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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Responsables de fraude procesal no acceden a suspensión de ejecución de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los responsables de fraude procesal no pueden acceder al beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal (adicionado por el artículo 4º de la Ley 890 del 2004 y modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014).

 

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, ese subrogado se aplica a los delitos sancionados con penas que no excedan los cuatro años de prisión, monto inferior al fijado para ese punible, que se castiga con prisión de 6 a 12 años. No obstante, aclaró que este tipo penal sí da lugar a la detención domiciliaria, pues la Ley 1709 del 2014, en su artículo 23, permite otorgarla cuando la pena mínima prevista sea de ocho años o menos.

 

La Corte recordó que, a través de esta conducta, el sujeto activo se propone obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, valiéndose de un instrumento fraudulento, para inducir en error al servidor público que tiene capacidad para decidir el asunto sometido a trámite.

 

En estos casos, agregó, cobran importancia los medios engañosos empleados para desfigurar o alterar la verdad y conseguir que el funcionario, convencido de la seriedad o autenticidad de lo acreditado, incurra en acciones que lo puedan conducir a emitir una determinación falsa y contraria a la ley.

 

En el asunto analizado, la acusada se valió de unas declaraciones extrajuicio falsificadas, para engañar a los servidores públicos del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la que no tenía derecho, porque no gozaba de la calidad de beneficiaria.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16843 (41360), dic. 10/14, M. P. Eyder Patiño Cabrera)..."

 

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:25
 
Configuración de porte de armas de fuego requiere probar la falta de autorización PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:19

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la materialidad del delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones exige al fiscal demostrar que el procesado no era titular del permiso de la autoridad competente que lo habilitara para ello.

 

De acuerdo con el alto tribunal, la acreditación de ese elemento normativo no está tarifada legalmente, ya que puede demostrarse con cualquier medio probatorio que no viole la dignidad humana, en virtud del principio de libertad probatoria.

 

Sin embargo, eso no significa que el juez pueda suponerlo ni deducirlo a través de juicios lógicos o las reglas de la experiencia, porque esto violaría la presunción de inocencia, aclaró la sentencia.

 

Por tanto, no basta verificar la mera posesión o tenencia del arma o la munición para asumir que la persona carece de dicha autorización, pues esto solo puede concluirse, si en el juicio oral se introduce prueba de ello o al menos existe estipulación de las partes en ese sentido, agregó.

 

Motivación

 

El fallo reiteró la obligación de los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, lo cual es elemento esencial de los derechos al debido proceso y de defensa y, además, permite controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la imparcialidad y amparar el principio de legalidad.

 

Justamente, esa es la forma en que el juzgador da a conocer los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos que sustentan sus providencias, lo que permite ejercer el derecho de contradicción por parte de cualquiera de los sujetos procesales intervinientes e identificar los puntos que generan discrepancia para impugnarlos, señaló la Corte.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-15925 (43385), nov. 20/14, M. P. Fernando Castro).."

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:22
 
Simulación es medio idóneo para configurar el fraude procesal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Martes, 10 de Febrero de 2015 01:15

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Aunque la simulación absoluta o relativa es una figura jurídica permitida en el Derecho Civil, acudir a la jurisdicción o a la administración para derivar derechos del negocio aparente o ficto puede ser un medio idóneo para llevar al error al servidor público con el fin de obtener decisiones contrarias a la ley, es decir, configurar el delito de fraude procesal, advirtió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

De acuerdo con el alto tribunal, presentar para cobro judicial unas letras de cambio que no corresponden a un negocio verdadero es una conducta que tipifica dicho punible, pues en realidad no contienen una obligación, clara, expresa y exigible, en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

 

Además, esa actuación facilita que el juez libre mandamiento de pago, dicte medidas cautelares, emita sentencia y liquide el crédito, a pesar de que esos títulos valores son ficticios y no reales, explicó.

 

Según el fallo, esta conducta burla y deslegitima la administración de justicia, porque se utiliza para actos perversos, contrarios a la verdad, rectitud, probidad, buen crédito, imparcialidad, objetividad y demás valores y principios que fundamentan la actividad jurisdiccional y administrativa.

Coautoría

La providencia recuerda que el ilícito es de mera conducta y se consuma, aunque no se obtenga el resultado querido, teniendo en cuenta que sus efectos perduran en el tiempo mientras el mecanismo fraudulento incida en el actuar del funcionario.

 

Por otro lado, aclaró que la materialización de ese delito requiere ejecutar actos previos para estructurar el medio engañoso, lo que puede ser realizado, previo acuerdo, por persona diferente a la que acude a la autoridad.

 

En el caso estudiado, la Corte reprochó que una persona instaurara un proceso ejecutivo para cobrar 40 letras de cambio, las cuales no contenían una obligación real, ya que se emitieron para aparentar la legalidad de la compraventa simulada de un inmueble y, así, perjudicar a un banco.

 

De esa forma, endilgó la coautoría del fraude a la otra parte que simuló el contrato, pese a que esta no participó en los trámites judiciales, pero sí suscribió las letras, lo que evidenció la división de tareas y roles, de manera que sin su contribución, el hecho punible no se habría realizado.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16148 (41111), nov. 24/14, M. P. Eugenio Fernández).."

Última actualización el Martes, 10 de Febrero de 2015 01:31
 
Cuando se usa violencia contra los menores, no son actos sexuales ni acceso canal abusivo, sino ACCESO CARNAL VIOLENTO O ACTO SEXUAL VIOLENTO con los agravantes respectivos. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 10 de Febrero de 2015 01:35

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. Aprobado Acta No. 239. Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil doce.Radicado.38.857.

"... Efectivamente, en el caso examinado a la Corte no le cabe duda, y en ello concuerda con la postura del fiscal del caso, de que el hecho investigado en lo que respecta al acceso carnal perpetrado sobre la menor H.V.R.A., configura un acceso carnal violento y no abusivo.

En efecto, no puede soslayarse, tal como lo declaró la menor desde el comienzo de la investigación, que su padre la amenazaba de diversas formas, incluso utilizaba la fuerza, para doblegarla sexualmente.

 

"...A no dudarlo, entonces, los accesos carnales se perpetraban mediante violencia, no solo física, sino también moral, puesto que la menor ofendida siempre era amenazada por su padre victimario con alguna eventualidad y además era reprendida verbalmente, por el hecho de que “nunca quería”, quedando así de manifiesto que los encuentros sexuales jamás fueron consentidos por la niña.

Sobre el ingrediente normativo de la violencia, la Corte ha sostenido que en conductas como las de acceso carnal violento, la ejercida por el autor de la conducta puede ser de índole física o moral, explicando que:

La primera se presenta si durante la ejecución del injusto el sujeto activo se vale de cualquier vía de hecho o agresión contra la libertad física o la libertad de disposición del sujeto pasivo o de terceros, que dependiendo las circunstancias de cada situación en particular resulte suficiente a fin de vencer la resistencia que una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al comportamiento desplegado.

La violencia moral, en cambio, consiste en todos aquellos actos de intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el resultado típico, que no implican el despliegue de fuerza física en los términos considerados en precedencia, pero que tienen la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que ésta acceda a las exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados[1].

Aquí no solo se desplegaba violencia física en algunos eventos, como que el padre sometía fuertemente a su hija cogiéndola de las manos, sino también moral, puesto que la amenazaba con hechos que tenían la capacidad suficiente para influenciarla, los cuales involucraban la afectación a otros derechos de ella y las restantes integrantes de la familia.

En este orden de ideas, si el fiscal a lo largo del proceso sostuvo que se cometió una conducta punible de acceso carnal violento, fue porque se soportó en los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recaudadas en la investigación, las cuales fueron incorporadas posteriormente como pruebas en el juicio oral..."



[1] Sentencias de 23 de enero de 2008 y 23 de septiembre de 2009, Radicados Nos. 20.413 y 23.508, respectivamente.

Última actualización el Martes, 10 de Febrero de 2015 01:42
 
Corte declara constitucional seguimiento al indiciado PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Viernes, 06 de Febrero de 2015 15:07

Tomado de www.ambitojuridico.com.

"..La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequible la expresión “el fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial”, contenida en el artículo 54 de la Ley 1453 del 2011.

 

En opinión de la Corte, el derecho a la intimidad no es absoluto y puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores. Además, recordó que la vigilancia y el seguimiento del indiciado permiten obtener y  asegurar las pruebas de una conducta punible, tal como ocurre en numerosas legislaciones penales del mundo.

 

Estas medidas, explicó, tienen un alcance limitado y específico sobre eventos que no afectan el núcleo esencial del derecho a la intimidad. Por lo tanto, constituyen un medio menos restrictivo que otros mecanismos para la obtención de pruebas, como el allanamiento o la interceptación de comunicaciones, y están sometidas a controles y restricciones, como la motivación razonable de la decisión y el límite temporal de un año, vencido el cual se debe cancelar la orden de vigilancia, si no se obtiene ningún resultado.

(Corte Constitucional, Sentencia C-881, nov. 19/14, M. P. Jorge Ignacio Pretelt)..".

Última actualización el Viernes, 06 de Febrero de 2015 15:09
 
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