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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Precisiones sobre el delito de estafa en materia de incumplimiento contractual PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:34

Tomado de www.AMBITOJURIDICO.COM

 

"...Frente a la configuración del delito estafa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que un contrato, como fuente de contraprestaciones de contenido económico, eventualmente, puede esconder o servir como una modalidad de engaño. (Lea: No se requiere querella para iniciar la acción penal por estafa agravada)

 

Ello si se tiene en cuenta que una parte puede inducir en error a la otra frente a cualquiera de los elementos de la respectiva obligación (capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos), con el ánimo de obtener así un provecho patrimonial ilícito con perjuicio correlativo. (Lea: Ni querella, ni conciliación previa constituyen hechos relevantes de imputación, acusación o sentencia)

 

No obstante, concluyó la Sala, ello no ocurre cuando esa lesión y ganancia análogas sobrevienen a raíz del incumplimiento, no precedido de engaño, de las cláusulas inherentes al contrato.

 

De igual manera, en la sentencia se destacan los cuatro elementos estructurales de esta conducta, los cuales son:

 

  1. El despliegue de artificios o engaños sobre un tercero.
  2. Que por causa directa y consecuencial de esos artilugios este incurra en un error.
  3. Que a raíz del error la víctima voluntariamente se desprenda de su patrimonio o de parte de este.
  4. Que quien desplegó la maquinación artificiosa o fraudulenta logre para sí, o para otro, un beneficio económico correlativo.

 

Así mismo, la sala concluyó diciendo que la ausencia de alguno de esos requisitos impide la adecuación de un determinado suceso en la hipótesis delictiva de estafa, como igual sucederá si los actos previos a la obtención del provecho patrimonial no conducen de manera incuestionable uno al otro, o se presentan en un orden distinto al relacionado, o la cadena causal se rompe, trastoca o invierte, como lo ha puntualizado la jurisprudencia de la Corte. (M.P. Eugenio Fernández Carlier). (Lea: Conozca las causas de alteración de la ecuación contractual provenientes de la Administración y externos)

 

(CSJ Sala Penal, Sentencia SP80602017 (41320), 07/06/2017 )...."

Última actualización el Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:40
 
Autoridades no pueden forzar declaraciones, inclusive ante la existencia de un delito contra un menor PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:24

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional precisó que la garantía de no incriminación se concreta en la prohibición absoluta a las autoridades públicas de forzar declaraciones, ya sea por vías directas o por medios indirectos, en contra del cónyuge, compañero permanente o familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Lo anterior incluso ante la existencia de un deber de denunciar las conductas punibles cuando el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad y se afecte su vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual. (Lea: Exoneración del deber de denuncia no aplica a delitos contra menores)

Ello toda vez que resulta inconstitucional establecer sanciones u otras consecuencias adversas para quien se abstiene de declarar en contra de personas dentro de los grados de parentesco indicados, explicó el fallo.

A esa conclusión llegó la corporación luego de resaltar que los deberes consagrados en el artículo 44 (derechos fundamentales de los niños),  el numeral 2 del artículo 95 (principio de solidaridad social) y el numeral 7 del mismo artículo (colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia) de la Constitución Política establecen la obligación de declarar y denunciar las conductas punibles cuando el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad y se afecte su vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual.

Sin embargo, aunque no es constitucional negar la existencia de dicho deber en cabeza del familiar del victimario, su incumplimiento no tiene una consecuencia jurídica en el ordenamiento legal y tampoco podría tenerla en virtud de la garantía de no incriminación.

Caso concreto

Un fiscal seccional acusó a un ciudadano como posible autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El delito fue presuntamente cometido en contra de su cuñada de 13 años, para la fecha de los hechos. (Lea: Demandan apartes de norma sobre confesión por apoderado judicial)

En el desarrollo del juicio oral, el juez de conocimiento aceptó la solicitud de la madre de la víctima de abstenerse de declarar en contra de su yerno en virtud del artículo 33 de la Constitución Política.

Al respecto, el fiscal seccional presentó recurso de apelación contra dicha decisión, argumentando que el juez desconoció la inaplicabilidad de la disposición de no incriminación en procesos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

Con base en ello, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín se abstuvo de resolver la impugnación al considerar que la decisión controvertida era una orden judicial y no un auto, de modo que no procedía recurso alguno.

Teniendo en cuenta las explicaciones brindadas, el alto tribunal dispuso confirmar los fallos proferidos dentro del proceso iniciado por el fiscal seccional del caso (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Corte Constitucional, Sentencia T- 321, May. 12/17..."

Última actualización el Jueves, 21 de Septiembre de 2017 14:27
 
Recuerdan estructuración del delito de concusión PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Lunes, 11 de Septiembre de 2017 16:05

Tomado de www.ambitojuridico.com.

"...Al desatar varios recursos de apelación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó la estructuración del delito de concusión. Inicialmente, el fallo indicó que el diseño de ese tipo delictivo exige la concurrencia de los siguientes elementos:

(i)Sujeto activo calificado (servidor público),

(ii)El abuso del cargo o de las atribuciones,

(iii)La ejecución de cualquiera de los verbos: constreñir, inducir o solicitar un beneficio o utilidad indebidas y

(iv)La relación de causalidad entre el acto del servidor público y la promesa de dar o entregar el dinero o la utilidad indebidos.

Por otra parte, advirtió que el sujeto activo debe ser un servidor público que abuse del cargo o de sus funciones y se presenta cuando al margen de los mandatos constitucionales y legales concernientes a la organización, estructura y funcionamiento de la administración pública constriñe, induce o solicita a alguien dar o prometer una cosa. (Lea: Un solo testigo es suficiente para atribuir responsabilidad penal por concusión)

Sumado a ello, explicó que frente a cualquier modalidad ejecutada por el autor es indispensable la concurrencia del elemento subjetivo predicable de la víctima, esto es, el “metus publicae potestatis” que lleva a la víctima a rendirse a las pretensiones del agente. Se ve obligada a pagar o prometer el dinero o la utilidad indebidos por el temor del poder público.

Si el medio utilizado no es idóneo, por cuanto la víctima no comprende fácilmente que no posee otra alternativa diferente a ceder a la ilegal exacción o asumir los perjuicios nacidos de su negativa, el delito no alcanza su configuración, agregó el fallo. (Lea: El caso de la banda que utilizó a falsa juez para estafar en remates judiciales)

También, aseguró que el elemento material de la concusión está representado por la promesa o la entrega de dinero o cualquier otra utilidad. Como es un delito de conducta alternativa, se consuma con la ejecución de cualquiera de estas dos modalidades (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-78302017 (46165), Jun. 1/17..."

Última actualización el Lunes, 11 de Septiembre de 2017 16:08
 
Conozca las diferencias sustanciales entre el delito de exacción y extorsión PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Lunes, 11 de Septiembre de 2017 16:09

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó los elementos de las conductas punibles de exacción y extorsión y sus diferencias sustanciales.

Exacción

Este delito se encuentra estipulado en el Libro II, Título II, artículo 163 de la Ley 599 de 2000 dentro de los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y precisa que: “El que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá en prisión…”.

Extorsión

Por su parte, esta conducta se encuentra en el Libro II, Título III, Capítulo II, artículo 244 ídemdentro de los delitos contra el patrimonio económico y establece que: “El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión…”.

Conforme lo anterior, los delitos de exacción y extorsión aseguran diversos bienes jurídicos, el primero las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el segundo el patrimonio económico, pero el fallo advierte que la exacción cuenta con mayor riqueza en orden a recoger los comportamientos que motivaron este proceso. (Lea: Extorsión y sextorsión)

Contexto

A diferencia de la extorsión que no precisa de un contexto específico, la exacción debe realizarse con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, de modo que asegura a las personas protegidas por el DIH, esto es, aquellas que no intervienen en una contienda armada (interna o internacional), en aplicación del principio de distinción. Por cuanto, el propósito central no es conceder o reconocer derechos a los contendientes en el conflicto, sino proteger a la población civil que se encuentra en medio del mismo. (Lea: Eje de política de seguridad en el 2017 será el combate a microtráfico: Fiscalía)

Sujeto activo

También, en contraste con la conducta de extorsión que tiene sujeto activo indeterminado, el autor en la exacción es calificado en cuanto debe corresponder a uno o varios miembros de los grupos en contienda de manera que involucra a quienes tienen la condición de combatientes regulares o no.

Contribución

En la exacción, la contribución debe ser impuesta arbitrariamente, es decir, se trata de crear una obligación sin fundamento, despóticamente, ajena a una simple y llana sugerencia o recomendación, usualmente establecida con cierta periodicidad. (Lea: IMPORTANTE: Conozca el nuevo sistema para presentar denuncias virtuales)

Sin embargo, la Sala aclaró que si el delito de exacción sanciona a quien imponga “contribuciones arbitrarias”, no se trata de un proceder único que recae sobre un individuo, como ocurre en la extorsión, sino plural dirigido contra un colectivo de sujetos pasivos.

Ejemplo

Si una persona exige a una madre dinero a cambio de no causar la muerte a su hijo y lo consigue, comete el delito de extorsión. Y, si realiza la misma conducta respecto de otra progenitora y obtiene su propósito, habrá cometido un concurso de 2 extorsiones consumadas.

Por el contrario, si un miembro de un grupo ilegal involucrado en el conflicto armado interno impone a los comerciantes de una población el pago de unas contribuciones “vacunas” para sufragar las finalidades de su agrupación, a cuyo pago acceden, comete el punible de exacción (M.P.  Luis Antonio Hernández Barbosa)

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-118302017 (48431), Ago. 9/17)...."

Última actualización el Lunes, 11 de Septiembre de 2017 16:12
 
Fijan procedimiento para controlar conversión de la acción penal bajo la figura del acusador privado PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Martes, 29 de Agosto de 2017 23:09

Tomado de www.ambitojuridico.com ."...La Fiscalía General de la Nación señaló que la acción penal privada implica el ejercicio de una función pública transitoria.

 

En consecuencia, el abogado del acusador privado estará sometido al mismo régimen disciplinario y de responsabilidad penal que se aplica para los fiscales.

 

Así, solo se podrá solicitar la conversión respecto de aquellas conductas que deben ser tramitadas por el procedimiento abreviado previsto en el Libro VIII de la Ley 906 del 2004, con excepción de aquellas que atenten contra bienes del Estado y de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

 

La decisión aplicará para todos los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1826 del 2017, así como para los que fueron cometidos con anterioridad y respecto de los que no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la Ley 906.

 

También se reguló en la Resolución 2417 lo pertinente a la solicitud y requisitos de admisión de la conversión, el procedimiento para resolverla y las causales de negación.

 

De igual manera, se definió lo atinente a la procedencia de reversión de la acción penal.

 

Por último, se estableció un plan de descentralización gradual para la construcción y aplicación de directrices para el desarrollo de la figura.

 

Fiscalía General de la Nación, Resolución 2417, 11/07/2017...."

Última actualización el Martes, 29 de Agosto de 2017 23:10
 
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