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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Corte Suprema aclara aplicación de aumento de penas en homicidio de menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por e   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:06

 

tomado de www.ambitojuridico.com:

"....La Corte Suprema de Justicia determinó que el aumento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no procede frente al homicidio agravado de menores, cuando el imputado se ha allanado a los cargos.

 

Según la Sala Penal, lo que justifica la aplicación del aumento es evitar que quienes se acogen a sentencia anticipada obtengan penas irrisorias por la aceptación de sus delitos, beneficio al que no podría acogerse quien delinque contra menores, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006.

 

Así, pierde toda razón de ser el aumento, dado que esta última norma impide concederles rebaja de penas por preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía a quienes cometan homicidio o lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro en contra de niños y adolescentes.

 

“La aplicación del incremento punitivo de la Ley 890 de 2004 resulta improcedente, pues su finalidad no se halla justificada y constituye una intervención desproporcionada a su derecho fundamental a la libertad personal, como quiera que pese a la admisión de responsabilidad realizada por el procesado durante la audiencia de formulación de la imputación no se le disminuyó la pena, ni se le otorgó beneficio penal alguno”, precisó la Corte.

 

La Sala recordó cómo, con base en las mismas conclusiones, inaplicó, a partir de la Sentencia 33254 del 2013, el aumento de penas cuando los procesados se hubieran allanado a cargos por los delitos que, según el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 (sobre conductas relacionadas con el terrorismo), no tienen rebaja de penas.

 

“Al prohibir esta legislación la concesión de beneficios punitivos, eliminando cualquier tipo de efecto positivo sobre la pena para el procesado, el incremento no tendría razón, resultando excesiva su aplicación y, por tanto, también violatoria del principio de proporcionalidad de la sanción penal”, precisó la Sala.

 

La Corte agregó que el legislador ha abandonado premisas a su juicio vengativas sobre el juzgamiento y la sanción de las conductas delictivas, para ocuparse más cuidadosamente de que el castigo del Estado no exceda los límites eminentemente necesarios y justificados para prevenir la comisión de delitos.

 

El fallo destaca la necesidad de mantener el principio de proporcionalidad de la pena, tarea que, en criterio de la corporación, no solo radica en la labor legislativa, sino en la del juzgador, a quien le corresponde analizar, en cada caso, las consecuencias de las circunstancias de mayor y menor punibilidad.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-2196 (37671), mar. 4/15, M. P. Leonidas Bustos).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:07
 
INDEMNIZACION INTEGRAL NO OPERA PARA HURTO CALIFICADO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 16:59

tomado de www.ambitojuridico.com:

"...La reparación integral como causal de extinción de la acción penal (artículo 42 de la Ley 600 del 2000), que aplica a los casos tramitados por la Ley 906 del 2004, no procede en caso de hurto calificado.

Así lo advirtió  la Corte Suprema de Justicia, al señalar que al no ser un delito querellable y, con independencia de su cuantía, fue expresamente excluido por el legislador de esta posibilidad.

También, agregó que no es procedente la disminución punitiva consagrada en el artículo 269 del Código Penal.

 

Al respecto, precisó que este beneficio opera ante  los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal.

 

También, procede  en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias; en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico. En estos casos, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

 

Sin embargo, tal beneficio no opera ante los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.

 

En el caso concreto, aunque la víctima manifestó que se le repararon en su integridad los perjuicios ocasionados con el delito, para la Sala fue evidente  que ello no sucedió antes de dictarse la sentencia de primera instancia, que es el límite previsto por la disposición legal para acceder a la rebaja “de la mitad a las tres cuartas partes” de las penas.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-1896 (44779), 4/16/2015. M. P. Patricia Salazar Cuéllar)..."l

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:01
 
Así se debe fijar la condena si procede acumulación jurídica de penas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Lunes, 04 de Mayo de 2015 13:19

tomado de www.legismovil.com

"..Así se debe fijar la condena si procede acumulación jurídica de penas (9:10 a. m.)

La acumulación jurídica de penas (artículo 470 de la Ley 600 del 2000) procede para conductas conexas que se fallaron independientemente o cuando se profieren varias sentencias en diferentes procesos, para que se conviertan en una, única, indivisible y razonable pena dentro de los límites normativos. Así lo estableció la Corte Suprema al señalar que “la pena que debe fijarse al momento de la acumulación jurídica se deduce, por remisión, de los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia que va a ser unificada, sin acudir al sistema de cuartos”. En su opinión, la suma jurídica no se hace sobre las conductas punibles individualmente imputadas al condenado en los procesos objeto de acumulación, sino sobre las penas dosificadas en la forma y términos en que se haya dispuesto en las sentencias. Finalmente, aclaró que para establecer la pena más grave de las sentencias objeto de acumulación basta un simple ejercicio de comparación matemático entre las de igual naturaleza para saber cuál es la más grave y sobre la cual podrá aumentarse hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética (M. P. José Luis Barceló Camacho)..."

 

Última actualización el Lunes, 04 de Mayo de 2015 13:20
 
Credibilidad de testimonios de menores víctimas no exige precisión absoluta PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 16:33

Tomado de www.ambitojuridico.com:

 

"...Los testimonios de niños víctimas de delitos sexuales deben tenerse en cuenta y no rechazarse de plano, para lo cual se debe dilucidar la verdad, sin convertir las declaraciones en aspectos incontrovertibles, sino cotejándolas y concatenándolas con las demás pruebas.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que el relato de un niño sobre ese tipo de hechos “no tiene por qué ser concreto, claro, lógico, sucesivo, ordenado y coherente como condición para otorgarle valía, pues, por el contrario, ello supondría una indebida preparación, cual si se tratase de un libreto”.

 

De hecho, en estos casos, la narración de la víctima suele ser desordenada, confusa e incluso increíble, sin embargo, lo importante es que el juez pueda reconstruir el escenario y no se ate a nimiedades que conviertan el derecho a la presunción de inocencia en uno a la impunidad, resaltó la corporación.

 

En consecuencia, no se puede exigir que la declaración de un menor tenga precisión absoluta sobre el lugar de los acontecimientos ni la fecha de terminación del abuso.

 

‘In dubio pro reo’

 

Pretender que la demostración de la conducta humana investigada sea absoluta es un ideal imposible de alcanzar. Justamente, varios aspectos no logran ser cabalmente acreditados en el proceso, de forma que si estos son intrascendentes frente al conjunto probatorio, se consigue la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir una condena, precisó el fallo.

 

Por el contrario, cuando las cuestiones sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no son probadas, el juzgador está obligado a aplicar el principio de in dubio pro reo, explicó.

 

Con estos argumentos, el alto tribunal condenó a un hombre por la comisión del delito de acceso carnal violento agravado contra una niña, cuya custodia había sido entregada por el ICBF a la madre del agresor. Al respecto, la Corte aclaró que las incongruencias sin importancia señaladas por la víctima no desvirtúan la responsabilidad del victimario.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4316 (43262), abr. 16/15, M. P. María del Rosario González)...."

 

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 16:35
 
IMPUTACION DE PORTE ILEGAL ARMA, ASI NO SE INCAUTE, PERO QUE SE TENGA CERTEZA DE SU USO PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 15 de Abril de 2015 17:53

IMPUTACION DE  PORTE ILEGAL  ARMA, ASI NO SE INCAUTE, PERO QUE SE TENGA  CERTEZA DE SU USO (Disparos, heridas con arma fuego, impactos en objetos etc, vainillas)-

Proceso No.9094

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIVATE

SALA DE CASACION PENAL

Aprobado Acta No.81

Magistrado Ponente:            Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

Santa Fe de Bogotá, D. C., catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco.

“..Es pertinente advertir sí, que si se desconoce que un sujeto anda armado y sometido a requisa nada se le encuentra en su poder, pues obvio resulta que ningún delito podrá imputársele ante la total ausencia de prueba sobre el porte ilegal de armas. Pero cuando el porte del arma =o de cualquier sustancia prohibida= está plenamente demostrado, la simple circunstancia de que el sujeto logre deshacerse de ella y que por tanto, al ser requisado no se encuentre en su poder el elemento prohibido que inmediatamente antes del registro llevaba consigo, es un aspecto que en nada incide en la adecuación típica de esta conducta. Para la Sala, también se equivoca la libelista y con ella la Delegada, al sostener que la conducta delictiva no se configuró porque no se determinó si el arma que portaba el acusado era de defensa personal o de uso privativo de la Fuerza Pública….”

 

Última actualización el Miércoles, 15 de Abril de 2015 17:54
 
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