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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Regla según la cual, el plazo de 24 horas para realizar el control de legalidad de las diligencias de Policía Judicia PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:52

C-014  DE 2018  CORTE  CONSTITUCIONAL

MEDIDA DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA-Audiencia de control de legalidad/MEDIDA DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA-Regla según la cual, el plazo de 24 horas para realizar el control de legalidad de las diligencias de Policía Judicial, se cuenta a partir del recibo del informe correspondiente por parte del fiscal, no infringe el plazo de 36 horas previsto en la Constitución.

 

25. Debe clarificarse, con todo, que si por cualquier circunstancia es superado el plazo de 12 horas que tiene la Policía Judicial para rendir el informe correspondiente al Fiscal, de conformidad con los artículos 14, inciso 4º, y 154, numerales 1 y 9 C.P.P., la audiencia de control posterior de legalidad sobre lo actuado deberá adelantarse en todo caso dentro del término máximo de 36 horas luego de finalizada la diligencia investigativa[22]. Este es el efecto precisamente de que las 24 horas dentro de las cuales, según al precepto acusado, debe realizarse el aludido control judicial sean un término máximo y de que el mismo debe ser armonizado con las citadas reglas procesales y el artículo 250.2 Superior. De la misma manera, es claro que si se excede el plazo de 36 horas, de las cuales hacen parte las 12 horas iniciales con las que cuenta la Policía Judicial para presentar el correspondiente informe y las 24 horas para la realización del control de legalidad sobre lo actuado, surgirán las respectivas consecuencias establecidas en las normas procesales y, en especial, las contenidas en los artículos 23, 232 y 360 C.P.P.

Última actualización el Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:55
 
REBAJA DE PENA PARA FEMENICIDIO ES DE 1/6 en formulacion de imputacion FLAGRANCIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:24

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA PENAL.....JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, Magistrado Ponente, SP18534-2017, Radicación n.° 49209, Acta n.° 372,

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

"....Empero, el a quo reconoció únicamente una sexta parte (1/6) de reducción de la pena por razón de lo dispuesto por el artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015, que es del siguiente tenor:

Artículo 5.°. Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

"....Para la Sala no le asiste razón al casacionista en su reclamo y el monto reconocido como rebaja de pena a cambio del allanamiento a la imputación se ajusta a lo previsto en la ley.

Si bien el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, lo cierto es que con esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el primer inciso del artículo 351 del C. de P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3.° del artículo 288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 (se subraya).

Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible conexión que existe entre los dos preceptos.

Si bien la intención de eliminar beneficios y subrogados para los perpetradores de feminicidio fue morigerada en forma significativa durante el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso n.° 322 del 22 de mayo de 2015, página 11), en todo caso se mantuvo el propósito declarado en la exposición de motivos, esto es, obtener la imposición de una sanción ejemplarizante para los responsables de feminicidio, debido a la gravedad del hecho y al grado de repudio que el mismo merece (Gaceta del Congreso n.° 773 del 26 de septiembre de 2013, página 8).

Pues bien, a ese designio se ajusta la interpretación prohijada por la Sala, así como también a la conceptualización que ha retomado a partir de la providencia CSJ SP14496-2017, 27 sep. 2017, radicado 39831, en el sentido que el allanamiento a cargos es una modalidad de preacuerdo....."

 
Enfermedad grave del procesado penal también pueden certificarse con peritajes de médicos particulares PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Abril de 2019 17:29

Tomado de  www.legismovil.com

 

"...A la Corte Constitucional le correspondió determinar si el estado grave por enfermedad del procesado, que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por el del lugar de residencia, debía ser acreditado mediante “dictamen de médicos oficiales”, según lo dispuesto en el artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal. Ello por ser considerada, según el demandante, violatoria del derecho al debido proceso y, por ende, de los derechos de defensa y acceso a la justicia. La Corte encontró que, si bien el legislador puede establecer la necesidad de ciertas evidencias para la adopción de una decisión, en virtud de la referida garantía y salvo que medien razones constitucionales suficientes, no puede impedir que se recurra a otras pruebas, conforme con las reglas legales pertinentes. Esto con el fin de que el juez adopte una determinación a partir de diversos elementos de juicio y con arreglo a los principios de la sana crítica y libertad de apreciación probatoria. Observó, sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles de una interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según la cual, si bien debe allegarse dictamen de “médicos oficiales”, también pueden presentarse peritajes de médicos particulares, por lo que condicionó la exequibilidad de la norma (M. P. Diana Fajardo Rivera)...."

Última actualización el Martes, 16 de Abril de 2019 17:30
 
REBAJA DE PENA PARA FEMENICIDIO ES DE 1/6 en formulacion de imputacion FLAGRANCIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:24

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA PENAL.....JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, Magistrado Ponente, SP18534-2017, Radicación n.° 49209, Acta n.° 372,

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

"....Empero, el a quo reconoció únicamente una sexta parte (1/6) de reducción de la pena por razón de lo dispuesto por el artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015, que es del siguiente tenor:

Artículo 5.°. Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

"....Para la Sala no le asiste razón al casacionista en su reclamo y el monto reconocido como rebaja de pena a cambio del allanamiento a la imputación se ajusta a lo previsto en la ley.

Si bien el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, lo cierto es que con esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el primer inciso del artículo 351 del C. de P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3.° del artículo 288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 (se subraya).

Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible conexión que existe entre los dos preceptos.

Si bien la intención de eliminar beneficios y subrogados para los perpetradores de feminicidio fue morigerada en forma significativa durante el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso n.° 322 del 22 de mayo de 2015, página 11), en todo caso se mantuvo el propósito declarado en la exposición de motivos, esto es, obtener la imposición de una sanción ejemplarizante para los responsables de feminicidio, debido a la gravedad del hecho y al grado de repudio que el mismo merece (Gaceta del Congreso n.° 773 del 26 de septiembre de 2013, página 8).

Pues bien, a ese designio se ajusta la interpretación prohijada por la Sala, así como también a la conceptualización que ha retomado a partir de la providencia CSJ SP14496-2017, 27 sep. 2017, radicado 39831, en el sentido que el allanamiento a cargos es una modalidad de preacuerdo....."

 
Condicionan agravación punitiva de los delitos sexuales contra menores de 14 años PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Abril de 2019 17:26

Tomado de  www.legismovil.com

"....La Corte Constitucional resolvió una demanda contra los artículos 211, numeral 7° (modificado por la Ley 1257 del 2008), 208 y 209 (modificados por la Ley 1236 del 2008) del Código Penal, que regulan las circunstancias de agravación punitiva y los tipos penales de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El demandante, un recluso que se encuentra actualmente en la cárcel Modelo de Bogotá, estimaba que consagrar como circunstancia de agravación punitiva en los referidos delitos el hecho de que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, síquica o sensorial, ocupación u oficio, desconocía la razón de ser de dichos tipos penales por cuanto, por sí mismos, ya estipulan esa circunstancia particular como uno de sus elementos, esto es, que se trate de un menor de 14 años. La Sala concluyó que al aplicar dicha causal de agravación se viola el principio del non bis in ídem (artículo 29 de la Constitución Política), al desconocer los precedentes reiterados de la jurisprudencia constitucional que prohíben establecer, simultáneamente, como elemento del tipo y como elemento para agravar la pena la misma circunstancia de hecho. Finalmente, precisó que los casos en que los operadores jurídicos deban valorar la conducta con aspectos específicos que tipifican el delito y al mismo tiempo esto constituya causal de agravación punitiva, deberán realizar el juicio constitucional sobre el respeto del principio del non bis in ídem (M. P. Luis Guillermo Guerrero)...."

Última actualización el Martes, 16 de Abril de 2019 17:28
 
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