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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Defensa se ejerce en investigación preliminar como indiciado PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 26 de Agosto de 2014 19:50

Tomado de  www.legismovil.com.

 

"..Quien tenga conocimiento de actuación penal en su contra está facultado para defenderse, incluso en etapa de indagación (9:46 a.m.)

Quien tenga conocimiento de la existencia de una actuación penal en su contra está facultado para defenderse, incluso durante la etapa de indagación, así lo reiteró la Corte Constitucional al advertir que ni la Constitución ni los tratados internacionales de derechos humanos han establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de contradicción. Con este argumento, decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de un indiciado, al considerar que por tener esa calidad está facultado para participar por intermedio de su apoderado en la audiencia de legalización de allanamiento, ya que el control de legalidad constituye una garantía para la protección del derecho fundamental al debido proceso. En su opinión, el hecho de negarle la entrega del audio de la audiencia reservada de legalización de allanamiento llevada a cabo en su vivienda y la expedición de copia de la investigación y documentos que fueron aportados para la respectiva diligencia impide el ejercicio del derecho de defensa. En la decisión, la Corte aclara cómo funciona el derecho a la defensa en el sistema penal acusatorio, qué personas están autorizadas para intervenir en la audiencia de legalización de allanamientos, qué actuaciones tiene el carácter de reservadas en el proceso penal y las garantías legales en materia penal de personas incursas en un procedimiento internacional (M. P. Jorge Iván Palacio)..."

Última actualización el Martes, 26 de Agosto de 2014 19:51
 
Exequible aumento penas delito de Violencia Intrafamiliar PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 26 de Agosto de 2014 19:47

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"..La Corte Constitucional publicó el texto definitivo de la sentencia que declaró exequible el artículo 229 de laLey 599 del 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 del 2007, norma que consagra un aumento punitivo para la violencia maltrato intrafamiliar.

 

De acuerdo con la Corte, el deber especial de protección a la familia amerita el ejercicio del poder sancionatorio del Estado. Además, aclaró que por violencia intrafamiliar se entiende todo daño o maltrato físico o síquico; trato cruel, intimidatorio o degradante; amenaza; agravio; ofensa o cualquier otra forma de agresión.

 

A su juicio, la medida es proporcionada e idónea para procurar la unidad, la convivencia familiar pacífica y la protección de las personas en condición de debilidad manifiesta, como las mujeres, los menores de edad y los adultos mayores.

 

El fallo sostiene que la condición del sujeto activo del punible es una circunstancia que no permite comparar este delito con ninguna modalidad de lesiones personales.

 

Al respecto, señaló que la elevación de los límites punitivos no contradice los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pues es un mecanismo adecuado para prevenir y reprimir los actos de maltrato familiar que, atendiendo a su incremento y reiteración, han sido considerados por el legislador como una situación que afecta ostensiblemente la convivencia pacífica.

 

Igualmente, explicó que las penas fijadas por el delito de lesiones personales en sus distintas modalidades no constituyen un parámetro de comparación para determinar la proporcionalidad de la pena fijada para el delito de violencia intrafamiliar, pues esta incluye en las conductas constitutivas de la infracción comportamientos diferentes a causar daños en el cuerpo o en la salud.

 

Los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Nilson Pinilla salvaron el voto, mientras que Jorge Pretelt lo aclaró.

(Corte Constitucional, Sentencia C-368, jun. 11/14, M. P. Alberto Rojas Ríos)..."

Última actualización el Martes, 26 de Agosto de 2014 19:48
 
Si no se legaliza captura o se declara ilegal la rebaja de pena en caso de allanamiento es del 50% PDF Imprimir E-mail
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Domingo, 03 de Agosto de 2014 17:00

".                                                                 REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA PENAL
Magistrado Ponente:
Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 035


AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Bogotá, D.C., miércoles, nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014).


Radicación
11001600017201303507 01
Procedente
Juzgado 28Penal del Circuito de Conocimiento
Procesado
Carlos Enrique Muñoz Galindo
Delito
Homicidio agravado tentado
Asunto
Decreta nulidad de allanamiento
Decisión
Revoca

.La legalización de la captura de una persona aprehendida en situación de flagrancia se vincula a la rebaja de pena que procede en caso de allanamiento. El Tribunal Superior de Bogotá dice que si una persona es aprehendida en situación de flagrancia pero no se legaliza la captura, en caso de allanamiento a la imputación procede la rebaja de hasta el 50 por ciento de la pena a imponer

Cuando la Fiscalía promueve una audiencia preliminar de legalización de captura contra una persona aprehendida en situación de flagrancia, para que persista la alegada flagrancia -con sus consecuencias- debe el juez de garantías declarar la legalidad de la captura. Pero en supuestos en los que se declara la ilegalidad de una captura, la Fiscalía podría continuar con la audiencia de imputación, luego de la cual el procesado estaría facultado para allanarse a los cargos y recibir una rebaja de pena de hasta el 50% porque no existiría jurídicamente la alegada situación de flagrancia, en tanto la misma fue declarada ilegal...."

Última actualización el Domingo, 03 de Agosto de 2014 17:05
 
Inexequible facultad de fiscalía para ordenar devolución de bienes incautados, antes de acusación PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 26 de Agosto de 2014 19:43

Tomado. www.ambitojuridico.com

 

Inexequible facultad de fiscalía para ordenar devolución de bienes incautados, antes de acusación
25 de Agosto 9:34 AM

 

"...En adelante, el fiscal no podrá ordenar la devolución de los bienes incautados que no sean necesarios para el desarrollo de la actuación penal, pues la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte del artículo 88 de la Ley 906 del 2004 que permitía hacerlo antes de la formulación de acusación.

 

El alto tribunal también retiró del ordenamiento la frase inicial de la norma, que permitía tener en cuenta otras disposiciones del Código de Procedimiento Penal, para darle cumplimiento.

 

La disposición señalaba que antes de formular la acusación, por orden del fiscal, en un término que no podía exceder de seis meses, serían devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tuviera derecho a recibirlos, cuando no fueran necesarios para la indagación o investigación.

 

A juicio del demandante, esa directriz excedía los límites que el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución le impone a la Fiscalía General de la Nación, pues, ante decisiones que afecten derechos fundamentales, es el juez, y no el ente investigador, quien tiene la última palabra.

 

La Procuraduría había pedido declarar exequible la disposición, pues, en su opinión, no afectaba el cumplimiento de las funciones atribuidas a la fiscalía en el artículo 250, específicamente la de proteger el material probatorio, ya que se trata de elementos que no son indispensables para el desarrollo de la actuación.

 

La entidad añadió que dejar en cabeza del juez con funciones de control de garantías esta potestad atentaría contra los derechos de quien mantiene un interés legítimo en los elementos incautados.

(Corte Constitucional, Noticia (D-10099), ago. 21/14, M. P. Luis Ernesto Vargas).."

Última actualización el Martes, 26 de Agosto de 2014 19:45
 
La Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela dice que el juez ejerce control material a la imputación, la acusación y los preacuerdos CON PONENCIA DEL DOCTOR EUGENIO FERNANDEZ CARLIE PDF Imprimir E-mail
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Domingo, 03 de Agosto de 2014 16:54

 

"..La Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela dice que el juez ejerce control material a la imputación, la acusación y los preacuerdos

CON PONENCIA DEL DOCTOR EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, LA CORTE ACOGIÓ EL CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, QUE REITERADAMENTE HA SEÑALADO QUE LA EL JUEZ NO ES UN NOTARIO DEL FRAUDE NI DE LA ILEGALIDAD, Y QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES NO PUEDE ACEPTAR ALLANAMIENTOS A CARGOS O ACUSACIONES Y PREACUERDOS QUE DESCONOCEN LA REALIDAD ONTOLÓGICA DE LOS HECHOS.

ASÍ LAS COSAS, NO ES LÍCITO QUE UN AUTOR DE UN DELITO PUEDA SER CONSIDERADO COMO CÓMPLICE O UN HECHO CONSUMADO COMO TENTADO, MENOS CUANDO TAL FRAUDE SE FORMALIZA CON EL PROPÓSITO DE ELUDIR LA PROHIBICIÓN DE REBAJAS MAYORES A LAS QUE SE AUTORIZAN LEGALMENTE EN CASOS DE FLAGRANCIA.

En sentencia T-73555 de 20 de mayo de 2014 (STP6342-2014), se expresó:
La Sala de Tutelas considera que el control constitucional es un deber que debe cumplir el operador judicial en primera y segunda instancia, o en el trámite del recurso de casación, no es una potestad discrecional, siempre se debe hacer prevalecer la Carta Política, los derechos y garantías constitucionales, con este criterio lo que se busca es hacer prevalecer la justicia como valor constitucional (cfr. Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 27 de febrero de 2013, Rdo.33254, Mg. Pon. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ).
Los controles legales y constitucionales que ejerce el juez de conocimiento no son una expresión de parcialidad del operador judicial, es simplemente el cumplimiento de la misión de garantizar la realización de las garantías fundamentales para las partes e intervinientes en el proceso penal, entre ellas, la más primordial de todas, la recta impartición de justicia en el asunto sometido a decisión, tarea en la que está obligado el funcionario a resolver conforme a los hechos demostrados aplicando las disposiciones llamadas a reglar el caso. Esta obligación es de rango constitucional y en ningún caso ni por ningún motivo puede dejar de resolver el operador judicial conforme con los hechos, las pruebas y el derecho que emérita el asunto sub judice.
Ejemplos de lo expresado en el párrafo anterior son los pronunciamientos de la Sala  de Casación Penal en los que se ha ejercido control material por el juez, el Tribunal o a veces por la Corte, haciéndose readecuaciones típicas por demostrase que la ilicitud cometida es otra, i) el evento resuelto por esta Corporación en el radicado 41778 de 5 de marzo de 2014, en el que el Tribunal condenó por tentativa de acceso carnal violento y casó el fallo para sentenciar por acto sexual abusivo, reato éste último demostrado en la actuación y por el que no pidió condena el Fiscal, ii) pacífico es igualmente el criterio de la misma Sala en cuanto a la fiscalización que el juez debe hacer a la imputación jurídica que hace el fiscal en las alegaciones para aprobar solamente las que no agravan la situación jurídica del procesado, iii) o también cuando se ha reconocido que la facultad de acusación del Fiscal no es omnímoda, pues la Sala de Casación Penal en el radicado 39.892 (06-02-2013), ha admitido que el Agente del Ministerio Público excepcionalmente tiene la potestad de oponerse a las formas de justicia consensuada cuando “desconozcan derechos fundamentales”, al contrariar el orden jurídico interno, internacional humanitario, o constituyan infracciones graves a los derechos humanos conforme al Bloque de Constitucionalidad, la Carta Política y la Ley.
Al generalizarse que el juez no puede hacer control a la imputación jurídica que haga el fiscal, se tendría que admitir entonces que las demás partes o intervinientes carecen de interés jurídico para impugnar o interponer los recursos ordinarios o el extraordinario de casación y cuyo objeto sea corregir errores en el nomen iuris, por más aberrantes que sean las actuaciones del fiscal en esa materia, situación que además de injusta y generar impunidad desconoce los principios que estructuran la Carta Política y la Ley 906 de 2004.
La justicia que debe administrar el juez es la material, no la formal, está última no satisface ese fin esencial del Estado ni el interés general de la sociedad y menos el individual en el caso concreto de las partes e intervinientes. Esta es la razón por la que se justifica que se deba ejercer control material en casos como los que se citan a continuación y que han sido de ocurrencia en el medio judicial, a quienes además de errar en la estricta tipicidad en la imputación o el preacuerdo se les ha otorgado la rebaja de hasta un 50% de la pena por haberse acogido a una forma de terminación anticipada del proceso: i) Se preacuerde responsabilidad por complicidad para una persona que ha sido coautora de un acceso carnal violento, ii) Se pida condena por concierto para delinquir a quien debe responder por rebelión, iii) Se juzgue y sancione a petición de la fiscalía por estafa a una persona que ha sido autor material de peculado por apropiación, iv) Se pacte entre el procesado y la defensa condena por varios delitos y se otorgue un sustituto penal expresamente prohibido por la ley en el aspecto objetivo, entre otros.
El deber del Fiscal de hacer una calificación jurídica de los hechos conforme a la ley penal preexistente y aplicable, de tal forma que obedezca a la estricta tipicidad y la obligación del juez de hacer control material a esa tarea del ente acusador y aprobar solamente los cargos, los allanamientos o los preacuerdos que respeten las garantías fundamentales de todas las partes e intervinientes del proceso, son problemas jurídicos resueltos con las sentencias de constitucionalidad C- 516 y C-1260 de 2007 y C-059 de 2010, por lo que no es dable desatender estas decisiones con argumentos propios de la justicia formal e interpretaciones de rango legal, las que se deben hacer prevalecer por sobre la justicia material, la Carta Política y los fallos de exequibilidad.
El juez ejerce el control constitucional y material para salvaguardar garantías a las partes e intervinientes sobre los hechos comunicados y probados por el Fiscal en la actuación, por lo tanto son infundados los reparos que pretenden señalar que en tales casos el juez impone en el proceso su teoría del caso, o su particular criterio sobre los hechos, o que el operador judicial interfiera el programa metodológico o que se abrogue facultades oficiosas en materia probatoria. Tampoco, en este caso el juez usurpa la función del Fiscal, porque si bien se le ha otorgado a éste la facultad de acusar, no se le ha dejado esa potestad para que la ejerza de cualquiera manera, a su antojo y arbitrariamente, se le ha condicionado para que lo haga ajustado a derecho y en este contexto tiene que hacerlo con apego a la estricta tipicidad y prestigio para la administración de justicia..."  Tomado de  http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2014_05_01_archive.html.
Última actualización el Domingo, 03 de Agosto de 2014 16:58
 
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