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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Redención de pena es aplicable a condenados por delitos contra menores de edad PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Febrero de 2016 15:16

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..No resulta acertado incluir la redención de pena dentro de las prohibiciones previstas en el Código de Infancia y Adolescencia, indicó la Corte Constitucional, por cuanto no es un “beneficio” o “subrogado”, sino que es una expresión de la dignidad humana y es un instrumento por medio del cual el Estado ofrece al condenado la posibilidad de resocializarse.

 

Sin embargo, la posibilidad de redimir pena por estudio, enseñanza, trabajo, actividades deportivas y artísticas, y cualquier otro mecanismo de resocialización que llegare a establecerse en la política criminal estatal, debe guardar consonancia y armonía con los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, recordó la entidad, en consonancia con lo dicho por la Sala Penal de la Corte Suprema (Vea: Responsables de delitos contra menores tienen derecho a redimir pena).

 

Esto con el fin de que la fase de la ejecución de la condena produzca resultados eficaces en la rehabilitación de internos según el tipo de delito y disminuya los niveles de reincidencia, para lograr la efectiva resocialización del individuo.

 

Para la Sala, esta posición no se opone al precedente jurisprudencial que existe sobre la potestad de configuración legislativa, la función de la sanción penal, la resocialización del penado y la protección a los menores víctimas de delitos, entre otros, a través de la prohibición de beneficios o subrogados, en tanto que la redención de pena es una institución diferente y tal como se encuentra regulada en la Ley 65 de 1993 respeta las funciones preventiva y retributiva de la punición, porque aún con el descuento al que accede el demandante la condena conserva la proporcionalidad que inicialmente le fue impuesta.

 

La Corte concluyó en el caso de un condenado por delitos contra menor de 14 años que la negativa de reconocer la redención de pena constituye una vulneración del principio de igualdad, en virtud del cual las personas tienen derecho a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-718, Nov.24/15, M. P. Jorge Iván Palacio)...."

Última actualización el Martes, 02 de Febrero de 2016 15:17
 
Explican implicaciones procesales cuando juez penal se aparta del principio de congruencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Febrero de 2016 15:14

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Según lo señalado en el artículo 448 de la Ley 906 del 2004, la persona que haya sido formalmente acusada por la Fiscalía no podrá ser declarada responsable de una conducta penal por hechos que no consten en la acusación, ni de los delitos por los cuales no se ha solicitado condena. (Lea: Congruencia en los testimonios no puede ser absoluta: Corte Suprema)

 

Lo anterior significa que entre acusación y fallo debe existir perfecta armonía en sus aspectos personal y fáctico, pues si algunos de ellos no cumple con este requisito se quebrantarían las bases fundamentales del debido proceso y se vulnera el derecho a la defensa.

 

La alta corporación, desarrollando un ejercicio de reiteración jurisprudencial, añadió que en virtud del principio de congruencia el acusado no puede ser sorprendido en la sentencia con imputaciones fácticas no incluidas en la acusación, ni condenado por las imputaciones jurídicas que no hayan sido expresamente solicitadas por la Fiscalía al término del debate oral, como tampoco se le pueden desconocer aquellas circunstancias favorables que redunden en la determinación de la pena, pues de hacerlo en cualquiera de dichas eventualidades se viola el principio de congruencia entre sentencia y acusación.

 

En este orden de ideas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que las congruencias  personal y fáctica son absolutas,  es decir,  que los sujetos y los supuestos fácticos de la providencia deben ser necesariamente los mismos de la acusación; por otro lado, la jurídica es relativa, “pues se permite al juez condenar por una especie delictiva distinta de la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando respete el núcleo básico de la conducta imputada y la situación del procesado no resulte afectada con una sanción mayor”.  (M.P. José Leonidas Bustos).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 174572015 (44178), 12/16/2015...."

Última actualización el Martes, 02 de Febrero de 2016 15:15
 
LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO Y SU INTERPRETACIÓN NO SON SUSCEPTIBLES DE PRUEBA EN EL SISTEMA ACUSATORIO- DIFERENCIAS ENTRE TESTIGO EXPERTO Y PERITO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 26 de Enero de 2016 18:01

Tomado de  derecho penal colombiano:

"...

En sentencia del año 2015 la CSJ Sala Penal deja claro que en el sistema procesal penal actual no es posible convocar un testigo experto o perito con el fin de que interprete una norma jurídica o declare sobre el derecho vigente pues ello es facultad y obligación del operador judicial.
Aunado a ello la sentencia también se pronuncia sobre las diferencias entre un testigo experto y un perito.

Dice la Corte:

En similar sentido, esta Corporación ha sostenido que «la interpretación y aplicación del derecho para concluir si hubo o no delito y si el sindicado es o no responsable del mismo, resulta exclusivo y excluyente del juzgador, de quien se asume conoce la ley, quien, además, en apoyo de sus valoraciones puede y debe acudir a la jurisprudencia (no sólo la penal sino la de otras especialidades si es necesario), a la doctrina, a los principios generales del derecho y a la equidad, en aras de orientar sus conocimientos, como con claridad lo ordena el artículo 230 constitucional».
Lo anterior significa que el derecho vigente y su interpretación, contrariamente a lo pretendido por quien recurre, no puede en ninguna circunstancia ser objeto de prueba, tanto así, que el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, reiterado en similares términos en el artículo 226 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento penal en virtud del principio de integración de que trata el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, de manera expresa dispone que la prueba pericial no es admisible para explorar «puntos de derecho».

Última actualización el Martes, 26 de Enero de 2016 18:02
 
CONCESIÓN DE PRISIÓN DOMICILIARIA SOLO REQUIERE PROBAR EL FACTOR OBJETIVO DEL ARRAIGO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Febrero de 2016 23:35

Tomado de  derecho penal colombiano

"...En sentencia de la CSJ Sala Penal del año 2015, la Corte deja muy claro que con la actual Ley 1709 la concesión del beneficio de prisión domiciliaria solo requiere probar el facto objetivo del arraigo, ya que esta nueva normatividad prohíbe cualquier tipo de valoración subjetiva del juez para el otorgamiento del beneficio.

Dice la Corte:

Sobre el particular conviene enfatizar que el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 sustituyó el requisito subjetivo establecido en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para otorgar la prisión domiciliaria, que exigía evaluar el desempeño personal, laboral, familiar y social del condenado, en orden a establecer seria y fundadamente que no pondrá en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la pena, por uno de carácter objetivo consistente en la demostración del arraigo familiar y social, cuya evaluación se muestra menos exigente que la de aquel condicionamiento subjetivo.


La expresión arraigo, proveniente del latín ad radicare (echar raíces), supone la existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, lo cual se acredita con distintos elementos de juicio, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto con la familia y estar presto a atender el requerimiento de las autoridades, circunstancias que, según lo indicado precedentemente, pueden predicarse del doctor MIGUEL DE LA ESPRIELLA en el asunto sub exámine.
.."
Última actualización el Lunes, 01 de Febrero de 2016 23:36
 
CSJ SALA PENAL. DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA. ACUSADO COMO TESTIGO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 26 de Enero de 2016 14:59

Tomado de  derecho penal colombiano.

"En sentencia de finales del 2015, la CSJ Sala Penal desarrolla in extenso temas referentes al testimonio del acusado, su derecho a ser oído y la figura del derecho a la última palabra.

Dice la Corte

En ese orden, desde ya la Sala anuncia que la solución más ajustada a las garantías de las partes e intervinientes, en especial con el ejercicio del derecho de defensa material por parte del acusado y la realización de la justicia material, es que no sólo es posible practicar el testimonio del enjuiciado cuando es solicitado y decretado en audiencia preparatoria, sino también cuando, no habiéndose ofrecido en esa oportunidad, el procesado renuncia al derecho a guardar silencio y así lo reclama antes de agotada la práctica probatoria en el juicio oral.
… El derecho a la última palabra implica «la garantía de que (el) imputado o acusado tenga la posibilidad de controvertir todas las razones o argumentos expuestos por los demás sujetos del proceso, en las oportunidades en que las normas de procedimiento prevén su confrontación, lo cual lógicamente sólo es posible mediante la intervención en último lugar en cada una de tales oportunidades..."
Última actualización el Martes, 26 de Enero de 2016 15:02
 
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