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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
ultima hora 5 mayo-2014 PDF Imprimir E-mail
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Lunes, 05 de Mayo de 2014 23:13

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Ley de Garantías no afecta el traslado de afiliados entre EPS del régimen subsidiado (4:28 p.m.)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1438 del 2011 (reforma a la salud), el cual modificó el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social en salud asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud, en cualquier momento, es decir, sin la necesidad de suscribir un contrato, por lo que el traslado entre afiliados no puede verse afectado por la Ley 996 de 1995 (Ley de Garantías), precisó el Ministerio de Salud. De otra parte, el Decreto 3045 del 2013, por el cual se estableció un mecanismo único y excepcional para el traslado de afiliados de las EPS ante liquidación voluntaria, revocatoria de su autorización de funcionamiento, por intervención forzosa administrativa o liquidación, también indica que el mismo tiene su origen en una disposición normativa y no en un contrato.

Noticia generada en May. 05/14 (4:28 p.m.) 

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Opción sexual no puede limitar el derecho a la visita íntima en establecimientos carcelarios (3:33 p.m.)
En sentencia publicada este año, la Corte Constitucional le ordenó al director de un establecimiento carcelario expedir un acto administrativo en el que autorice el disfrute periódico del derecho a la visita íntima de una pareja del mismo sexo conformada por dos mujeres privadas de la libertad. Según la tutela, el derecho a la visita íntima se relaciona con los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, no puede ser anulado o restringido en virtud de la libre opción sexual que haya tomado el interno o la interna (M. P. Jorge Iván Palacio).

Noticia generada en May. 05/14 (3:33 p.m.)

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Ajustes a los avalúos de vehículos para pago de impuesto se pueden hacer en la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá (2:48 p.m.)
Los propietarios de vehículos y motocicletas matriculados en Bogotá pueden recibir el 10 % de descuento en el valor de su impuesto, si realizan el pago antes del próximo viernes 9 de mayo, recordó la Secretaría Distrital de Hacienda. Para facilitar el cumplimiento de la obligación, los contribuyentes a quienes les apliquen los últimos cambios de avalúo generados por el Ministerio de Transporte, a través de las resoluciones 643 y 644 del 2014, pueden hacer la liquidación y las correcciones correspondientes. Una vez realizadas, deben imprimir el formulario ajustado y pagar en los bancos autorizados.

Noticia generada en May. 05/14 (2:48 p.m.) 

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Autonomía universitaria no puede limitar libertad de expresión de estudiantes inconformes con nivel educativo (2:30 p.m.)
En sentencia notificada hace unos días, la Corte Constitucional determinó que la autonomía universitaria no puede ser pretexto para que las instituciones educativas limiten la libertad de expresión de los estudiantes que se sienten inconformes con la calidad de los programas a su servicio, al punto de amenazarlos con la expulsión, si participan en cese de actividades. Con esos argumentos, consideró desproporcionada la decisión de la Universidad del Pacífico de cancelar el semestre y negarse a devolver el dinero del valor de la matrícula de los alumnos que tuvieron parte en una huelga estudiantil adelantada en el 2012; ello “constituye un desincentivo a la libertad de expresión y asociación de los estudiantes”, sostuvo. Adicionalmente, al concluir que la universidad debió descontar el 100 % del valor de la matrícula del semestre siguiente a los demás estudiantes, y no solo el 70 %, la Sala ordenó descontar un 30 % al valor del período académico entrante (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

Noticia generada en May. 05/14 (2:30 p.m.) 

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Consejo de Estado aclara que no ha prohibido uso de animales en investigaciones científicas (10:53 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que su decisión de suspender la licencia para labores de caza y recolección de primates que venían siendo utilizados en investigaciones científicas a cargo del científico Manuel Elkin Patarroyo no impide el uso de animales para este tipo de tareas. Advirtió que la determinación deja sin efectos la autorización con la que contaba la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) pero de manera temporal, mientras adecúa el desarrollo de sus proyectos a las exigencias de ley. Entre los requerimientos, sostiene, se cuenta el compromiso de repoblación, dice el alto tribunal. Así las cosas, señala la Sección Tercera, no se está restringiendo ni limitando el desarrollo de actividades científicas que requieran de la inclusión de este tipo de especies, sino que trata de que, al hacerlo, se garanticen sus derechos a no recibir tratos crueles ni degradantes (M. P. Enrique Gil).

Noticia generada en May. 05/14 (10:53 a.m.) 

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Pensión restringida también aplica en retiro voluntario del trabajador: Corte Constitucional (10:00 a.m.)
En sentencia recientemente aprobada, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando el ISS asumió los riesgos de vejez, invalidez y muerte, quienes acumularan menos de 10 años de servicio con un mismo empleador y decidieran retirarse tras 15 años de haber estado laborando tendrían derecho a la pensión restringida por retiro voluntario, una vez cumplieran 60 años de edad; es decir, no es exclusiva para quienes hayan sido despedidos sin justa causa y hubieren acumulado los restantes requisitos. Indicó que así lo ha determinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que le ha dado su equivalencia con la jubilación a cargo de la ya citada entidad. Ello porque, según el órgano de cierre en la materia, las pensiones reconocidas por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que se causan desde el momento del despido sin justa causa del trabajador, también deben cobijar situaciones en las que el propio operario decidió desvincularse, siempre que hubiere cumplido las demás condiciones (M. P. María Victoria Calle).

Noticia generada en May. 05/14 (10:00 a.m.) 

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Decisiones de la CIJ que modifiquen límites sí deben ser acatadas, pero a través de tratados internacionales: Corte Constitucional (8:50 a.m.)
La Corte Constitucional declaró exequible la jurisdicción para Colombia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el entendido de que decisiones de ese organismo supranacional que modifiquen los límites territoriales deben ser sometidas a tratados con el otro Estado afectado por el respectivo fallo; esta negociación, finalmente, debe ser sometida a la aprobación del Congreso (artículos 2º y 5º parciales; 32 a 50 de la Ley 37 de 1967). Para el alto tribunal, las decisiones del organismo multilateral “tampoco pueden ser desconocidas, de conformidad con el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas”, que ordena a las partes firmantes del Pacto de Bogotá cumplir las determinaciones del tribunal en todo litigio. Sin embargo, aclara la Sala Plena, en ningún caso el Estado colombiano puede desconocer el mandato del artículo 101 de la Constitución, que obliga a que modificaciones como la reseñada se adelanten únicamente por medio de tratados aprobados por el Legislativo. Así las cosas, decisiones como aquella en la que la Corte reconoció derechos económicos de Nicaragua sobre 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marino colombiano sí deberían ser acatadas, según el señalamiento de la máxima instancia constitucional frente a la imposibilidad de desconocerlas, pero no sin antes adelantar las etapas aquí fijadas. Los magistrados Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas salvaron el voto, en tanto que la magistrada María Victoria Calle se reservó la posibilidad de aclararlo (M. P. Mauricio González).

Noticia generada en May. 05/14 (8:50 a.m.)

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Suspensión provisional de sanción a Petro requiere conciliación prejudicial: Procuraduría (10:35 a.m.)
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años. Alternativamente, le sugirió que se abstenga de decidir las medidas cautelares contra los efectos del fallo, hasta tanto no se agote el requisito de procedibilidad que, a juicio del Ministerio Público, se evidencia en la falta de conciliación prejudicial. Según sus conclusiones, por tratarse de una demanda con pretensiones económicas, debe considerarse que la procedibilidad de la acción depende del adelantamiento de la mencionada etapa previa; añadió que aunque el artículo 613 del Código General del Proceso exceptúe de esta obligación a las demandas en las que se soliciten medidas cautelares, el caso no es aplicable, pues si bien el requerimiento cautelar tan solo va encaminado a procurar la suspensión de los efectos de una sanción disciplinaria, hay pretensiones patrimoniales en el fondo de la demanda,.

Noticia generada en May. 02/14 (10:35 a.m.).."
Última actualización el Lunes, 05 de Mayo de 2014 23:14
 
Noticias juridicas 2 mayo-14 PDF Imprimir E-mail
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Viernes, 02 de Mayo de 2014 18:22

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Este es el auto que suspendió examen para concurso de jueces y magistrados que se adelantaría este fin de semana (11:38 a.m.)
Al precisar que el acceso a cargos públicos solo puede ser restringido por el legislador estatutario, el Consejo de Estado justificó su decisión de este miércoles de suspender el concurso para elegir a magistrados y jueces de todo el país, cuyos exámenes se adelantarían este fin de semana. Así las cosas, atendiendo lo dispuesto por el artículo 234 del CPACA, que permite adoptar medidas cautelares antes de correr traslado a la parte demandada, la corporación consideró que urgía la imposición de esta determinación, para evitar la inversión de recursos que, eventualmente, se verían inutilizados ante la declaratoria de nulidad del concurso. Para el alto tribunal, la expresión “Solo se permitirá la inscripción de un (1) cargo”, contenida en el acto por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura convocó el concurso, afecta el cumplimiento del artículo 152 de la Constitución, que define el marco de la legislación estatutaria (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 02/14 (11:38 a.m.)

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Sentencia de restitución de tierras
Tutela no procede como defensa ante irregularidades en adjudicación de predios, pues la restitución de tierras es idónea y eficaz (11:25 a.m.)

El proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 del 2011 es el medio idóneo y eficaz para establecer los derechos de la población víctima del despojo o abandono forzado de tierras, por esto, si no se agotan previamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de tutela debe ser declarada improcedente; así lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia dada a conocer este año. En el caso analizado, los accionantes pedían el restablecimiento del derecho a la propiedad y dejar sin efecto el acto de adjudicación proferido por el Incoder, a favor de terceros. En su opinión, se desconoció el hecho de que no habitaban el predio al momento de la adjudicación, por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas. Gabriel Eduardo Mendoza aclaró el voto (M. P. Mauricio González Cuervo).

Noticia generada en May. 02/14 (11:25 a.m.)

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Suspensión provisional de sanción a Petro requiere conciliación prejudicial: Procuraduría (10:35 a.m.)
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años. Alternativamente, le sugirió que se abstenga de decidir las medidas cautelares contra los efectos del fallo, hasta tanto no se agote el requisito de procedibilidad que, a juicio del Ministerio Público, se evidencia en la falta de conciliación prejudicial. Según sus conclusiones, por tratarse de una demanda con pretensiones económicas, debe considerarse que la procedibilidad de la acción depende del adelantamiento de la mencionada etapa previa; añadió que aunque el artículo 613 del Código General del Proceso exceptúe de esta obligación a las demandas en las que se soliciten medidas cautelares, el caso no es aplicable, pues si bien el requerimiento cautelar tan solo va encaminado a procurar la suspensión de los efectos de una sanción disciplinaria, hay pretensiones patrimoniales en el fondo de la demanda,.

Noticia generada en May. 02/14 (10:35 a.m.)

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Nuevo enfrentamiento entre el Procurador y Fiscal por propuesta para que guerrilleros rediman penas con trabajo social (9:26 a.m.)
“Nos quieren llevar a empellones a la impunidad total”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez frente a la propuesta del fiscal general, Eduardo Montealegre, que busca que los guerrilleros de las Farc rediman sus culpas con la sociedad a través del trabajo comunitario. Para el jefe del ente investigador, se trata de una visión más moderna del derecho penal, donde la cárcel no es el único vehículo para sancionar la comisión de delitos. Para su contradictor, el jefe del Ministerio Público, ello daría a entender que mientras los responsables de crímenes de guerra van a “cuidar guarderías”, los militares van a “las mazmorras con 60 años de condena”. Montealegre aludió a labores de desminado como una de las posibles actividades alternativas de su propuesta. “No se pueden admitir las penas simbólicas que está planteando el Fiscal”, respondió Ordóñez.

Noticia generada en May. 02/14 (9:26 a.m.) 

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En cumplimiento del Fatca, DIAN recuerda plazos a instituciones financieras para registrarse ante el IRS (4:50 p.m.)
Como Colombia fue incluida por el Departamento del Tesoro de EE UU en la lista de países que tienen un acuerdo intergubernamental - IGA sustancialmente negociado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a las entidades que tengan la calidad de Foreign Financial Institutions (FFI) los plazos para registrarse ante el IRS (oficina del fisco estadounidense) para efectos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (Fatca, por su sigla en inglés) y así reportar información anual sobre cuentas secretas pertenecientes a contribuyentes estadounidenses. Por consiguiente, informó que las entidades que consideren tener la calidad FFI cumplen con las disposiciones de Fatca. Si bien las entidades adquieren un nuevo estatus (Registered deemed compliant FFI), a la luz del acuerdo intergubernamental existen obligaciones de corto y mediano plazo, entre ellas están la de registrarse en el portal del Internal Revenue Service (IRS) (www.irs.gov) y reportar su condición de entidad perteneciente a un país suscriptor de un IGA para la obtención del número de identificación respectivo. El plazo máximo para esto será el 1º de enero del 2015. Sin embargo, si quieren tener certeza de que obtendrán un Global Intermediary Identification Number – GIIN antes del 1º de julio del 2014 (fecha en la cual las entidades de EE UU comenzarán a practicar las retenciones establecidas en Fatca), deberán efectuar el registro a más tardar el 5 de mayo de este año. 

Noticia generada en Abr. 30/14 (4:50 p.m.) 

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Revisión que objete laudo arbitral solo puede versar sobre el fallo que juzgó su legalidad (2:35 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia recordó que el recurso de revisión no procede para alegar circunstancias ya enjuiciadas del laudo arbitral sino únicamente las relativas a la decisión judicial en la que se adelantó su control de legalidad y que no sean susceptibles de recurso. Así, si lo que se alega es la falta de competencia, esta debe predicarse en torno del tribunal que se pronunció sobre la legalidad de lo decidido por el juez arbitral y no sobre la falta de atribuciones de este último, como se dio en el caso concreto. La norma que así lo evidencia es el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce como la 8ª causal de procedencia de revisión la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso (M. P. Ruth Marina Díaz).

Noticia generada en Abr. 30/14 (2:35 p.m.).."
Última actualización el Viernes, 02 de Mayo de 2014 18:23
 
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Lunes, 28 de Abril de 2014 20:58

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Entidades sin ánimo de lucro tienen la obligación de cualquier empresa frente a derechos pensionales del artículo 260 del CST (3:24 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que las entidades sin ánimo de lucro sí pueden ser consideradas como empresa y, por lo tanto, están obligadas a cumplir con las exigencias del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en materia de pensiones; esta precisa que todo trabajador que labore en un mismo ente privado, con capital superior a los $ 800.000, tendrá derecho a la jubilación, al cumplir 20 años de servicio y cumplir 55 años de edad, si se es varón, o 50, si se es mujer. Según la Sala, el lucro no es el elemento distintivo a la hora de definir si el empleador es empresa o no lo es, luego los que no persiguen este rédito económico por su operación también se acogen a tal concepto, dice la providencia (M. P. Rigoberto Echeverri).

Noticia generada en Abr. 28/14 (3:24 p.m.)

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Sistema de seguridad social en salud no cubre servicios en el exterior (2:55 p.m.)
Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de salud y todo lo que conlleva dentro del sistema de seguridad social está supeditado al principio de territorialidad, este no cubre los servicios de los nacionales colombianos que pretendan realizarse en el exterior, indicó el Ministerio de Salud. La Resolución 5521 del 2013, por la cual se actualizó el plan obligatorio de salud, señaló que es deber de las entidades promotoras de salud garantizar el servicio en las condiciones y calidad previstas en la normativa vigente a los afiliados dentro del territorio nacional. 

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:55 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Presidenta del Consejo de Estado ve con buenos ojos transmisión en vivo de sesiones de sala (2:15 p.m.)

Hablando a título personal y no institucional, la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, dio su visto bueno a la posibilidad de que las sesiones plenarias y de las salas de los órganos judiciales en las que se deabte la toma de decisiones sean transmitidas en vivo. A su juicio, si se habla de la necesidad de intensificar la transparencia, hubiera sido deseable que la ciudadanía hubiera verificado, por sí misma, la forma como la corporación a su cargo abordó y resolvió temas como la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El vocero de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, y el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Jairo Parra, se sumaron al respaldo, por considerarla una opción deseable y razonable de control social a la administración de Justicia, que contribuiría a la formación del ciudadano en estos temas. Para Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, no se trata de la solución más atractiva, aun cuando no la descarta, en aras de procurar la transparencia en la función jurisdiccional.

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:15 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Senador Cristo propone presentar dos proyectos distintos y simultáneos para reformar la Justicia (11:11 a.m.)

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, sostuvo que para reformar el poder judicial es necesario presentar dos proyectos legislativos distintos que además deben tramitarse de manera simultánea; uno que no requiere modificaciones a la Constitución, relacionado con el acceso a la administración de Justicia, y otro que encerraría la doble instancia, la transformación del régimen disciplinario de los abogados y el penal para magistrados, así como la eliminación de la reelección presidencial. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Ménde, también dio cuenta de algunos de estos aspectos, centrándose en la condición de mutuos juzgadores y juzgados que tienen congresistas y magistrados, fenómeno que debe ser eliminado, dice. Mientras la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, advirtió la necesidad de solucionar los problemas de represamiento que la resolución de acciones constitucionales está generando frente al trámite de procesos ordinarios, los presidentes de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, y de la Sala Administrativa, Pedro Octavio Munar, también se refirieron a casos extremos de congestión, como el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que busca poner fin a esta problemática por medio de la creación de un órgano permanente de descongestión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (11:11 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Es un error empezar el debate de reforma a la Justicia por la modificación de su instrumento más eficaz, la tutela: Rodrigo Urpimny (10:50 a.m.)

El director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, calificó como un error abordar el debate de reforma a la Justicia a partir de la modificación al único instrumento que, a su juicio, ha sido verdaderamente eficaz para solucionar los problemas de acceso al aparato jurisdiccional, como es la tutela. Añadió que ello lo demuestran las cifras, que evidencian que en los escenarios más optimistas, el 52 % de las acciones que interponen los ciudadanos no genera la respuesta que espera quien acude a ellas. A su juicio, debe hablarse de una reforma quirúrgica, que resuelva esos problemas de accesibilidad, empezando por el diseño del Consejo Superior de la Judicatura. Para el senador Juan Carlos Vélez, esas irregularidades estructurales solo se pueden corregir mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Recordó que el proyecto fue radicado nuevamente por él ante el Congreso y que su propósito es que 50 juristas provenientes de la Rama o con la calidad de aspirar a ella puedan conformar esa asamblea para reformar la Justicia.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:50 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Pérdida de credibilidad es el mayor problema de la Rama Judicial: exmagistrado José Alejando Bonivento (10:00 a.m.)

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Alejando Bonivento, afirmó que la pérdida de credibilidad de los jueces es el mayor problema que afecta a la Rama Judicial en la actualidad y afirmó que una eventual reforma no puede sustraerse de la necesidad de separar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria. Afirmó que la primera debe tener una vocación más gerencial y que el control de las actuaciones de los abogados ya no debe estar en cabeza de la segunda; podría pensarse en la creación de un tribunal autónomo que asuma algunas de esas tareas, dijo. Por otra parte, afirmó que sin recursos no hay tarea legislativa que valga y precisó que la prueba está en la reforma al Código Civil, que dio lugar al Código General del Proceso; un conjunto de reglas que solo han podido ponerse en funcionamiento de manera gradual, acota, debido a la falta de dinero para terminar de implantar la oralidad.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:00 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Desplazamiento de competencias del Ejecutivo ha tenido que soportarlo la justicia: exmagistrado Hernando Torres (9:35 a.m.)

El expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Hernando Torres afirmó que la justicia ha tenido que soportar el desplazamiento de competencias que se evidencia en la acción del Ejecutivo. A su juicio, es el operador judicial quien, en últimas, debe asumir las tareas propias de esa rama del poder público. En su criterio, el traslado de funciones inicia cuando el Ejecutivo pone en cabeza de particulares el cumplimiento de las tareas a su cargo; de ahí que, finalmente, sea el juez quien deba suplir necesidades ante los incumplimientos. Para el exfuncionario, eso explica que la cuarta parte de los procesos judiciales que hoy se tramitan en Colombia sean acciones de tutela. “No será que eso indica la frecuente violación de derechos por parte de las autoridades contra el ciudadano”, cuestionó. El pronunciamiento se dio en el foro “¿Se necesita una reforma a la Justicia?”, en el que participa la Rama Judicial.

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:35 a.m.)

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Consejo de Estado ha reconocido reparaciones por $ 3.700 millones por cobro de tasa especial de servicios aduaneros (9:20 a.m.)
El Consejo de Estado ordenó el pago de la tercera reparación directa por el daño originado en el hecho del legislador, que se produjo por el cobro de la tasa especial de servicios aduaneros que regía para la vigencia fiscal del 2000 y que fue retirada del ordenamiento un año después. Según los daños hasta ahora reconocidos en estas tres providencias, los costos del resarcimiento superan los $ 3.700 millones. En este caso, la corporación recordó que la Sentencia C-992 del 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 del 2000, puso en evidencia que los contribuyentes que cancelaron el tributo terminaron asumiendo una carga que no estaban obligados a soportar. La Sala indicó que aun cuando el fallo de la máxima instancia constitucional no haya tenido efectos modulatorios, se produce una falla en el servicio a cargo del Congreso, en tanto que su actuación derivó en el cobro de un tributo sin sustento constitucional. En este expediente la Sala reconoce la reparación directa por daños materiales y lucro cesante que suman $ 1.100 millones (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:20 a.m.) 

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Aclaran situación de acción de grupo contra Mindefensa que ha provocado largas filas en el Consejo de Estado (8:35 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que los interesados en la solicitud de revisión de una acción de grupo relacionada con prestaciones laborales a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa, con el radicado 11001333103720100027401, serán notificados oportunamente, en caso de que sea pertinente vincularlos al grupo que elevó el requerimiento. Esto a raíz de las extensas filas que se han visto en el Palacio de Justicia para reclamar un derecho que aún no ha sido reconocido. Para la corporación, es posible que la situación se haya presentado por versiones erróneas sobre la situación del expediente, ya que ni siquiera se ha resuelto la admisibilidad del recurso de revisión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (8:35 a.m.) 

Tribunal Superior de Bogotá indujo a error al Presidente en caso Petro: Procuraduría (4:48 p.m.)
Para el procurador Alejandro Ordóñez, el Tribunal Superior de Bogotá interpretó inadecuadamente lo relativo al bloque de constitucionalidad e indujo a error al presidente Juan Manuel Santos al ordenarle aplicar las medidas de la CIDH que permitieron restituir a Gustavo Petro en la alcaldía distrital. Con argumentos como este impugnó la tutela mediante la cual un despacho de restitución de tierras de la Sala Civil determinó que el jefe de Estado estaba obligado a cumplir las medidas hasta que se finiquitara el control de legalidad sobre la sanción. En criterio de Ordóñez, ese tipo de medidas no son obligatorias para los Estados parte, habida cuenta que integran el reglamento interno de la CIDH y no el Pacto de San José de Costa Rica, que sí considera vinculante. Según el jefe del Ministerio Público, esa determinación se funda en un salvamento de voto, ignorando jurisprudencia de las altas cortes respecto a la competencia del organismo de control para sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Finalmente, adujo que el actor carecía de legitimación, pues la decisión del organismo supranacional protegía los derechos del propio alcalde y no de sus electores. El Ministerio del Interior y la Presidencia también recurrieron la sentencia, que deberá ser estudiada por la Corte Suprema.

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:48 p.m.)

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Presentan ponencias positivas al proyecto de cobro por congestión vehicular, en Bogotá (4:35 p.m.)
Los concejales Diego García Bejarano y Diana Alejandra Rodríguez presentaron ponencias positivas, con modificaciones, al proyecto de acuerdo 93 del 2014, por el cual se establecería una tasa por uso de áreas de alta congestión vehicular. Según García, el uso del vehículo particular impacta no solo en problemas de congestión y afectación en la velocidad de operación, sino en la salud pública por el aporte de gases contaminantes y material particulado, por lo que considera oportuna y necesaria la implementación de la tasa por el uso en áreas de alta contaminación. Por su parte, el concejal Edward Arias Rubio presentó ponencia negativa a la iniciativa, por considerar que la única forma para establecer la medida es que se garantice a los ciudadanos los medios de transporte público suficientes para cubrir la demanda de pasajeros y la infraestructura vial requerida, además del mantenimiento de la malla vial deteriorada. 

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:35 p.m.)

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Última actualización el Lunes, 28 de Abril de 2014 21:00
 
noticias jurídicas 30 abril 2014 PDF Imprimir E-mail
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Miércoles, 30 de Abril de 2014 20:05

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"..Entrada en vigencia de la oralidad se aplaza hasta finales del 2015 (4:10 p.m.)

La plenarias del Congreso aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley que aplaza la entrada en vigencia del sistema oral en los procesos civiles, de familia y agrarios, previsto en la Ley 1395 del 2010. Los congresistas decidieron que el texto aprobado por el Senado es el que debe convertirse en ley. Así, de sancionarse la iniciativa, el plazo máximo para la implantación del modelo verbal no podrá exceder el 31 de diciembre del 2015.

Noticia generada en Abr. 29/14 (4:10 p.m.)

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Control de advertencia a la Policía por demoras en fijar condiciones técnicas para monitorear maquinaria pesada con GPS (3:55 p.m.)
La Contraloría General de la República (CGR) afirmó que mientras distintas entidades del Estado han hecho su tarea en relación con la estrategia de lucha contra la minería ilegal, la Policía Nacional no ha procedido con la eficiencia necesaria. La contralora Sandra Morelli pidió a la institución que proceda de forma urgente y expedita a definir, sin más demoras, los requerimientos técnicos del sistema de posicionamiento global (GPS) que debe instalarse a toda la maquinaria pesada (agrícola, industrial y de construcción autopropulsada), para hacer seguimiento a la misma y detectar los casos en que pueda ser utilizada en minería ilegal, lo cual fue dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 2261 del 2012. “Las definiciones técnicas hasta ahora establecidas por la entidad que usted dirige podrían estar vulnerando los principios básicos de la contratación estatal de la transparencia y selección objetiva, al limitar la libre competencia de los proveedores de la tecnología necesaria para la correcta implementación de los GPS”, señala la CGR en el control de advertencia enviado al director de la Policía, general Rodolfo Palomino. Según la contralora, teniendo en cuenta que, a un año y medio de la expedición del decreto, aún no han sido definidos los requerimientos técnicos que deben cumplir estos sistemas resulta una causa determinante del daño e imposibilidad para el Gobierno de ser más eficiente en el cumplimiento de una estrategia efectiva contra la minería ilegal, “lo que hace indispensable que se tomen medidas oportunas para el cumplimiento de la obligación legal a cargo de esa entidad”, puntualiza el oficio.

Noticia generada en Abr. 29/14 (3:55 p.m.)

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Participar en actuación administrativa que luego es objeto de controversia jurídica no siempre es impedimento para el juez (3:48 p.m.)
El Consejo de Estado sostuvo que la participación de un funcionario en la elaboración de un concepto de la administración tributaria no lo inhabilita para que, más adelante, evalúe la legalidad de un actuación de contenido particular en la que se aplique tal concepto. Ello porque lo primero supone un análisis abstracto, que se adelanta con independencia de las consecuencias que produzca su incidencia en un caso concreto, lo cual difiere del examen particular que se adelanta en el segundo escenario. Con esos argumentos, la Sección Cuarta negó el impedimento presentado por la magistrada Carmen Teresa Ortiz para conocer de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con la aplicación de un concepto del cual la funcionaria fue partícipe, a la hora de su elaboración, cuando se desempeñaba como integrante de la Dian. En estas eventualidades, dice, no se genera la causal de inhabilidad 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que inhabilita a quien se pronunció sobre la misma materia, fuera de esa actuación judicial, a decidir el litigio (C. P. Jorge Octavio Ramírez).

Noticia generada en Abr. 29/14 (3:48 p.m.)

 

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Ajustes normativos no han disminuido la violencia intrafamiliar: CEJ
29 de Abril 2:47 PM


 

Los  ajustes normativos que se le han aplicado al delito de violencia intrafamiliar parecen no  haber tenido mayores efectos sobre su ocurrencia. Por el contrario, son un ejemplo más del llamado Derecho Penal simbólico, es decir, de su utilización como instrumento para darle tranquilidad a la sociedad, mostrándole que existe una autoridad fuerte que es capaz de reaccionar a los actos que ella misma desaprueba.

 

Así lo señaló la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), en  un estudio reciente en el que advierte que el simple aumento de penas no disuade la comisión de delitos, si no va acompañado de prevención y capacidad del Estado para identificar y procesar a los responsables, entre otras medidas.

 

Según explicó, las cifras de este ilícito han sido significativas, a pesar de las modificaciones que se le han aplicado. Estas conductas, agregó,  se han presentado mayoritariamente por la intolerancia entre las parejas. De igual forma, en  los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, las mujeres han sido las más victimizadas, con un 77,7 % de los casos conocidos por Medicina Legal.

 

La CEJ recalcó que la verdadera lucha contra la violencia intrafamiliar no se debe enfocar solo en las modificaciones al tipo penal, sino en medidas como la prevención del delito, el empoderamiento de los derechos a las víctimas, el fortalecimiento en la atención de la Fiscalía y, sobre todo, la articulación interinstitucional.

 

“Aun cuando son diversas las autoridades de carácter administrativo y penal facultadas para recibir denuncias, condenar y adoptar medidas de protección para la víctima (…), no existen lineamientos o medidas encaminadas a otorgar una atención integral y articulada a las víctimas. Medidas que podrían generar un mayor impacto y ser más eficientes en el restablecimiento de los tejidos familiares”, manifestó.

 

Vale la pena recordar que la Ley 294 de 1996 tipificó la violencia intrafamiliar como delito autónomo, debido a los reiterados comportamientos de maltrato físico, síquico o sexual en el núcleo familiar.

 

Posteriormente, con la Ley 1142 del 2007, aumentaron las penas por este delito. Adicionalmente, la Ley 882 del 2004 introdujo una agravante, cuando la violencia recaiga sobre sujetos en condiciones de vulnerabilidad e indefensión, es decir, sobre un menor, una mujer, una persona mayor de edad o un discapacitado.

 

La última de las reformas la introdujo la Ley 1542 del 2012, que eliminó el carácter querellable y desistible del delito, lo que significa que, una vez conocido el hecho, las autoridades deben iniciar oficiosamente su investigación, lo cual cierra la puerta para que el proceso termine mediante conciliación.

 

Última actualización el Miércoles, 30 de Abril de 2014 20:08
 
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Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 23 de Abril de 2014 22:03

Tomado de  www.legismovil.com."...

Esta es la nueva forma de identificar las providencias de la Corte Suprema de Justicia (10:35 a.m.)
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó, el 18 de noviembre del 2013, una nueva forma de identificar sus providencias. La metodología es un sistema alfanumérico en el que se encuentran letras que se relacionan con el tipo de providencia, así: A para los autos, S para las sentencias, T para tutelas y H para hábeas corpus. A continuación se incluye otra letra que permite conocer la sala que la expide, L para laboral, P para penal, C para la civil y PL para la Sala Plena. El siguiente componente es un número consecutivo anual y el año en el que se profiere la decisión. En este sentido, el alto tribunal identifica sus providencias en forma similar a como lo hace la Corte Constitucional, es decir, la identificación de providencias ya no es exclusivamente el mismo número del expediente, del proceso o el “número de radicación de procesos” de los Acuerdos 201 de 199714121413 del 2002, del Consejo Superior de la Judicatura. A manera de ejemplo, una sentencia de la Sala Laboral tendrá en su encabezado lo siguiente: SL 829-2013 (nuevo sistema de identificación), Radicación 41306 (sistema tradicional). Por su parte, la Sala Civil se presentará así SC 4428-2014, Radicación 11001-31-03-026-2009-00743-01. LEGISmóvil ha adoptado este nuevo método de identificación para su buscador.

Noticia generada en Abr. 23/14 (10:35 a.m.) 
Presidente Santos firma decreto que restituye a Petro como Alcalde de Bogotá (8:38 a.m.)
“He firmado decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como Presidente ha sido, es y será siempre cumplir con la ley”, así lo informó hoy el presidente Juan Manuel Santos luego de conocerse el fallo del Tribunal de Bogotá que ordena aplicar las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y a su vez suspende la destitución del cargo como Alcalde de Bogotá. Al hacer referencia a los mecanismos de defensa judicial, el mandatario hizo un llamado a la reflexión sobre ese asunto, dado que su mala utilización puede generar “caos administrativo y político”.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:38 a.m.) 

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Extra
Esta es la sentencia que ordena aplicar medidas cautelares de la CIDH en caso Petro (8:00 a.m.)

Una Sala de Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el presidente Juan Manuel Santos violó los derechos a elegir y a ser elegido y al debido proceso internacional de los electores de Gustavo Petro, al no acatar las medidas cautelares de la CIDH, que ordenaban suspender la destitución del alcalde de la capital impuesta por la Procuraduría General de la Nación mientras hay una decisión de fondo. La corporación citó las sentencias T-524 del 2005 y la T-288A del 2011 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce el carácter vinculante de ese tipo de determinaciones y destacó su incorporación automática al ordenamiento interno. Negarse a ello sería como violar la Convención Americana de los Derechos Humanos, subraya la providencia. Según la Sala, la legitimación por activa en la causa del ciudadano accionante se basa en la doble dimensión de esa garantía, pues, pese a que la CIDH protegió los derechos políticos de Petro, también debe reconocerse a los sufragantes como actores del proceso, como lo hicieron el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Además, anotó que la actuación del organismo internacional se justifica teniendo en cuenta decisiones de organismos judiciales de cierre, que concluyeron que los ciudadanos deben acudir a la acción de simple nulidad contra el acto administrativo particular que ordenó la destitución, haciendo improcedente la tutela. Finalmente, sostuvo que la tutela es procedente para hacer cumplir las medidas cautelares que ordene ese órgano judicial supranacional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:00 a.m.) 

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Corrección provocada por la liquidación de revisión no da lugar a expedir un auto que termine el proceso (3:33 p.m.)
Una vez el contribuyente presenta la corrección provocada por la liquidación de revisión, en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario, aceptando totalmente los valores determinados en la liquidación oficial y liquidando la sanción por inexactitud reducida a la mitad, la división jurídica correspondiente debe proferir la resolución de reducción sanción y no un auto de terminación del proceso, pues el contribuyente puede no haber realizado el pago de manera correcta, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si el pago es correcto, se aceptará la liquidación de la corrección presentada y la citada resolución es el documento activo para efectos de cuenta corriente y procedimiento. Por el contrario, si el pago no es correcto, se confirmará la liquidación oficial de revisión que había sido proferida y se tendrá como documento en firme y ejecutoriado.

Noticia generada en Abr. 23/14 (3:33 p.m.) 
Colombia aprueba enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas (2:50 p.m.)
El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1714, por medio de la cual se aprueba la enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas. El propósito fundamental de la enmienda es permitir que se incorporen nuevos integrantes con plenos derechos de esa organización a las uniones aduaneras o económicas.

Noticia generada en Abr. 23/14 (2:50 p.m.)

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Establecen límites a variación de calificación jurídica por parte del juez, tras comisión de delitos en contratación estatal (11:37 a.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que si bien el procesado penal puede ser condenado por un delito distinto al que se le impute, la jurisprudencia desestima ese cambio denominativo, cuando se trate de delitos relacionados con la contratación estatal, que se castigan con la misma pena. Ello aunque ambos cargos conserven los mismos límites punitivos. En casos en los que, agotada la fase de pruebas, el operador decide la variación de la calificación jurídica, dice, deberá darse lugar a que las partes se pronuncien sobre su viabilidad, la posibilidad de practicar nuevas pruebas e incluso consultar la posición de la Fiscalía que, de ser favorable, conduce a la nulidad; todo de acuerdo a lo ordenado por el artículo 404 de la Ley 600 del 2000. En el caso concreto, el procesado había sido absuelto en primera instancia por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y condenado en segunda instancia por interés indebido en la celebración de contratos. Frente al primero de los cargos, la prueba no demostraba su ocurrencia y, frente al segundo, el procesado no tuvo la posibilidad de defenderse, sostuvo la Corte (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:37 a.m.)

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SIC ordena cesar actual esquema de recolección de basuras de Bogotá (11:28 a.m.)
El superintendente de Industria y Comercio ad hoc, Luis Guillermo Vélez, en ejercicio de sus facultades legales en materia de protección de la competencia y los consumidores informó que sancionó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (EAB), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP y a 10 personas naturales por ejecutar prácticas violatorias de la ley al limitar la libre competencia en el marco de la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. Así mismo, ordenó cesar su implementación, para lo cual otorga un plazo de seis meses. Según la SIC, después se deberá aplicar un régimen de competencia libre o, en su defecto, un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo que, en cualquier caso, deberá involucrar la participación de la población recicladora, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:28 a.m.)

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Derecho a exigir reajuste pensional prescribe a los tres años: Corte Suprema (11:15 a.m.)
En sentencia recientemente publicada, la Corte Suprema de Justicia determinó que los términos prescriptivos para alegar la procedencia del reajuste pensional es de tres años, contados a partir de la causación del derecho. Ello porque el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo concede dicho término, calculado desde el momento en que la obligación se haya hecho exigible, frente a las “acciones que emanen de las leyes sociales”. En este caso, dice, no es aplicable el artículo 51 del acuerdo 049 del Ministerio del Trabajo (aprobatorio del Decreto 0758 de 1990), que fija ese lapso en cuatro años, ya que esta disposición rige para reclamaciones ante el ISS, pero no tiene validez a la hora de interponer acciones ante los jueces (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:15 a.m.) 

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Condiciones de jubilación dependen de normas vigentes al momento de causarse el derecho: Corte Suprema (8:45 a.m.)
En providencia recientemente dada a conocer, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las condiciones de pago de la pensión deben estar sujetas a la disposición legal, convencional o reglamentaria en vigor al momento de su causación y no interpretarse a la luz de las vigentes al momento de su disfrute. Así, aun cuando en la época en que el operario decida exigir su derecho estas reglas sean distintas a las que regían al momento en que acumuló los requisitos para jubilarse, las que deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar la liquidación son estas últimas. En ese mismo sentido, dice, el artículo 4º del Decreto 1160 de 1989 señala que se entiende causada la pensión cuando se reúnen las exigencias de “la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales” (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

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