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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
EL DELITO DE FRAUDE A SUBVENCIONES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 19:01

Tomado de derecho penal colombiano:

"...

En articulo de Hernando Hernández Quintero, se explica de manera magistral el tipo penal de fraude a subvenciones, conducta punible creada por la ley 1474 de 2011 y por la cual las entidades publicas están denunciado de manera masiva a las personas que reciben ayuda o algún beneficio mediante engaños o aquellos que no inviertan los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados..."

Última actualización el Jueves, 06 de Noviembre de 2014 19:03
 
LA PRUEBA DE REFUTACIÓN EN LA LEY 906 DE 2004 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 06 de Noviembre de 2014 18:13

tomado de  derecho penal colombiano:

"...

En sentencia de agosto de 2014, con ponencia del Magistrado Eugenio Fernández Carlier, la Corte Suprema en su Sala Penal, se pronuncia por primera vez in extenso sobre la figura de la prueba de refutación consagrada en el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal.
En esta interesante sentencia, la Corte se pronuncia sobre el marco normativo, el objeto, la finalidad, los efectos y la legitimación para solicitar la prueba de refutación.


La importancia de la sentencia radica en que da los pasos para utilizar la prueba de refutación en la etapa de juicio oral, figura que hasta esta sentencia era de poca utilización, pues los operadores jurídicos no tenía elementos ni legales ni jurisprudenciales para admitir su práctica..."

Última actualización el Jueves, 06 de Noviembre de 2014 18:15
 
Radican proyecto de ley que reforma la detención preventiva PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 28 de Octubre de 2014 21:23

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..Radican proyecto de ley que reforma la detención preventiva
28 de Octubre 3:31 PM

 

 

El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, radicaron ante el Senado de la República un proyecto de ley que pretende reformar el uso de la detención preventiva.

 

La iniciativa precisa los términos de detención en cada una de las etapas procesales y fija un tiempo máximo de duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que entrará en vigencia un año después de la sanción de la ley.

 

Además, propone que antes de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, se tenga en cuenta no solo la gravedad del delito, sino que se demuestre que las otras medidas son insuficientes.

 

A partir de la sanción de la ley, los operadores de justicia tendrían un año de gracia para terminar los procesos pendientes y priorizar las investigaciones delicadas, antes de que empiece a regir la disposición.

 

De esta manera, la privación de la libertad no podrá  superar un año, y el tiempo se duplicará para para casos de justicia especializada, cuando haya más de tres personas sindicadas o en casos de corrupción.

 

Por otro lado, establece que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias:

 

-          La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

-          El número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos.

-          El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

-          La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o  preterintencional.

-          Que se trate de abuso sexual con menor de 14 años.

-          Que el imputado haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada.

 

“El peligro que representa un individuo para las víctimas o para la comunidad, así como las posibilidades de manipular las pruebas o no comparecer al proceso, deben evaluarse sobre la base de indicios que se tengan sobre el comportamiento futuro del individuo y no solo observando la gravedad del delito que se investiga”, agregó Reyes.

 

Según el Ministerio de Justicia, la detención preventiva ha ocasionado que, hasta el pasado 30 de junio, se hayan reportado 18.565 demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad, con pretensiones que ascienden a los 23 billones de pesos..."

 

Última actualización el Martes, 28 de Octubre de 2014 21:25
 
Diferencia entre abuso de función pública y prevaricato es la ilicitud del acto PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 28 de Octubre de 2014 21:30

 

tomado de www.legismovil.com.

"..El abuso de función pública se configura cuando un servidor público realiza un acto que, por ley, está asignando a otro funcionario que puede ejecutarlo lícitamente. Por su parte, en el prevaricato, el acto es manifiestamente ilegal, sin que importe quién lo haga.

 

Así lo aclaró la Corte Suprema de Justicia, al analizar la conducta realizada por un fiscal que ordenó, mediante un acto reservado al Fiscal General de la Nación, la reasignación de un proceso adjudicado a una fiscalía distinta a la que presidía.

 

Según la corporación, el eje del delito de abuso de función pública se refiere a la ilegalidad suscrita por desbordar una atribución funcional que le corresponde ejecutar a otro funcionario. En cambio, en el prevaricato, el sujeto puede ejecutar el acto en el ámbito de su función, pero, al hacerlo, infringe manifiestamente el orden jurídico.

 

La Sala Penal recordó que, de acuerdo con la Constitución, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Carta Política y las leyes, mientras que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Por eso, el postulado del mismo ordenamiento según el cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento permite explicar por qué es constitucionalmente admisible penalizar a un funcionario público que realiza funciones distintas a las legalmente asignadas en el ámbito de su competencia.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-12926-14 (39279), sep. 24/14, M.P.Eugenio Fernández Carlier)..."

Última actualización el Martes, 28 de Octubre de 2014 21:32
 
Responsable del delito de extorsión, tienen derecho a rebaja pena si hay indemnización integral PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 26 de Octubre de 2014 14:10

 

Tomado de www.legismovil.com

"..Quien repare a la víctima puede ser excluido de la prohibición de subrogados penales para responsables de extorsión (4:10 p.m.)

La Corte Suprema de Justicia estableció que quienes hubieren cometido extorsión y repararen a sus víctimas antes de recibir sentencia podrán hacerse a la rebaja de entre la mitad y las tres cuartas partes de la pena, contemplada en artículo 269 del Código Penal (CP, L. 599/00). Esto debido a la tesis asumida por la propia Sala Penal en la Sentencia 35767 del 2012, según la cual, para casos como este, era inaplicable la prohibición de subrogados penales por terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, contemplada en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006. Para la corporación, si el responsable de la comisión de estas conductas reparaba a sus víctimas, frente a los tipos lesivos del patrimonio económico, procedía el beneficio penal del artículo 269 del CP. De ahí que en el caso concreto fuera viable la rebaja por tentativa de extorsión y hurto calificado (M. P. Patricia Salazar)..."

 

Última actualización el Domingo, 26 de Octubre de 2014 14:13
 
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