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Negarse a escuchar en interrogatorio al indiciado no viola el derecho a la defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 28 de Mayo de 2014 23:56

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..Negarse a escuchar en interrogatorio al indiciado no viola el derecho a la defensa

28 de Mayo 12:04 PM

 

El hecho de que el fiscal desista de la posibilidad de escuchar al indiciado en una diligencia de interrogatorio no constituye una violación del derecho a la defensa, pues, en un sistema adversarial, cada parte decide a qué herramientas acudir para cumplir su propósito, aclaró la Corte Suprema de Justicia.

 

La corporación recordó que el Código Penal (Ley 599 del 2000), en sus artículos 275 a 285, enumera los medios que se pueden tener en cuenta en la indagación, entre ellos el interrogatorio al indiciado, previsto en el artículo 282.

 

Para la Sala Penal, es aconsejable que el ente investigador garantice el desarrollo de esta diligencia, sin que, en caso contrario, se produzca la inobservancia de garantía alguna.

 

El alto tribunal recordó que el interrogatorio ya no es un medio de vinculación procesal, y su realización no es presupuesto del debido proceso. Por lo tanto, es optativo tanto para el fiscal como para el indiciado o imputado.

 

Los resultados del mismo, aclaró, tampoco son derroteros que deban seguirse dentro del esquema procesal, ya que se trata, ante todo, de un acto de parte, orientado a intentar obtener información relevante para definir la teoría del caso.

 

En cambio, en los casos de personas que son privadas de su libertad, la diligencia sí es necesaria, pues, de acuerdo con los tratados de derechos humanos, el imputado tiene derecho a ser llevado ante una autoridad judicial y ser escuchado por esta, en relación con las causas de su captura.

 

Finalmente, la Corte señaló que la nulidad por falta de competencia se predica del juez y no del fiscal,por cuanto una decisión en ese sentido no debe afectar el conocimiento a cargo del ente investigador.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5278 (43490), abr. 30/14, M. P. Leonidas Bustos).."

 

Tutela procede por error en dosificación de la pena
19 de Mayo 11:59 AM

 

 

 

La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales afectados por errores en la dosificación de la pena, aunque no se haya acudido a los mecanismos judiciales ordinarios ni se haya cumplido con el requisito de inmediatez, aclaró la Corte Constitucional.

 

La corporación advirtió que los jueces no deben confundir la etapa de determinación de la punibilidad con la de individualización de la sanción, pues si bien es posible fijar la gravedad de la conducta a la hora de individualizar la pena, estos no son los aspectos definitivos para determinar el cuarto a partir del cual se debe establecer.

 

De acuerdo con la Corte, es necesario identificar primero dichos límites y tener en cuenta estos elementos, para determinar el quantum.

 

“Si bien el artículo 61 del Código Penal, frente al proceso de individualización de la pena, permite considerar factores cómo: ‘(…) la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto’, estos parámetros no se pueden aplicar para fijar el cuarto punitivo, sino para moverse dentro del que, por expresa determinación legal, debe ser seleccionado”, señala la sentencia.

 

En el caso analizado, la Corte encontró que el juez impuso la pena por el delito de fuga presos partiendo del último cuarto, a pesar de que no se evidenciaban circunstancias de agravación y mayor o menor punibilidad. Así las cosas, lo procedente era partir del primer tramo, explicó.

 

De otro lado, recordó que según el artículo 61 del Código Penalel sentenciador solo puede partir del último cuarto cuando concurran circunstancias de agravación punitiva. Como, en este caso, el operador concluyó que dichas causales no habían tenido lugar, lo indicado era fijar como punto de partida el primer cuarto, ya que la misma disposición exige proceder de esa manera, cuando no se dan las circunstancias anotadas.

 

Por estas razones, le ordenó al juez ordinario redosificar la pena, pese a que el accionante no agotó los recursos ordinarios disponibles para atacar la determinación y aunque la acción de tutela solo se hubiera presentado seis años después de ocurridos los hechos.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-5390 (72976), abr. 29/14, M. P. Patricia Salazar Cuellar)

Última actualización el Jueves, 29 de Mayo de 2014 00:02
 
JUEZ NO PUEDE VARIAR CALIFICACION PARA AGRAVAR SITUACION DEL PROCESADO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:53

TOMADO DE  WWW.AMBITOJURIDICO.COM.

"..Juez no puede variar calificación jurídica para agravar situación del acusado

22 de Mayo 2:51 PM


 

La Corte Suprema de Justicia casó parcialmente una sentencia que absolvió al padre de una menor acusado de acto sexual abusivo con incapaz de resistir, al que el juez de primera instancia le impuso una pena principal de 384 meses de prisión.

 

El alto tribunal recordó que, en cumplimiento del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia. No obstante, aclaró que es posible que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género.

 

Además, el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando se respete el núcleo fáctico de la acusación.

 

Así las cosas, no es admisible que el juez varíe la calificación jurídica de los hechos, para condenar y agravar la situación del acusado. Por esa razón, en el caso analizado, concluyó que fue equivocada la salida del juez de apelación que, de manera sorpresiva, estudió un tipo penal que no había sido considerado.

 

La sentencia de casación aclara que la pena de prisión debía ser de 167 meses, como autor de los punibles de actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, en concurso homogéneo, e incesto, en concurso heterogéneo.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-3623 (36108), 3/12/2014. M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).."

 

Tomado de www.legismovil.com.

 

Administradora de pensiones asume el pago de la prestación, si no ejerce acciones de cobro contra el empleador moroso (9:22 a.m.)
Si las administradoras de pensiones no ejercen las herramientas jurídicas que les otorga el sistema de seguridad social para desplegar control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, así como contemplar a su favor intereses y multas, en los eventos en que el empleador no cumple a tiempo el pago de los aportes, deben asumir la responsabilidad y el pago de la prestación correspondiente, pues el incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado por razones no atribuibles a él, manifestó la Corte Suprema de Justicia. En este caso, no procede la condena solidaria con el empleador incumplido, ya que no existe norma en el ordenamiento jurídico que establezca dicha figura en relación con el pago de la prestación, precisó. (M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve). 

Noticia generada en May. 23/14 (9:22 a.m.).

 

Última actualización el Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:58
 
Noticias de ultima hora PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 21 de Mayo de 2014 22:16

Tomado de www.legismovil.com:

 

"...

 

Noticia destacada
Extra
Suspenden normas que permitían contratación directa para actividades de seguridad nacional (10:00 a.m.)

El Consejo de Estado suspendió temporalmente varias normas que permiten a algunas entidades estatales compras y contrataciones sin cumplir el requisito de selección objetiva. Así las cosas, no tendrá vigencia la disposición que autoriza la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios necesarios para garantizar la seguridad nacional, como lo establece el inciso 7º del artículo 3º del Decreto 1510 del 2013. También dejó sin efectos la norma que clasifica todos y cada uno de estos elementos, entre los cuales se cuenta armamento, equipos médicos, alimentación, vehículos, contratación de obras civiles, así como tecnología en materia de seguridad carcelaria, la utilizada para contiendas electorales, la propia para la Rama Judicial y la Unidad Nacional de Protección (artículo 65). La decisión cobija los apartes normativos que exoneran al contratante del deber de justificar la modalidad de contratación que haya escogido (inciso final del artículo 73) y aquellos que permiten que, sin necesidad de escuchar varias ofertas, en lo que atañe a la adquisición de bienes y servicios que requieren reserva, entidades estatales del sector defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección no cumplan con el requisito de la selección objetiva (inciso 1º del artículo 78). Finalmente, suspendió la disposición que clasifica los objetos contractuales propios de dicha reserva (inciso 2º del artículo 78, incluyendo sus numerales 1º al 20) (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en May. 21/14 (10:00 a.m.) 

Información relacionada:



Senado aprueba sistema acusatorio para la justicia penal militar (3:00 p.m.)
La plenaria del Senado de la República aprobó, en segundo debate, el proyecto de reforma a la justicia militar que permitiría implantar el sistema penal acusatorio, crear la fiscalía militar y un cuerpo técnico de investigación. Esta iniciativa de 130 artículos seguirá su trámite en la Cámara de Representantes. 

Noticia generada en May. 21/14 (3:00 p.m.) 

Información relacionada:


Declaran constitucionales destinación y beneficios del Cree (11:53 a.m.)
La Corte Constitucional declaró exequibles algunos apartes normativos que regulan los beneficios del impuesto a la renta para la equidad (Cree) y su destinación (artículos 24 y 25 parciales de la Ley 1607 del 2012). En ese sentido, declaró como ajustado a la Carta Política que los recursos recaudados sean destinados a la financiación de programas sociales en favor de la población más vulnerable, lo mismo para el descuento en la tarifa a los empleadores, en aras de la generación de nuevos puestos de trabajo. Pese a que coincidía con esta postura, en su concepto, la Procuraduría había solicitado declarar inexequible la norma que permite incorporar y apropiar en el año siguiente los recursos del Cree que en la respectiva vigencia fiscal no fueron ejecutados, como lo consagra el artículo 28.

Noticia generada en May. 21/14 (11:53 a.m.)

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Estos son los acuerdos para mantener el programa de descongestión de la Rama Judicial (10:48 a.m.)
Tras las protestas convocadas por Asonal Judicial, ante el fin del programa nacional de descongestión de la Rama Judicial, voceros del sindicato aseguraron que el Gobierno se comprometió a mantenerlo hasta el 31 de diciembre de este año. Además, precisaron que el Ministerio de Hacienda aceptó desembolsar $ 100.000 millones para la financiación de esta tarea, que ya estaban autorizados en el presupuesto del 2014, pero no se había fijado la vigencia fiscal respectiva. Además, se creó una comisión que establecerá cuáles son las necesidades para mantener el plan hasta finales del 2014. Adicionalmente, otra comisión se encargará de verificar los elementos necesarios para que los actuales despachos de descongestión asuman la calidad de permanentes. Según Asonal, hay voluntad del Ejecutivo para que estos operadores se incorporen, en forma definitiva, al poder jurisdiccional.

Noticia generada en May. 21/14 (10:48 a.m.) 
Declaran inexequible papel de la Unidad de Víctimas y de la URT en incidente de identificación de víctimas para reparar en Justicia y Paz (9:22 a.m.)
La Corte Constitucional declaró inexequibles el incidente de identificación para la reparación a víctimas de grupos armados al margen de la ley y el papel que tienen la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en los términos que dispone la Ley 1592 del 2012. A juicio del alto tribunal, estas actuaciones no pueden estar supeditadas a una actuación administrativa, sino que deben ser resueltas únicamente por vía judicial, como lo señalaba originalmente la Ley de Justicia y Paz. Para el alto tribunal, lo propio era aplicar la tesis de la Sentencia C-180 del 2014, según la cual es en el orden jurisdiccional que se deben definir los aspectos relacionados con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, so pena de desconocer garantías al debido proceso. En otra demanda estudiada por la Corte este martes, se ordenó estarse a lo resuelto en la presente decisión. 

Noticia generada en May. 21/14 (9:22 a.m.) 

Información relacionada:


Suspenden normas que regulan pago de prima técnica a varios funcionarios de la Cámara de Representantes (9:10 a.m.)
El Consejo de Estado suspendió tres normas en las que se consagra el pago de la prima técnica para varios funcionarios de la Cámara de Representantes. Así, dejó sin efectos transitorios el artículo 1º de la Resolución 2051 del 2004, que permite que el beneficio se extienda para todos los empleados del nivel profesional. Ello porque el artículo 1º del Decreto 1724 de 1997 autoriza estos pagos únicamente para quienes se desempeñen de manera permanente en cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en las diferentes entidades estatales. La Sala también suspendió la compensación por cinco años de experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, que se encuentra reglamentada por el artículo 3º del mismo acto, en su numeral 1º. Lo anterior porque el artículo 3º del Decreto 2177 del 2006 impide que el título de estudios de formación avanzada se compense por experiencia e indica que el mismo deberá estar relacionado con la plaza que ocupe el funcionario respectivo. Finalmente, suspendió el contenido del artículo 7º de la resolución, que regula el pago para quienes ejerzan labores de profesional universitario, periodista, médico, almacenista o asistente administrativos de las oficinas de Presupuesto, Protocolo, Archivo Legislativo, Control de Cuentas, Gaceta del Congreso, Leyes, Fondo de Publicaciones, Contabilidad, Revisor de Documentos y demás despachos adscritos a la mesa directiva, Dirección Administrativa y Secretaría General (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 21/14 (9:10 a.m.) 

Información relacionada:

Para efectos tributarios, ‘leasing’ habitacional no es un sistema para financiar vivienda (8:50 a.m.)
De la exención de renta respecto a los aportes voluntarios realizados a fondos de pensiones, cuando el retiro de los mismos se destine a la adquisición de vivienda, por medio de financiación o sin ella, no se puede concluir que la figura de leasing habitacional sea un sistema para financiar vivienda, pues requiere la opción de compra para su materialización, precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De otra parte, indicó la entidad, el beneficio tributario lo obtiene el propietario de los aportes voluntarios destinados a la adquisición de vivienda, por lo que la cesión de derechos no da lugar a la exención ni la calidad de locatario en un contrato de leasing habitacional.

Noticia generada en May. 21/14 (8:50 a.m.) 
Rechazan impedimentos de dos magistrados para conocer segunda instancia de tutela que restituyó a Petro (8:35 a.m.)
El magistrado Ariel Salazar deberá proyectar el fallo de la impugnación a la tutela que restituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, luego de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negara el impedimento que presentó para conocer del asunto. A su vez, se negó la objeción que del magistrado Armando Tolosa. Solo se aceptó el impedimento que presentó la expresidenta de la corporación, Ruth Marina Díaz, debido a la relación de amistad que mantiene con el procurador Alejandro Ordóñez. En el caso de Salazar, sostuvo que los vínculos de consanguinidad con una contratista del Distrito Capital no dan lugar a que se habilite la casual 1ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ya que la acción de tutela va dirigida contra una actuación administrativa de la Presidencia y contra el Ministerio Público. Por los mismos motivos, dice la Sala, fue rechazado el impedimento del magistrado Tolosa, ya que la demanda de reparación directa que interpuso tiempo atrás contra el Secretaría de Educación de Bogotá no supone la evidencia de la causal, toda vez que los reparos de la acción no van dirigidos contra esa entidad. Finalmente, aclara, en el caso de Díaz tiene lugar la causal 5ª del Código de Procedimiento Penal, en vista de su amistad con el jefe del organismo de control, por lo que debe ser reemplazada por un conjuez.

Noticia generada en May. 21/14 (8:35 a.m.)..."
Última actualización el Miércoles, 21 de Mayo de 2014 22:18
 
Incremento punitivo en casos de concurso PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:47

Tomado de  www.ambitojuridico.com.

 

"...Corte Suprema unifica jurisprudencia sobre incremento punitivo en casos de concurso.

El 10 de enero del 2011, dos estudiantes de la Universidad de los Andes que estaban en San Bernardo del Viento (Córdoba) realizando un trabajo de campo para sus tesis de grado fueron asesinados en la vereda Boca Tinajones, adscrita al municipio. Los crímenes los ordenaron alias Nariz y alias Julián, dos mandos medios de la banda criminal conocida como Los Urabeños.

 

Así se describen los hechos en la sentencia de casación que redujo a 41 años la pena de prisión impuesta a Cristian David Bravo Núñez, coautor de los homicidios agravados. La Fiscalía y el apoderado de las víctimas pedían que el juez estableciera como límite máximo de la pena para el delito más grave (homicidio agravado) 60 años de prisión.

 

Pero la Corte Suprema de Justicia señaló que en los casos de concurso sometidos a la Ley 906 del 2004, el funcionario debe respetar el tope máximo individual de 50 años previsto en el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal, a la hora de fijar la pena por cada uno de los delitos que concurren.

 

Además, “dado el fin de unificar la jurisprudencia, en esta oportunidad, el incremento punitivo en los casos de concurso depende, además de los factores cuantitativos previstos en el artículo 31 del Código Penal, del número de conductas concurrentes y los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, que tienen que ver con la gravedad, así como las modalidades específicas de los delitos que concursan”.

 

Con la actual interpretación de la Corte, la pena por el delito más grave de 50 años, en el primer caso, podría incrementarse en razón del concurso con el delito que no afectó derechos personales, sin que supere la suma aritmética de las sanciones debidamente individualizadas.

 

Sobre la calificación de caso emblemático, advirtió que “si con ello el demandante quiso decir que su relevancia obedeció a que las víctimas eran dos estudiantes de una de las instituciones educativas del interior más prestigiosas del país”, este es un aspecto intrascendente para la fijación de la pena.

 

En virtud del principio de igualdad ante la ley, idéntica gravedad del comportamiento debería predicarse si los homicidios se hubieran cometido, en las mismas circunstancias, sobre sujetos con inferior, superior o distinto grado de instrucción, agregó el alto tribunal.

 

Según la Corte, desafortunadamente, desde la implementación del sistema acusatorio, en nuestro país los medios masivos de comunicación han intentado interferir en los procesos, especialmente en lo que atañe a la imposición de la medida de aseguramiento, su revocatoria y el juicio de responsabilidad.

 

Estas manifestaciones deben ser desestimadas por los funcionarios, en razón de sus efectos extraños y nocivos a la función de administrar justicia. Las providencias, advirtió, no pueden sustentarse en una reacción mediática desproporcionada.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5420 (41350), abr. 30/14, M. P. Eugenio Fernández Carlier).."

Última actualización el Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:49
 
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Escrito por Administrator   
Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:17

Tomado de www.ambitojuridicio.com:

"..Condenas superiores a cuatro años no pueden ser objeto de suspensión de pena de Ley 1709

8 de Mayo 1:53 PM


 

Quienes son condenados a penas superiores a cuatro años de cárcel no pueden beneficiarse de la suspensión de la pena prevista en el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014 (reforma carcelaria), advirtió la Corte Suprema de Justicia.

 

Según el alto tribunal, la norma modificó el artículo 63 del Código Penal, estableciendo la suspensión por un periodo de entre dos y cinco años, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos, entre ellos que la pena no exceda el cuatrienio.

 

La corporación recordó que el artículo 23 de la reforma introdujo el artículo 38B a la Ley 599 del 2000, fijando beneficios como la prisión domiciliaria para condenados por delitos cuya pena mínima sea hasta de ocho años, con excepción de los dolosos que sean cometidos en contra de la administración.

 

En ese sentido, preció que se entienden por delitos que afectan el patrimonio del Estado los que lo lesionen de manera directa, por menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por la conducta dolosa de un funcionario.

 

Aunque, en el caso analizado, los procesados purgan penas que se cuentan dentro de ese límite, no pueden hacerse acreedores al beneficio, porque fueron condenados por el delito de peculado,explicó la Corte.

 

En una decisión similar, la corporación recordó que quienes paguen condenas por concusión no pueden ser cobijados con los beneficios de la reforma carcelaria. Esa vez, le negó el beneficio a un fiscal y ratificó la condena de seis años de prisión que se le impuso por aprovecharse de su investidura para amedrentar a sus deudores y obligarlos a pagar, so pena iniciar actuaciones institucionales en su contra.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4161 (34074), abr. 2/14, M. P. Patricia Salazar).."

 

Comisión de delitos por temor a perder empleo debe valorarse según reglas de la experiencia
9 de Mayo 12:05 PM


 

El delito de lavado de activos se ejecuta con la puesta en marcha de indefinidas operaciones que buscan ocultar los enlaces de ilegalidad que caracterizan a los bienes y esconder u ocultar el origen espurio del dinero.

 

Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, al recordar que la realización de este punible requiere la intervención de un número plural de personas.

 

En el caso analizado, la Sala de Casación Penal dejó sin efectos una sentencia absolutoria y, en su lugar, condenó a la secretaria de una sociedad a 72 meses de prisión, por coautoría en este delito.

 

De acuerdo con la corporación, en este caso no podía aplicarse la regla según la cual “un trabajador, para no perder su empleo, obedece las órdenes dadas por su jefe, sin importar la clase de actividades, incluso sean ilegales”.

 

A su juicio, la procesada no se limitó a cumplir con las tareas propias de su cargo y obedecer las órdenes impartidas por su jefe, bajo el temor reverencial de perder su empleo, pues realizó las actividades ilegales, inclusive, durante varios meses después de desvincularse.

 

La Corte advirtió que si las actividades laborales se alejan del dictado de la moral y las buenas costumbres o implican un exceso o una extralimitación, es frecuente que los empleados decidan abandonar sus puestos de trabajo mediante la renuncia.

 

Con estos argumentos, concluyó que el juez desconoció los parámetros de la sana crítica y dejó de aplicar el inciso 20 del artículo 29 (coautoría) y el artículo 323 (lavado de activos) del Código Penal.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4615 (42722), abr. 9/14, M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Solo la jurisdicción ordinaria puede juzgar hechos constitutivos de desaparición forzada
2 de Mayo 4:26 PM


 

La jurisdicción ordinaria es la única que puede juzgar a los responsables de hechos constitutivos de desaparición forzada, con exclusión de cualquier jurisdicción especial, ya sea la penal militar o la indígena. Así lo señaló la Corte Constitucional, en una sentencia publicada recientemente.

 

El alto tribunal recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Ley 707 del 2001, prohíbe que los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada sean juzgados por jurisdicciones especiales.

 

En el caso analizado, concluyó que le corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a cinco miembros del resguardo unificado Embera Chamí del Municipio de Mistrató (Risaralda), enjuiciados por la posible comisión de los delitos de desplazamiento forzado y homicidio.

 

Para la corporación, la desaparición forzada tiene una especial connotación en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, ya que incluso puede ser objeto de la jurisdicción de tribunales internacionales.

 

Sobre el sentido, alcance y límites de la jurisdicción indígena, reiteró:

 

  1. La autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas se debe ejercer de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (artículos 246 y 330 de la Constitución).

 

  1. Las normas legales imperativas de Colombia priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.

 

  1. Los usos y costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las normas legales dispositivas.

 

Sobre la noción de fuero indígena, señaló que se conjugan dos elementos: el personal, según el cual el indígena debe ser juzgado con las normas y por las autoridades de su propia comunidad; y el geográfico, que indica que la comunidad indígena puede juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio.

 

En los casos en los que las comunidades pueden ejercer jurisdicción, la Corte ha acudido a los tres criterios tradicionales empleados en el derecho para determinar la competencia: el personal, el territorial y el objetivo o de la materia.

 

Estos criterios no son absolutos. Por ejemplo, en los casos de conductas realizadas en el territorio de una comunidad, pero que causan daños a terceros ajenos, es posible que el asunto deba ser juzgado por la jurisdicción ordinaria.

 

Además, es factible que pese a que una conducta reprochada por una comunidad haya sido cometida por uno de sus miembros dentro de su territorio, el caso deba ser remitido a la jurisdicción nacional, debido a la no pertenencia de la víctima a la comunidad y al grado de integración del infractor a la cultura mayoritaria.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-449, jul. 12/13, M. P. Mauricio González Cuervo).

 

Primera demanda admitida contra la reforma al Código Penitenciario
12 de Mayo 12:15 PM


 

Desde la entrada en vigencia de la reforma al Código Penitenciario (L. 1709/14), ante la Corte Constitucional han sido radicadas cinco demandas en su contra.

 

La única admitida hasta el momento ataca la expresión “previa valoración de la conducta punible”, del artículo 30 de la Ley 1709, que modifica el artículo 64 del Código Penal (L. 599/00).

 

En opinión del demandante, la norma habilita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que valore en concreto los aspectos que componen la conducta punible, tarea que le corresponde al juez de conocimiento.

 

También, advierte que esa regla para evaluar la libertad condicional vulnera los artículos 13, 29, 121 y 122 de la Carta Política, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

A su juicio, desde la entrada en vigencia de la norma, se ha conocido un alto número de decisiones emitidas por jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en las cuales se niega sistemáticamente la libertad condicional, al considerar que la “valoración de la conducta punible” es una exigencia para la procedencia del subrogado penal.

 

Lo anterior, señala, implica una transgresión del principio non bis in ídem, del derecho a la igualdad y, por lo tanto, una duplicidad de funciones, pues el juez de ejecución, sin ser el competente, se faculta para valorar no solo la gravedad, sino las mismas circunstancias que rodearon la conducta punible en concreto.

 

En ese sentido, advierte, la función de la pena respecto de la resocialización ha sido descontextualizada por parte de los jueces de ejecución de penas, que aplican, “una tesis donde impera como ultima ratio, no un sistema penal humano, sino que por el contrario, más restrictivo de derechos, en los que como única solución se ofrece la prisión como mecanismo de disuasión”.

 

Esta acción de inconstitucionalidad fue admitida el pasado 8 de mayo y su estudio está a cargo de Nilson Pinilla.

 

(C. Const., Exp. D-10185, 05/09/2014. Demandante: Juan David Correal Rodríguez)

Última actualización el Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:21
 
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