company logo

Directorio de Enlaces

Comentarios

Visitante No.

Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Víctima no puede vetar preacuerdo: Corte Suprema PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 16 de Diciembre de 2014 16:59

Tomado de  www.ambitojuridico.com :

"..

 

La obligación, a cargo del fiscal, de convocar a la víctima a las conversaciones tendientes a la suscripción de un preacuerdo busca que esta conozca los criterios y las necesidades del mismo y, así, conciliar las posiciones en pugna. Sin embargo, el afectado carece de poder de veto sobre lo pactado, aclaró la Corte Suprema de Justicia.

 

La Sala Penal recordó que, excepcionalmente, el juez de conocimiento puede improbar el preacuerdo, cuando viole derechos fundamentales, lo cual debe ser objetivo y palpable. En su evaluación, agregó, no puede verificar que todas las partes e intervinientes estén satisfechos, pues la razón del preacuerdo “representa sacrificios más o menos tolerables del valor justicia, pero también de los principios de contradicción, doble instancia y el derecho de defensa”.

 

La Corte advirtió que la discusión debe plantearse en el seno de lo que el legislador estimó necesario como protocolo de justicia premial, en la Ley 906 del 2004, y, particularmente, a través de las finalidades que se cumplen con este tipo de terminaciones anticipadas del proceso.

 

“Por su naturaleza, el sistema acusatorio o de partes, delimitado dentro del principio de inmediación de pruebas, reclama del camino excepcional de la justicia premial, no solo porque ello, como reseña la normatividad, facilita la intervención de las partes en la solución del conflicto, sino, particularmente, en atención a que resulta imposible, en términos logísticos, adelantar juicios por todos y cada uno de los delitos objeto de denuncia o de conocimiento oficioso por las autoridades”, señaló.

 

En ese sentido, la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos entre los imputados y la Fiscalía no podrán comprometer la presunción de inocencia, y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permitan inferir la autoría o participación en la conducta, así como su tipicidad.

 

El fallo llama la atención de la Fiscalía General de la Nación, para que fije pautas precisas que les permitan a sus delegados ceñirse a estrictos criterios encaminados a cumplir los fines esenciales de ese instituto premial y, además, establezca mecanismos internos de verificación y control dirigidos a hacer efectivas esas directrices.

 

La magistrada María del Rosario González salvó el voto. A su juicio, ante la suscripción de un preacuerdo, el juez deberá velar por las garantías fundamentales de las partes e intervinientes y no únicamente del procesado.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-13939 (42184), oct. 15/14, M. P. Gustavo Malo).."

Última actualización el Martes, 16 de Diciembre de 2014 17:00
 
Estafa no se configura siempre que se incumple un contrato PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 16 de Diciembre de 2014 16:49

 

Tomado de  www.ambitojuridico.com:

"..Aunque frecuentemente los negocios jurídicos son utilizados como instrumento para estafar a las personas, no siempre quien incumple una obligación derivada de ellos debe ser sancionado penalmente, pues su actuar se enmarca en el ámbito estrictamente civil.

 

Así lo aseguró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que el contratante que incumple lo pactado procede de forma antijurídica, pero debido a la ultima ratio del Derecho Penal, ello no puede ser objeto del ius puniendi estatal.

 

En consecuencia, no se debe confundir el nexo de causalidad (engaño o inducción en error y provecho ilícito) que se debe dar en la configuración de tal punible con el existente entre el incumplimiento del deudor y el consecuente daño para el acreedor, precisó la corporación.

 

El provecho económico para una persona o la afectación en el patrimonio de otra no bastan para configurar ese ilícito, porque es necesario que previamente haya mediado el artificio, precisó. Así mismo, la inducción en error debe preceder al provecho ilícito y al daño, de lo contrario, el comportamiento es atípico, añadió.

 

Con esos argumentos, el alto tribunal absolvió al procesado, condenado inicialmente, al no probarse el engaño en la compra conjunta de un yate, sino un conflicto privado entre los socios.

 

El magistrado Eugenio Fernández salvó el voto y sostuvo que el procesado sí engañó a la víctima y lesionó el patrimonio de esta, teniendo en cuenta que “los contratos civiles no excluyen la ilicitud penal, cuando son utilizados como mampara para quebrantar la ley penal, esto es, el ocultamiento o la mentira en los negocios privados puede perfectamente constituir un medio de engaño propio del delito de estafa”.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-13691 (44504), oct. 8/14, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Martes, 16 de Diciembre de 2014 16:51
 
A LOS JUECES LES ES PROHIBIDO REALIZAR UN CONTROL MATERIAL FRENTE A UN PREACUERDO O ALLANAMIENTO A CARGOS PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 17:46

Tomado de  Derecho penal colombiano http://derechopenalydoctrina.blogspot.com/:

 

"...En sentencia de julio de 2014, la Corte Suprema, Sala Penal deja en claro una vez más, que le es vedado al Juez de Conocimiento hacer un control sobre la acusación realizada por la Fiscalía, pues ello desconoce toda la estructura del sistema penal acusatorio.


De allí, que en situaciones de preacuerdos o allanamiento a cargos, el Juez solo analizara si se respetaron las garantías fundamentales, mas nunca los delitos preacordados o aceptados, pues invadiría sin fundamentación legal, la facultad acusatoria de la Fiscalía.

Última actualización el Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 17:48
 
SENTENCIA COMPLETA CIDH DESAPARECIDOS PALACIO DE JUSTICIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 13 de Diciembre de 2014 20:45

Tomado de  derecho penal colombiano:

"..

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de noviembre de 2014, condena al Estado Colombiano por el desaparecimiento de civiles en el Palacio de Justicia en el año 1985.


Dice CIDH


El Estado es responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao y, por tanto, por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, contemplados en los artículos 7, 5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con el artículo I.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de dichas personas, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 225 a 324.

 

Última actualización el Sábado, 13 de Diciembre de 2014 20:48
 
SENTENCIA C-848 DE 2014. EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIA NO APLICA A DELITOS CONTRA MENORES PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:25

tomado de Derecho penal colombiano:

 

"...

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 68 de la Ley 906 del 2004 y el artículo 28 de la Ley 600 del 2000, que establecen la exoneración de formular denuncia contra el cónyuge, el compañero permanente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y civil o segundo de afinidad.
Sin embargo, condicionó la constitucionalidad a que dicha regla no aplica, cuando la víctima es un menor de edad y el delito afecta su vida, integridad personal, libertad física o formación sexual.
El alto tribunal, a través de un comunicado de prensa, señaló que la responsabilidad de dar a conocer a las autoridades los ilícitos cometidos contra los niños se deriva del interés superior de estos y del deber reforzado de la familia, la sociedad y el Estado de brindarles protección y asistencia.
Al respecto, destacó que los menores están en imposibilidad física, emocional y síquica de denunciar los punibles, especialmente si son realizados por familiares, debido a las relaciones de jerarquía y subordinación y los vínculos de amor, respeto y dependencia entre unos y otros.
Entonces, ese deber es el “mecanismo por excelencia para la activación de la administración de justicia y del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, resaltó la corporación.
Adicionalmente, las disposiciones estudiadas son compatibles con la garantía de no incriminación, teniendo en cuenta que versan sobre actuaciones que pueden desplegar las autoridades para obtener declaraciones incriminatorias y los derechos derivados de tal limitación, pero no sobre las excepciones al deber general de declarar, precisó.
Salvamentos
Los magistrados María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza y el conjuez Alfredo Beltrán salvaron el voto, al considerar que la Corte debió declarar la exequibilidad pura y simple de la norma.

En su opinión, el condicionamiento aprobado “no incrementa de manera significativa los niveles de protección legal de la infancia y adolescencia, en relación con los mecanismos ya existentes. En cambio, sí debilita en modo importante el sistema de garantías penales”.

tomado: ambitojuridico.com

Última actualización el Lunes, 01 de Diciembre de 2014 23:28
 
« InicioPrev31323334353637383940PróximoFin »

Página 38 de 65



Potenciado por Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.