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Escrito por Administrator   
Lunes, 28 de Abril de 2014 20:58

tomado de www.legismovil.com.

 

Entidades sin ánimo de lucro tienen la obligación de cualquier empresa frente a derechos pensionales del artículo 260 del CST (3:24 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que las entidades sin ánimo de lucro sí pueden ser consideradas como empresa y, por lo tanto, están obligadas a cumplir con las exigencias del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en materia de pensiones; esta precisa que todo trabajador que labore en un mismo ente privado, con capital superior a los $ 800.000, tendrá derecho a la jubilación, al cumplir 20 años de servicio y cumplir 55 años de edad, si se es varón, o 50, si se es mujer. Según la Sala, el lucro no es el elemento distintivo a la hora de definir si el empleador es empresa o no lo es, luego los que no persiguen este rédito económico por su operación también se acogen a tal concepto, dice la providencia (M. P. Rigoberto Echeverri).

Noticia generada en Abr. 28/14 (3:24 p.m.)

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Sistema de seguridad social en salud no cubre servicios en el exterior (2:55 p.m.)
Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de salud y todo lo que conlleva dentro del sistema de seguridad social está supeditado al principio de territorialidad, este no cubre los servicios de los nacionales colombianos que pretendan realizarse en el exterior, indicó el Ministerio de Salud. La Resolución 5521 del 2013, por la cual se actualizó el plan obligatorio de salud, señaló que es deber de las entidades promotoras de salud garantizar el servicio en las condiciones y calidad previstas en la normativa vigente a los afiliados dentro del territorio nacional. 

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:55 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Presidenta del Consejo de Estado ve con buenos ojos transmisión en vivo de sesiones de sala (2:15 p.m.)

Hablando a título personal y no institucional, la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, dio su visto bueno a la posibilidad de que las sesiones plenarias y de las salas de los órganos judiciales en las que se deabte la toma de decisiones sean transmitidas en vivo. A su juicio, si se habla de la necesidad de intensificar la transparencia, hubiera sido deseable que la ciudadanía hubiera verificado, por sí misma, la forma como la corporación a su cargo abordó y resolvió temas como la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El vocero de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, y el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Jairo Parra, se sumaron al respaldo, por considerarla una opción deseable y razonable de control social a la administración de Justicia, que contribuiría a la formación del ciudadano en estos temas. Para Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, no se trata de la solución más atractiva, aun cuando no la descarta, en aras de procurar la transparencia en la función jurisdiccional.

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:15 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Senador Cristo propone presentar dos proyectos distintos y simultáneos para reformar la Justicia (11:11 a.m.)

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, sostuvo que para reformar el poder judicial es necesario presentar dos proyectos legislativos distintos que además deben tramitarse de manera simultánea; uno que no requiere modificaciones a la Constitución, relacionado con el acceso a la administración de Justicia, y otro que encerraría la doble instancia, la transformación del régimen disciplinario de los abogados y el penal para magistrados, así como la eliminación de la reelección presidencial. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Ménde, también dio cuenta de algunos de estos aspectos, centrándose en la condición de mutuos juzgadores y juzgados que tienen congresistas y magistrados, fenómeno que debe ser eliminado, dice. Mientras la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, advirtió la necesidad de solucionar los problemas de represamiento que la resolución de acciones constitucionales está generando frente al trámite de procesos ordinarios, los presidentes de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, y de la Sala Administrativa, Pedro Octavio Munar, también se refirieron a casos extremos de congestión, como el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que busca poner fin a esta problemática por medio de la creación de un órgano permanente de descongestión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (11:11 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Es un error empezar el debate de reforma a la Justicia por la modificación de su instrumento más eficaz, la tutela: Rodrigo Urpimny (10:50 a.m.)

El director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, calificó como un error abordar el debate de reforma a la Justicia a partir de la modificación al único instrumento que, a su juicio, ha sido verdaderamente eficaz para solucionar los problemas de acceso al aparato jurisdiccional, como es la tutela. Añadió que ello lo demuestran las cifras, que evidencian que en los escenarios más optimistas, el 52 % de las acciones que interponen los ciudadanos no genera la respuesta que espera quien acude a ellas. A su juicio, debe hablarse de una reforma quirúrgica, que resuelva esos problemas de accesibilidad, empezando por el diseño del Consejo Superior de la Judicatura. Para el senador Juan Carlos Vélez, esas irregularidades estructurales solo se pueden corregir mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Recordó que el proyecto fue radicado nuevamente por él ante el Congreso y que su propósito es que 50 juristas provenientes de la Rama o con la calidad de aspirar a ella puedan conformar esa asamblea para reformar la Justicia.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:50 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Pérdida de credibilidad es el mayor problema de la Rama Judicial: exmagistrado José Alejando Bonivento (10:00 a.m.)

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Alejando Bonivento, afirmó que la pérdida de credibilidad de los jueces es el mayor problema que afecta a la Rama Judicial en la actualidad y afirmó que una eventual reforma no puede sustraerse de la necesidad de separar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria. Afirmó que la primera debe tener una vocación más gerencial y que el control de las actuaciones de los abogados ya no debe estar en cabeza de la segunda; podría pensarse en la creación de un tribunal autónomo que asuma algunas de esas tareas, dijo. Por otra parte, afirmó que sin recursos no hay tarea legislativa que valga y precisó que la prueba está en la reforma al Código Civil, que dio lugar al Código General del Proceso; un conjunto de reglas que solo han podido ponerse en funcionamiento de manera gradual, acota, debido a la falta de dinero para terminar de implantar la oralidad.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:00 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Desplazamiento de competencias del Ejecutivo ha tenido que soportarlo la justicia: exmagistrado Hernando Torres (9:35 a.m.)

El expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Hernando Torres afirmó que la justicia ha tenido que soportar el desplazamiento de competencias que se evidencia en la acción del Ejecutivo. A su juicio, es el operador judicial quien, en últimas, debe asumir las tareas propias de esa rama del poder público. En su criterio, el traslado de funciones inicia cuando el Ejecutivo pone en cabeza de particulares el cumplimiento de las tareas a su cargo; de ahí que, finalmente, sea el juez quien deba suplir necesidades ante los incumplimientos. Para el exfuncionario, eso explica que la cuarta parte de los procesos judiciales que hoy se tramitan en Colombia sean acciones de tutela. “No será que eso indica la frecuente violación de derechos por parte de las autoridades contra el ciudadano”, cuestionó. El pronunciamiento se dio en el foro “¿Se necesita una reforma a la Justicia?”, en el que participa la Rama Judicial.

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:35 a.m.)

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Consejo de Estado ha reconocido reparaciones por $ 3.700 millones por cobro de tasa especial de servicios aduaneros (9:20 a.m.)
El Consejo de Estado ordenó el pago de la tercera reparación directa por el daño originado en el hecho del legislador, que se produjo por el cobro de la tasa especial de servicios aduaneros que regía para la vigencia fiscal del 2000 y que fue retirada del ordenamiento un año después. Según los daños hasta ahora reconocidos en estas tres providencias, los costos del resarcimiento superan los $ 3.700 millones. En este caso, la corporación recordó que la Sentencia C-992 del 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 del 2000, puso en evidencia que los contribuyentes que cancelaron el tributo terminaron asumiendo una carga que no estaban obligados a soportar. La Sala indicó que aun cuando el fallo de la máxima instancia constitucional no haya tenido efectos modulatorios, se produce una falla en el servicio a cargo del Congreso, en tanto que su actuación derivó en el cobro de un tributo sin sustento constitucional. En este expediente la Sala reconoce la reparación directa por daños materiales y lucro cesante que suman $ 1.100 millones (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:20 a.m.) 

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Aclaran situación de acción de grupo contra Mindefensa que ha provocado largas filas en el Consejo de Estado (8:35 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que los interesados en la solicitud de revisión de una acción de grupo relacionada con prestaciones laborales a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa, con el radicado 11001333103720100027401, serán notificados oportunamente, en caso de que sea pertinente vincularlos al grupo que elevó el requerimiento. Esto a raíz de las extensas filas que se han visto en el Palacio de Justicia para reclamar un derecho que aún no ha sido reconocido. Para la corporación, es posible que la situación se haya presentado por versiones erróneas sobre la situación del expediente, ya que ni siquiera se ha resuelto la admisibilidad del recurso de revisión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (8:35 a.m.) 

Tribunal Superior de Bogotá indujo a error al Presidente en caso Petro: Procuraduría (4:48 p.m.)
Para el procurador Alejandro Ordóñez, el Tribunal Superior de Bogotá interpretó inadecuadamente lo relativo al bloque de constitucionalidad e indujo a error al presidente Juan Manuel Santos al ordenarle aplicar las medidas de la CIDH que permitieron restituir a Gustavo Petro en la alcaldía distrital. Con argumentos como este impugnó la tutela mediante la cual un despacho de restitución de tierras de la Sala Civil determinó que el jefe de Estado estaba obligado a cumplir las medidas hasta que se finiquitara el control de legalidad sobre la sanción. En criterio de Ordóñez, ese tipo de medidas no son obligatorias para los Estados parte, habida cuenta que integran el reglamento interno de la CIDH y no el Pacto de San José de Costa Rica, que sí considera vinculante. Según el jefe del Ministerio Público, esa determinación se funda en un salvamento de voto, ignorando jurisprudencia de las altas cortes respecto a la competencia del organismo de control para sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Finalmente, adujo que el actor carecía de legitimación, pues la decisión del organismo supranacional protegía los derechos del propio alcalde y no de sus electores. El Ministerio del Interior y la Presidencia también recurrieron la sentencia, que deberá ser estudiada por la Corte Suprema.

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:48 p.m.)

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Presentan ponencias positivas al proyecto de cobro por congestión vehicular, en Bogotá (4:35 p.m.)
Los concejales Diego García Bejarano y Diana Alejandra Rodríguez presentaron ponencias positivas, con modificaciones, al proyecto de acuerdo 93 del 2014, por el cual se establecería una tasa por uso de áreas de alta congestión vehicular. Según García, el uso del vehículo particular impacta no solo en problemas de congestión y afectación en la velocidad de operación, sino en la salud pública por el aporte de gases contaminantes y material particulado, por lo que considera oportuna y necesaria la implementación de la tasa por el uso en áreas de alta contaminación. Por su parte, el concejal Edward Arias Rubio presentó ponencia negativa a la iniciativa, por considerar que la única forma para establecer la medida es que se garantice a los ciudadanos los medios de transporte público suficientes para cubrir la demanda de pasajeros y la infraestructura vial requerida, además del mantenimiento de la malla vial deteriorada. 

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:35 p.m.)

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Última actualización el Lunes, 28 de Abril de 2014 21:00
 
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Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 23 de Abril de 2014 22:03

Tomado de  www.legismovil.com."...

Esta es la nueva forma de identificar las providencias de la Corte Suprema de Justicia (10:35 a.m.)
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó, el 18 de noviembre del 2013, una nueva forma de identificar sus providencias. La metodología es un sistema alfanumérico en el que se encuentran letras que se relacionan con el tipo de providencia, así: A para los autos, S para las sentencias, T para tutelas y H para hábeas corpus. A continuación se incluye otra letra que permite conocer la sala que la expide, L para laboral, P para penal, C para la civil y PL para la Sala Plena. El siguiente componente es un número consecutivo anual y el año en el que se profiere la decisión. En este sentido, el alto tribunal identifica sus providencias en forma similar a como lo hace la Corte Constitucional, es decir, la identificación de providencias ya no es exclusivamente el mismo número del expediente, del proceso o el “número de radicación de procesos” de los Acuerdos 201 de 199714121413 del 2002, del Consejo Superior de la Judicatura. A manera de ejemplo, una sentencia de la Sala Laboral tendrá en su encabezado lo siguiente: SL 829-2013 (nuevo sistema de identificación), Radicación 41306 (sistema tradicional). Por su parte, la Sala Civil se presentará así SC 4428-2014, Radicación 11001-31-03-026-2009-00743-01. LEGISmóvil ha adoptado este nuevo método de identificación para su buscador.

Noticia generada en Abr. 23/14 (10:35 a.m.) 
Presidente Santos firma decreto que restituye a Petro como Alcalde de Bogotá (8:38 a.m.)
“He firmado decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como Presidente ha sido, es y será siempre cumplir con la ley”, así lo informó hoy el presidente Juan Manuel Santos luego de conocerse el fallo del Tribunal de Bogotá que ordena aplicar las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y a su vez suspende la destitución del cargo como Alcalde de Bogotá. Al hacer referencia a los mecanismos de defensa judicial, el mandatario hizo un llamado a la reflexión sobre ese asunto, dado que su mala utilización puede generar “caos administrativo y político”.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:38 a.m.) 

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Extra
Esta es la sentencia que ordena aplicar medidas cautelares de la CIDH en caso Petro (8:00 a.m.)

Una Sala de Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el presidente Juan Manuel Santos violó los derechos a elegir y a ser elegido y al debido proceso internacional de los electores de Gustavo Petro, al no acatar las medidas cautelares de la CIDH, que ordenaban suspender la destitución del alcalde de la capital impuesta por la Procuraduría General de la Nación mientras hay una decisión de fondo. La corporación citó las sentencias T-524 del 2005 y la T-288A del 2011 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce el carácter vinculante de ese tipo de determinaciones y destacó su incorporación automática al ordenamiento interno. Negarse a ello sería como violar la Convención Americana de los Derechos Humanos, subraya la providencia. Según la Sala, la legitimación por activa en la causa del ciudadano accionante se basa en la doble dimensión de esa garantía, pues, pese a que la CIDH protegió los derechos políticos de Petro, también debe reconocerse a los sufragantes como actores del proceso, como lo hicieron el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Además, anotó que la actuación del organismo internacional se justifica teniendo en cuenta decisiones de organismos judiciales de cierre, que concluyeron que los ciudadanos deben acudir a la acción de simple nulidad contra el acto administrativo particular que ordenó la destitución, haciendo improcedente la tutela. Finalmente, sostuvo que la tutela es procedente para hacer cumplir las medidas cautelares que ordene ese órgano judicial supranacional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:00 a.m.) 

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Corrección provocada por la liquidación de revisión no da lugar a expedir un auto que termine el proceso (3:33 p.m.)
Una vez el contribuyente presenta la corrección provocada por la liquidación de revisión, en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario, aceptando totalmente los valores determinados en la liquidación oficial y liquidando la sanción por inexactitud reducida a la mitad, la división jurídica correspondiente debe proferir la resolución de reducción sanción y no un auto de terminación del proceso, pues el contribuyente puede no haber realizado el pago de manera correcta, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si el pago es correcto, se aceptará la liquidación de la corrección presentada y la citada resolución es el documento activo para efectos de cuenta corriente y procedimiento. Por el contrario, si el pago no es correcto, se confirmará la liquidación oficial de revisión que había sido proferida y se tendrá como documento en firme y ejecutoriado.

Noticia generada en Abr. 23/14 (3:33 p.m.) 
Colombia aprueba enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas (2:50 p.m.)
El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1714, por medio de la cual se aprueba la enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas. El propósito fundamental de la enmienda es permitir que se incorporen nuevos integrantes con plenos derechos de esa organización a las uniones aduaneras o económicas.

Noticia generada en Abr. 23/14 (2:50 p.m.)

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Establecen límites a variación de calificación jurídica por parte del juez, tras comisión de delitos en contratación estatal (11:37 a.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que si bien el procesado penal puede ser condenado por un delito distinto al que se le impute, la jurisprudencia desestima ese cambio denominativo, cuando se trate de delitos relacionados con la contratación estatal, que se castigan con la misma pena. Ello aunque ambos cargos conserven los mismos límites punitivos. En casos en los que, agotada la fase de pruebas, el operador decide la variación de la calificación jurídica, dice, deberá darse lugar a que las partes se pronuncien sobre su viabilidad, la posibilidad de practicar nuevas pruebas e incluso consultar la posición de la Fiscalía que, de ser favorable, conduce a la nulidad; todo de acuerdo a lo ordenado por el artículo 404 de la Ley 600 del 2000. En el caso concreto, el procesado había sido absuelto en primera instancia por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y condenado en segunda instancia por interés indebido en la celebración de contratos. Frente al primero de los cargos, la prueba no demostraba su ocurrencia y, frente al segundo, el procesado no tuvo la posibilidad de defenderse, sostuvo la Corte (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:37 a.m.)

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SIC ordena cesar actual esquema de recolección de basuras de Bogotá (11:28 a.m.)
El superintendente de Industria y Comercio ad hoc, Luis Guillermo Vélez, en ejercicio de sus facultades legales en materia de protección de la competencia y los consumidores informó que sancionó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (EAB), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP y a 10 personas naturales por ejecutar prácticas violatorias de la ley al limitar la libre competencia en el marco de la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. Así mismo, ordenó cesar su implementación, para lo cual otorga un plazo de seis meses. Según la SIC, después se deberá aplicar un régimen de competencia libre o, en su defecto, un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo que, en cualquier caso, deberá involucrar la participación de la población recicladora, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:28 a.m.)

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Derecho a exigir reajuste pensional prescribe a los tres años: Corte Suprema (11:15 a.m.)
En sentencia recientemente publicada, la Corte Suprema de Justicia determinó que los términos prescriptivos para alegar la procedencia del reajuste pensional es de tres años, contados a partir de la causación del derecho. Ello porque el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo concede dicho término, calculado desde el momento en que la obligación se haya hecho exigible, frente a las “acciones que emanen de las leyes sociales”. En este caso, dice, no es aplicable el artículo 51 del acuerdo 049 del Ministerio del Trabajo (aprobatorio del Decreto 0758 de 1990), que fija ese lapso en cuatro años, ya que esta disposición rige para reclamaciones ante el ISS, pero no tiene validez a la hora de interponer acciones ante los jueces (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:15 a.m.) 

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Condiciones de jubilación dependen de normas vigentes al momento de causarse el derecho: Corte Suprema (8:45 a.m.)
En providencia recientemente dada a conocer, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las condiciones de pago de la pensión deben estar sujetas a la disposición legal, convencional o reglamentaria en vigor al momento de su causación y no interpretarse a la luz de las vigentes al momento de su disfrute. Así, aun cuando en la época en que el operario decida exigir su derecho estas reglas sean distintas a las que regían al momento en que acumuló los requisitos para jubilarse, las que deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar la liquidación son estas últimas. En ese mismo sentido, dice, el artículo 4º del Decreto 1160 de 1989 señala que se entiende causada la pensión cuando se reúnen las exigencias de “la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales” (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:45 a.m.) .."
Última actualización el Miércoles, 23 de Abril de 2014 22:05
 
No todo acto sexual no consentido implica violencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 11 de Abril de 2014 22:29
Tomado de www.ambitojuridico.com.
No todo acto sexual no consentido implica violencia: Corte Suprema
9 de Abril 3:29 PM


 

Aunque un acto sexual se produzca sin el consentimiento de la persona agredida, solo excepcionalmente podría tratarse de un acceso carnal violento o de un acto sexual violento, aclaró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En estos eventos, recordó, el elemento central es la violencia, como método para doblegar la voluntad de la víctima. Y en el caso de los menores de 14 años, si el hecho se produce sin recurrir a la agresión física o a la amenaza de acudir a ella, se estaría ante la comisión de un acto sexual abusivo, aclaró. Con estos argumentos, el alto tribunal reprochó el cambio de la calificación de la actuación de un procesado que había sido acusado por esta última conducta, que fue modificada por la Fiscalía por acceso carnal violento, en grado de tentativa. A juicio de la corporación, no había elementos indicativos de violencia o de intento de acudir a ella para la consecución del fin. Por lo tanto, el cargo que se debía imputar era acto sexual abusivo con menor de 14 años. No obstante, si bien la Sala modificó el delito, mantuvo la pena impuesta inicialmente al actor, cuya base era la comisión del primero de estos punibles. “Cuando en razón de las garantías fundamentales se debe condenar en casación por un delito que implica una sanción punitiva más alta, pero el procesado es impugnante único, lo procedente es reconocer la calificación jurídica que consulta la realidad de la actuación, pero dejando incólume la pena más beneficiosa para los intereses del procesado”, precisó el alto tribunal.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 41788 (25602014), mar. 5/14, M. P. Eugenio Fernández Carlier)

Última actualización el Viernes, 11 de Abril de 2014 22:33
 
Tutela procede contra particulares en casos de violencia intrafamiliar PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 11 de Abril de 2014 22:53
Tomado de www.ambitojuridico.com
Tutela procede contra particulares en casos de violencia intrafamiliar
9 de Abril 9:09 AM


 

En una sentencia dada a conocer recientemente, la Corte Constitucional señaló que el vínculo entre el derecho fundamental a la salud y el deber de brindar protección especial a la mujer en los casos de violencia en su contra es evidente.

 

De acuerdo con la corporación, la salud no es únicamente la ausencia de afecciones y enfermedades, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social, acorde con las posibilidades y las condiciones dentro de las cuales la persona se relaciona con el Estado, su familia y los demás integrantes de la comunidad.

 

La protección de este derecho, agregó, involucra valores como la dignidad humana y la igualdad de género, que deben cobijar a los sujetos de especial vulnerabilidad.

 

Por lo tanto, la acción de amparo procede entre cónyuges o compañeros permanentes, cuando la violencia en el hogar tiene tal impacto que conlleva al desconocimiento de derechos fundamentales.

 

“No es posible admitir una agresión contra las mujeres, que es aún más grave si se perpetra en las relaciones privadas y domésticas, pues su ocurrencia en espacios íntimos la puede convertir en un fenómeno silencioso e incluso, a veces, tolerado”, advirtió.

 

Aunque en los conflictos entre la pareja no se configura la subordinación, debido la igualdad entre sus integrantes, es necesario establecer, en cada caso, las circunstancias que permiten afirmar que una persona está imposibilitada de hacer algo para impedir el desconocimiento o la amenaza a sus derechos fundamentales.

 

En el caso analizado, la Corte protegió los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una mujer que había sido víctima de maltrato físico por parte de su esposo. La accionante alegaba haber padecido múltiples fracturas y daños físicos severos, a causa de las agresiones.

 

El alto tribunal le ordenó al atacante reconocer su responsabilidad y asumir los gastos médicos que generó con su agresión, en lo ya cubierto por ella o por sus familiares, durante todo el tiempo que fuera necesario.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-982, nov. 22/12, M. P. Nilson Pinilla)

Última actualización el Viernes, 11 de Abril de 2014 22:55
 
Vencimiento de términos para formular imputación no conduce a pérdida de competencia del fiscal. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 11 de Abril de 2014 21:27

Vencimiento de términos para formular imputación no conduce a pérdida de competencia del fiscal.
La Corte Suprema de Justicia determinó que el hecho de que la Fiscalía sobrepase los límites legales para formular la imputación no implican la pérdida de competencia del titular de la acción penal. Ello porque el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 del 2011), que conduce a la exclusión del proceso a quien adelanta la actuación, se condiciona a que se venzan los términos para formular la acusación o solicitar la preclusión. Sostuvo que aún cuando se admitiera en ello una causal de impedimento, ello no conduce a la nulidad, al tiempo que advirtió que en el caso concreto la supuesta irregularidad fue convalidada por las partes, que no recusaron al funcionario (M. P. Gustavo Enrique Malo).

Última actualización el Viernes, 11 de Abril de 2014 21:28
 
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