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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Informes de inteligencia no constituyen prueba en la actuación penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Junio de 2015 14:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Los informes de inteligencia no pueden tener valor probatorio por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal.

 

Así lo precisó el Consejo de Estado al condenar a la Nación por falla en el servicio, luego de comprobar que la Fiscalía vinculó a una ciudadana a un proceso penal y ordenó su captura con base en un informe de inteligencia.

 

Aunque desvirtuó que se tratara de una privación injusta de la libertad, pues la accionante no fue cobijada con medida de aseguramiento, concluyó que debe ser resarcida por el tiempo que permaneció detenida bajo conclusiones derivadas de una prueba como aquella.

 

Añadió que aun cuando para la época de los hechos no estaba vigente el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 (que modificó el artículo 313 del Decreto 2700 de 1991), que expresamente le retiró el valor probatorio a ese tipo de informes, la jurisprudencia constitucional también permite arribar a la misma conclusión (Sentencia C-1040 del 2012).

 

Precisó que ese tipo de elementos apenas  sirven para orientar la investigación y producir la prueba necesaria con el fin de establecer la realidad y la veracidad de los hechos que se controvierten en el proceso, bajo el entendido de  que el sindicado puede ejercer plenamente el derecho de contradicción frente a los mismos.

 

“Lo que revelan los informes de inteligencia son procedimientos que llevan a una serie de hipótesis que, de confirmarse, pueden establecer la existencia de un delito. Es decir, su valor reside en que se constituyen en un criterio orientador de la investigación penal, pero al mismo tiempo, al tratarse de sospechas, son apreciaciones que no están comprobadas suficientemente y no pueden ser consideradas como pruebas”, agregó.

 

Por último, recordó que,  al existir un amplio margen de dudas sobre la información por no estar comprobada suficientemente, es completamente válido a la luz de la Constitución que el legislador no le hubiere otorgado efecto jurídico de prueba dentro de los procesos disciplinarios y judiciales.

 

Sin embargo, lo anterior no significa que pasen desapercibidas en un todo, pues el contenido de tales informes podrá constituir un criterio orientador durante la indagación, lo cual atiende el deber del Estado, en virtud de la política criminal, de investigar con fundamento en la notitia criminis (art. 29 superior).

 

 

Documento disponible para suscriptores de Legismóvil. Solicite un demo.

 

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100020080160401 (38478), 5/6/2015. C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz).."


 

Última actualización el Martes, 02 de Junio de 2015 14:25
 
Credibilidad de testimonios de menores víctimas no exige precisión absoluta PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:13

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los testimonios de niños víctimas de delitos sexuales deben tenerse en cuenta y no rechazarse de plano, para lo cual se debe dilucidar la verdad, sin convertir las declaraciones en aspectos incontrovertibles, sino cotejándolas y concatenándolas con las demás pruebas.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que el relato de un niño sobre ese tipo de hechos “no tiene por qué ser concreto, claro, lógico, sucesivo, ordenado y coherente como condición para otorgarle valía, pues, por el contrario, ello supondría una indebida preparación, cual si se tratase de un libreto”.

 

De hecho, en estos casos, la narración de la víctima suele ser desordenada, confusa e incluso increíble, sin embargo, lo importante es que el juez pueda reconstruir el escenario y no se ate a nimiedades que conviertan el derecho a la presunción de inocencia en uno a la impunidad, resaltó la corporación.

 

En consecuencia, no se puede exigir que la declaración de un menor tenga precisión absoluta sobre el lugar de los acontecimientos ni la fecha de terminación del abuso.

 

‘In dubio pro reo’

 

Pretender que la demostración de la conducta humana investigada sea absoluta es un ideal imposible de alcanzar. Justamente, varios aspectos no logran ser cabalmente acreditados en el proceso, de forma que si estos son intrascendentes frente al conjunto probatorio, se consigue la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir una condena, precisó el fallo.

 

Por el contrario, cuando las cuestiones sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no son probadas, el juzgador está obligado a aplicar el principio de in dubio pro reo, explicó.

 

Con estos argumentos, el alto tribunal condenó a un hombre por la comisión del delito de acceso carnal violento agravado contra una niña, cuya custodia había sido entregada por el ICBF a la madre del agresor. Al respecto, la Corte aclaró que las incongruencias sin importancia señaladas por la víctima no desvirtúan la responsabilidad del victimario.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4316 (43262), abr. 16/15, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:16
 
Mujeres víctimas de delitos sexuales tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:01

 

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En un fallo publicado recientemente, la Corte Constitucional insistió en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual a la verdad, la justicia y a la reparación, los cuales constituyen “una trilogía de derechos inseparables”.

 

De acuerdo con el alto tribunal, cuando se trata de esta clase de delitos en el contexto del conflicto armado interno contra mujeres víctimas del desplazamiento forzado, quienes, adicionalmente, ostentan otros factores de discriminación o exclusión, como la pertenencia a grupos étnicos, estados de discapacidad o en condiciones de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, estos derechos adquieren una especial relevancia y prevalencia.

 

Según la corporación, esto se da por el impacto grave y desproporcionado que causa la revictimización a través del delito sexual, otorgando a estas mujeres una calidad especial de sujetos protección constitucional reforzada, al confluir diversos factores de victimización.

 

“Las mujeres víctimas de desplazamiento y al encontrarse en un entorno muy diferente y ajeno al que estaban acostumbradas, llegan a sitios en los que por falta de protección terminan siendo igualmente violadas o abusadas sexualmente por su misma condición de fragilidad en las que la coloca su condición de desplazada, razón por la cual se ven expuestas a ser víctimas de delitos sexuales”, agregó.

 

Adicionalmente, sostuvo que los funcionarios judiciales que  tienen a cargo la investigación y juicio de delitos sexuales, particularmente si las víctimas son sujetos de especial protección constitucional, les asisten la obligación de ponderar los derechos que se encuentran en juego.

 

Otros pronunciamientos

 

Vale recordar que, en enero pasado,a través del Auto 009, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004 advirtió que persisten las conductas de violencia y esclavitud sexuales y prostitución forzada ejercidas contra mujeres, adolescentes y niñas por actores armados, en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado.

 

La corporación indicó que si bien el Ejecutivo y el Legislativo desarrollaron normativas, aún no se han implementado programas de prevención y atención dirigidos a estas personas.

 

De acuerdo con cifras de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al 1º de mayo del 2014, 5.110 personas afirmaron ser víctimas de delitos contra la integridad sexual, entre los años 1985 y 2013.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-595, 8/30/2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)..."

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:03
 
Archivar investigaciones con hechos de connotación delictiva configura prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Aunque los fiscales son autónomos en sus decisiones no pueden renunciar al ejercicio de la acción penal y abstenerse de desplegar actos de investigación que permitan determinar si procede el archivo, la solicitud de preclusión o la imputación de cargos.

 

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la decisión de un tribunal que condenó a 54 meses de prisión y multa de 71 salarios mínimos mensuales a una fiscal por el delito de prevaricato por acción y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, éste último en grado de tentativa.

 

Según el alto tribunal, la orden de archivo emitida por el fiscal solo es admisible cuando, tras hacer una valoración objetiva de los motivos y circunstancias fácticas que permiten su caracterización como delito, se encuentra que el hecho indagado no comporta un injusto penal.

Por eso, reiteró que en todas aquellas oportunidades en donde exista discusión sobre aspectos subjetivos de la tipicidad quien debe resolver la misma es el juez penal a través de la preclusión, la aprobación del principio de oportunidad o la realización del juicio oral, y no el fiscal a través del archivo de las diligencias.

 

Sumado a ello, indicó que la Fiscalía en cada caso concreto debe cumplir con la función impuesta en el artículo 250 constitucional, según el cual “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.

 

En ese contexto, explicó que el ente investigador está obligado a desarrollar los actos de investigación que le permitan establecer o desvirtuar la materialidad de la conducta y su connotación delictiva.

 

De no hacerlo, incumple el deber de investigar y defrauda la confianza de la comunidad por limitar el acceso a la justicia de las víctimas que esperan que el Estado garantice verdad, justicia y reparación, sentenció la corporación.

 

El caso analizado

De acuerdo con el pronunciamiento, una fiscal archivó por atipicidad una investigación que se adelantaba en contra de dos individuos por el delito de extorsión,  capturados por exigir una suma de dinero a cambio de la suscripción de un convenio con una universidad.

 

Según la funcionaria, como los investigados no tenían vínculo con la institución académica no se podía tipificar el delito de extorsión sino el de estafa agravada, razón que la llevó a adoptar la decisión que dio origen al fallo condenatorio.

 

Por eso, su defensa se centró en resaltar que su actuar no tenía intención de infringir la ley toda vez que la decisión fue producto de la facultad interpretativa deferida a los operadores jurídicos.

 

No obstante, la Sala Penal sostuvo que el archivo era improcedente porque no estaban dados los dos únicos supuestos en que procede: inexistencia del hecho y la falta de caracterización como conducta típica.

 

Con todo, aun aceptando la tesis de la estafa, concluyó, la fiscal no podía archivar las diligencias, pues tenía que acudir ante el juez de conocimiento a solicitar la preclusión de la investigación prevista en el artículo 332 numeral 4 de la Ley 906 del 2004.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-4319 (44792), abr. 16/2015, M.P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:12
 
Falta de resistencia física de víctima no desvirtúa violencia del acceso carnal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:48

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...El factor de la violencia en el delito de acceso carnal violento debe ser valorado por el juez desde una perspectiva ex ante, lo cual implica retrotraerse al momento de realización de la acción y tener en cuenta otros aspectos, como la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas y el estado de vulnerabilidad de la persona agredida.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al explicar que la idoneidad de la coacción, moral o física, dependerá de si tuvo la identidad de doblegar o no la voluntad de cualquier persona en las mismas condiciones de la víctima.

 

Bajo ese contexto, advirtió que un ataque violento no siempre genera una reacción expresada en actos materiales de defensa, ya que también puede ocasionar un estado de conmoción que paralice a la víctima, es decir, aquel no se desvirtúa con la ausencia de gritos, golpes o llamados de auxilio o cualquier acto de resistencia de física.

 

Por tanto, un estado de parálisis e inmovilidad asumido por la víctima no significa que haya dado su consentimiento, destacó la corporación.

 

Además, el fallo indicó que, en estos eventos, no se le puede exigir al sujeto pasivo activar mecanismos de autotutela y protección, los cuales sí proceden en ilícitos como la estafa y exoneran al autor de responsabilidad penal, pero son inviables frente a los delitos sexuales.

 

Caso

El alto tribunal casó una sentencia que absolvió a un hombre de la comisión del acceso carnal violento contra una joven de 15 años. Aunque el juzgador de segunda instancia afirmó que el acto fue consentido por la víctima, porque esta no se opuso a él y, además, sostenía una relación previa de amistad con el procesado, la Corte rechazó estos argumentos.

 

Frente a lo segundo, la providencia reprochó que el tribunal expusiera una argumentación que solo refleja sus prejuicios, al cuestionar el comportamiento social y sexual anterior de la víctima, pues esa posición viola la normativa internacional e interna que busca erradicar la discriminación contra la mujer.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5395 (43880), mayo 6/15, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:52
 
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