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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Habría beneficios para quienes denuncien actos de corrupción PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 08 de Marzo de 2016 12:37

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los beneficios hacen parte del Proyecto de Ley 036/15C, por medio del cual se crearía la ley de protección y compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa.

 

La iniciativa es estudiada por la Comisión Primera de la Cámara y pretende proteger a servidores públicos, pensionados, contratistas y ciudadanos del común que denuncien actos de corrupción de los que tengan conocimiento o hayan sido testigos.

 

Algunas de las garantías ofrecidas para incentivar las denuncias por estos hechos son:

 

  • Reserva de la identidad (en este caso, se le asignará un código de identificación individual, a fin de que el denunciante no proporcione su verdadera identidad).

 

  • Para los servidores públicos, se garantiza estabilidad laboral o reubicación en entidades similares, sin desmejorar sus condiciones laborales. Al contrario, según el caso y su grado de instrucción, se promoverá a cargos de mayor jerarquía y competencia.

 

  • Si el denunciante es contratista de prestación de servicios, supernumerario, practicante o judicante, se le garantizaría continuidad o promoción para que a futuro goce de la estabilidad laboral propia de los servidores públicos.

 

Una de las novedades de la iniciativa es la adquisición de beneficios fiscales, penales y disciplinarios, en caso de que el denunciante o quejoso esté inmerso o hubiere participado en los hechos materia de investigación y sanción, siempre y cuando sea acordado entre el ente investigador y el denunciante.

 

El proyecto ya cuenta con ponencia favorable para primer debate y se espera que su trámite continúe durante este periodo legislativo. (Lea: Esta es la ley contra el soborno transnacional)

 

(Cámara de Representantes, Ponencia proyecto de ley . 036/15C, 14/12/2015 ).."

Última actualización el Martes, 08 de Marzo de 2016 12:39
 
Visitas al menor no se pueden interrumpir sin autorización administrativa o judicial PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Sábado, 05 de Marzo de 2016 20:58

www.legismovil.com

 

"...Aunque la Ley 1098 del 2006 establece que mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del menor de edad no será escuchado en la reclamación de custodia o cuidado personal ni en el ejercicio de otros derechos sobre este, la madre o la persona que lo tenga bajo su cuidado no podrá interrumpir o impedir de manera unilateral el régimen de visitas que se haya pactado, sin que medie orden de autoridad administrativa o judicial, pues se trata de un derecho del menor o adolescente, precisó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El incumplimiento en el régimen de visitas previsto entre padre e hijo debe ponerse en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial que corresponda, para que se adopten las medidas necesarias con el fin de restablecer los derechos del menor o garantizar los derechos vulnerados. La tasación de alimentos se realiza con base en la capacidad económica del alimentante y las necesidades del menor. Si esta no se puede establecer, deberá presumirse que devenga al menos el salario mínimo legal...."

Última actualización el Sábado, 05 de Marzo de 2016 20:59
 
Reclusos pueden interponer acciones públicas en defensa de la Constitución PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 01 de Marzo de 2016 14:52

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..En esta oportunidad fue la Sección Segunda del Consejo de Estado la que aceptó la posibilidad de que las personas condenadas penalmente con pena privativa de su libertad gocen de legitimación en la causa por activa para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.

 

Para la ponente, la consejera Sandra Ibarra, la suspensión total de los derechos políticos a un ciudadano por virtud de una condena penal de prisión resulta ser expresión de una visión del Derecho demasiado formalista y va en desmedro de la vigencia y garantía de otros preceptos constitucionales, como la prevalencia de lo sustancial y el acceso a la administración de justicia.

 

En ese sentido, como expresión de los derechos políticos y de acceso a la justicia, debe prevalecer la interpretación favorable al desarrollo de un derecho humano de estirpe constitucional. (Lea: Consejo de Estado ordena cumplir normas en materia carcelaria y penitenciaria)

 

La magistrada estuvo de acuerdo con la nueva postura de la Corte Constitucional, que en junio del 2015 consideró que los ciudadanos colombianos mantienen su derecho político fundamental de instaurar acciones públicas, incluso si se encuentran condenados penalmente a pena privativa de la libertad.

 

Vale la pena recordar que esta nueva orientación constitucional se dio a partir de un auto de Sala Plena de la Corte, en el que resolvió favorablemente un recurso de súplica interpuesto contra el proveído de 25 de abril de 2013, que rechazó una demanda de inconstitucionalidad formulada por una persona privada de la libertad.

 

En esa oportunidad, el alto tribunal constitucional aclaró que solo exige ostentar la calidad de ciudadano para ejercer el derecho a instaurar este tipo de acciones. (Lea: Corte califica la política criminal como populista e incoherente)

 

“Dado que el acceso a la justicia es esencial para garantizar el goce efectivo de los demás derechos y libertades, y para definir los límites de las instituciones estatales, la suspensión parcial del derecho a interponer acciones públicas no es sólo la restricción de un derecho político, sino la reducción de la efectividad de todos los demás derechos constitucionales, lo cual es inadmisible”, enfatizó la providencia.

 

Lo anterior en consideración a la obligatoriedad que el artículo 241 superior y la misma jurisprudencia de esa alta corte le asignan al precedente constitucional (C. P. Sandra Ibarra).

(Consejo de Estado Sección Segunda, Auto 11001032500020150105900 (46742015),  Feb. 4/16 ) .."

Última actualización el Martes, 01 de Marzo de 2016 14:54
 
LIBERTAD PROBATORIA EN PERMISO PARA PORTE DE ARMAS PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 02 de Marzo de 2016 15:11
  • SENTENCIA SP1588-2016 DE 11 DE FEBRERO DE 2016

  • CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
    • TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LA PRUEBA, LIBERTAD DE LA PRUEBA, DELITO CON ARMAS,DELITO DE SECUESTRO, PORTE DE ARMAS, PERMISO PARA EL PORTE DE ARMAS, CLASES DE ARMAS

    • SALA:PENAL
    • PONENTE:CASTRO CABALLERO,FERNANDO ALBERTO
  • CONTENIDO:DELITO DE SECUESTRO EXTORSIVO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS.

  • ".... ACREDITAR QUE NO SE TIENE PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE ES UN REQUISITO PARA TIPIFICAR EL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES DESCRITO EN EL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO PENAL Y ES AL ENTE PERSECUTOR AL QUE LE CORRESPONDE PROBAR QUE EL SUJETO CARECE DE DICHA AUTORIZACIÓN. SIN EMBARGO, ESA EXIGENCIA NO SE EXTIENDE AL PUNTO DE REQUERIR LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD MILITAR SOBRE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO DE PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, COMO ÚNICA FORMA DE DEMOSTRAR TAL ELEMENTO DEL TIPO, YA QUE EL PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA PERMITE ESTABLECER LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO PENAL A PARTIR DE OTROS MEDIOS, COMO EL TESTIMONIO..."

Última actualización el Miércoles, 02 de Marzo de 2016 15:13
 
Acreditar que no se tiene permiso de autoridad competente es un requisito para tipificar el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones descrito en el artículo 365 del Código Penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Martes, 01 de Marzo de 2016 14:49

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia precisó, de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2535 de 1993, que “las armas neumáticas, de gas, las armas largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto no requieren permiso para su porte y tenencia”.

 

Así mismo, concluyó que solo el tipo de armas allí relacionadas no requieren de autorización por parte de la autoridad competente para su porte o tenencia, de lo contrario, las armas de defensa personal, deportivas o de colección es menester contar con dicho permiso, como se deduce del inciso segundo del artículo 20 del citado decreto.

 

Acreditar que no se tiene permiso de autoridad competente es un requisito para tipificar el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones descrito en el artículo 365 del Código Penal y es al ente persecutor al que le corresponde probar que el sujeto carece de aquel.

 

Sin embargo, tal exigencia no se extiende al punto de requerir que la autoridad militar certifique que a determinada persona no se le ha expedido la autorización para el porte o tenencia de armas de fuego, como única forma de demostrar tal elemento del tipo, ya que el principio de libertad probatoria permite establecer los elementos de este tipo penal a partir de otros medios, como el testimonio (M. P. Fernando Alberto Castro).

 

Sobre este tema, el alto tribunal señaló, en febrero de este año, que la acreditación de ese elemento normativo no está tarifada legalmente, ya que puede demostrarse con cualquier medio probatorio que no viole la dignidad humana, en virtud del principio de libertad probatoria.

 

Sin embargo, según la Corte, eso no significa que el juez pueda suponerlo ni deducirlo a través de juicios lógicos o las reglas de la experiencia, porque esto violaría la presunción de inocencia, aclaró la sentencia.

 

Por tanto, no basta verificar la mera posesión o tenencia del arma o la munición para asumir que la persona carece de dicha autorización, pues esto solo puede concluirse, si en el juicio oral se introduce prueba de ello o al menos existe estipulación de las partes en ese sentido, agregó. (CSJ Sala Penal, Sentencia SP-15882016 (46211), 11/02/2016 ).."

Última actualización el Martes, 01 de Marzo de 2016 14:51
 
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