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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO NO PREVISTA COMO CULPOSA. RECONOCEN UN ERROR DE TIPO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 28 de Diciembre de 2018 20:45

CSJ  ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente , AEP 00064-2018 Radicación N° 52746 Aprobado Acta No. 40 Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

 

".....Como existió discordancia entre lo representado y lo realmente ocurrido, se tipificó el error de tipo en el actuar de la investigada que recae sobre el aspecto subjetivo de la tipicidad, previsto como una causal de ausencia de responsabilidad en el numeral 10-1 del artículo 32 del Código Penal, en vista de que la indiciada actuó con la convicción errónea pero vencible de que el acta firmada por ella contenía información veraz, ya que el punible de falsedad ideológica en documento público no está prevista en el Código Penal como culposa, sino solamente dolosa.

Sobre el delito culposo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido lo siguiente:

“Al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, el legislador, atendiendo el desarrollo y avances de las dos aludidas fuentes generales de derecho —doctrina y jurisprudencia—, señaló en su artículo 23 que “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”, concepción del delito imprudente que debe entenderse armonizada con dos postulados, aludidos en precedencia, erigidos como normas rectoras prevalentes y orientadoras de la interpretación del sistema penal, según las cuales “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” y “toda forma de responsabilidad objetiva” se encuentra proscrita o erradicada (artículos 9, 12 y 13 ídem).

 

…El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado. Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido.

 

…El criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos típicos”.

 

Respecto de los elementos subjetivos en el delito imprudente, la presencia de contenidos de esa naturaleza es clara. En efecto, en cuanto al aspecto volitivo, el resultado típico debe corresponder a una causalidad distinta de la programada para el acto al que dirigió su voluntad el agente, y respecto del elemento cognoscitivo, es condición que el autor haya tenido la posibilidad de conocer el peligro que la conducta representa para los bienes jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa cognición.”27

Última actualización el Viernes, 28 de Diciembre de 2018 20:58
 
ADICTOS DEBEN SER TRATADOS COMO ENFERMOS EN TANTO NO EXISTA PRUEBA QUE INDIQUE TRÁFICO PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Diciembre de 2018 22:44
COMUNICADO 08/17 SALA PENAL
Bogotá, D.C., 28 de marzo de 2017.
El consumidor o adicto de estupefacientes puede portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre que sea con la finalidad de su consumo personal y aprovisionamiento y no exista evidencia que indique tráfico de sustancias ilícitas. Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia al absolver a un procesado que fue detenido por efectivos de la Policía quienes, tras una requisa, hallaron en su poder una bolsa plástica en su ropa que contenía 5,7 gramos de cocaína, en el municipio de Bello, Antioquia, el 10 de octubre de 2012. Para la Sala de Casación Penal, durante el proceso la Fiscalía jamás pudo demostrar que la acción de llevar consigo esa cantidad de la sustancia estupefaciente, que supera ampliamente la dosis personal, lo hubiera hecho con el ánimo de traficar con esa sustancia o que la hubiere fabricado, por lo que debe ser tratado como un enfermo y no un infractor de la ley. “Lo anterior ya era suficiente para concluir que no le era atribuible el tipo previsto en el artículo 376 del Código Penal. Pero además, la defensa estableció, sin demostrarse lo contrario, que el porte obedeció a un hábito de un dependiente de sustancias prohibidas, adquiridas para el consumo personal, un joven dedicado a la construcción y no al comercio de drogas ilícitas, un individuo consumidor ‘con gran frecuencia’, que en el instante de su aprehensión se dirigía a su residencia desde el sitio donde había adquirido la cocaína, quien confesó que la portaba para su ingesta y aprovisionamiento, porque residía en un municipio diferente al de la aprehensión” señala la decisión. Por tal razón, la Corte Suprema advirtió que la absolución se sustenta en el supuesto del ejercicio de un derecho: “el de autopuesta en peligro bajo responsabilidad propia”. Sin embargo, el fallo advierte que si el porte de dosis personal carece del nexo con propio consumo, o se advierte su comercialización, tráfico, o su distribución, así sea gratuita, la conducta ha de ser penalizada al tener la potencialidad de afectar los bienes jurídicos de salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social. “…lo que puede desvirtuarse en cada caso según las circunstancias modales, temporales o espaciales, como cuando la cantidad supera exageradamente la requerida por el consumidor, adicto o enfermo, o la intención es sacarla o introducirla al país, transportarla, llevarla consigo, almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, ofrecerla, adquirirla, financiarla, suministrarla o portarla con ánimo diverso al consumo personal”, concluye la decisión.
tomado de: Corte Suprema de Justicia de Colombia
Última actualización el Miércoles, 26 de Diciembre de 2018 22:45
 
LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS. LO JUSTIFICABLE NO DEBE AFECTAR DERECHOS Y EL DEBER DE CITAR. PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 24 de Diciembre de 2018 21:37

Tomado de https://penalistasenlared.blogspot.com

· DDP 186. EN TRATÁNDOSE DE LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS LA FUERZA MAYOR PUEDE RESULTAR JUSTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O PARA EL FUNCIONARIO PERO NUNCA LO PUEDE SER PARA EL PROCESADO AL PUNTO DE AFECTAR SUS DERECHOS. “LA NEGATIVA A REALIZAR LA DILIGENCIA INVOCADA, SUSTENTADA EN LA CREENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN ECHADA DE MENOS TUVO ORIGEN EN LA SIMPLE NEGLIGENCIA DEL SOLICITANTE, DIFUMINA EL REFERIDO DEBER LEGAL E IMPONE UNA CARGA EXCESIVA SOBRE EL PETICIONARIO.” AHP5095-2018. RAD 54.290.
Última actualización el Lunes, 24 de Diciembre de 2018 21:48
 
¿Cómo se determina la relevancia jurídica de los hechos para la legalidad del acto de acusación? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 24 de Diciembre de 2018 21:51

Tomado de  www.ámbitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales.

 

Puntualmente, los artículos 288 y 337 de la Ley 906 del 2004, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.

 

Así, por ejemplo, si se avizora una hipótesis de coautoría, en los términos del artículo 29 del Código Penal, se debe consultar el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de esta figura, en orden a poder diferenciarla de la complicidad, del favorecimiento, entre otros.

 

De manera que la relevancia jurídica de los hechos, de cara a asegurar la legalidad del acto de acusación, está supeditada a su correspondencia con el supuesto fáctico de la proposición jurídica sustancial.

 

El artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que “revistan las características de un delito”; el artículo 287 de la Ley 906 del 2004 indica que la imputación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado “es autor o partícipe del delito que se investiga” (M. P. Patricia Salazar).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-30822018 (46050), 01/08/18...."

Última actualización el Lunes, 24 de Diciembre de 2018 21:54
 
Tutela no puede usarse para compensar el desinterés de la parte que no interpuso los recursos que disponía: Corte Constitucional . PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 03 de Diciembre de 2018 23:44

Tomado de  www.legismovil.com

"....Al resolver una tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras contra un juzgado promiscuo municipal de Santander con el propósito de solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, tras considerar que un proceso monitorio reinvidicatorio no tuvo la publicidad necesaria para permitir la oposición al mismo, la Corte Constitucional realizó importantes precisiones sobre los requisitos generales de procedencia de la tutela. Allí indicó que como en el caso analizado no se acreditó la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable, se debe acudir a los procedimientos administrativos y judiciales previstos en las normas, ya que son los medios ordinarios de defensa los idóneos. Así las cosas, recordó que la tutela no es un mecanismo establecido para reabrir asuntos concluidos en las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativa, revivir términos procesales o compensar el desinterés de quienes no acudieron en la oportunidad legal a los recursos ordinarios y extraordinarios que disponían (M. P. Luis Guillermo Guerrero).

Precisiones sobre el debido proceso y legalidad en materia disciplinaria

La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó, con base en el precedente de la Corte Constitucional, que las garantías generales del debido proceso administrativo son: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) ser notificado oportunamente y en término de ley, (iii) que la actuación no tenga dilaciones injustificadas, (iv) que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el orden jurídico, (v) gozar de la presunción de inocencia, (vi) solicitar y controvertir pruebas, así como (vii) impugnar decisiones y promover nulidad de las obtenidas con violación al debido proceso. Por último, en relación con el principio de legalidad, indicó que puede ser flexibilizado pero de tal forma que no se conduzca a la arbitrariedad de la Administración y se entiende vulnerado cuando la indeterminación de la ley no permite la identificación plena de la conducta o la sanción a imponer, de manera que no se puedan establecer con certeza las consecuencias de la conducta (C. P. Carmelo Perdomo Cuéter)...."

Última actualización el Lunes, 03 de Diciembre de 2018 23:46
 
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