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La Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela dice que el juez ejerce control material a la imputación, la acusación y los preacuerdos CON PONENCIA DEL DOCTOR EUGENIO FERNANDEZ CARLIE PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 03 de Agosto de 2014 16:54

 

"..La Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela dice que el juez ejerce control material a la imputación, la acusación y los preacuerdos

CON PONENCIA DEL DOCTOR EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, LA CORTE ACOGIÓ EL CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, QUE REITERADAMENTE HA SEÑALADO QUE LA EL JUEZ NO ES UN NOTARIO DEL FRAUDE NI DE LA ILEGALIDAD, Y QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES NO PUEDE ACEPTAR ALLANAMIENTOS A CARGOS O ACUSACIONES Y PREACUERDOS QUE DESCONOCEN LA REALIDAD ONTOLÓGICA DE LOS HECHOS.

ASÍ LAS COSAS, NO ES LÍCITO QUE UN AUTOR DE UN DELITO PUEDA SER CONSIDERADO COMO CÓMPLICE O UN HECHO CONSUMADO COMO TENTADO, MENOS CUANDO TAL FRAUDE SE FORMALIZA CON EL PROPÓSITO DE ELUDIR LA PROHIBICIÓN DE REBAJAS MAYORES A LAS QUE SE AUTORIZAN LEGALMENTE EN CASOS DE FLAGRANCIA.

En sentencia T-73555 de 20 de mayo de 2014 (STP6342-2014), se expresó:
La Sala de Tutelas considera que el control constitucional es un deber que debe cumplir el operador judicial en primera y segunda instancia, o en el trámite del recurso de casación, no es una potestad discrecional, siempre se debe hacer prevalecer la Carta Política, los derechos y garantías constitucionales, con este criterio lo que se busca es hacer prevalecer la justicia como valor constitucional (cfr. Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 27 de febrero de 2013, Rdo.33254, Mg. Pon. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ).
Los controles legales y constitucionales que ejerce el juez de conocimiento no son una expresión de parcialidad del operador judicial, es simplemente el cumplimiento de la misión de garantizar la realización de las garantías fundamentales para las partes e intervinientes en el proceso penal, entre ellas, la más primordial de todas, la recta impartición de justicia en el asunto sometido a decisión, tarea en la que está obligado el funcionario a resolver conforme a los hechos demostrados aplicando las disposiciones llamadas a reglar el caso. Esta obligación es de rango constitucional y en ningún caso ni por ningún motivo puede dejar de resolver el operador judicial conforme con los hechos, las pruebas y el derecho que emérita el asunto sub judice.
Ejemplos de lo expresado en el párrafo anterior son los pronunciamientos de la Sala  de Casación Penal en los que se ha ejercido control material por el juez, el Tribunal o a veces por la Corte, haciéndose readecuaciones típicas por demostrase que la ilicitud cometida es otra, i) el evento resuelto por esta Corporación en el radicado 41778 de 5 de marzo de 2014, en el que el Tribunal condenó por tentativa de acceso carnal violento y casó el fallo para sentenciar por acto sexual abusivo, reato éste último demostrado en la actuación y por el que no pidió condena el Fiscal, ii) pacífico es igualmente el criterio de la misma Sala en cuanto a la fiscalización que el juez debe hacer a la imputación jurídica que hace el fiscal en las alegaciones para aprobar solamente las que no agravan la situación jurídica del procesado, iii) o también cuando se ha reconocido que la facultad de acusación del Fiscal no es omnímoda, pues la Sala de Casación Penal en el radicado 39.892 (06-02-2013), ha admitido que el Agente del Ministerio Público excepcionalmente tiene la potestad de oponerse a las formas de justicia consensuada cuando “desconozcan derechos fundamentales”, al contrariar el orden jurídico interno, internacional humanitario, o constituyan infracciones graves a los derechos humanos conforme al Bloque de Constitucionalidad, la Carta Política y la Ley.
Al generalizarse que el juez no puede hacer control a la imputación jurídica que haga el fiscal, se tendría que admitir entonces que las demás partes o intervinientes carecen de interés jurídico para impugnar o interponer los recursos ordinarios o el extraordinario de casación y cuyo objeto sea corregir errores en el nomen iuris, por más aberrantes que sean las actuaciones del fiscal en esa materia, situación que además de injusta y generar impunidad desconoce los principios que estructuran la Carta Política y la Ley 906 de 2004.
La justicia que debe administrar el juez es la material, no la formal, está última no satisface ese fin esencial del Estado ni el interés general de la sociedad y menos el individual en el caso concreto de las partes e intervinientes. Esta es la razón por la que se justifica que se deba ejercer control material en casos como los que se citan a continuación y que han sido de ocurrencia en el medio judicial, a quienes además de errar en la estricta tipicidad en la imputación o el preacuerdo se les ha otorgado la rebaja de hasta un 50% de la pena por haberse acogido a una forma de terminación anticipada del proceso: i) Se preacuerde responsabilidad por complicidad para una persona que ha sido coautora de un acceso carnal violento, ii) Se pida condena por concierto para delinquir a quien debe responder por rebelión, iii) Se juzgue y sancione a petición de la fiscalía por estafa a una persona que ha sido autor material de peculado por apropiación, iv) Se pacte entre el procesado y la defensa condena por varios delitos y se otorgue un sustituto penal expresamente prohibido por la ley en el aspecto objetivo, entre otros.
El deber del Fiscal de hacer una calificación jurídica de los hechos conforme a la ley penal preexistente y aplicable, de tal forma que obedezca a la estricta tipicidad y la obligación del juez de hacer control material a esa tarea del ente acusador y aprobar solamente los cargos, los allanamientos o los preacuerdos que respeten las garantías fundamentales de todas las partes e intervinientes del proceso, son problemas jurídicos resueltos con las sentencias de constitucionalidad C- 516 y C-1260 de 2007 y C-059 de 2010, por lo que no es dable desatender estas decisiones con argumentos propios de la justicia formal e interpretaciones de rango legal, las que se deben hacer prevalecer por sobre la justicia material, la Carta Política y los fallos de exequibilidad.
El juez ejerce el control constitucional y material para salvaguardar garantías a las partes e intervinientes sobre los hechos comunicados y probados por el Fiscal en la actuación, por lo tanto son infundados los reparos que pretenden señalar que en tales casos el juez impone en el proceso su teoría del caso, o su particular criterio sobre los hechos, o que el operador judicial interfiera el programa metodológico o que se abrogue facultades oficiosas en materia probatoria. Tampoco, en este caso el juez usurpa la función del Fiscal, porque si bien se le ha otorgado a éste la facultad de acusar, no se le ha dejado esa potestad para que la ejerza de cualquiera manera, a su antojo y arbitrariamente, se le ha condicionado para que lo haga ajustado a derecho y en este contexto tiene que hacerlo con apego a la estricta tipicidad y prestigio para la administración de justicia..."  Tomado de  http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2014_05_01_archive.html.
Última actualización el Domingo, 03 de Agosto de 2014 16:58
 
vencimiento de terminos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 22 de Julio de 2014 16:36

tomado de www.ambitojuridico.com

Corte explica motivos para condicionar norma sobre libertad provisional por vencimiento de términos
14 de Julio 8:22 AM


 

"..El numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que establece el término de 120 días sin inicio de la audiencia de juzgamiento como tiempo límite para conceder la libertad al indiciado, riñe con el espíritu del esquema penal.

 

Por esa razón, la Corte Constitucional condicionó dicha norma a que la formulación de la acusación se equipare a la presentación del escrito de acusación, que debe ser el punto de partida para el conteo de los términos.

 

No obstante, este condicionamiento solo se comenzará a aplicar desde el 20 de julio del 2015, ya que el alto tribunal consideró viable establecer un plazo razonable para que el Congreso regule la materia.

 

De acuerdo con el comunicado de prensa en el que se dio a conocer la decisión, “… la única interpretación que resulta ajustada a la Constitución, en aras de respetar los principios de legalidad y de presunción de inocencia, además de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, es entender que la formulación de la acusación se equipara a la presentación del escrito de acusación”.

 

Según el documento, la decisión se tomó debido a la falta de claridad sobre la extensión de la privación de la libertad, por demás provisional, de quien está sometido a un proceso penal.

 

Como el término máximo que debe mediar entre el escrito de acusación y la audiencia de formulación de la acusación no está regulado, su extensión quedaba al arbitrio del juez, lo que conducía a eventuales dilaciones injustificadas que derivaban en abierta vulneración del derecho a la libertad del procesado, explicó la Corte.

 

Además, esa indeterminación, que está prohibida en las sanciones penales, debe ser proscrita ineludiblemente en relación con las circunstancias que den lugar a una privación indefinida de derechos constitucionales, y en particular del derecho a la libertad, como producto de una medida de aseguramiento.

 

En rueda de prensa celebrada el pasado 26 de junio, el presidente de la corporación, Luis Ernesto Vargas, aclaró que no se trata de un exhorto al Congreso de la República, dado que esa figura ha terminado siendo “un saludo a la bandera”. El magistrado salvó el voto, y se opuso al condicionamiento. Por su parte, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt anunció que presentará una aclaración de voto.

 

(Corte Constitucional, comunicado Sentencia C-390, jun. 26/14, M. P. Alberto Rojas)..."

 

Última actualización el Martes, 22 de Julio de 2014 16:39
 
Corte Suprema recuerda alcances del prevaricato por acción PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 26 de Junio de 2014 18:02

tomado de www.legismovil.com.

"...Corte Suprema recuerda alcances del prevaricato por acción (9:59 a.m.)

Desconocer los requisitos para ordenar pagos a cargo de entidades en proceso de restructuración constituye una actuación abiertamente contraria a lo ordenado por la Ley 599 del 2000, sostuvo la Corte Suprema de Justicia. De ahí que la Sala Penal considere que una actuación de esta naturaleza por parte de un juez equivalga a la actuación típica que el artículo 413 del Código Penal define como prevaricato por acción; esto en virtud de que la norma se refiere como la resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley que profiera un funcionario. Frente a la actuación de la Fiscalía en este caso, la Sala recordó que si bien el artículo 448 de la Ley 906 del 2004 impide que el acusado sea declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, esto no impide al investigador aportar nuevas consideraciones, posteriores a la audiencia en la que acuse. En su criterio, dicho acto finaliza con los alegatos de conclusión, luego, durante el lapso en el que se concreten estas etapas limítrofes se pueden aportar elementos de convicción nuevos, sin que ello suponga solicitar condena por circunstancias ajenas a la acusación (M. P. Eugenio Fernández)..."

Corte Suprema aclara inhabilidades generadas por condena por delitos surgidos en la actividad contractual (11:04 a.m.)
Cuando la condena penal no obedezca a la imputación de peculado por apropiación ni se demuestren perjuicios materiales en el erario como consecuencia de la conducta, no hay lugar a la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos o celebrar contratos estatales, sostuvo la Corte Suprema de Justicia. Esta restricción, contemplada en artículo 58-3 de la Ley 80 de 1993, está sujeta a que se cumplan las condiciones del inciso 5º del artículo 122 de la Constitución, que fija las prohibiciones en esta materia para quienes son condenados por delitos contra la administración pública o aquellos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. En este caso, dice, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales por el que fue condenado el procesado no evidencia su responsabilidad civil por lesión al patrimonio estatal (M. P. Patricia Salazar).

Tomado de www.ambitojuridico.com.
"..Exigencia de consentimiento informado del paciente no debe extremarse en casos de urgencia
26 de Junio 8:52 AM


 

No todos los daños que sufren las personas después de ser intervenidas quirúrgicamente son imputables a las clínicas u hospitales que fallaron en obtener el consentimiento informado del paciente, indicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.

 

Algunas consecuencias o secuelas, agregó, hacen parte del desarrollo de la enfermedad que se padecía antes del tratamiento, por lo que resultaría injusto atribuir dichos resultados al servicio médico.

 

Por esa razón, no es sano extremar la exigencia del consentimiento informado en medio de una intervención quirúrgica de emergencia en la que se deba hacer un procedimiento adicional para salvar la vida del paciente, advirtió el alto tribunal.

 

A su juicio, esto llevaría a abstenerse de actuar por falta del consentimiento y radicalizaría la relación médico-paciente, partiendo de la mala fe del profesional de la salud, con efectos prácticos perjudiciales para el usuario.

 

De esta manera, la corporación aclaró hasta dónde llega la responsabilidad de las instituciones médicas frente a las consecuencias de una intervención efectuada sin dicho consentimiento..."

Última actualización el Jueves, 26 de Junio de 2014 18:08
 
ANALISIS DEL DOLO EN EL PREVARICATO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 22 de Julio de 2014 16:21

TOMADO DE www.AMBITOJURIDICO.COM

 

"..Explican configuración del dolo en condena a juez que concedió pensiones gracia irregularmente

14 de Julio 12:20 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el delito de prevaricato por acción, el dolo no depende de que se produzca algún rédito para el imputado, sino de la evidencia de que obró como lo hizo, a pesar de que se trataba de una actuación manifiestamente ilegal, explicó la Corte Suprema de Justicia.

 

Con este argumento, la Sala Penal ratificó la condena impuesta a un juez laboral que otorgó pensiones gracia a exprofesores afiliados al magisterio, aunque no reunían las condiciones para acceder a ese derecho y se trataba de un asunto que escapaba a su competencia.

 

La corporación resaltó que la procedencia de ese beneficio depende, entre otros aspectos, de que el reclamante no haya recibido ni esté recibiendo otra pensión o recompensa de origen nacional. En el caso analizado, los beneficiados no cumplían ese requisito, consagrado en la Ley 45 de 1913, lo que demuestra la configuración del dolo.

 

“… La providencia tildada de prevaricadora omitió valorar el requisito contenido en el numeral 3º del artículo 4º de la citada Ley, desentendiéndose de ese apartado en forma ostensible para concluir, que los demandantes tenían derecho a la pensión gracia, cuando lo cierto era que del solo análisis de esa exigencia (…) se habría desestimado que los accionantes tuvieran derecho a esa prerrogativa”, precisó.

 

De otro lado, la Sala concluyó que este asunto no era de competencia de un juez laboral, pues, al tratarse de un grupo de personas que hacen parte del régimen excepcional de prestaciones sociales del magisterio, le correspondía dirimirlo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

“Lo cierto es que tanto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura e inclusive, la Corte Constitucional, habían fijado una sólida posición relativa a que las controversias suscitadas en los regímenes de excepción no fueron asignados a la justicia ordinaria laboral como se explicó en precedencia”, subrayó.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-7764 (39901), jun. 25/14, M. P. Patricia Salazar)..".

Última actualización el Martes, 22 de Julio de 2014 16:28
 
Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 21 de Junio de 2014 20:56
Tomado de www.ambitojuridico.com
"..Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores
20 de Junio 4:00 PM

 

 

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 solo se justifica en un sistema procesal premial en el que se apliquen el principio de oportunidad, las negociaciones, los preacuerdos y las reducciones de pena por allanamiento a cargos.

 

Así mismo, señaló que en los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo no se justifica el aumento, pues resultaría injusto, contrario a la dignidad humana y vulneraría la garantía de proporcionalidad.

 

No obstante, en los casos de “degradación de la conducta” o cuando el proceso culmina por cualquiera de estas formas anticipadas, se justifica el incremento, explicó.

 

Sobre el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), aclaró que los aumentos posteriores al 2005 desplazaron al derivado del incremento generalizado de penas contendido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Es decir, a los artículos modificados por las leyes 1236 del 20081257 del 20081329 del 2009 no se les  impone un incremento de la tercera parte en el extremo mínimo, ni de la mitad en el máximo, pues la pena será la que fijó la legislación posterior.

 

Finalmente, señaló que “el criterio que ha venido desarrollando la Corte desde la Sentencia 33254 del 2013resulta también aplicable en asuntos en los que se trate de delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes”.

 

Lo anterior, siempre que el acusado preacuerde con la Fiscalía o se allane a los cargos, sin que reciba ninguna compensación por acudir a alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso.

 

No pasa lo mismo en los casos de lesiones personales dolosas y todos los delitos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, pues en ellos la pena no se incrementa con motivo del artículo 14 de la Ley 890, sino por razones de política criminal que buscan una mejor protección del bien jurídico cuando su titular es menor de edad.

 

En el caso analizado, a la condena impuesta al autor de un homicidio doloso agravado contra una menor de año y medio de edad se le aplicó el incremento de la tercera parte a la mitad. Al respecto, el alto tribunal señaló que “mal podría alegar la inaplicación del incremento punitivo porque es solo prescindible en los casos en los que el acusado celebra preacuerdo o negociación con la Fiscalía o se allana a los cargos”

 

En su opinión, en eventos como este, es posible desechar el aumento que impone el artículo 14 de la Ley 890, pero solo si el llamado a responder opta por aceptar su culpabilidad por vía del preacuerdo o el allanamiento.

 

Si es vencido en juicio, la sanción es la del tipo base, con el incremento de la Ley 890, además del aumento derivado de las circunstancias agravantes específicas que prevén los artículos 104 y 170 de la norma penal sustantiva cuando se atenta contra niños, niñas o adolescentes.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5197 (41157), abr. 30/14, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero)..."

Última actualización el Sábado, 21 de Junio de 2014 20:59
 
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