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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Jueces carecen de discrecionalidad para estimar monto de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 07 de Mayo de 2016 14:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró su rechazo enérgico a la práctica judicial consistente en individualizar inmotivadamente las sanciones penales.

 

De esta manera, el alto tribunal enfatizó que los jueces de la administración de justicia carecen de discrecionalidad para estimar a su arbitrio el monto de pena a imponer, por cuanto existen parámetros legales para individualizarlas y están previstos en los artículos 59 y 61 del Código Penal.

 

Para la Sala, citando una reciente decisión, “así como un aumento de penas inmotivado o carente de fundamento en el ámbito legislativo deviene en inconstitucional, esta misma consecuencia es predicable de la imposición concreta de una pena que inmotivadamente se aparta de los límites mínimos”.

 

Recordemos que el artículo 61 indica que el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

 

Así, solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. (Lea: Tutela procede por error en dosificación de la pena)

 

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos:

 

  • La mayor o menor gravedad de la conducta

 

  • El daño real o potencial creado

 

  • La naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

 

Vale la pena decir que  la simple enunciación o alusión a dichos criterios sin la debida articulación y análisis con el caso concreto no satisfacen el deber de motivar la individualización de la sanción penal.

 

Al contrario, “implican un reprochable proceder que pretende encubrir el arbitrio del funcionario bajo la apariencia de una supuesta motivación”.

 

Así las cosas, la corporación concluyó que los funcionarios judiciales deben seguir los parámetros que ha establecido la ley para individualizar las sanciones, los cuales han de aplicarse motivadamente de cara al asunto particular y con la debida interpretación de los fines de la pena, en el marco garantista de un Estado social de derecho (M.P. José Leonidas Bustos). (Lea:Individualización de la pena debe tener en cuenta el principio ‘no reformatio in pejus’)

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-9182016 (46647), 02/03/16.."

Última actualización el Sábado, 07 de Mayo de 2016 14:13
 
Ejecución de la pena es independiente del deber de reparación PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 28 de Abril de 2016 11:49

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó las cualidades de la pena y su independencia respecto a otras figuras como la reparación civil. (Lea: Pena mínima para acceder a prisión domiciliaria varía por condición de autor o cómplice)

 

El alto tribunal manifestó que las consecuencias jurídicas de la conducta punible son de diferente orden: sancionatorias;  penas y medidas de seguridad  y responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Así mismo, que cada especie de consecuencia conserva independencia, sin perjuicio de que exista algún punto de contacto, como en el caso de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Empero, responden a razones, criterios y fines distintos.

 

Además, la sentencia dijo que no siempre que se impone una pena o una medida de seguridad existe también condena a la indemnización de perjuicios, bien porque no se demostraron o porque la víctima no promovió el incidente de reparación integral.

 

En ese orden, hay que entender que solo en los delitos que admiten la extinción de la acción penal por indemnización integral, conciliación o desistimiento la reparación a la víctima, efectuada con posterioridad a la condena, tiene la virtud de generar la libertad inmediata, por mandato del parágrafo 1° del artículo 29 B del Código Penitenciario y Carcelario.

 

 

De este modo, no está entre las finalidades de la pena hacer efectiva la reparación a la víctima. Por tanto, la ejecución de la pena tampoco es un medio para conseguir ese objetivo.

 

Cuando se concede el subrogado de suspensión de la ejecución de la pena se pone a prueba al sentenciado por un determinado periodo. En tal caso, la pena queda suspendida y sujeta, en su suerte, al cumplimiento de una de ciertas condiciones, las cuales de no realizarse harán que la pena continúe ejecutándose como si nunca se hubiera interrumpido.

 

En el caso concreto, a un condenado por lesiones personales le fue revocado el beneficio por no pagar en el plazo estipulado la indemnización correspondiente. Acto seguido se ordenó nuevamente su captura y se confirmó, aun cuando tiempo después pagó lo que adeudaba (M. P. José Barceló Camacho).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 10132016 (83892), Feb. 4/16..."

Última actualización el Jueves, 28 de Abril de 2016 11:56
 
Este es el precedente sobre libertad sin salvedades por vencimiento de términos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 28 de Abril de 2016 11:31

 

Tomado de  http://www.legismovil.com/

 

"..Mirando el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 desde la perspectiva de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, no puede atribuirse a ese precepto el poder de crear excepciones al derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad en los eventos en que se proceda por delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, por ser de rango inferior al de aquellas que lo reconocen. Así lo precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de estudiar los derechos fundamentales al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad reclamados por un procesado. En efecto, el fallo resolvió que los presuntos delincuentes imputados o acusados  en un proceso acusatorio tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable o, de lo contrario, deben ser puestos en libertad provisional cuando se registre vencimiento de términos en los procesos de persecución penal, de ahí que no se trate de un beneficio sino de una garantía de carácter universal. Pero también este derecho no admite salvedades, dado que la persona imputada o acusada no solo debe ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino tratada como tal; además, sostiene la Sala, la Ley 1760 del 2015 introdujo innovaciones al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que contiene las causales de libertad, sin contemplar ninguna excepción. Lo anterior, según el análisis de la corporación, se traduce en una anticipación de la pena y en el quebranto del derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual no admite excepciones e implica diferencia de trato entre procesados y condenados (M.P. José Luis Barceló)..."

Última actualización el Jueves, 28 de Abril de 2016 11:32
 
¿Es posible solicitar como propios los testigos de la contraparte en el proceso penal? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 28 de Abril de 2016 11:33

Tomado de www.legismovil.com

"..Esta pregunta fue planteada en un auto de la Corte Suprema de Justicia luego de haberse estudiado la legislación procesal penal frente a las exigencias que deben colmarse para la prosperidad de las peticiones elevadas en las audiencias que componen el entramado del sistema acusatorio colombiano. Así las cosas, frente al interrogante concreto, el alto tribunal resolvió que si bien la parte contraria puede pedir como suyos testimonios de la otra, esa circunstancia en modo alguno la releva de cumplir con la carga argumentativa de pertinencia, conducencia y utilidad del medio. De ahí que la corporación judicial concluyera que  si la Fiscalía o la defensa pretenden la práctica de un testimonio decretado a su contendor procesal, primero tienen que sustentar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos legales que debe cumplir toda prueba. Posteriormente, están en la obligación de exponer concisa y específicamente cuál es la información que el declarante puede aportar a la actuación, “pero que no será objeto del interrogatorio directo de la contraparte y, por tanto, tampoco puede hacer parte del contrainterrogatorio”, agregó  el pronunciamiento (M.P. Gustavo Enrique Malo)...."

Última actualización el Jueves, 28 de Abril de 2016 11:34
 
Casación 40478 (10-06-15) Delito sexual. Derecho penal de Acto. Reglas de la Experiencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 22 de Abril de 2016 23:18

Tomado de http://jaydermu.blogspot.com.co/

 

"..Esta reciente decisión de la Corte Suprema, la cual ha sido suficientemente estudiada en diferentes barras académicas, pone de presente varios problemas jurídicos en cuanto a la valoración probatoria, reafirmando el concepto de derecho penal de acto.

 

Nótese que uno de los pilares de la sentencia condenatoria radicaba en "los comentarios" que dos de los testigos hicieron sobre presuntas conductas sexuales abusivas por parte del acusado en anteriores oportunidades, con lo cual se revivía el concepto de derecho penal de autor. Esto dijo la Sala:

 

"13.3.1. En primer lugar es de destacar que acerca de las presuntas conductas punibles pasadas atribuidas por las declarantes, los juzgadores no tuvieron en cuenta, con el fin de aquilatar la solidez de esas graves imputaciones, que según el artículo 248 de la Constitución Política únicamente “las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen el carácter de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

 

Al reconocer esos comentarios como "antecedentes de pasada conducta" en detrimento del acusado, se vulneró la presunción de inocencia según dice el Máximo Tribunal. A manera de conclusión y en lo que respecta al tópico señalado dice la Corte:

 

"Importa señalar que al sistema procesal penal implementado con la Ley 906 de 2004, no le es ajena la tradición jurídica expresada en  anteriores regímenes acerca de las reglas de apreciación de las pruebas,  según la cual éstas deben ser valoradas no sólo de acuerdo con las  exigencias inherentes a la práctica o incorporación de cada medio en  particular, sino con sujeción a lo que la doctrina denomina apreciación racional, que no es otra cosa que la estimación en conjunto o articulada de los elementos de conocimiento, conforme a los postulados que integran  la sana crítica, actividad que debe desarrollar el juzgador con sujeción a los principios que gobiernan la lógica, la ciencia y la experiencia.

 

Igualmente debe destacarse que si bien es cierto en la Ley 906 de 2004 no hay norma expresa que regule o establezca pautas en cuanto a la pertinencia de pruebas relacionadas con el carácter del acusado y la incidencia o peso valorativo que puede tener la acreditación de aspectos semejantes frente al hecho delictivo investigado, de la misma manera es verdad que esta Sala tiene decantada una pacífica y reiterada jurisprudencia sobre ese tema en particular que debió ser atendida por  los juzgadores, como criterio orientador en la valoración de las aludidas circunstancias (Constitución Política, artículo 230, inciso segundo).

 

En efecto, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el colombiano, con sujeción al artículo 29 de la Carta Política , el sistema de protección de los bienes jurídicos inmanentes al mismo está sustentado en el principio de derecho penal de acto, por virtud del cual  la condición de punible de una hipótesis normativa tiene como exclusivo  fundamento el concreto hecho (como sinónimo de acción u omisión humana) del sujeto en la ejecución de un comportamiento previsto como delito, y la correlativa sanción también tiene a la vez como sustento solamente ese hecho individual.

 

Es por lo anterior que esta Corporación tiene establecida una inveterada, pacífica y reiterada línea jurisprudencial, según la cual, de la misma manera que la demostración de antecedentes conductuales positivos del procesado no es idónea para sustentar la ausencia de responsabilidad frente a la imputación de una conducta punible , la acreditación de anotaciones negativas similares o no al comportamiento atribuido, anteriores, concomitantes o posteriores a este, tampoco es  eficaz para, con base en un aparente perfil antisocial del implicado, asegurar su compromiso en el delito endilgado en ausencia de otros elementos que de manera efectiva lo comprometan, pues valoraciones de ese calado constituyen una inaceptable manifestación del proscrito derecho penal de autor, en desmedro de su par opuesto, el derecho penal de acto.

 

A este respecto ha aclarado la jurisprudencia de la Sala que “indicio de capacidad moral para delinquir [es] el derivado ‘de la vida anterior y las cualidades personales de las cuales se puede inducir un hábito criminoso’ ” . Y en relación con la univocidad de ese llamado indicio para fundamentar la atribución de responsabilidad frente a un concreto delito, en la misma decisión puntualizó:

 

“[E]s de destacar que no sólo los tratadistas que admiten como razonable el indicio de capacidad para delinquir lo catalogan con un ‘valor secundario o supletorio’ , o poco importante para acreditar la participación del procesado , sino que además la Corte, en anteriores  oportunidades, ha concluido que, [es] ‘contrario al contenido del artículo 29 de la Constitución Política condenar a una persona con base en lo que es, y no en lo que hizo, [porque] desconoce el principio del hecho fundamentar la responsabilidad o gravedad del injusto en la existencia de antecedentes penales’ :

 

”‘[…] atribuir credibilidad a una imputación hecha por un tercero con base en los antecedentes del procesado, y erigir tal señalamiento como fundamento de la responsabilidad, es contrario al derecho penal de acto propio de Estados Sociales y de Derecho, pues de acuerdo con aquél el  juicio de reproche acerca de un comportamiento únicamente debe tener sustento en la concreta conducta del sujeto en la ejecución del hecho previsto como delictivo, y no en la personalidad o en los antecedentes del autor, ni en reflexiones vinculadas a esos aspectos para colegir eventuales peligros esperados en el futuro del mismo individuo’ .

 

”En este orden de ideas, si es derecho penal de autor deducir la participación o responsabilidad a partir de los antecedentes penales que obren en contra del procesado, también lo será si la inferencia se  construye a partir de registros, anotaciones, manifestaciones o cualquier otro elemento de convicción que acerca de la personalidad del individuo figuren en el expediente”.

 

En conclusión, de acuerdo con lo anterior, la falladora de primera instancia, avalada tácitamente por el juzgador de segundo grado, al traer como soporte para la atribución de responsabilidad al procesado en el comportamiento delictivo objeto de debate, los comentarios de MABM y LVZA acerca de supuestas acciones semejantes, cometidas por el procesado en épocas anteriores y remotas en relación con los hechos materia de juzgamiento, incurrió en un falso raciocinio por desatención de las reglas que constituyen pautas de valoración racional de los medios de prueba, de conformidad con la lógica, la ciencia y la experiencia".

 

El falso RACIOCINIO presente en la apreciación probatoria por parte de los falladores de instancia permitió que se CASARA la sentencia impugnada....."

Última actualización el Viernes, 22 de Abril de 2016 23:20
 
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