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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Corte suprema, casos en que se puede hablar de FEMINICIDIO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 12 de Marzo de 2015 00:35

Tomado de  www.ambitojuridico.com:

"...Cuando la subordinación y la discriminación de las que son víctimas las mujeres motivan su asesinato, este hecho delictivo constituye un feminicidio, indicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

El alto tribunal aclaró que no cualquier actuación en la que un hombre provoca la muerte de una mujer puede enmarcarse dentro de este tipo. Si la conducta está motivada por un sentimiento de dominación, debe considerarse que ocurre por el hecho de ser mujer, que es el agravante del homicidio contenido en el numeral 11 del artículo 104 de la Ley 599 del 2000, precisó.

 

De acuerdo con la Corte, los hechos frecuentes de violencia y agresiones que han puesto a la mujer en una situación marginal y de vulnerabilidad llevaron al legislador a establecer dicha causal, introducida al Código Penal mediante el artículo 26 de la Ley 1257 del 2008.

 

“Señalaron las senadoras y senadores que presentaron la iniciativa, por último, su anhelo de contribuir con esa ley ‘a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por su condición de mujeres, dada la gravedad de sus consecuencias sociales, económicas y, especialmente, sobre su vida y su salud”, recordó la Sala.

 

Además, para la Corte, se trata de una modificación estructural que se adecúa a los pronunciamientos de organismos multilaterales de justicia que han analizado la situación de la mujer como víctima frecuente de la violencia de género.

 

“Matar a una mujer porque quien lo hace siente aversión hacia las mujeres, no se duda, es el evento más obvio de un ‘homicidio de mujer por razones de género’ (…). Pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de dominación (público o privado) y donde la causa está asociada a la instrumentalización de que es objeto”, anotó el alto tribunal, al referirse a casos analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Según la Sala, hechos como el analizado, en el que hombre opta por asesinar a su pareja, para que esta “no sea de nadie más”, son el reflejo de una tradición machista que alimenta la idea de la superioridad de un género sobre otro.

 

“Este entorno de la violencia feminicida, que es expresión de una larga tradición de predominio del hombre sobre la mujer, es el que básicamente ha servido de apoyo al legislador para considerar más grave ese tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad y que se busca contrarrestar legítimamente con la medida de carácter penal examinada e igual con las demás de otra naturaleza adoptadas en la Ley 1257 de 2008”, señaló.

 

Para la corporación, los hechos de violencia y asedio que se producen en relaciones heterosexuales marcadas por este tipo de acontecimientos parten de la convicción del hombre de que la mujer es “suya”, luego sus reacciones se intensifican cuando adquiere conciencia de una eventual pérdida de su poder de dominación.

 

“El aumento en la intensidad de su asedio y agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de ‘pertenecerle’ y la muerte que al final le causa ‘para que no sea de nadie más’, claramente es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer o ‘por razones de género’”, sentenció.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-2190 (41457), mar. 4/15, M. P. Patricia Salazar)..."

Última actualización el Jueves, 12 de Marzo de 2015 00:38
 
La retención de personas en el delito de Hurto calificado y agravado CSJ PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 04 de Marzo de 2015 21:56

Radicado: 25316, Sentencia de Casación de 27 de octubre de 2008 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. En los delitos de hurto calificado y agravado, cuando se retiene a la víctima, mas allá de lo razonable, para la pretensión de despojarla de sus pertenencias, independientemente del tiempo que perdure esa retención, se configura el delito de secuestro simple, que se puede concursar con el delito inicial. “De la misma manera, no se exige como ingrediente de los tipos penales de secuestro que la privación de la libertad tenga una duración mínima determinada, es suficiente que se demuestre que la víctima permaneció efectivamente retenida en contra de su voluntad durante un lapso razonable para entender que los implicados le limitaron su libertad de locomoción, como facultad de desplazarse autónomamente.

Como lo ha dicho la Sala[4], esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del ilícito de hurto calificado por la violencia ejercida sobre las personas, en tanto éste comporta un contacto con la víctima que se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos personales, pero inmediatamente después puede continuar ejerciendo su derecho de locomoción”.

“Ha dicho la Corte, que los tiempos posteriores o adicionales al apoderamiento de los bienes que la víctima lleva consigo, en que permanezca retenida por acción de los involucrados en el delito, ya configuran el delito de secuestro, al implicar en si mismo un atentado contra la libertad individual, así esa retención se utilice para asegurar el producto del ilícito inicial o de otro ilícito, o para incrementar el botín a través de otro tipo de gestiones, o para facilitar la fuga, o para seguir cometiendo delitos diferentes, como ocurre en el caso del hurto calificado por la violencia cuando se continúa delinquiendo, utilizando elementos conseguidos con el primer despojo, todo mientras el sujeto pasivo de la delincuencia sigue sin poder moverse a su arbitrio porque la fuerza de los agresores se lo impide.

En cualquiera de estas hipótesis, como se acotó, si la víctima es retenida más allá de lo razonable al despojo de sus efectos personales, se configura el delito de secuestro, como atentado contra la libertad individual, como ocurre en el presente caso”

Última actualización el Miércoles, 04 de Marzo de 2015 21:57
 
Responsables de fraude procesal no acceden a suspensión de ejecución de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los responsables de fraude procesal no pueden acceder al beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal (adicionado por el artículo 4º de la Ley 890 del 2004 y modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014).

 

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, ese subrogado se aplica a los delitos sancionados con penas que no excedan los cuatro años de prisión, monto inferior al fijado para ese punible, que se castiga con prisión de 6 a 12 años. No obstante, aclaró que este tipo penal sí da lugar a la detención domiciliaria, pues la Ley 1709 del 2014, en su artículo 23, permite otorgarla cuando la pena mínima prevista sea de ocho años o menos.

 

La Corte recordó que, a través de esta conducta, el sujeto activo se propone obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, valiéndose de un instrumento fraudulento, para inducir en error al servidor público que tiene capacidad para decidir el asunto sometido a trámite.

 

En estos casos, agregó, cobran importancia los medios engañosos empleados para desfigurar o alterar la verdad y conseguir que el funcionario, convencido de la seriedad o autenticidad de lo acreditado, incurra en acciones que lo puedan conducir a emitir una determinación falsa y contraria a la ley.

 

En el asunto analizado, la acusada se valió de unas declaraciones extrajuicio falsificadas, para engañar a los servidores públicos del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la que no tenía derecho, porque no gozaba de la calidad de beneficiaria.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16843 (41360), dic. 10/14, M. P. Eyder Patiño Cabrera)..."

 

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:25
 
Retroceder actuaciones cumplidas en proceso de violencia intrafamiliar vulnera principio de preclusión PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Martes, 24 de Febrero de 2015 15:53

 

Tomado de  www.ambitojuridico.com:

"...El hecho de retroceder las actuaciones fenecidas o cumplidas para revisar si fueron acertadas o se realizó la interpretación más adecuada vulnera el principio de preclusión, la seguridad del orden jurídico procesal, la celeridad y el derecho a la igualdad, advirtió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

 

Con este argumento, la corporación amparó los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la vida digna de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, luego de que el juez que llevaba el caso dejara sin efectos las medidas de protección que había decretado a su favor una comisaría de familia.

 

Al revisar el expediente, la Corte encontró que la comisaría impuso las medidas previstas en las leyes 294 de 1996575 del 20001257 del 2008, al identificar con claridad y precisión que existían vestigios de violencia hacían procedente al amparo, lo que se reafirmó con el incidente de desacato y la medida sancionatoria confirmada en sede de consulta, en el efecto devolutivo.

 

En este contexto, recordó que los artículos 4º y 5º de la Ley 575, que modificaron los artículos 7º y 9º de la Ley 294, señalan que el incumplimiento de las medidas de protección, por la primera vez, da lugar a imponer una multa de dos a 10 salarios mínimos legales mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los cinco días siguientes a su imposición.

 

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 572, en su inciso segundo, señala que las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se impondrán en audiencia, que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a su solicitud, luego de practicar las pruebas pertinentes y una vez oídos los descargos de la parte acusada.

 

No obstante, cuando, a juicio del comisario, sea necesario ordenar el arresto, se le pedirá al juez de familia o promiscuo de familia (o en su defecto, al civil municipal o promiscuo) que expida la orden correspondiente, lo que deberá decidir dentro de las 48 horas siguientes.

 

Finalmente, indicó que el castigo puede ser reformado por el juzgado municipal facultado para resolver si avala o no lo solicitado por la comisaria, pues a esta, como autoridad administrativa, le está vedado imponer penas correctivas que entrañen la privación de la libertad.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia STC-1261 (15001221300020140051101), feb. 12/15, M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez)...".

 

Última actualización el Martes, 24 de Febrero de 2015 15:55
 
Configuración de porte de armas de fuego requiere probar la falta de autorización PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:19

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la materialidad del delito de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones exige al fiscal demostrar que el procesado no era titular del permiso de la autoridad competente que lo habilitara para ello.

 

De acuerdo con el alto tribunal, la acreditación de ese elemento normativo no está tarifada legalmente, ya que puede demostrarse con cualquier medio probatorio que no viole la dignidad humana, en virtud del principio de libertad probatoria.

 

Sin embargo, eso no significa que el juez pueda suponerlo ni deducirlo a través de juicios lógicos o las reglas de la experiencia, porque esto violaría la presunción de inocencia, aclaró la sentencia.

 

Por tanto, no basta verificar la mera posesión o tenencia del arma o la munición para asumir que la persona carece de dicha autorización, pues esto solo puede concluirse, si en el juicio oral se introduce prueba de ello o al menos existe estipulación de las partes en ese sentido, agregó.

 

Motivación

 

El fallo reiteró la obligación de los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, lo cual es elemento esencial de los derechos al debido proceso y de defensa y, además, permite controlar la arbitrariedad judicial, asegurar la imparcialidad y amparar el principio de legalidad.

 

Justamente, esa es la forma en que el juzgador da a conocer los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos que sustentan sus providencias, lo que permite ejercer el derecho de contradicción por parte de cualquiera de los sujetos procesales intervinientes e identificar los puntos que generan discrepancia para impugnarlos, señaló la Corte.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-15925 (43385), nov. 20/14, M. P. Fernando Castro).."

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:22
 
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