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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
ANALISIS DEL DOLO EN EL PREVARICATO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 22 de Julio de 2014 16:21

TOMADO DE www.AMBITOJURIDICO.COM

 

"..Explican configuración del dolo en condena a juez que concedió pensiones gracia irregularmente

14 de Julio 12:20 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el delito de prevaricato por acción, el dolo no depende de que se produzca algún rédito para el imputado, sino de la evidencia de que obró como lo hizo, a pesar de que se trataba de una actuación manifiestamente ilegal, explicó la Corte Suprema de Justicia.

 

Con este argumento, la Sala Penal ratificó la condena impuesta a un juez laboral que otorgó pensiones gracia a exprofesores afiliados al magisterio, aunque no reunían las condiciones para acceder a ese derecho y se trataba de un asunto que escapaba a su competencia.

 

La corporación resaltó que la procedencia de ese beneficio depende, entre otros aspectos, de que el reclamante no haya recibido ni esté recibiendo otra pensión o recompensa de origen nacional. En el caso analizado, los beneficiados no cumplían ese requisito, consagrado en la Ley 45 de 1913, lo que demuestra la configuración del dolo.

 

“… La providencia tildada de prevaricadora omitió valorar el requisito contenido en el numeral 3º del artículo 4º de la citada Ley, desentendiéndose de ese apartado en forma ostensible para concluir, que los demandantes tenían derecho a la pensión gracia, cuando lo cierto era que del solo análisis de esa exigencia (…) se habría desestimado que los accionantes tuvieran derecho a esa prerrogativa”, precisó.

 

De otro lado, la Sala concluyó que este asunto no era de competencia de un juez laboral, pues, al tratarse de un grupo de personas que hacen parte del régimen excepcional de prestaciones sociales del magisterio, le correspondía dirimirlo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

“Lo cierto es que tanto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura e inclusive, la Corte Constitucional, habían fijado una sólida posición relativa a que las controversias suscitadas en los regímenes de excepción no fueron asignados a la justicia ordinaria laboral como se explicó en precedencia”, subrayó.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-7764 (39901), jun. 25/14, M. P. Patricia Salazar)..".

Última actualización el Martes, 22 de Julio de 2014 16:28
 
Corte Suprema recuerda alcances del prevaricato por acción PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 26 de Junio de 2014 18:02

tomado de www.legismovil.com.

"...Corte Suprema recuerda alcances del prevaricato por acción (9:59 a.m.)

Desconocer los requisitos para ordenar pagos a cargo de entidades en proceso de restructuración constituye una actuación abiertamente contraria a lo ordenado por la Ley 599 del 2000, sostuvo la Corte Suprema de Justicia. De ahí que la Sala Penal considere que una actuación de esta naturaleza por parte de un juez equivalga a la actuación típica que el artículo 413 del Código Penal define como prevaricato por acción; esto en virtud de que la norma se refiere como la resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley que profiera un funcionario. Frente a la actuación de la Fiscalía en este caso, la Sala recordó que si bien el artículo 448 de la Ley 906 del 2004 impide que el acusado sea declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, esto no impide al investigador aportar nuevas consideraciones, posteriores a la audiencia en la que acuse. En su criterio, dicho acto finaliza con los alegatos de conclusión, luego, durante el lapso en el que se concreten estas etapas limítrofes se pueden aportar elementos de convicción nuevos, sin que ello suponga solicitar condena por circunstancias ajenas a la acusación (M. P. Eugenio Fernández)..."

Corte Suprema aclara inhabilidades generadas por condena por delitos surgidos en la actividad contractual (11:04 a.m.)
Cuando la condena penal no obedezca a la imputación de peculado por apropiación ni se demuestren perjuicios materiales en el erario como consecuencia de la conducta, no hay lugar a la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos o celebrar contratos estatales, sostuvo la Corte Suprema de Justicia. Esta restricción, contemplada en artículo 58-3 de la Ley 80 de 1993, está sujeta a que se cumplan las condiciones del inciso 5º del artículo 122 de la Constitución, que fija las prohibiciones en esta materia para quienes son condenados por delitos contra la administración pública o aquellos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. En este caso, dice, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el que fue condenado el procesado no evidencia su responsabilidad civil por lesión al patrimonio estatal (M. P. Patricia Salazar).

Tomado de www.ambitojuridico.com.
"..Exigencia de consentimiento informado del paciente no debe extremarse en casos de urgencia
26 de Junio 8:52 AM


 

No todos los daños que sufren las personas después de ser intervenidas quirúrgicamente son imputables a las clínicas u hospitales que fallaron en obtener el consentimiento informado del paciente, indicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.

 

Algunas consecuencias o secuelas, agregó, hacen parte del desarrollo de la enfermedad que se padecía antes del tratamiento, por lo que resultaría injusto atribuir dichos resultados al servicio médico.

 

Por esa razón, no es sano extremar la exigencia del consentimiento informado en medio de una intervención quirúrgica de emergencia en la que se deba hacer un procedimiento adicional para salvar la vida del paciente, advirtió el alto tribunal.

 

A su juicio, esto llevaría a abstenerse de actuar por falta del consentimiento y radicalizaría la relación médico-paciente, partiendo de la mala fe del profesional de la salud, con efectos prácticos perjudiciales para el usuario.

 

De esta manera, la corporación aclaró hasta dónde llega la responsabilidad de las instituciones médicas frente a las consecuencias de una intervención efectuada sin dicho consentimiento..."

Última actualización el Jueves, 26 de Junio de 2014 18:08
 
Fraude procesal se configura solo si el imputado tiene el propósito de inducir a error al funcionario PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 04 de Junio de 2014 19:55

tomado de  www.legismovil.com.

"..Fraude procesal se configura solo si el imputado tiene el propósito de inducir a error al funcionario (10:37 a.m.)

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que el fraude procesal requiere que el sujeto activo acuda al dolo, teniendo plena certeza de que su propósito es inducir a error al administrador o al funcionario judicial. Sin embargo, si genera el yerro actuando de buena fe, sin tener la intención de quebrantar la legalidad, no se le puede endilgar responsabilidad penal alguna. Frente al caso concreto, la Sala desestimó que la forma inadecuada como el imputado dio cuenta de la cesión de derechos sobre un bien tuviera el propósito de inducir a error a la administración, en procura de la venta de una propiedad. La corporación encontró que si bien la escritura pública aportada al expediente no cumplía con la ritualidad propia de tales contratos de cesión, sí se expresaba en ella la voluntad de los cedentes y, en todo caso, el indiciado no procuraba acudir a un medio fraudulento para finiquitar el negocio (M. P. Luis Guillermo Salazar). 

Noticia generada en Jun. 4/14 (10:37 a.m.)

 


Última actualización el Miércoles, 04 de Junio de 2014 20:05
 
Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 21 de Junio de 2014 20:56
Tomado de www.ambitojuridico.com
"..Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores
20 de Junio 4:00 PM

 

 

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 solo se justifica en un sistema procesal premial en el que se apliquen el principio de oportunidad, las negociaciones, los preacuerdos y las reducciones de pena por allanamiento a cargos.

 

Así mismo, señaló que en los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo no se justifica el aumento, pues resultaría injusto, contrario a la dignidad humana y vulneraría la garantía de proporcionalidad.

 

No obstante, en los casos de “degradación de la conducta” o cuando el proceso culmina por cualquiera de estas formas anticipadas, se justifica el incremento, explicó.

 

Sobre el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), aclaró que los aumentos posteriores al 2005 desplazaron al derivado del incremento generalizado de penas contendido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Es decir, a los artículos modificados por las leyes 1236 del 20081257 del 20081329 del 2009 no se les  impone un incremento de la tercera parte en el extremo mínimo, ni de la mitad en el máximo, pues la pena será la que fijó la legislación posterior.

 

Finalmente, señaló que “el criterio que ha venido desarrollando la Corte desde la Sentencia 33254 del 2013resulta también aplicable en asuntos en los que se trate de delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes”.

 

Lo anterior, siempre que el acusado preacuerde con la Fiscalía o se allane a los cargos, sin que reciba ninguna compensación por acudir a alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso.

 

No pasa lo mismo en los casos de lesiones personales dolosas y todos los delitos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, pues en ellos la pena no se incrementa con motivo del artículo 14 de la Ley 890, sino por razones de política criminal que buscan una mejor protección del bien jurídico cuando su titular es menor de edad.

 

En el caso analizado, a la condena impuesta al autor de un homicidio doloso agravado contra una menor de año y medio de edad se le aplicó el incremento de la tercera parte a la mitad. Al respecto, el alto tribunal señaló que “mal podría alegar la inaplicación del incremento punitivo porque es solo prescindible en los casos en los que el acusado celebra preacuerdo o negociación con la Fiscalía o se allana a los cargos”

 

En su opinión, en eventos como este, es posible desechar el aumento que impone el artículo 14 de la Ley 890, pero solo si el llamado a responder opta por aceptar su culpabilidad por vía del preacuerdo o el allanamiento.

 

Si es vencido en juicio, la sanción es la del tipo base, con el incremento de la Ley 890, además del aumento derivado de las circunstancias agravantes específicas que prevén los artículos 104 y 170 de la norma penal sustantiva cuando se atenta contra niños, niñas o adolescentes.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5197 (41157), abr. 30/14, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero)..."

Última actualización el Sábado, 21 de Junio de 2014 20:59
 
Negarse a escuchar en interrogatorio al indiciado no viola el derecho a la defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 28 de Mayo de 2014 23:56

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..Negarse a escuchar en interrogatorio al indiciado no viola el derecho a la defensa

28 de Mayo 12:04 PM

 

El hecho de que el fiscal desista de la posibilidad de escuchar al indiciado en una diligencia de interrogatorio no constituye una violación del derecho a la defensa, pues, en un sistema adversarial, cada parte decide a qué herramientas acudir para cumplir su propósito, aclaró la Corte Suprema de Justicia.

 

La corporación recordó que el Código Penal (Ley 599 del 2000), en sus artículos 275 a 285, enumera los medios que se pueden tener en cuenta en la indagación, entre ellos el interrogatorio al indiciado, previsto en el artículo 282.

 

Para la Sala Penal, es aconsejable que el ente investigador garantice el desarrollo de esta diligencia, sin que, en caso contrario, se produzca la inobservancia de garantía alguna.

 

El alto tribunal recordó que el interrogatorio ya no es un medio de vinculación procesal, y su realización no es presupuesto del debido proceso. Por lo tanto, es optativo tanto para el fiscal como para el indiciado o imputado.

 

Los resultados del mismo, aclaró, tampoco son derroteros que deban seguirse dentro del esquema procesal, ya que se trata, ante todo, de un acto de parte, orientado a intentar obtener información relevante para definir la teoría del caso.

 

En cambio, en los casos de personas que son privadas de su libertad, la diligencia sí es necesaria, pues, de acuerdo con los tratados de derechos humanos, el imputado tiene derecho a ser llevado ante una autoridad judicial y ser escuchado por esta, en relación con las causas de su captura.

 

Finalmente, la Corte señaló que la nulidad por falta de competencia se predica del juez y no del fiscal,por cuanto una decisión en ese sentido no debe afectar el conocimiento a cargo del ente investigador.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5278 (43490), abr. 30/14, M. P. Leonidas Bustos).."

 

Tutela procede por error en dosificación de la pena
19 de Mayo 11:59 AM

 

 

 

La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales afectados por errores en la dosificación de la pena, aunque no se haya acudido a los mecanismos judiciales ordinarios ni se haya cumplido con el requisito de inmediatez, aclaró la Corte Constitucional.

 

La corporación advirtió que los jueces no deben confundir la etapa de determinación de la punibilidad con la de individualización de la sanción, pues si bien es posible fijar la gravedad de la conducta a la hora de individualizar la pena, estos no son los aspectos definitivos para determinar el cuarto a partir del cual se debe establecer.

 

De acuerdo con la Corte, es necesario identificar primero dichos límites y tener en cuenta estos elementos, para determinar el quantum.

 

“Si bien el artículo 61 del Código Penal, frente al proceso de individualización de la pena, permite considerar factores cómo: ‘(…) la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto’, estos parámetros no se pueden aplicar para fijar el cuarto punitivo, sino para moverse dentro del que, por expresa determinación legal, debe ser seleccionado”, señala la sentencia.

 

En el caso analizado, la Corte encontró que el juez impuso la pena por el delito de fuga presos partiendo del último cuarto, a pesar de que no se evidenciaban circunstancias de agravación y mayor o menor punibilidad. Así las cosas, lo procedente era partir del primer tramo, explicó.

 

De otro lado, recordó que según el artículo 61 del Código Penalel sentenciador solo puede partir del último cuarto cuando concurran circunstancias de agravación punitiva. Como, en este caso, el operador concluyó que dichas causales no habían tenido lugar, lo indicado era fijar como punto de partida el primer cuarto, ya que la misma disposición exige proceder de esa manera, cuando no se dan las circunstancias anotadas.

 

Por estas razones, le ordenó al juez ordinario redosificar la pena, pese a que el accionante no agotó los recursos ordinarios disponibles para atacar la determinación y aunque la acción de tutela solo se hubiera presentado seis años después de ocurridos los hechos.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-5390 (72976), abr. 29/14, M. P. Patricia Salazar Cuellar)

Última actualización el Jueves, 29 de Mayo de 2014 00:02
 
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