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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Víctimas no pueden solicitar cambio de radicación de un proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:15

Tomado de www.ambitojuridico.com :

"...La Corte Suprema de Justicia recordó que a la luz del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), la facultad de solicitar el cambio de radicación de un proceso está únicamente en cabeza de las partes.

 

Según la corporación, esta limitación se deriva de la interpretación del artículo 47, que indica que antes de iniciar la audiencia de juicio oral, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno, oralmente o por escrito, pueden solicitar el cambio de radicación, ante el juez que esté conociendo del proceso.

 

A su juicio, de este mandato legal se deriva la exclusión directa de la víctima como legitimada para elevar la solicitud, teniendo en cuenta que en el actual sistema, su calidad es de interviniente, en tanto que la condición de “parte” solamente la ostentan la defensa y la Fiscalía.

 

Para el alto tribunal esto es tan claro, que dicha disposición distinguió a las partes y al Ministerio Público, en el entendido de que este último tampoco tiene condición de parte, sino de interviniente. Por ello, explicó que ante el propósito legislativo de permitirle invocar el cambio de radicación, fue necesario incluirlo de manera específica, ya que, de no hacerlo, quedaría igualmente excluido.

 

Con todo, advirtió que los operadores judiciales se abstendrán de examinar la solicitud de cambio de radicación, cuando el escrito sea presentado por la víctima.

 

Garantías

De acuerdo con el pronunciamiento, la conclusión derivada de la interpretación del artículo 47 no limita el acceso a la administración de justicia, no restringe el derecho de defensa en las fases previas al juicio, ni genera una desigualdad de armas que altere los rasgos fundamentales del proceso penal.

 

En criterio de la Sala, aunque el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia, no estableció tal facultad en cabeza de las víctimas, las razones que potencialmente conducen a trasladar un juicio de un lugar a otro surgen de factores externos que no comprometen la imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales que deban adelantar el juicio.

 

Por tanto, el ejercicio de esa potestad no es de significativa relevancia frente a los derechos de aquellas, que, en todo caso, pueden acudir por intermedio de la Fiscalía, el Ministerio Público o el mismo Gobierno a invocar su pretensión. Así, recordó que cuando probatoria y jurídicamente la víctima considere que están dadas las condiciones para solicitar el traslado del juicio, debe contactar a los sujetos mencionados.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-1758 (45418), abr. 7/2015, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández)..."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:17
 
Fiscal que omite formular acusación a tiempo incurre en falta disciplinaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:09

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión por dos meses impuesta a una fiscal que omitió presentar el escrito de acusación en el término legalmente establecido, razón por la que los imputados fueron dejados en libertad.

 

De acuerdo con la corporación, esa conducta constituye una falta disciplinable, pues contradice lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 154 de Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), que prohíbe retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos asignados.

 

En ese contexto, encontró configurada la desatención de los artículos 175 y 294 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que expresamente señalan que el término para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad no puede exceder de 30 días, contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación.

 

En este caso, agregó la Sala, las normas procesales desconocidas por la disciplinada protegen el debido proceso del investigado. En ese sentido, recordó que “el legislador señaló un lapso razonable a fin de no someter al indiciado a un procedimiento extenso, marcado por las dilaciones. En consecuencia, al omitir la disciplinable radicar la formulación de acusación, vulneró con ello los derechos fundamentales de los investigados y, a su vez, la seguridad jurídica de quienes demandan la aplicación de la justicia”.

 

Por último, indicó que la conducta desplegada por la fiscal comporta antijuridicidad, sobre todo si la transgresión no estuvo justificada. De hecho, se constató que la funcionaria, en la época en que debía cumplir con su obligación, no se encontraba en encargo, incapacitada, ni de vacaciones.

 

(Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia 47001110200020100024701, dic. 11/4, M.P. Wilson Ruíz Orejuela).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:10
 
INDEMNIZACION INTEGRAL NO OPERA PARA HURTO CALIFICADO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 16:59

tomado de www.ambitojuridico.com:

"...La reparación integral como causal de extinción de la acción penal (artículo 42 de la Ley 600 del 2000), que aplica a los casos tramitados por la Ley 906 del 2004, no procede en caso de hurto calificado.

Así lo advirtió  la Corte Suprema de Justicia, al señalar que al no ser un delito querellable y, con independencia de su cuantía, fue expresamente excluido por el legislador de esta posibilidad.

También, agregó que no es procedente la disminución punitiva consagrada en el artículo 269 del Código Penal.

 

Al respecto, precisó que este beneficio opera ante  los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal.

 

También, procede  en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias; en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico. En estos casos, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

 

Sin embargo, tal beneficio no opera ante los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.

 

En el caso concreto, aunque la víctima manifestó que se le repararon en su integridad los perjuicios ocasionados con el delito, para la Sala fue evidente  que ello no sucedió antes de dictarse la sentencia de primera instancia, que es el límite previsto por la disposición legal para acceder a la rebaja “de la mitad a las tres cuartas partes” de las penas.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-1896 (44779), 4/16/2015. M. P. Patricia Salazar Cuéllar)..."l

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:01
 
Corte Suprema aclara aplicación de aumento de penas en homicidio de menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por e   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:06

 

tomado de www.ambitojuridico.com:

"....La Corte Suprema de Justicia determinó que el aumento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no procede frente al homicidio agravado de menores, cuando el imputado se ha allanado a los cargos.

 

Según la Sala Penal, lo que justifica la aplicación del aumento es evitar que quienes se acogen a sentencia anticipada obtengan penas irrisorias por la aceptación de sus delitos, beneficio al que no podría acogerse quien delinque contra menores, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006.

 

Así, pierde toda razón de ser el aumento, dado que esta última norma impide concederles rebaja de penas por preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía a quienes cometan homicidio o lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro en contra de niños y adolescentes.

 

“La aplicación del incremento punitivo de la Ley 890 de 2004 resulta improcedente, pues su finalidad no se halla justificada y constituye una intervención desproporcionada a su derecho fundamental a la libertad personal, como quiera que pese a la admisión de responsabilidad realizada por el procesado durante la audiencia de formulación de la imputación no se le disminuyó la pena, ni se le otorgó beneficio penal alguno”, precisó la Corte.

 

La Sala recordó cómo, con base en las mismas conclusiones, inaplicó, a partir de la Sentencia 33254 del 2013, el aumento de penas cuando los procesados se hubieran allanado a cargos por los delitos que, según el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 (sobre conductas relacionadas con el terrorismo), no tienen rebaja de penas.

 

“Al prohibir esta legislación la concesión de beneficios punitivos, eliminando cualquier tipo de efecto positivo sobre la pena para el procesado, el incremento no tendría razón, resultando excesiva su aplicación y, por tanto, también violatoria del principio de proporcionalidad de la sanción penal”, precisó la Sala.

 

La Corte agregó que el legislador ha abandonado premisas a su juicio vengativas sobre el juzgamiento y la sanción de las conductas delictivas, para ocuparse más cuidadosamente de que el castigo del Estado no exceda los límites eminentemente necesarios y justificados para prevenir la comisión de delitos.

 

El fallo destaca la necesidad de mantener el principio de proporcionalidad de la pena, tarea que, en criterio de la corporación, no solo radica en la labor legislativa, sino en la del juzgador, a quien le corresponde analizar, en cada caso, las consecuencias de las circunstancias de mayor y menor punibilidad.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-2196 (37671), mar. 4/15, M. P. Leonidas Bustos).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:07
 
Credibilidad de testimonios de menores víctimas no exige precisión absoluta PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 16:33

Tomado de www.ambitojuridico.com:

 

"...Los testimonios de niños víctimas de delitos sexuales deben tenerse en cuenta y no rechazarse de plano, para lo cual se debe dilucidar la verdad, sin convertir las declaraciones en aspectos incontrovertibles, sino cotejándolas y concatenándolas con las demás pruebas.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que el relato de un niño sobre ese tipo de hechos “no tiene por qué ser concreto, claro, lógico, sucesivo, ordenado y coherente como condición para otorgarle valía, pues, por el contrario, ello supondría una indebida preparación, cual si se tratase de un libreto”.

 

De hecho, en estos casos, la narración de la víctima suele ser desordenada, confusa e incluso increíble, sin embargo, lo importante es que el juez pueda reconstruir el escenario y no se ate a nimiedades que conviertan el derecho a la presunción de inocencia en uno a la impunidad, resaltó la corporación.

 

En consecuencia, no se puede exigir que la declaración de un menor tenga precisión absoluta sobre el lugar de los acontecimientos ni la fecha de terminación del abuso.

 

‘In dubio pro reo’

 

Pretender que la demostración de la conducta humana investigada sea absoluta es un ideal imposible de alcanzar. Justamente, varios aspectos no logran ser cabalmente acreditados en el proceso, de forma que si estos son intrascendentes frente al conjunto probatorio, se consigue la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir una condena, precisó el fallo.

 

Por el contrario, cuando las cuestiones sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no son probadas, el juzgador está obligado a aplicar el principio de in dubio pro reo, explicó.

 

Con estos argumentos, el alto tribunal condenó a un hombre por la comisión del delito de acceso carnal violento agravado contra una niña, cuya custodia había sido entregada por el ICBF a la madre del agresor. Al respecto, la Corte aclaró que las incongruencias sin importancia señaladas por la víctima no desvirtúan la responsabilidad del victimario.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4316 (43262), abr. 16/15, M. P. María del Rosario González)...."

 

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 16:35
 
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