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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Juez de conocimiento no puede ejercer control material de la acusación PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA dominguez   
Jueves, 27 de Julio de 2017 18:39

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...El fallador no está facultado para dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la que fue fijada por la fiscalía y admitida por el acusado.......La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que la calificación jurídica adoptada por la Fiscalía en la acusación o en el preacuerdo no puede ser cuestionada. Sin embargo, precisó la excepción a esta regla, que se constituye cuando se afectan garantías fundamentales.

Frente a esta excepción, el fallo indicó que una posible vulneración de derechos constitucionales con repercusiones sustanciales que impida al juez dictar sentencia condenatoria corresponde a la comprobación de situaciones objetivas que comportan una evidente imposibilidad de declarar la responsabilidad penal. (Lea: Juez no puede hacer control material de la acusación, ni de los acuerdos efectuados bajo Ley 906)

Ello, por ejemplo, cuando la conducta atribuida a un procesado deviene atípica o carece de antijuridicidad en el sentido material por imposibilidad de adecuar los hechos a un delito o un tipo de injusto. (Lea: ¿Juez penal puede modificar preacuerdos o negociaciones entre fiscalía y procesados?)

Por otra parte, la corporación, soportada en el inciso 2° del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, advirtió que los acuerdos apuntan a la admisión de culpabilidad por el delito del imputado o uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal:

(i)                  Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico o

(ii)                Tipifique la conducta de una forma específica, con miras a disminuir la pena.

También afirmó que el fiscal y el imputado pueden llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias y concluyó que si los términos de la negociación se ajustan a estas posibilidades y salvaguardan los derechos fundamentales al juez de conocimiento no le es dable improbar un preacuerdo bajo el argumento de ejercer control material sobre el mismo e igualmente no puede modificar a su voluntad la adecuación típica.

Así las cosas, el fallador no está facultado para dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la que fue fijada por la fiscalía y admitida por el acusado (M.P. Patricia Salazar Cuéllar)..."

 

 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-86662017 (47630), Jun.14/17

Última actualización el Jueves, 27 de Julio de 2017 18:42
 
REFORMA AL CODIGO PENAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA dominguez   
Jueves, 27 de Julio de 2017 18:36

Minjusticia radicó proyecto de ley que busca construir una política criminal incluyente y que garantice la seguridad ciudadana

 

Bogotá, 25 de julio de 2017. Este martes, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca generar medidas orientadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones encargadas de formular e implementar la política criminal.

 

 

El jefe de la Cartera fue enfático en señalar que la iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Política Criminal, compuesto, entre otras entidades, por la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, órgano este último que velará para garantizar la judicialización de conductas y reducir la impunidad. Gil Botero señaló que esta propuesta no incluye ningún tipo de excarcelaciones masivas.

 

Este proyecto de ley se diseñó basándose en ejes puntuales: está orientado a la revisión del Código Penal para tomar decisiones de descriminalización, reducción o modificación de las penas; propone medidas alternativas a la prisión a algunos delitos que no sean considerados como graves; modifica el régimen de exclusiones a subrogados penales con el fin de racionalizar los beneficios penitenciarios; busca el fortalecimiento de enfoques diferenciales y regímenes especiales de reclusión para mujeres en condiciones de marginalidad y para miembros de la fuerza pública. Respecto a este último punto, se espera que el Ministerio de Defensa cuente con establecimientos propios que cumplan con los estándares de dicho régimen penitenciario.

 

Por último, se insiste en la territorialización de la política penitenciaria para departamentos, distritos y municipios, tema que hace referencia a la construcción de cárceles que puedan albergar a personas en condición de sindicadas con el fin de que no pierdan su arraigo territorial.

 

Algunas de las alternativas a la prisión que solo los jueces -de forma discrecional- podrán establecer teniendo en cuenta el comportamiento del interno durante su periodo de privación de la libertad son: prisión domiciliaria, libertad condicional, suspensión de la ejecución de la pena y reclusión domiciliaria y hospitalaria por enfermedad.

 

El Ministro también dio a conocer algunas de las despenalizaciones y descriminalizaciones que podrían ser eliminadas del Código Penal, al ser consideradas conductas punibles que podrían estar reguladas por otro sector del derecho. Algunas son: violación a la libertad religiosa, disparo al aire, ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y en lugar de trabajo. Y dentro de las conductas que podrían ser descriminalizadas están: inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria.

 

Respecto a esta última conducta, el alto funcionario aseguró que este proyecto no va a desamparar a los niños, sino que busca que por medio de otras jurisdicciones se impongan sanciones a quienes incumplan.

 

La iniciativa incorpora una serie de delitos creados a través de leyes ordinarias pero que se encontraban dispersos en la legislación, como tráfico de órganos, fraude en el registro de tierras y fraude en el registro de víctimas, entre otros.

 

Con este proyecto, el Ministerio de Justicia y los demás miembros del Consejo Superior de Política Criminal (Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Departamento Nacional de Planeación, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y Ministerio de Educación) buscan construir una política criminal coherente, eficaz y eficiente. Se espera que durante los próximos días avance su discusión en el Congreso de la República.

Última actualización el Jueves, 27 de Julio de 2017 18:39
 
Condicionan norma del Código Penal sobre daños materiales y morales.......Recientemente, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “daños materiales y morales”, contenida en el artículo 94 del Código Penal (L PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 29 de Junio de 2017 14:21

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Según el demandante, esta disposición trasgrede los derechos de acceso a la justicia, a la dignidad humana y el de reparación integral a las víctimas, por cuanto deja por fuera otros perjuicios extra patrimoniales, como el daño a la salud, a la vida de relación o a los bienes jurídicos de especial protección constitucional.

De igual forma, explicó que esta disposición solo permite que la víctima reclame prejuicios materiales y morales afectando de manera elocuente su derecho a la reparación integral. (Lea: Así serán las audiencias con el procedimiento penal abreviado)

De acuerdo con este contexto, la Corte indicó que la norma demandada permitía dos interpretaciones sobre la reparación del daño. Una la adoptada por el demandante y la otra puesta de presente por la Fiscalía General de la Nación y algunos intervinientes. (Lea: Jueces penales pueden imponer medidas de restablecimiento no pecuniarias)

Esta última sostiene que las categorías daños materiales y morales no impedían, en la práctica, la reparación de otros perjuicios; para esto, recordaron que la jurisprudencia penal había ordenado en algunos casos la reparación de perjuicios inmateriales distintos de los morales.

Razón por la cual el alto tribunal decidió declarar la exequibilidad del aparte acusado, en el entendido de que las categorías de perjuicios allí mencionadas son meramente indicativas y no excluyen la reparación integral de todos los perjuicios tanto materiales e inmateriales que hayan sido causados a las víctimas como consecuencia del delito y resulten debidamente probados (M. P. Alejandro Linares).

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-344, May. 24/17..."

Última actualización el Jueves, 29 de Junio de 2017 14:23
 
Inpec debe garantizar la reclusión de exmiembros de la fuerza pública en pabellones especiales PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 29 de Junio de 2017 14:23

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional advirtió al Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec) que a los exmiembros de la fuerza pública debe garantizárseles su reclusión en establecimientos o pabellones especiales, con el fin de evitar que compartan espacios con internos con los que hubieran podido generar enemistades en ejercicio de su labor y, de esta manera, proteger su vida e integridad física.

Según el alto tribunal, el cumplimiento de esta premisa conduce a que la solicitud de traslado por motivos de seguridad pueda ser negada sin que, por ello, se vulnere esa garantía. (Lea: Tutela procede contra traslado de presos, si se afecta el núcleo familiar de menores)

Aun así, la petición de un recluso de estas características fundada en hechos que puedan variar el nivel riesgo al que se encuentra expuesto en determinada cárcel debe incluir la solicitud de un estudio técnico de nivel de riesgo a cargo de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del Inpec.

Basado en ese resultado la autoridad penitenciaria deberá, entonces, resolver el requerimiento conforme a los parámetros desarrollados por la jurisprudencia. Por tanto, la respuesta debe ser (i) pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado y, finalmente, (iii) tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario.

Intervención judicial

El pronunciamiento también aclara hasta dónde puede intervenir el juez de tutela en decisiones de traslados que competen al Inpec. (Lea: Tutela, procedente para obtener traslado de celda ante discriminación por orientación sexual)

Al respecto, recordó que la jurisprudencia estableció que, en principio, la acción de tutela no era procedente para ordenar el traslado de reclusos. Sin embargo, luego estimó que resultaba procedente cuando la negativa de tramitar el traslado no derivara del ejercicio de una facultad discrecional, específicamente, cuando dicha determinación fuera arbitraria e injustificada o amenazara o lesionara derechos fundamentales de los internos no susceptibles de ser suspendidos.

Posteriormente, señaló que el juez de tutela no podía ordenar la reclusión del accionante en determinado penal, pues dicha decisión requería de elementos de juicio de los cuales el juez carecía, a saber, las condiciones sanitarias, de infraestructura, de seguridad y de capacidad de los establecimientos de reclusión.

Por tal motivo, se aseguraba que el pronunciamiento del juez debía limitarse a ordenar que el recluso fuera internado en un pabellón o establecimiento de reclusión especial acorde a la condición que ostentara, por ejemplo, exmiembro de la Fuerza Pública.

Ahora bien, se ha sostenido que cuando no se evidencia una vulneración a los derechos fundamentales del recluso, lo procedente es promover un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que decide sobre el traslado.

En suma, el juez constitucional debe respetar la facultad discrecional del Inpec para conceder o negar traslados a los reclusos. No obstante, está llamado a intervenir en estas determinaciones cuando observe arbitrariedad en ellas o una posible amenaza o lesión a derechos de los internos que permanecen incólumes pese a la relación de sujeción, verbigracia, la vida o la integridad personal (M. P. María Victoria Calle).

Corte Constitucional, Sentencia T-182, Mar. 28/17..."

Última actualización el Jueves, 29 de Junio de 2017 14:26
 
Corte Suprema indica alcance de la violencia intrafamiliar frente a exparejas con hijos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 19 de Junio de 2017 14:00

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Una sentencia que anunció hoy la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explica que el delito de violencia intrafamiliar (artículo 229 del Código Penal) no  protege en abstracto a  la familia como institución básica de la sociedad, sino la coexistencia pacífica de un proyecto colectivo que supone el respeto por la autonomía ética de sus integrantes.

 

Es este sentido, fáctica y normativamente, ese propósito no se cumple entre parejas separadaspero se mantiene respecto a los hijos, frente a quienes la contingencia  de la vida en común no es una condición de la tipicidad. Ello por la intemporalidad que supone el vínculo entre padres e hijos. (Lea: Las recomendaciones de la Corte a jueces al resolver casos de violencia intrafamiliar)

 

En relación a su configuración, la Sala precisó que este tipo penal se presenta entonces cuando “el victimario y la víctima pertenezcan a la misma unidad familiar y conviven en la misma casa”; de no ser así, la agresión del uno al otro no satisface la exigencia típica de maltratar a un miembro del mismo núcleo familiar y tampoco vulnera el bien jurídico de la armonía y unidad familiar.

 

En este último caso deberá procederse, por ejemplo, conforme a las normas que regulan el delito de lesiones personales agravadas en razón del parentesco. (Lea: Jueces deben garantizar derecho de las víctimas de violencia a no ser enfrentadas con su agresor)

 

Con todo, la alta corporación judicial agregó que tener un hijo en común, así mismo, es insuficiente para acreditar unidad familiar y para suponerla perpetuamente. “De ser así se llegaría al absurdo de pensar que si una mujer o un hombre tienen varios hijos con diferentes parejas poseen tantas unidades familiares como número de hijos con sus compañeros o compañeras permanentes”.

 

El fallo termina siendo enfático al concluir que el maltrato a la expareja causado por quien ya no convive con ella no configura el delito de violencia intrafamiliar, sino el de lesiones personales dolosas.

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP80642017 (48047), Jun. 7/17..."

Última actualización el Lunes, 19 de Junio de 2017 14:02
 
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