company logo

Directorio de Enlaces

Comentarios

Visitante No.

Ministerio Publico Ciudad Bolivar
novedades recientes PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:17

Tomado de www.ambitojuridicio.com:

"..Condenas superiores a cuatro años no pueden ser objeto de suspensión de pena de Ley 1709

8 de Mayo 1:53 PM


 

Quienes son condenados a penas superiores a cuatro años de cárcel no pueden beneficiarse de la suspensión de la pena prevista en el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014 (reforma carcelaria), advirtió la Corte Suprema de Justicia.

 

Según el alto tribunal, la norma modificó el artículo 63 del Código Penal, estableciendo la suspensión por un periodo de entre dos y cinco años, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos, entre ellos que la pena no exceda el cuatrienio.

 

La corporación recordó que el artículo 23 de la reforma introdujo el artículo 38B a la Ley 599 del 2000, fijando beneficios como la prisión domiciliaria para condenados por delitos cuya pena mínima sea hasta de ocho años, con excepción de los dolosos que sean cometidos en contra de la administración.

 

En ese sentido, preció que se entienden por delitos que afectan el patrimonio del Estado los que lo lesionen de manera directa, por menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por la conducta dolosa de un funcionario.

 

Aunque, en el caso analizado, los procesados purgan penas que se cuentan dentro de ese límite, no pueden hacerse acreedores al beneficio, porque fueron condenados por el delito de peculado,explicó la Corte.

 

En una decisión similar, la corporación recordó que quienes paguen condenas por concusión no pueden ser cobijados con los beneficios de la reforma carcelaria. Esa vez, le negó el beneficio a un fiscal y ratificó la condena de seis años de prisión que se le impuso por aprovecharse de su investidura para amedrentar a sus deudores y obligarlos a pagar, so pena iniciar actuaciones institucionales en su contra.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4161 (34074), abr. 2/14, M. P. Patricia Salazar).."

 

Comisión de delitos por temor a perder empleo debe valorarse según reglas de la experiencia
9 de Mayo 12:05 PM


 

El delito de lavado de activos se ejecuta con la puesta en marcha de indefinidas operaciones que buscan ocultar los enlaces de ilegalidad que caracterizan a los bienes y esconder u ocultar el origen espurio del dinero.

 

Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, al recordar que la realización de este punible requiere la intervención de un número plural de personas.

 

En el caso analizado, la Sala de Casación Penal dejó sin efectos una sentencia absolutoria y, en su lugar, condenó a la secretaria de una sociedad a 72 meses de prisión, por coautoría en este delito.

 

De acuerdo con la corporación, en este caso no podía aplicarse la regla según la cual “un trabajador, para no perder su empleo, obedece las órdenes dadas por su jefe, sin importar la clase de actividades, incluso sean ilegales”.

 

A su juicio, la procesada no se limitó a cumplir con las tareas propias de su cargo y obedecer las órdenes impartidas por su jefe, bajo el temor reverencial de perder su empleo, pues realizó las actividades ilegales, inclusive, durante varios meses después de desvincularse.

 

La Corte advirtió que si las actividades laborales se alejan del dictado de la moral y las buenas costumbres o implican un exceso o una extralimitación, es frecuente que los empleados decidan abandonar sus puestos de trabajo mediante la renuncia.

 

Con estos argumentos, concluyó que el juez desconoció los parámetros de la sana crítica y dejó de aplicar el inciso 20 del artículo 29 (coautoría) y el artículo 323 (lavado de activos) del Código Penal.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4615 (42722), abr. 9/14, M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Solo la jurisdicción ordinaria puede juzgar hechos constitutivos de desaparición forzada
2 de Mayo 4:26 PM


 

La jurisdicción ordinaria es la única que puede juzgar a los responsables de hechos constitutivos de desaparición forzada, con exclusión de cualquier jurisdicción especial, ya sea la penal militar o la indígena. Así lo señaló la Corte Constitucional, en una sentencia publicada recientemente.

 

El alto tribunal recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Ley 707 del 2001, prohíbe que los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada sean juzgados por jurisdicciones especiales.

 

En el caso analizado, concluyó que le corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a cinco miembros del resguardo unificado Embera Chamí del Municipio de Mistrató (Risaralda), enjuiciados por la posible comisión de los delitos de desplazamiento forzado y homicidio.

 

Para la corporación, la desaparición forzada tiene una especial connotación en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, ya que incluso puede ser objeto de la jurisdicción de tribunales internacionales.

 

Sobre el sentido, alcance y límites de la jurisdicción indígena, reiteró:

 

  1. La autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas se debe ejercer de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (artículos 246 y 330 de la Constitución).

 

  1. Las normas legales imperativas de Colombia priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.

 

  1. Los usos y costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las normas legales dispositivas.

 

Sobre la noción de fuero indígena, señaló que se conjugan dos elementos: el personal, según el cual el indígena debe ser juzgado con las normas y por las autoridades de su propia comunidad; y el geográfico, que indica que la comunidad indígena puede juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio.

 

En los casos en los que las comunidades pueden ejercer jurisdicción, la Corte ha acudido a los tres criterios tradicionales empleados en el derecho para determinar la competencia: el personal, el territorial y el objetivo o de la materia.

 

Estos criterios no son absolutos. Por ejemplo, en los casos de conductas realizadas en el territorio de una comunidad, pero que causan daños a terceros ajenos, es posible que el asunto deba ser juzgado por la jurisdicción ordinaria.

 

Además, es factible que pese a que una conducta reprochada por una comunidad haya sido cometida por uno de sus miembros dentro de su territorio, el caso deba ser remitido a la jurisdicción nacional, debido a la no pertenencia de la víctima a la comunidad y al grado de integración del infractor a la cultura mayoritaria.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-449, jul. 12/13, M. P. Mauricio González Cuervo).

 

Primera demanda admitida contra la reforma al Código Penitenciario
12 de Mayo 12:15 PM


 

Desde la entrada en vigencia de la reforma al Código Penitenciario (L. 1709/14), ante la Corte Constitucional han sido radicadas cinco demandas en su contra.

 

La única admitida hasta el momento ataca la expresión “previa valoración de la conducta punible”, del artículo 30 de la Ley 1709, que modifica el artículo 64 del Código Penal (L. 599/00).

 

En opinión del demandante, la norma habilita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que valore en concreto los aspectos que componen la conducta punible, tarea que le corresponde al juez de conocimiento.

 

También, advierte que esa regla para evaluar la libertad condicional vulnera los artículos 13, 29, 121 y 122 de la Carta Política, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

A su juicio, desde la entrada en vigencia de la norma, se ha conocido un alto número de decisiones emitidas por jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en las cuales se niega sistemáticamente la libertad condicional, al considerar que la “valoración de la conducta punible” es una exigencia para la procedencia del subrogado penal.

 

Lo anterior, señala, implica una transgresión del principio non bis in ídem, del derecho a la igualdad y, por lo tanto, una duplicidad de funciones, pues el juez de ejecución, sin ser el competente, se faculta para valorar no solo la gravedad, sino las mismas circunstancias que rodearon la conducta punible en concreto.

 

En ese sentido, advierte, la función de la pena respecto de la resocialización ha sido descontextualizada por parte de los jueces de ejecución de penas, que aplican, “una tesis donde impera como ultima ratio, no un sistema penal humano, sino que por el contrario, más restrictivo de derechos, en los que como única solución se ofrece la prisión como mecanismo de disuasión”.

 

Esta acción de inconstitucionalidad fue admitida el pasado 8 de mayo y su estudio está a cargo de Nilson Pinilla.

 

(C. Const., Exp. D-10185, 05/09/2014. Demandante: Juan David Correal Rodríguez)

Última actualización el Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:21
 
PRINCIPIO DE CONFIANZA-JUEZ ABSUELTO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:56

TOMADO www.ambitojuridico.com

 

"..Juez no siempre es penalmente responsable de fraude en sus decisiones
6 de Mayo 2:07 PM


 

Aunque una decisión judicial sea la actuación determinante para la comisión de un fraude o una estafa, el juez no siempre es penalmente responsable de los hechos.

 

Con ese argumento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena impuesta a una juez laboral que libró órdenes de pago por 1.100 millones de pesos, correspondientes a dos títulos valores de depósitos judiciales a nombre del Invías, que se dieron en virtud de falsos poderes presentados por un abogado.

 

“Fue la intervención de terceros coludados con un empleado del juzgado, quienes a través de documentos falsos con apariencia de verdad, engañaron al juez y al secretario, de ninguna manera puede verificarse, de un lado, que la acusada infringió el deber objetivo de cuidado, o mejor, creó un riesgo jurídicamente desaprobado”, agregó.

 

La Sala recalcó que el principio de compartimentación, que divide las funciones en la ejecución de la labor pública ante la imposibilidad de que un solo funcionario controle detalladamente todas las actividades, genera que el titular del despacho judicial no pueda verificar todos los procesos que allí se cumplen.

 

En su criterio, esto demuestra que la complicidad del juzgado en la comisión del delito es una circunstancia exclusivamente atribuible al empleado que concertó el fraude con el abogado, pero no comporta el peculado culposo que se le endilgó a la juez por autorizar las órdenes de pago.

 

“Basta acudir a lo que el día a día judicial enseña, para verificar que de ninguna manera el juez puede, agobiado como se halla por múltiples funciones y labores, advertir todas las complejidades del trámite y dedicar su tiempo a verificar lo que sus empleados, conforme las tareas a ellos asignadas, supuestamente decantaron previamente”, agregó.

 

Para la corporación, es desatinado el que la Fiscalía haya considerado que el supuesto desorden reinante en el despacho sea prueba de la falta de debido cuidado que se le enrostró a la procesadacomo evidencia de su negligencia a la hora de verificar la procedencia de los poderes del Invías, que resultaron ser falsos.

 

“En este sentido, se reitera, no entiende la Sala, ni el Tribunal lo justifica, a qué se refiere el fallo de primer grado cuando sostiene que la vulneración al deber objetivo de cuidado provino de que la funcionaria omitió ‘verificar la procedencia del pago de los títulos judiciales”, anotó.

 

En criterio de la Sala, no existe ninguna razón legal que hubiera amparado a la procesada para no librar la orden de pago. En contraste, la legislación vigente y ciertas actuaciones administrativas la instaban a acceder a las pretensiones del abogado, sin que pudiera atribuírsele culpa en sus intenciones delictivas.

 

La providencia recuerda el contenido del artículo 7° del Acuerdo 1676 del 2002, en el que el Consejo Superior de la Judicatura señala la posibilidad de ordenar el desembolso de los depósitos judiciales a nombre del apoderado de la entidad, en los términos del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

 

“El A quo nunca especificó en qué consiste, concretamente, la dicha verificación, o cómo opera la misma, en tanto, lo que legalmente se conoce indica que, en efecto, el apoderado especial del Invías, conforme el poder presentado para el efecto, estaba facultado para reclamar los títulos consignados en el despacho por consecuencia del embargo ocurrido en el proceso ejecutivo archivado”, concluyó.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4451 (43363), abr. 9/14, M. P. Gustavo Enrique Malo)..."


Última actualización el Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:58
 
ultima hora 5 mayo-2014 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 05 de Mayo de 2014 23:13

Tomado de www.legismovil.com

"..

 

Ley de Garantías no afecta el traslado de afiliados entre EPS del régimen subsidiado (4:28 p.m.)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1438 del 2011 (reforma a la salud), el cual modificó el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social en salud asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud, en cualquier momento, es decir, sin la necesidad de suscribir un contrato, por lo que el traslado entre afiliados no puede verse afectado por la Ley 996 de 1995 (Ley de Garantías), precisó el Ministerio de Salud. De otra parte, el Decreto 3045 del 2013, por el cual se estableció un mecanismo único y excepcional para el traslado de afiliados de las EPS ante liquidación voluntaria, revocatoria de su autorización de funcionamiento, por intervención forzosa administrativa o liquidación, también indica que el mismo tiene su origen en una disposición normativa y no en un contrato.

Noticia generada en May. 05/14 (4:28 p.m.) 

Información relacionada:



Opción sexual no puede limitar el derecho a la visita íntima en establecimientos carcelarios (3:33 p.m.)
En sentencia publicada este año, la Corte Constitucional le ordenó al director de un establecimiento carcelario expedir un acto administrativo en el que autorice el disfrute periódico del derecho a la visita íntima de una pareja del mismo sexo conformada por dos mujeres privadas de la libertad. Según la tutela, el derecho a la visita íntima se relaciona con los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, no puede ser anulado o restringido en virtud de la libre opción sexual que haya tomado el interno o la interna (M. P. Jorge Iván Palacio).

Noticia generada en May. 05/14 (3:33 p.m.)

Información relacionada:


Ajustes a los avalúos de vehículos para pago de impuesto se pueden hacer en la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá (2:48 p.m.)
Los propietarios de vehículos y motocicletas matriculados en Bogotá pueden recibir el 10 % de descuento en el valor de su impuesto, si realizan el pago antes del próximo viernes 9 de mayo, recordó la Secretaría Distrital de Hacienda. Para facilitar el cumplimiento de la obligación, los contribuyentes a quienes les apliquen los últimos cambios de avalúo generados por el Ministerio de Transporte, a través de las resoluciones 643 y 644 del 2014, pueden hacer la liquidación y las correcciones correspondientes. Una vez realizadas, deben imprimir el formulario ajustado y pagar en los bancos autorizados.

Noticia generada en May. 05/14 (2:48 p.m.) 

Información relacionada:



Autonomía universitaria no puede limitar libertad de expresión de estudiantes inconformes con nivel educativo (2:30 p.m.)
En sentencia notificada hace unos días, la Corte Constitucional determinó que la autonomía universitaria no puede ser pretexto para que las instituciones educativas limiten la libertad de expresión de los estudiantes que se sienten inconformes con la calidad de los programas a su servicio, al punto de amenazarlos con la expulsión, si participan en cese de actividades. Con esos argumentos, consideró desproporcionada la decisión de la Universidad del Pacífico de cancelar el semestre y negarse a devolver el dinero del valor de la matrícula de los alumnos que tuvieron parte en una huelga estudiantil adelantada en el 2012; ello “constituye un desincentivo a la libertad de expresión y asociación de los estudiantes”, sostuvo. Adicionalmente, al concluir que la universidad debió descontar el 100 % del valor de la matrícula del semestre siguiente a los demás estudiantes, y no solo el 70 %, la Sala ordenó descontar un 30 % al valor del período académico entrante (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

Noticia generada en May. 05/14 (2:30 p.m.) 

Información relacionada:


Consejo de Estado aclara que no ha prohibido uso de animales en investigaciones científicas (10:53 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que su decisión de suspender la licencia para labores de caza y recolección de primates que venían siendo utilizados en investigaciones científicas a cargo del científico Manuel Elkin Patarroyo no impide el uso de animales para este tipo de tareas. Advirtió que la determinación deja sin efectos la autorización con la que contaba la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) pero de manera temporal, mientras adecúa el desarrollo de sus proyectos a las exigencias de ley. Entre los requerimientos, sostiene, se cuenta el compromiso de repoblación, dice el alto tribunal. Así las cosas, señala la Sección Tercera, no se está restringiendo ni limitando el desarrollo de actividades científicas que requieran de la inclusión de este tipo de especies, sino que trata de que, al hacerlo, se garanticen sus derechos a no recibir tratos crueles ni degradantes (M. P. Enrique Gil).

Noticia generada en May. 05/14 (10:53 a.m.) 

Información relacionada:


Pensión restringida también aplica en retiro voluntario del trabajador: Corte Constitucional (10:00 a.m.)
En sentencia recientemente aprobada, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando el ISS asumió los riesgos de vejez, invalidez y muerte, quienes acumularan menos de 10 años de servicio con un mismo empleador y decidieran retirarse tras 15 años de haber estado laborando tendrían derecho a la pensión restringida por retiro voluntario, una vez cumplieran 60 años de edad; es decir, no es exclusiva para quienes hayan sido despedidos sin justa causa y hubieren acumulado los restantes requisitos. Indicó que así lo ha determinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que le ha dado su equivalencia con la jubilación a cargo de la ya citada entidad. Ello porque, según el órgano de cierre en la materia, las pensiones reconocidas por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que se causan desde el momento del despido sin justa causa del trabajador, también deben cobijar situaciones en las que el propio operario decidió desvincularse, siempre que hubiere cumplido las demás condiciones (M. P. María Victoria Calle).

Noticia generada en May. 05/14 (10:00 a.m.) 

Información relacionada:


Decisiones de la CIJ que modifiquen límites sí deben ser acatadas, pero a través de tratados internacionales: Corte Constitucional (8:50 a.m.)
La Corte Constitucional declaró exequible la jurisdicción para Colombia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el entendido de que decisiones de ese organismo supranacional que modifiquen los límites territoriales deben ser sometidas a tratados con el otro Estado afectado por el respectivo fallo; esta negociación, finalmente, debe ser sometida a la aprobación del Congreso (artículos 2º y 5º parciales; 32 a 50 de la Ley 37 de 1967). Para el alto tribunal, las decisiones del organismo multilateral “tampoco pueden ser desconocidas, de conformidad con el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas”, que ordena a las partes firmantes del Pacto de Bogotá cumplir las determinaciones del tribunal en todo litigio. Sin embargo, aclara la Sala Plena, en ningún caso el Estado colombiano puede desconocer el mandato del artículo 101 de la Constitución, que obliga a que modificaciones como la reseñada se adelanten únicamente por medio de tratados aprobados por el Legislativo. Así las cosas, decisiones como aquella en la que la Corte reconoció derechos económicos de Nicaragua sobre 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marino colombiano sí deberían ser acatadas, según el señalamiento de la máxima instancia constitucional frente a la imposibilidad de desconocerlas, pero no sin antes adelantar las etapas aquí fijadas. Los magistrados Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas salvaron el voto, en tanto que la magistrada María Victoria Calle se reservó la posibilidad de aclararlo (M. P. Mauricio González).

Noticia generada en May. 05/14 (8:50 a.m.)

Información relacionada:


Suspensión provisional de sanción a Petro requiere conciliación prejudicial: Procuraduría (10:35 a.m.)
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años. Alternativamente, le sugirió que se abstenga de decidir las medidas cautelares contra los efectos del fallo, hasta tanto no se agote el requisito de procedibilidad que, a juicio del Ministerio Público, se evidencia en la falta de conciliación prejudicial. Según sus conclusiones, por tratarse de una demanda con pretensiones económicas, debe considerarse que la procedibilidad de la acción depende del adelantamiento de la mencionada etapa previa; añadió que aunque el artículo 613 del Código General del Proceso exceptúe de esta obligación a las demandas en las que se soliciten medidas cautelares, el caso no es aplicable, pues si bien el requerimiento cautelar tan solo va encaminado a procurar la suspensión de los efectos de una sanción disciplinaria, hay pretensiones patrimoniales en el fondo de la demanda,.

Noticia generada en May. 02/14 (10:35 a.m.).."
Última actualización el Lunes, 05 de Mayo de 2014 23:14
 
noticias juridicas de ultima hora PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:41

tomado de  www.legismovil.com

"

Gloria Stella Ortiz Delgado, nueva magistrada de la Corte Constitucional (4:57 p.m.)
Gloria Stella Ortiz Delgado, actual asesora del Fiscal General de la Nación, fue elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional, con 64 votos a favor. En cumplimiento del artículo 239 de la Constitución, se eligió en sesión plenaria de hoy el remplazo de Nilson Pinilla, que cumplirá su periodo de ocho años el próximo 2 de junio. Vale la pena recordar que Pinilla ocupa el cargo de magistrado desde el 16 de junio del 2006 y fue presidente de la corporación durante un año (2009 - 2010). Entre los aspirantes ternados por la Corte Suprema de Justicia se destacó la abogada Ortiz Delgado, por ser la única que ocupó cargos dentro de la Corte Constitucional, en los despacho de Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Montealegre y Marco Gerardo Monroy y en la Secretaría General. La nueva magistrada nació en Pasto (Nariño), es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes y candidata a magíster en Derecho Público del Externado. Tiene 21 años de experiencia profesional, 17 de ellos en la Rama Judicial como auxiliar judicial, abogada sustanciadora, de tutela y magistrada auxiliar del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es docente y conferencista de las universidades Sergio Arboleda, Rosario, Autónoma y Sabana. También es coautora de la investigación Itinerario de la jurisprudencia constitucional en derechos humanos. En la sesión del 6 de mayo, la nueva magistrada señaló que el compromiso en la defensa de las garantías individuales, la necesaria independencia judicial y la libertad de configuración política del Derecho son las tres condiciones más relevantes del juez constitucional para que la jurisdicción sea la más libre.

Noticia generada en May. 07/14 (4:57 p.m.)

Información relacionada:



Consulta previa
Aunque el caso no exija consulta previa, administración debe escuchar a afectados por sus decisiones (2:22 p.m.)

El Consejo de Estado determinó que no solo frente a casos que requieran de consulta previa la administración está obligada a tener en cuenta las solicitudes elevadas por los ciudadanos afectados con determinada decisión. Con esos argumentos, y por medio de una acción de tutela, suspendió los efectos del Decreto 075 del 2013, a través del cual la Alcaldía de Santa Marta (Magdalena) estableció la regulación para el uso comercial de las playas de El Rodadero. La Sala sostuvo que ordenar que únicamente los vendedores carnetizados antes de la entrada en vigencia de la norma tienen derecho a adelantar actividades en el lugar viola el derecho al mínimo vital de quienes actualmente laboran allí sin esta licencia y de quienes, en el futuro, se vean forzados a adelantar estas mismas tareas en las playas. Así las cosas, la medida deberá mantenerse suspendida hasta tanto la jurisdicción contenciosa se pronuncie de fondo en torno a la legalidad del acto administrativo (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 07/14 (2:22 p.m.)

Información relacionada:



Magistrado Mauricio Fajardo hará videoconferencia sobre responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad (2:48 p.m.)
La responsabilidad extracontractual de la administración por privación injusta de la libertad será el tema de la segunda vidoeconferencia que realizará el Consejo de Estado. La sesión tendrá lugar este jueves a las 10:00 a. m. y será dirigida por el magistrado Mauricio Fajardo, quien dará respuesta a las inquietudes de los internautas a través de la cuenta@consejodeestado. La exposición dará cuenta de la evolución jurisprudencial del juez contencioso frente al tema, que ha llevado a situar la libertad como el derecho fundamental más importante, después de la vida.

Noticia generada en May. 07/14 (2:48 p.m.) 

Información relacionada:


Procuraduría verificará acciones del Gobierno para evitar accidentalidad en actividades mineras (2:35 p.m.)
Al solicitar informes de gestión a las autoridades para disminuir los riesgos de accidentes en las labores de extracción minera, la Procuraduría recordó que, desde el 2011, viene alertando sobre la necesidad de dar origen a políticas públicas que permitan a los operarios laborar en condiciones más seguras (Circular 17 del 2011). En ese sentido, elevó el requerimiento a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio del Trabajo, para que den cuenta de las decisiones que han venido adoptando para fortalecer los mecanismos de protección de quienes se dedican a esta actividad; de ahí que le haya pedido a la cartera que señale si ya se actualizaron los reglamentos de higiene y seguridad en las labores de minería subterránea y a cielo abierto, “en razón a que hasta el momento no se conocen resultados concretos sobre el particular”. Lo anterior con ocasión de recientes accidentes registrados en Cauca y Antioquia.

Noticia generada en May. 07/14 (2:35 p.m.) 

Información relacionada:


Estas son las medidas del Gobierno para controlar la venta de agentes químicos (2:00 p.m.)
Fueron presentadas por el Ministerio de Salud las políticas para fortalecer las medidas de protección a las víctimas de agresiones con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas. La norma, dada a conocer mediante un proyecto de decreto, contempla dos etapas: una de prevención y otra de atención. En la primera se destacan la regulación a la venta de agentes químicos en establecimientos de comercio y la creación del registro de control para la venta al menudeo de siete sustancias (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico, hidróxido de sodio en dos presentaciones: solución acuosa y en escamas). Se considerará como venta al menudeo de estas sustancias un volumen de hasta cinco litros o un peso de hasta cinco kilogramos. El Invima será el encargado de diseñar, poner en funcionamiento y mantener el sistema de información que tendría que registrar tanto la procedencia de los productos corrosivos como los compradores y los fines para los que serán vendidos. Así mismo, el vendedor estaría obligado a suministrar la información del consumidor y la procedencia del producto. Por otro lado, la norma establece una ruta intersectorial de atención integral a las víctimas de este tipo de ataques, que tiene como objetivo principal garantizar el restablecimiento efectivo de sus derechos. Para garantizar una atención en urgencias a las víctimas, el ministerio anunció la adopción de un protocolo de atención integral.

Noticia generada en May. 07/14 (2:00 p.m.) 

Información relacionada:


Sentencia de restitución de tierras
Opositor a restitución debe demostrar que verificó regularidad de la situación del predio en disputa (10:15 a.m.)

El Tribunal Superior de Antioquia recordó que la buena fe exenta de culpa no solo se demuestra con la evidencia de que en la conciencia del actuar hay legitimidad, sino a través de la prueba en torno a comportamientos que hayan perseguido verificar la regularidad de la situación. Ello porque así lo estableció la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-820 del 2012, en el aparte en que se define la exequibilidad del artículo 88 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el cual se fijan los parámetros de este instrumento a la hora de ejercer la oposición. El despacho indicó que, según esa misma norma, es en el opositor en quien recae la carga de la prueba, por lo tanto, al no haber entregado documentos que demostraran que hizo seguimiento en torno a la regularidad de la situación que aquí se define, le negó reconocimiento de derechos sobre la propiedad. Así, consideró que los cuatro reclamantes de la restitución del predio “Pa qué más”, en la vereda El Tres de Turbo (Antioquia), reunían los requisitos del artículo 77 de la Ley 1448 del 2011 (literales a) y b) del numeral 2º) para hacerse a la restitución del predio, del que fueron despojados por paramilitares.

Noticia generada en May. 07/14 (10:15 a.m.) 

Información relacionada:


Senado aprueba proyecto sobre violencia sexual en el conflicto armado (9:45 a.m.)
Según el informe de ponencia presentado ante el Senado, cuyo texto fue aprobado ayer 6 de mayo, el proyecto de ley 244/13S-037/12C está orientado a la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la asociada al conflicto armado interno, atendiendo de manera prioritaria las necesidades de mujeres, niños y adolescentes. De esta manera, se reformarán algunos artículos de las leyes 599 del 2000 (Código Penal) y 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), relacionados con la tipificación de conductas cometidas en contra de personas protegidas por el derecho internacional humanitario (DIH), como el acceso abusivo con persona menor de 14 años, prostitución forzada, esclavitud sexual y trata de personas. El proyecto también contempla la esterilización, embarazo, desnudez y aborto forzados. Por otra parte, las mujeres embarazadas víctimas de acceso carnal violento con ocasión del conflicto armado tendrán derecho a ser informadas, asesoradas y atendidas sobre la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo. Adicionalmente, cuando los actos de violencia sexual se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, se entenderán como crímenes de lesa humanidad, cuya acción penal será imprescriptible. Finalmente, el texto aprobado, luego de señalar que los delitos de violencia sexual no podrán ser investigados a través de la jurisdicción penal militar, contempla medidas para el fortalecimiento de la política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual, equidad y violencia basada en el género por parte del Ministerio de Defensa. La iniciativa deberá conciliarse antes de su envío a sanción presidencial. 

Noticia generada en May. 07/14 (9:45 a.m.) 

Información relacionada:



Consejo de Estado pide investigar a demandante de congresistas que no se declararon impedidos en reelección del Procurador (8:48 a.m.)
Tras negar la demanda de pérdida de investidura instaurada contra nueve congresistas por supuesto conflicto de intereses durante la segunda elección del procurador Alejandro Ordóñez, el Consejo de Estado pidió investigar disciplinariamente al accionante, Saúl Villar, por la probable temeridad de su demanda. En su decisión, la Sala Plena compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para tal fin. Según las conclusiones de la corporación, el supuesto conflicto de intereses no se presentó, no solo porque a la fecha de la sesión los parlamentarios no eran objeto investigaciones vigentes a cargo del Ministerio Público, sino porque sí hubo evidencia de que se declararon impedidos, pero la plenaria no aceptó esa declaratoria. Así las cosas, el alto tribunal determinó que su participación en esa contienda electoral no estuvo marcada por ningún vicio que supusiera una causal de pérdida de investidura contra Janneth Wilches, Manuel Guillermo Mora, Carlos Ferro, Efraín Torrado, Martín Emilio Morales, Armando Benedetti, Musa Besaile, Milton Rodríguez y Aurelio Iragorri.

Noticia generada en May. 07/14 (8:48 a.m.) 
Gobierno anunciará hoy regulación para venta de ácidos (8:35 a.m.)
El Ministerio de Salud concluyó la consulta del proyecto de decreto por medio del cual reglamentará la Ley 1639, en lo relacionado con la comercialización de ácidos o sustancias similares que generen daño o destrucción de la piel. Según la propuesta, que estuvo en consulta hasta ayer 6 de mayo, por cada operación de venta al menudeo que se efectúe sobre cualquier sustancia objeto de registro, el vendedor estaría obligado a suministrar la información del consumidor y la procedencia del producto, con datos como nombre o razón social del vendedor y comprador, documento de identidad o NIT, tipo de transacción, descripción del producto, procedencia y cantidad y lugar y fecha de la transacción. El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, socializará mañana los mecanismos plasmados en el proyecto construido de manera conjunta con diferentes estamentos gubernamentales y sociales.

Noticia generada en May. 07/14 (8:35 a.m.)
Última actualización el Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:42
 
Noticias juridicas 2 mayo-14 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 02 de Mayo de 2014 18:22

tomado de www.legismovil.com

 

"..

Este es el auto que suspendió examen para concurso de jueces y magistrados que se adelantaría este fin de semana (11:38 a.m.)
Al precisar que el acceso a cargos públicos solo puede ser restringido por el legislador estatutario, el Consejo de Estado justificó su decisión de este miércoles de suspender el concurso para elegir a magistrados y jueces de todo el país, cuyos exámenes se adelantarían este fin de semana. Así las cosas, atendiendo lo dispuesto por el artículo 234 del CPACA, que permite adoptar medidas cautelares antes de correr traslado a la parte demandada, la corporación consideró que urgía la imposición de esta determinación, para evitar la inversión de recursos que, eventualmente, se verían inutilizados ante la declaratoria de nulidad del concurso. Para el alto tribunal, la expresión “Solo se permitirá la inscripción de un (1) cargo”, contenida en el acto por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura convocó el concurso, afecta el cumplimiento del artículo 152 de la Constitución, que define el marco de la legislación estatutaria (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 02/14 (11:38 a.m.)

Información relacionada:


Sentencia de restitución de tierras
Tutela no procede como defensa ante irregularidades en adjudicación de predios, pues la restitución de tierras es idónea y eficaz (11:25 a.m.)

El proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 del 2011 es el medio idóneo y eficaz para establecer los derechos de la población víctima del despojo o abandono forzado de tierras, por esto, si no se agotan previamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de tutela debe ser declarada improcedente; así lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia dada a conocer este año. En el caso analizado, los accionantes pedían el restablecimiento del derecho a la propiedad y dejar sin efecto el acto de adjudicación proferido por el Incoder, a favor de terceros. En su opinión, se desconoció el hecho de que no habitaban el predio al momento de la adjudicación, por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas. Gabriel Eduardo Mendoza aclaró el voto (M. P. Mauricio González Cuervo).

Noticia generada en May. 02/14 (11:25 a.m.)

Información relacionada:


Suspensión provisional de sanción a Petro requiere conciliación prejudicial: Procuraduría (10:35 a.m.)
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años. Alternativamente, le sugirió que se abstenga de decidir las medidas cautelares contra los efectos del fallo, hasta tanto no se agote el requisito de procedibilidad que, a juicio del Ministerio Público, se evidencia en la falta de conciliación prejudicial. Según sus conclusiones, por tratarse de una demanda con pretensiones económicas, debe considerarse que la procedibilidad de la acción depende del adelantamiento de la mencionada etapa previa; añadió que aunque el artículo 613 del Código General del Proceso exceptúe de esta obligación a las demandas en las que se soliciten medidas cautelares, el caso no es aplicable, pues si bien el requerimiento cautelar tan solo va encaminado a procurar la suspensión de los efectos de una sanción disciplinaria, hay pretensiones patrimoniales en el fondo de la demanda,.

Noticia generada en May. 02/14 (10:35 a.m.)

Información relacionada:


Nuevo enfrentamiento entre el Procurador y Fiscal por propuesta para que guerrilleros rediman penas con trabajo social (9:26 a.m.)
“Nos quieren llevar a empellones a la impunidad total”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez frente a la propuesta del fiscal general, Eduardo Montealegre, que busca que los guerrilleros de las Farc rediman sus culpas con la sociedad a través del trabajo comunitario. Para el jefe del ente investigador, se trata de una visión más moderna del derecho penal, donde la cárcel no es el único vehículo para sancionar la comisión de delitos. Para su contradictor, el jefe del Ministerio Público, ello daría a entender que mientras los responsables de crímenes de guerra van a “cuidar guarderías”, los militares van a “las mazmorras con 60 años de condena”. Montealegre aludió a labores de desminado como una de las posibles actividades alternativas de su propuesta. “No se pueden admitir las penas simbólicas que está planteando el Fiscal”, respondió Ordóñez.

Noticia generada en May. 02/14 (9:26 a.m.) 

Información relacionada:


En cumplimiento del Fatca, DIAN recuerda plazos a instituciones financieras para registrarse ante el IRS (4:50 p.m.)
Como Colombia fue incluida por el Departamento del Tesoro de EE UU en la lista de países que tienen un acuerdo intergubernamental - IGA sustancialmente negociado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a las entidades que tengan la calidad de Foreign Financial Institutions (FFI) los plazos para registrarse ante el IRS (oficina del fisco estadounidense) para efectos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (Fatca, por su sigla en inglés) y así reportar información anual sobre cuentas secretas pertenecientes a contribuyentes estadounidenses. Por consiguiente, informó que las entidades que consideren tener la calidad FFI cumplen con las disposiciones de Fatca. Si bien las entidades adquieren un nuevo estatus (Registered deemed compliant FFI), a la luz del acuerdo intergubernamental existen obligaciones de corto y mediano plazo, entre ellas están la de registrarse en el portal del Internal Revenue Service (IRS) (www.irs.gov) y reportar su condición de entidad perteneciente a un país suscriptor de un IGA para la obtención del número de identificación respectivo. El plazo máximo para esto será el 1º de enero del 2015. Sin embargo, si quieren tener certeza de que obtendrán un Global Intermediary Identification Number – GIIN antes del 1º de julio del 2014 (fecha en la cual las entidades de EE UU comenzarán a practicar las retenciones establecidas en Fatca), deberán efectuar el registro a más tardar el 5 de mayo de este año. 

Noticia generada en Abr. 30/14 (4:50 p.m.) 

Información relacionada:


Revisión que objete laudo arbitral solo puede versar sobre el fallo que juzgó su legalidad (2:35 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia recordó que el recurso de revisión no procede para alegar circunstancias ya enjuiciadas del laudo arbitral sino únicamente las relativas a la decisión judicial en la que se adelantó su control de legalidad y que no sean susceptibles de recurso. Así, si lo que se alega es la falta de competencia, esta debe predicarse en torno del tribunal que se pronunció sobre la legalidad de lo decidido por el juez arbitral y no sobre la falta de atribuciones de este último, como se dio en el caso concreto. La norma que así lo evidencia es el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce como la 8ª causal de procedencia de revisión la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso (M. P. Ruth Marina Díaz).

Noticia generada en Abr. 30/14 (2:35 p.m.).."
Última actualización el Viernes, 02 de Mayo de 2014 18:23
 
« InicioPrev41424344454647484950PróximoFin »

Página 47 de 66



Potenciado por Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.