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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Precisan criterios sobre extinción de la acción penal por vía de indemnización integral PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 26 de Octubre de 2016 13:35

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Si bien el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906/04) no regula como causal de extinción de la acción penal la indemnización integral, como sí lo hace el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, la Corte Suprema de Justicia explicó que es viable dar cabida a la última norma, en virtud del principio y derecho constitucional fundamental de la favorabilidad, siempre y cuando se cumplan las exigencias señaladas.

 

Sobre tal punto, la Sala de Casación Penal aclaró que esta postura se mantiene en la línea trazada por la jurisprudencia, exclusivamente cuando las partes de manera libre, espontánea y sin ningún vicio en su consentimiento acuerdan el monto de los perjuicios causados, la víctima los recibe y así se le hace saber al juez. (Lea: No es regla absoluta que acción penal se extinga por arreglo indemnizatorio entre las partes)

 

No obstante, advirtió que cuando no existe tal consenso y el acusado pretende que se establezca el monto de los perjuicios para proceder a indemnizarlos la solución no puede ser la misma, puesto que ese ejercicio solo puede adelantarse dentro de las fases procesales que el legislador previó, que no son otras que las del incidente de reparación integral.

 

Ello significa que no hay lugar a lograr la preclusión por indemnización integral, toda vez que para cuando se habilita la oportunidad procesal pertinente para abrir el debate probatorio que fije la cuantía de los perjuicios ya se habrá proferido sentencia de condena ejecutoriada.

 

De igual forma, advirtió que la parte interesada tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos establecidos por el legislador fuera del proceso penal, para que, dentro de un trámite que respete el debido proceso, se permita la asistencia de las partes en conflicto, la presentación y controversia de pruebas entre ellas y se establezcan los perjuicios (M.P José Luis Barceló).

 

CSJ Sala Casación Penal, Sentencia SP-143062016 (47990), oct. 5/16..."

Última actualización el Miércoles, 26 de Octubre de 2016 13:37
 
El móvil del agente al cometer el delito de feminicidio no desconoce el principio de tipicidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:49

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...El móvil del agente al causar la muerte a una mujer por su condición de mujer, uno de los elementos esenciales del delito de feminicidio, no desconoce el principio de tipicidad; así mismo, la circunstancia de agravación de esta conducta penal no implica una doble sanción y, por tanto, no infringe el principio non bis in ídem.

 

Así lo determinó recientemente la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de declarar la exequibilidad de las expresiones “por su condición de ser mujer” y “cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad”, contenidas en los artículos 104A y 104B del Código Penal, adicionadas por la Ley Rosa Elvira Celis  (Ley 1761 del 2015).

 

Al respecto, la Corte señaló que más que un problema de tipicidad el cuestionamiento es esencialmente de índole probatoria. No obstante, precisó que el elemento motivacional no es accidental al feminicidio, sino que mantiene con este una relación inescindible. (Lea: Corte Constitucional condiciona un aparte del delito de feminicidio)

 

El feminicidio está precedido siempre de esa finalidad, pero, al mismo tiempo, “es claro que esa intención es inferida y está relacionada con el contexto de discriminación y sometimiento de la víctima en medio del cual se ejecuta el crimen”.

 

En cuanto a los apartes impugnados por la supuesta doble sanción por un mismo hecho, la Sala observó que, contrario a lo que señalaban los demandantes, esas circunstancias, objetivamente consideradas como agravantes del feminicidio, no constituyen por sí mismas el delito, sino que solo permiten inferir las razones de género del homicidio de la mujer y conducir a su agravación.

 

Concluyó que tales circunstancias aportan elementos de juicio para concluir que la muerte fue provocada por motivos de género y confiere al feminicidio el carácter de agravado, lo cual no contraviene la Carta Política. (Lea: Asuntos contextuales sirven para establecer elemento subjetivo en delito de feminicidio)

 

Vale la pena decir que si bien los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas compartieron la decisión frente a las normas demandadas, anunciaron la presentación de aclaraciones de voto en relación con el análisis en abstracto del cargo de infracción del principio non bis in ídem.

 

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-539, Oct. 5/16.."

Última actualización el Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:50
 
En un preacuerdo sobre monto de la pena no se aplica el sistema de cuartos.. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 10 de Octubre de 2016 16:46

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia precisó que entre la fiscalía y el imputado o acusado se puede llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso conforme con lo establecido en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), estos pueden consistir en:

La simple aceptación de los cargos formulados, el procesado se hace acreedor a que la pena que se le imponga sea rebajada en una porción fija acorde con el artículo 293 y el inciso 1° del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.

De igual forma explicó que estos preacuerdos también se pueden referir sobre los términos de la imputación según el inciso primero del artículo 350 ídem; o los hechos imputados y sus consecuencias acorde con el artículo 351 ídem; en conversaciones que conlleven a eliminar alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico conforme el numeral primero, inciso segundo, del artículo 350 ídem; o a que la fiscalía tipifique la conducta de manera específica con el fin de disminuir la pena consonante con el numeral segundo, inciso segundo, del artículo 350 ídem.

Según la providencia, el preacuerdo es un fenómeno jurídico posterior al delito, dado que tiene lugar después de su perpetración, específicamente cuando se está procesando a quien ha adquirido la calidad de imputado o acusado porque de los elementos materiales probatorios obtenidos la fiscalía dedujo que esta persona pudo ser autor o partícipe del delito que se investiga.

Así mismo, indicó frente a las modalidades de preacuerdo que su incidencia sobre la determinación de la pena, aunque siempre deben buscar el beneficio del procesado, no opera de igual manera en todos los casos.

En relación con la primera clase de preacuerdo, la corporación explicó que no hay dificultad en aceptar la tesis, por cuanto es indudable que primero se debe determinar la pena imponible y luego efectuar su reducción, en la proporción fija que corresponda, y determinar así la pena efectiva.

Caso contrario cuando las partes acuerdan las consecuencias jurídicas de los hechos imputados y el monto de la pena, toda vez que en este caso no se aplica el sistema de cuartos. Menos cuando se pacta la eliminación de alguna causal de agravación punitiva, dado que si esta es específica la exclusión impide que se incrementen los extremos punitivos del tipo básico; por tanto, es dentro de estos que debe graduarse la sanción (M.P. José Luis Barceló Camacho).

Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, SP-133502016 (47588), sep. 20/16..."

Última actualización el Lunes, 10 de Octubre de 2016 16:48
 
Todo lo que debe saber un servidor público sobre el prevaricato por acción PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:45

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"....Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que esta conducta está tipificada en el artículo 413 del Código Penal, el cual dice que incurre en el delito de prevaricato por acción el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. (Lea: Sancionaron a juez por irregularidades en la celebración de remates)

 

Los elementos objetivos son:

 

(i) Un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de un servidor público.

 

(ii) Que se profiera una resolución, dictamen o concepto.

 

(iii) Que este pronunciamiento sea manifiestamente contrario a la ley, esto es, no basta que la providencia sea ilegal por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia.

 

De este último elemento se ha precisado jurisprudencialmente que debe ser ostensible y manifiestamente ilegal, es decir, violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la norma.(Lea: Abuso de autoridad no se configura por expedir resoluciones, dictámenes o conceptos)

 

La Sala aclaró que la materialidad de la conducta calificada como prevaricadora requiere la demostración de que el acto censurado fue dictado de manera “caprichosa o arbitraria por el sujeto, al desconocer abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorios que regulaban el caso”.

 

Lo anterior porque no basta la simple divergencia de criterios o posturas frente a la decisión adoptada.

 

La alta corporación concluyó que en cuanto al elemento subjetivo del tipo esta conducta solo es atribuible a título de dolo, bajo el entendido que el artículo 21 de la legislación sustantiva penalestableció que todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales.

 

Finalmente, es conveniente recordar que el funcionario que incurra en esta conducta penal se someterá a:

 

· Prisión de 3 a 8 años (hoy 48 meses a 144 meses)

 

· Multa de 50 a 200 salarios mínimos (hoy 66,66 a 300 SMLMV)

 

· Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años (hoy 80 meses a 144 meses).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-132792016 (44220), Sep. 14/16......"

Última actualización el Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:49
 
Detención preventiva en los procesos penales debe ser excepcional PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 27 de Septiembre de 2016 14:03

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional destacó, según lo ha evidenciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la detención preventiva en Colombia ha pasado de ser excepcional a ser la regla general de las medidas de aseguramiento, lo que la está convirtiendo progresivamente en un adelantamiento de la posible pena.

 

Por tal motivo, a través de un fallo de tutela, exhortó al Consejo Superior de Política Criminal para que, conforme con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, adopte las medidas necesarias para que la detención preventiva en los procesos penales tenga un carácter excepcional.

 

El pronunciamiento se dio en torno a la situación de hacinamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía del Norte de Bucaramanga, lugar en el que el número de personas retenidas es de 143 reclusos, de los cuales ninguno ostenta la calidad de detenido contravencionalmente, sino que se trata de detenciones preventivas o en virtud de sentencias condenatorias ejecutoriadas. (Lea: Circunstancias para establecer si la libertad del procesado representa un peligro para la comunidad)

 

En ese sentido, recordó que la privación de la libertad en un Estado social de derecho debe ser excepcional y debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y durante su ejecución el Estado tiene el deber constitucional y legal de salvaguardar las garantías de los internos, especialmente las siguientes: (i) el derecho a la vida y la integridad personal; (ii) el derecho a presentar peticiones; (iii) el derecho a la dignidad humana; (iv) el derecho a la visita íntima o conyugal en condiciones dignas; (v) el derecho a la resocialización; (vi) el debido proceso disciplinario; (vii) el derecho a la palabra; (viii) el derecho al descanso; (ix) el derecho a la salud y (x) el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad (M. P. Jorge Pretelt).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-276, May. 25/16...."

Última actualización el Martes, 27 de Septiembre de 2016 14:05
 
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