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Decisiones judiciales deben tener enfoque de género... PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 27 de Febrero de 2019 17:59

Tomado de  www.ambitojuridico.com

".Ante la petición hecha por un hombre recluido en la cárcel por ser el presunto responsable del homicidio de su esposa, la Corte Suprema de Justicia hizo algunas precisiones sobre la violencia de género.

 

 

 

El procesado consideraba vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia por la medida cautelar que le fue impuesta. (Lea 13 sentencias hito de la Corte Constitucional sobre género)

 

 

 

No obstante, la Corte no encontró fundadas las pretensiones; por el contrario, consideró indispensable hacer énfasis en el deber que tienen los jueces de dictar sentencias con enfoque de género, teniendo en cuenta que las mujeres son un grupo que ha sido históricamente relegado y que no visibilizar el problema contribuye a aumentarlo.

 

 

 

Así mismo, señaló la importancia de que tanto las instituciones como los medios de comunicación adopten políticas públicas para eliminar este tipo de violencia, la cual paradójicamente ha aumentado, incluso después de la tipificación del delito de feminicidio.  Inclusive, destacó que “los esfuerzos institucionales y familiares no podrían tener éxito si en los contenidos continúa instrumentalizándose a la mujer, sosteniéndose su subordinación al género masculino, a través, entre otras, de un lenguaje excluyente y actitudes machistas”.

 

 

 

Por último, recalcó la importancia de las leyes 294 de 1996, 575 del 2000 y 1257 del 2008, las cuales sancionan la violencia intrafamiliar y de género. (Lea: Este parágrafo tiene que cumplir Mineducación sobre la Ley Rosa Elvira Cely).

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia STC-161822018 (11001020400020180219501), 12/10/18..."

Última actualización el Miércoles, 27 de Febrero de 2019 18:01
 
Claridad del preacuerdo o imputación determina viabilidad de sentencia condenatoria PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 27 de Febrero de 2019 17:58

Tomado de www.ambitojuridico.com.

"..... No existe control material sobre la imputación y la acusación, mientras que el examen sobre el acierto de la calificación jurídica de los hechos jurídicamente relevantes se ejerce exclusivamente cuando se advierta evidente vulneración de derechos fundamentales, precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para tal efecto, los jueces tienen la obligación de verificar (i) la presentación sucinta y clara de los hechos jurídicamente relevantes y (ii) el cumplimiento de los requisitos formales de los artículos 288 y 337 de la Ley 906 del 2004 (CPP), según presida la audiencia de imputación o acusación. Ocurre igual frente a los procesos que terminan anticipadamente, ya que el juez debe verificar si están dados los presupuestos para emitir una sentencia condenatoria. Así las cosas, “la imputación bajo estrictos parámetros de legalidad es la base que viabiliza las negociaciones, incluido el allanamiento, habilitando eventuales correcciones que deban hacerse por ‘ajuste de legalidad’ de los cargos imputados, con miras a la presentación del escrito de acusación”. Esto con el objeto de establecer, sin equívocos, cuándo una modificación que beneficia al imputado constituye un beneficio o cuándo corresponde a un acto unilateral de corrección de parte del ente acusador (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

[10:26, 27/2/2019] edilga: Así se le otorga crédito al relato de una persona del mundo delincuencial....Al resolver las demandas de casación presentadas por los defensores de dos ciudadanos condenados por los delitos de concierto para delinquir agravado y atentar contra la seguridad pública, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó la posibilidad de otorgarle crédito al relato de una persona inmersa en el mundo delincuencial o de desmovilizados.

Frente a ello, y teniendo como finalidad la realización de la justicia, afirmó que el hombre, debido a una tendencia natural de la mente que hace más fácil decir verdades que mentiras, es por esencia verídico y, por consiguiente, inspirador de confianza entre sus semejantes, pues del otro lado, sobre el pilar de las mentiras, no sería dable ningún desarrollo personal ni social.

En otras palabras, el fallo aseguró que “no hay posibilidad alguna de progreso intelectual si no se toma como base y punto de partida la fe en los demás”. (Lea: Prueba de referencia, por sí sola, no es suficiente para sentencia condenatoria).

 

Por eso, frente a los testimonios el punto de partida es su veracidad, que en concreto se ve aumentada, corroborada, disminuida o destruida por las condiciones particulares que son inherentes al sujeto individual del testimonio, en su contenido personal,  en su forma individual o contrastada con las demás pruebas.

 

En este aspecto, insistiendo en que por lo general el hombre (incluidos los paramilitares) percibe y relata la verdad para que el testigo tenga derecho a ser creído es necesario que no se engañe y que no quiera engañar. Ello porque la presunción de veracidad puede ser destruida o disminuida por condiciones especiales que en concreto son inherentes al sujeto. (Lea: Pese a inconsistencias de la víctima, lo importante es la coherencia sobre circunstancias del delito)

 

 

 

Con todo, la corporación aseguró que por más de que se trate de “desmovilizados” o delincuentes incursos en delitos atroces del pasado, ese vicio del orden moral, aunque puede fijar rasgos de sospecha, no implica por sí solo descrédito absoluto, porque no le priva de idoneidad para decir la verdad (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-1532019 (46420), Ene. 30/19...."

Última actualización el Miércoles, 27 de Febrero de 2019 17:59
 
¿Cuáles aspectos deben analizarse ante dos versiones diferentes de un mismo testigo? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 25 de Enero de 2019 17:22

Tomado  de  www.ambitojuridico.com:

"......"¿Cuáles aspectos deben analizarse ante dos versiones diferentes de un mismo testigo?..........Además de las hipótesis de indisponibilidad del testigo que viabilizan la admisión como prueba de referencia de las declaraciones previas, también podrán introducirse como medio probatorio cuando el deponente comparezca al juicio oral a rendir testimonio y cambie la versión inicial o se retracte, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En tal sentido, afirmó que la declaración anterior debe ser incorporada a través de lectura, para que pueda ser valorada por el juez. Así las cosas, tendrá dos versiones: la rendida por el testigo por fuera del juicio oral y la entregada en este escenario. (Lea: No bastan simples señalamientos para argumentar que se omitió una regla de la experiencia)

 

Aspectos que se deben valorar

El hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto obliga a analizar el asunto con especial cuidado, teniendo en cuenta: (i)No puede asumirse adelantadamente que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal  (ii)El juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión. Por el contrario es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad  (iii)Ante la concurrencia de versiones antagónicas, el fallador tiene la obligación de motivar suficientemente porqué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder persuasivo a todas  .(iv)Ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos, sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión, pues solo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos (v)La parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que este pueda decidir si alguna de las versiones entregadas merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo.  (vi)La prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones.

Declaraciones de menores de edad (víctimas) La providencia también agregó precisiones sobre las declaraciones de los menores de edad que comparecen al juicio oral en condición de víctimas:  (i)La Fiscalía cuenta con múltiples opciones para el manejo del testimonio de las víctimas menores de edad  (ii)Cada una de esas posibilidades está sometida a los requisitos y limitaciones establecidas, que deben ser considerados en la planeación del caso  (iii)El ordenamiento jurídico es más laxo cuando se trata de la incorporación de este tipo de declaraciones a título de prueba de referencia

(iv)La oportunidad de formular preguntas sobre lo expuesto por el declarante por fuera del juicio debe garantizarse, incluso con las limitaciones inherentes a la práctica del testimonio de menores.

 

Finalmente, se precisó que la Ley 906 establece los criterios de valoración del testimonio, sin distinguir entre los que provienen de personas adultas y menores de edad, por lo que resultan aplicables a ambas hipótesis (M. P. José Francisco Acuña Vizcaya).   Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-52902018 (44564), Dic. 5/18.

Última actualización el Viernes, 25 de Enero de 2019 17:23
 
Apartarse de la interpretación constitucional sobre flagrancia y detención preventiva no configura, necesariamente, prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 11 de Febrero de 2019 22:05

Tomado de  www.legismovil.com

".....La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia absolutoria a favor de una fiscal acusada del delito de prevaricato por acción, por haber dejado en libertad a un ciudadano acusado de favorecer el contrabando de hidrocarburos. Si bien la acusación se centraba en que la funcionaria se había apartado de la interpretación que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-591 del 2005, realizó sobre los artículos 302 y 313 de la Ley 906 del 2004, que regula, respectivamente, el procedimiento en caso de flagrancia y la procedencia de la detención preventiva, el alto tribunal explicó que la aplicación realizada por la fiscal no constituía una decisión “manifiestamente contraria a la ley”.  Según la Sala, no puede afirmarse que el fallo constitucional haya definido claramente los contornos de la interacción de los fiscales y los jueces frente al trámite que debe adelantarse en los casos de captura en flagrancia por delitos que ameriten detención preventiva, cuando el fiscal considera que no existen motivos para solicitar la medida cautelar (M. P. Patricia Salazar).

 

La urgencia constituye excepción al factor territorial en materia de competencia de control de garantías (8:43 a.m.)

Un auto de la Sala Penal asignó la competencia para conocer de la audiencia preliminar de “control de legalidad de la recuperación de la información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicación” a un juzgado municipal con función de garantías de la ciudad de Tunja (Boyacá), aun cuando los hechos objeto del trámite penal no tuvieron ocurrencia en esa ciudad. La decisión fue adoptada luego de aceptar el argumento expuesto por el fiscal encargado de adelantar la investigación, quien, mientras adelantaba diligencias para otro proceso en ese municipio, aseguró que pretendía evitar el vencimiento del término para solicitar la legalidad de la evidencia recolectada. Ese motivo, a juicio del alto tribunal, configura una de las excepciones al factor territorial como regla general, derivada de razones de urgencia, en las que se sustenta la escogencia del lugar en donde se solicita la intervención del juez de control garantías (M. P. Patricia Salazar).

 

Aclaran competencia para conocer procesos seguidos por el delito de fuga de presos

La primera directriz del 2019 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclara a los tribunales superiores, a los juzgados penales y a la Fiscalía General de la Nación la competencia para conocer sobre procesos seguidos por el delito de fuga de presos. En efecto, en el documento se indica que el funcionario llamado a conocer, de cara al factor de competencia territorial, es el del lugar donde tenga ocurrencia el delito. Además, recuerda que esa conducta punible se consuma de forma instantánea y produce efectos permanentes, a partir del momento en el cual la persona legalmente privada de la libertad desconoce la órbita de custodia impuesta por el Estado y resuelve trasladarse sin permiso a un sector distinto. Así las cosas, lo esencial es, según el alto tribunal, determinar el lugar donde el Estado asignó el cumplimiento de la sanción penal privativa de la libertad (M. P. Eyder Patiño).

 

Sala Penal explica tesis de la responsabilidad por cadena de mando

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que para atribuir la autoría de uno o más delitos a personas distintas de quienes los ejecutan materialmente ha desarrollado y aplicado la tesis de la responsabilidad por cadena de mando, que también ha sido asimilada como autoría mediata en aparatos organizados de poder de dominio de la voluntad. Esa construcción conceptual tiene aplicación a los casos en que las conductas punibles objeto de reproche son cometidas por miembros de una estructura organizada, pero se busca atribuir responsabilidad por las mismas no solo a aquellos (los autores materiales) sino a quienes ejercen el control sobre la jerarquía organizacional, así no hayan tenido injerencia directa sobre quienes materializan o ejecutan las acciones ilícitas en el grupo. la Sala explica, además, otras formas de responsabilidad criminal por hechos ejecutados por terceros que no operan como instrumento, como lo es la figura de la posición de garante (M. P. Eugenio Fernández).

 

 

Última actualización el Lunes, 11 de Febrero de 2019 22:08
 
FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO NO PREVISTA COMO CULPOSA. RECONOCEN UN ERROR DE TIPO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 28 de Diciembre de 2018 20:45

CSJ  ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente , AEP 00064-2018 Radicación N° 52746 Aprobado Acta No. 40 Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

 

".....Como existió discordancia entre lo representado y lo realmente ocurrido, se tipificó el error de tipo en el actuar de la investigada que recae sobre el aspecto subjetivo de la tipicidad, previsto como una causal de ausencia de responsabilidad en el numeral 10-1 del artículo 32 del Código Penal, en vista de que la indiciada actuó con la convicción errónea pero vencible de que el acta firmada por ella contenía información veraz, ya que el punible de falsedad ideológica en documento público no está prevista en el Código Penal como culposa, sino solamente dolosa.

Sobre el delito culposo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido lo siguiente:

“Al entrar en vigencia la Ley 599 de 2000, el legislador, atendiendo el desarrollo y avances de las dos aludidas fuentes generales de derecho —doctrina y jurisprudencia—, señaló en su artículo 23 que “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”, concepción del delito imprudente que debe entenderse armonizada con dos postulados, aludidos en precedencia, erigidos como normas rectoras prevalentes y orientadoras de la interpretación del sistema penal, según las cuales “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” y “toda forma de responsabilidad objetiva” se encuentra proscrita o erradicada (artículos 9, 12 y 13 ídem).

 

…El autor debe realizar la conducta como lo haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado. Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido.

 

…El criterio del hombre medio, en razón del cual el funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto agente permanece dentro de esos parámetros no habrá violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos típicos”.

 

Respecto de los elementos subjetivos en el delito imprudente, la presencia de contenidos de esa naturaleza es clara. En efecto, en cuanto al aspecto volitivo, el resultado típico debe corresponder a una causalidad distinta de la programada para el acto al que dirigió su voluntad el agente, y respecto del elemento cognoscitivo, es condición que el autor haya tenido la posibilidad de conocer el peligro que la conducta representa para los bienes jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa cognición.”27

Última actualización el Viernes, 28 de Diciembre de 2018 20:58
 
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