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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Retroceder actuaciones cumplidas en proceso de violencia intrafamiliar vulnera principio de preclusión PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Martes, 24 de Febrero de 2015 15:53

 

Tomado de  www.ambitojuridico.com:

"...El hecho de retroceder las actuaciones fenecidas o cumplidas para revisar si fueron acertadas o se realizó la interpretación más adecuada vulnera el principio de preclusión, la seguridad del orden jurídico procesal, la celeridad y el derecho a la igualdad, advirtió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Con este argumento, la corporación amparó los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la vida digna de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, luego de que el juez que llevaba el caso dejara sin efectos las medidas de protección que había decretado a su favor una comisaría de familia.

 

Al revisar el expediente, la Corte encontró que la comisaría impuso las medidas previstas en las leyes 294 de 1996575 del 20001257 del 2008, al identificar con claridad y precisión que existían vestigios de violencia hacían procedente al amparo, lo que se reafirmó con el incidente de desacato y la medida sancionatoria confirmada en sede de consulta, en el efecto devolutivo.

 

En este contexto, recordó que los artículos 4º y 5º de la Ley 575, que modificaron los artículos 7º y 9º de la Ley 294, señalan que el incumplimiento de las medidas de protección, por la primera vez, da lugar a imponer una multa de dos a 10 salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco días siguientes a su imposición.

 

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 572, en su inciso segundo, señala que las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se impondrán en audiencia, que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a su solicitud, luego de practicar las pruebas pertinentes y una vez oídos los descargos de la parte acusada.

 

No obstante, cuando, a juicio del comisario, sea necesario ordenar el arresto, se le pedirá al juez de familia o promiscuo de familia (o en su defecto, al civil municipal o promiscuo) que expida la orden correspondiente, lo que deberá decidir dentro de las 48 horas siguientes.

 

Finalmente, indicó que el castigo puede ser reformado por el juzgado municipal facultado para resolver si avala o no lo solicitado por la comisaria, pues a esta, como autoridad administrativa, le está vedado imponer penas correctivas que entrañen la privación de la libertad.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia STC-1261 (15001221300020140051101), feb. 12/15, M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez)...".

 

Última actualización el Martes, 24 de Febrero de 2015 15:55
 
Responsables de fraude procesal no acceden a suspensión de ejecución de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los responsables de fraude procesal no pueden acceder al beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal (adicionado por el artículo 4º de la Ley 890 del 2004 y modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014).

 

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, ese subrogado se aplica a los delitos sancionados con penas que no excedan los cuatro años de prisión, monto inferior al fijado para ese punible, que se castiga con prisión de 6 a 12 años. No obstante, aclaró que este tipo penal sí da lugar a la detención domiciliaria, pues la Ley 1709 del 2014, en su artículo 23, permite otorgarla cuando la pena mínima prevista sea de ocho años o menos.

 

La Corte recordó que, a través de esta conducta, el sujeto activo se propone obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, valiéndose de un instrumento fraudulento, para inducir en error al servidor público que tiene capacidad para decidir el asunto sometido a trámite.

 

En estos casos, agregó, cobran importancia los medios engañosos empleados para desfigurar o alterar la verdad y conseguir que el funcionario, convencido de la seriedad o autenticidad de lo acreditado, incurra en acciones que lo puedan conducir a emitir una determinación falsa y contraria a la ley.

 

En el asunto analizado, la acusada se valió de unas declaraciones extrajuicio falsificadas, para engañar a los servidores públicos del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la que no tenía derecho, porque no gozaba de la calidad de beneficiaria.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16843 (41360), dic. 10/14, M. P. Eyder Patiño Cabrera)..."

 

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:25
 
Cuando se usa violencia contra los menores, no son actos sexuales ni acceso canal abusivo, sino ACCESO CARNAL VIOLENTO O ACTO SEXUAL VIOLENTO con los agravantes respectivos. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 10 de Febrero de 2015 01:35

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. Aprobado Acta No. 239. Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil doce.Radicado.38.857.

"... Efectivamente, en el caso examinado a la Corte no le cabe duda, y en ello concuerda con la postura del fiscal del caso, de que el hecho investigado en lo que respecta al acceso carnal perpetrado sobre la menor H.V.R.A., configura un acceso carnal violento y no abusivo.

En efecto, no puede soslayarse, tal como lo declaró la menor desde el comienzo de la investigación, que su padre la amenazaba de diversas formas, incluso utilizaba la fuerza, para doblegarla sexualmente.

 

"...A no dudarlo, entonces, los accesos carnales se perpetraban mediante violencia, no solo física, sino también moral, puesto que la menor ofendida siempre era amenazada por su padre victimario con alguna eventualidad y además era reprendida verbalmente, por el hecho de que “nunca quería”, quedando así de manifiesto que los encuentros sexuales jamás fueron consentidos por la niña.

Sobre el ingrediente normativo de la violencia, la Corte ha sostenido que en conductas como las de acceso carnal violento, la ejercida por el autor de la conducta puede ser de índole física o moral, explicando que:

La primera se presenta si durante la ejecución del injusto el sujeto activo se vale de cualquier vía de hecho o agresión contra la libertad física o la libertad de disposición del sujeto pasivo o de terceros, que dependiendo las circunstancias de cada situación en particular resulte suficiente a fin de vencer la resistencia que una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al comportamiento desplegado.

La violencia moral, en cambio, consiste en todos aquellos actos de intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el resultado típico, que no implican el despliegue de fuerza física en los términos considerados en precedencia, pero que tienen la capacidad de influir de tal manera en la víctima para que ésta acceda a las exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados[1].

Aquí no solo se desplegaba violencia física en algunos eventos, como que el padre sometía fuertemente a su hija cogiéndola de las manos, sino también moral, puesto que la amenazaba con hechos que tenían la capacidad suficiente para influenciarla, los cuales involucraban la afectación a otros derechos de ella y las restantes integrantes de la familia.

En este orden de ideas, si el fiscal a lo largo del proceso sostuvo que se cometió una conducta punible de acceso carnal violento, fue porque se soportó en los elementos materiales probatorios y evidencias físicas recaudadas en la investigación, las cuales fueron incorporadas posteriormente como pruebas en el juicio oral..."



[1] Sentencias de 23 de enero de 2008 y 23 de septiembre de 2009, Radicados Nos. 20.413 y 23.508, respectivamente.

Última actualización el Martes, 10 de Febrero de 2015 01:42
 
Configuración de porte de armas de fuego requiere probar la falta de autorización PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:19

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la materialidad del delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones exige al fiscal demostrar que el procesado no era titular del permiso de la autoridad competente que lo habilitara para ello.

 

De acuerdo con el alto tribunal, la acreditación de ese elemento normativo no está tarifada legalmente, ya que puede demostrarse con cualquier medio probatorio que no viole la dignidad humana, en virtud del principio de libertad probatoria.

 

Sin embargo, eso no significa que el juez pueda suponerlo ni deducirlo a través de juicios lógicos o las reglas de la experiencia, porque esto violaría la presunción de inocencia, aclaró la sentencia.

 

Por tanto, no basta verificar la mera posesión o tenencia del arma o la munición para asumir que la persona carece de dicha autorización, pues esto solo puede concluirse, si en el juicio oral se introduce prueba de ello o al menos existe estipulación de las partes en ese sentido, agregó.

 

Motivación

 

El fallo reiteró la obligación de los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, lo cual es elemento esencial de los derechos al debido proceso y de defensa y, además, permite controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la imparcialidad y amparar el principio de legalidad.

 

Justamente, esa es la forma en que el juzgador da a conocer los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos que sustentan sus providencias, lo que permite ejercer el derecho de contradicción por parte de cualquiera de los sujetos procesales intervinientes e identificar los puntos que generan discrepancia para impugnarlos, señaló la Corte.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-15925 (43385), nov. 20/14, M. P. Fernando Castro).."

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:22
 
Simulación es medio idóneo para configurar el fraude procesal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Martes, 10 de Febrero de 2015 01:15

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Aunque la simulación absoluta o relativa es una figura jurídica permitida en el Derecho Civil, acudir a la jurisdicción o a la administración para derivar derechos del negocio aparente o ficto puede ser un medio idóneo para llevar al error al servidor público con el fin de obtener decisiones contrarias a la ley, es decir, configurar el delito de fraude procesal, advirtió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

De acuerdo con el alto tribunal, presentar para cobro judicial unas letras de cambio que no corresponden a un negocio verdadero es una conducta que tipifica dicho punible, pues en realidad no contienen una obligación, clara, expresa y exigible, en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

 

Además, esa actuación facilita que el juez libre mandamiento de pago, dicte medidas cautelares, emita sentencia y liquide el crédito, a pesar de que esos títulos valores son ficticios y no reales, explicó.

 

Según el fallo, esta conducta burla y deslegitima la administración de justicia, porque se utiliza para actos perversos, contrarios a la verdad, rectitud, probidad, buen crédito, imparcialidad, objetividad y demás valores y principios que fundamentan la actividad jurisdiccional y administrativa.

Coautoría

La providencia recuerda que el ilícito es de mera conducta y se consuma, aunque no se obtenga el resultado querido, teniendo en cuenta que sus efectos perduran en el tiempo mientras el mecanismo fraudulento incida en el actuar del funcionario.

 

Por otro lado, aclaró que la materialización de ese delito requiere ejecutar actos previos para estructurar el medio engañoso, lo que puede ser realizado, previo acuerdo, por persona diferente a la que acude a la autoridad.

 

En el caso estudiado, la Corte reprochó que una persona instaurara un proceso ejecutivo para cobrar 40 letras de cambio, las cuales no contenían una obligación real, ya que se emitieron para aparentar la legalidad de la compraventa simulada de un inmueble y, así, perjudicar a un banco.

 

De esa forma, endilgó la coautoría del fraude a la otra parte que simuló el contrato, pese a que esta no participó en los trámites judiciales, pero sí suscribió las letras, lo que evidenció la división de tareas y roles, de manera que sin su contribución, el hecho punible no se habría realizado.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16148 (41111), nov. 24/14, M. P. Eugenio Fernández).."

Última actualización el Martes, 10 de Febrero de 2015 01:31
 
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