Por otro lado, recordó que la inmutabilidad fáctica sigue siendo presupuesto inamovible de la legalidad de la sentencia, en cuanto garantía esencial del derecho a la defensa. (Lea: Inclusión de circunstancias de agravación consideradas en acusación y suprimidas en alegato de conclusión no vulnera congruencia)

 

Con todo, concluyó que es procedente variar la calificación jurídica de la conducta imputada por la Fiscalía, así no corresponda al mismo título, capítulo y bien jurídico tutelado, pero siempre y cuando se mantenga el núcleo fáctico de la imputación, se trate de un delito de menor entidad y se respeten los derechos de las partes (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP-23902017 (43041), Feb. 22/17.."

Última actualización el Miércoles, 10 de Mayo de 2017 17:02
 
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