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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Agravante de la Ley 1236 del 2008 no aplica a delitos sexuales contra menor de 14 años PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 22 de Junio de 2015 16:26

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La circunstancia de agravación punitiva prevista en el artículo 7° de la Ley 1236 del 2008 no aplica a los delitos previstos en los artículos 208 y 209 del Código Penal, esto es, acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que avalar esa doble imputación viola elnon bis in ídem, ya que esos ilícitos tienen como elemento normativo del tipo la minoría de 14 años del sujeto pasivo, supuesto fáctico idéntico al de la agravante.

 

Cabe recordar que este argumento también fue defendido por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-521 del 2009, al declarar la exequibilidad condicionada de la norma que contiene dicha agravante. El magistrado Eugenio Fernández aclaró el voto.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-6917 (45230), 6/3/2015, M. P. Gustavo Malo)..."

Última actualización el Lunes, 22 de Junio de 2015 16:28
 
Procesado puede censurar la sentencia, aunque haya celebrado preacuerdo PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 22 de Junio de 2015 16:22

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En fallo de tutela, la Sala Penal de la Corte Suprema recordó que cuando se trata de preacuerdos y aceptación de responsabilidad, es posible recurrir la sentencia condenatoria. Sin embargo, destacó que los únicos aspectos susceptibles de ser objeto de los recursos ordinarios y extraordinarios son los relativos a la vulneración de garantías fundamentales, el monto de la pena, el reconocimiento de subrogados penales y todos los que sean ajenos a la declaración de responsabilidad penal.

 

De acuerdo con lo anterior, los intervinientes del acuerdo carecen de interés para censurar aspectos tales como atribución típica, grados de participación, circunstancias modales o agravantes, entre otros, que hayan sido objeto de negociación, ya que tal circunstancia implicaría retractarse de lo aceptado.

 

La Sala determinó que el tribunal de segunda instancia vulneró los derechos fundamentales del condenado y, además, cercenó su derecho a la doble instancia, al rechazar el recurso de apelación contra el fallo, bajo el argumento de que, en virtud del preacuerdo celebrado con el ente acusador, el procesado carecía de interés  para recurrir.

 

Por estos motivos, se declaró sin efectos la providencia de rechazo y se ordenó al tribunal tomar la decisión correspondiente, para lo cual le otorgó el término del 30 días.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP 7095 (79885), jun 2/15 M. P. Patricia Salazar Cuellar)..."

Última actualización el Lunes, 22 de Junio de 2015 16:26
 
Credibilidad de testimonios de menores víctimas no exige precisión absoluta PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:13

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los testimonios de niños víctimas de delitos sexuales deben tenerse en cuenta y no rechazarse de plano, para lo cual se debe dilucidar la verdad, sin convertir las declaraciones en aspectos incontrovertibles, sino cotejándolas y concatenándolas con las demás pruebas.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que el relato de un niño sobre ese tipo de hechos “no tiene por qué ser concreto, claro, lógico, sucesivo, ordenado y coherente como condición para otorgarle valía, pues, por el contrario, ello supondría una indebida preparación, cual si se tratase de un libreto”.

 

De hecho, en estos casos, la narración de la víctima suele ser desordenada, confusa e incluso increíble, sin embargo, lo importante es que el juez pueda reconstruir el escenario y no se ate a nimiedades que conviertan el derecho a la presunción de inocencia en uno a la impunidad, resaltó la corporación.

 

En consecuencia, no se puede exigir que la declaración de un menor tenga precisión absoluta sobre el lugar de los acontecimientos ni la fecha de terminación del abuso.

 

‘In dubio pro reo’

 

Pretender que la demostración de la conducta humana investigada sea absoluta es un ideal imposible de alcanzar. Justamente, varios aspectos no logran ser cabalmente acreditados en el proceso, de forma que si estos son intrascendentes frente al conjunto probatorio, se consigue la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir una condena, precisó el fallo.

 

Por el contrario, cuando las cuestiones sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no son probadas, el juzgador está obligado a aplicar el principio de in dubio pro reo, explicó.

 

Con estos argumentos, el alto tribunal condenó a un hombre por la comisión del delito de acceso carnal violento agravado contra una niña, cuya custodia había sido entregada por el ICBF a la madre del agresor. Al respecto, la Corte aclaró que las incongruencias sin importancia señaladas por la víctima no desvirtúan la responsabilidad del victimario.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4316 (43262), abr. 16/15, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:16
 
Informes de inteligencia no constituyen prueba en la actuación penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Junio de 2015 14:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Los informes de inteligencia no pueden tener valor probatorio por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal.

 

Así lo precisó el Consejo de Estado al condenar a la Nación por falla en el servicio, luego de comprobar que la Fiscalía vinculó a una ciudadana a un proceso penal y ordenó su captura con base en un informe de inteligencia.

 

Aunque desvirtuó que se tratara de una privación injusta de la libertad, pues la accionante no fue cobijada con medida de aseguramiento, concluyó que debe ser resarcida por el tiempo que permaneció detenida bajo conclusiones derivadas de una prueba como aquella.

 

Añadió que aun cuando para la época de los hechos no estaba vigente el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 (que modificó el artículo 313 del Decreto 2700 de 1991), que expresamente le retiró el valor probatorio a ese tipo de informes, la jurisprudencia constitucional también permite arribar a la misma conclusión (Sentencia C-1040 del 2012).

 

Precisó que ese tipo de elementos apenas  sirven para orientar la investigación y producir la prueba necesaria con el fin de establecer la realidad y la veracidad de los hechos que se controvierten en el proceso, bajo el entendido de  que el sindicado puede ejercer plenamente el derecho de contradicción frente a los mismos.

 

“Lo que revelan los informes de inteligencia son procedimientos que llevan a una serie de hipótesis que, de confirmarse, pueden establecer la existencia de un delito. Es decir, su valor reside en que se constituyen en un criterio orientador de la investigación penal, pero al mismo tiempo, al tratarse de sospechas, son apreciaciones que no están comprobadas suficientemente y no pueden ser consideradas como pruebas”, agregó.

 

Por último, recordó que,  al existir un amplio margen de dudas sobre la información por no estar comprobada suficientemente, es completamente válido a la luz de la Constitución que el legislador no le hubiere otorgado efecto jurídico de prueba dentro de los procesos disciplinarios y judiciales.

 

Sin embargo, lo anterior no significa que pasen desapercibidas en un todo, pues el contenido de tales informes podrá constituir un criterio orientador durante la indagación, lo cual atiende el deber del Estado, en virtud de la política criminal, de investigar con fundamento en la notitia criminis (art. 29 superior).

 

 

Documento disponible para suscriptores de Legismóvil. Solicite un demo.

 

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100020080160401 (38478), 5/6/2015. C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz).."


 

Última actualización el Martes, 02 de Junio de 2015 14:25
 
Archivar investigaciones con hechos de connotación delictiva configura prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Aunque los fiscales son autónomos en sus decisiones no pueden renunciar al ejercicio de la acción penal y abstenerse de desplegar actos de investigación que permitan determinar si procede el archivo, la solicitud de preclusión o la imputación de cargos.

 

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la decisión de un tribunal que condenó a 54 meses de prisión y multa de 71 salarios mínimos mensuales a una fiscal por el delito de prevaricato por acción y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, éste último en grado de tentativa.

 

Según el alto tribunal, la orden de archivo emitida por el fiscal solo es admisible cuando, tras hacer una valoración objetiva de los motivos y circunstancias fácticas que permiten su caracterización como delito, se encuentra que el hecho indagado no comporta un injusto penal.

Por eso, reiteró que en todas aquellas oportunidades en donde exista discusión sobre aspectos subjetivos de la tipicidad quien debe resolver la misma es el juez penal a través de la preclusión, la aprobación del principio de oportunidad o la realización del juicio oral, y no el fiscal a través del archivo de las diligencias.

 

Sumado a ello, indicó que la Fiscalía en cada caso concreto debe cumplir con la función impuesta en el artículo 250 constitucional, según el cual “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.

 

En ese contexto, explicó que el ente investigador está obligado a desarrollar los actos de investigación que le permitan establecer o desvirtuar la materialidad de la conducta y su connotación delictiva.

 

De no hacerlo, incumple el deber de investigar y defrauda la confianza de la comunidad por limitar el acceso a la justicia de las víctimas que esperan que el Estado garantice verdad, justicia y reparación, sentenció la corporación.

 

El caso analizado

De acuerdo con el pronunciamiento, una fiscal archivó por atipicidad una investigación que se adelantaba en contra de dos individuos por el delito de extorsión,  capturados por exigir una suma de dinero a cambio de la suscripción de un convenio con una universidad.

 

Según la funcionaria, como los investigados no tenían vínculo con la institución académica no se podía tipificar el delito de extorsión sino el de estafa agravada, razón que la llevó a adoptar la decisión que dio origen al fallo condenatorio.

 

Por eso, su defensa se centró en resaltar que su actuar no tenía intención de infringir la ley toda vez que la decisión fue producto de la facultad interpretativa deferida a los operadores jurídicos.

 

No obstante, la Sala Penal sostuvo que el archivo era improcedente porque no estaban dados los dos únicos supuestos en que procede: inexistencia del hecho y la falta de caracterización como conducta típica.

 

Con todo, aun aceptando la tesis de la estafa, concluyó, la fiscal no podía archivar las diligencias, pues tenía que acudir ante el juez de conocimiento a solicitar la preclusión de la investigación prevista en el artículo 332 numeral 4 de la Ley 906 del 2004.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-4319 (44792), abr. 16/2015, M.P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:12
 
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