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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Ignorancia y falta de aptitud de abogado conduce a nulidades en sistema acusatorio PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Febrero de 2016 16:05

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...Así lo señaló recientemente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al casar una sentencia condenatoria contra un acusado por el  delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y, por consiguiente,dispuso reanudar el proceso desde la audiencia preparatoria, conforme lo ha establecido para este tipo de casos el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, en razón a la deficiente  y precaria preparación de su defensor.

 

Para el alto tribunal, a pesar de la presencia formal de un profesional del Derecho y de  su participación en las instancias procesales  que componen el juicio oral en materia penal, “estas fueron tan torpes, tan estultas y tan manifiestamente equivocadas que dejaron en una indefensión material al acusado, que entendió sus efectos al posterior desarrollo del juicio y, eventualmente, a la definición del proceso”. (Lea: Sancionan a abogado por firmar memoriales de persona que tenía conocimientos empíricos de Derecho)

 

De la misma manera, el órgano de justicia enfatizó que la violación al derecho de tener una defensa técnica  es el resultado, además, de la falta de vigilancia y corrección del servidor jurisdiccional en el aseguramiento de las garantías del acusado. En efecto, recordó que son deberes del togado salvaguardar los derechos de las partes en el proceso dejando constancia, inclusive, del cumplimento de esa garantía, y el de corregir los actos irregulares.

 

Finalmente,  concluyó que  la falta de preparación, experticia y de habilidad del abogado penalista en una instancia del juicio oral, en relación al debido proceso probatorio contemplado en la Ley 906 del 2004, y a las más elementales nociones de régimen de pruebas y de los recursos judiciales, tienen como consecuencia que se desvirtúe el fundamento epistemológico y pragmático de un sistema procesal de corte acusatorio, que se sustenta en la efectividad de la defensa material. (Lea: Abogados adscritos a defensoría pública no pueden sustituir poder)

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-4902016 (45790), Ene.27/16, M.P. Gustavo Enrique Malo).."

 

Última actualización el Martes, 16 de Febrero de 2016 16:07
 
Rebaja de pena procede tanto en los casos de confesión simple como cualificada PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 16 de Febrero de 2016 16:03

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema reiteró que lo determinante para otorgar la rebaja de pena es que la confesión sea útil para fundamentar la condena.

 

Para la Sala, el descuento procedería pese a que la admisión de los hechos sea parcial, como en los casos en que se acepta la posesión de una parte importante de los elementos materiales del delito, si la confesión es empleada en forma significativa por el fallador para edificar la sentencia condenatoria. (Vea: Rebaja de pena por reparación depende de que esta sea plena)

 

A su juicio, aunque la confesión sea el fundamento de la sentencia no puede entenderse que constituye su soporte probatorio determinante. Si así fuera, señala el fallo, la norma de la reducción punitiva sería virtualmente inaplicable, pues si la ley impone verificar el contenido de la confesión es normal que al hacerlo se logren otros medios de prueba con la aptitud suficiente para fundamentar el fallo.

 

La sentencia explicó los requisitos para que proceda la rebaja de pena por confesión bajo el régimen de la Ley 600 del 2000 (Artículo 283), entre los que se encuentran:

 

  1. Que el procesado haya confesado su autoría o participación en el hecho,

 

  1. Que no se trate de un caso de flagrancia,

 

  1. Que la confesión se haya ofrecido en la primera versión que se rinde ante el funcionario que conoce del asunto,

 

  1. Que la confesión sea fundamento de la sentencia.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 4882016 (38151), Ene.27/15, M. P.  Gustavo Enrique Malo)..."

Última actualización el Martes, 16 de Febrero de 2016 16:04
 
SENTENCIA HITO- DIFERENCIAS DOLO EVENTUAL Y CULPA CON REPRESENTACIÓN. FINES DE LA PENA. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:25

 

Tomado de  http://derechopenalydoctrina.blogspot.com.co/

 

"...En sentencia de diciembre de 2015 la CSJ Sala Penal casó de manera oficiosa condena de 35 años contra un policía que al manipular de manera descuidada su arma de fuego término matando a su pareja sentimental.

En esta oportunidad la Corte se enfrentó a la situación de determinar sí el homicidio debía ser condenado a título de dolo eventual o culpa con representación, acogiendo la última tesis y reduciendo la pena de 35 años de prisión a 43 meses de prisión.
La Corte para cambiar su fallo no solo acoge la tesis de la culpa de la representación sino que establece que mantener una pena de 35 años seria contrario a la razones a los fines de la pena.
Dice la Corte
El dolo eventual, precisa la Sala, no puede ser entendido como una simple suma de imprudencias (o de infracciones al deber) ni tampoco la valoración aislada acerca de un peligro que se cataloga como gravísimo o de producción inminente. Ello, en tanto siempre será indispensable, para distinguirlo de una manera no arbitraria con la culpa consciente, constatar que el sujeto agente carecía de la posibilidad de representarse un control racional (aunque errado y vencible) en cuanto a los factores de riesgo por él percibidos, dirigido a no producir el resultado.
Condenar a JEFFREY JOSÉ FONTALVO MONTAÑO a treinta y cinco (35) años y diez (10) meses de prisión por el homicidio de Maryiris Johana Acosta Hernández es a todas luces innecesario, irrazonable y desproporcionado.
En primer lugar, no es necesario desde el punto de vista de los fines de la pena, en la medida en que no hay motivos preventivo especiales o preventivo generales, ni tampoco de retribución justa, para imponerle al acusado una sanción de semejante índole. Por un lado, la acción consistió en haberle disparado a su propia novia no de una manera  intencional, sino como consecuencia de su estolidez: las consecuencias morales y emocionales de dicha conducta lo van a acompañar toda la vida. Por otro lado, se trató de un comportamiento que desde una perspectiva estadística es insignificante. No hay datos que respalden la idea de abusos por parte de miembros de la fuerza pública en el manejo cotidiano de las armas de fuego. Tampoco obedeció a factores culturales susceptibles de corregir imponiendo aserciones normativas acompañadas de sanciones ejemplares. Fue un hecho aislado, de índole trágica y difícil repetición.
En segundo lugar, confirmar esa pena sería contrario a la razón, así como a la prohibición de exceso, puesto que al procesado no podía atribuírsele dolo eventual sino culpa con representación, conforme a lo analizado. De ahí el absurdo de mantener la pena que le correspondería a quien obró con la intención de lesionar el bien jurídico cuando el aquí acusado ni siquiera adoptó la decisión consciente de dirigirse hacia tal afectación.

..."

Última actualización el Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:28
 
CONDENAN A FISCAL SECCIONAL POR DEFICIENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE UN PREACUERDO. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:28

tomado de http://derechopenalydoctrina.blogspot.com.co/

 

"..En sentencia de noviembre de 2015, la CSJ Sala Penal revoca sentencia de primera instancia y en consecuencia condena a un Fiscal por el delito de prevaricato por acción por deficiencias en la elaboración de un preacuerdo.

Sentencia polémica que nosinvita a reflexionar ¡si los preacuerdos tienen un control judicial y solo tiene efectos al ser aprobados, es posible que un fiscal incurra en el delito de prevaricato al suscribir con la defensa un preacuerdo?

Dice la Corte:

Así las cosas, para la Sala la conducta del procesado Charris Bravo consistente en omitir y distorsionar la obligación de reintegrar el producto del incremento patrimonial recibido, la deducción de un doble beneficio y haber convenido el sustituto de la prisión domiciliaria, todo ello en el acta de preacuerdo que se confeccionó a lo largo de 9 meses, entre el 5 de octubre de 2010 y 8 de julio de 2011, dentro de la actuación por el delito de peculado por apropiación seguida contra el secretario de tránsito de La Paz (Cesar) Ariel Jesús Rojas Peraza, configuró el delito de prevaricato por acción, por violación de los artículos 349 y 352, inciso 2º, del Código de Procedimiento Penal, y artículo 38 del Código Penal...."

Última actualización el Jueves, 04 de Febrero de 2016 22:32
 
Redención de pena es aplicable a condenados por delitos contra menores de edad PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Febrero de 2016 15:16

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..No resulta acertado incluir la redención de pena dentro de las prohibiciones previstas en el Código de Infancia y Adolescencia, indicó la Corte Constitucional, por cuanto no es un “beneficio” o “subrogado”, sino que es una expresión de la dignidad humana y es un instrumento por medio del cual el Estado ofrece al condenado la posibilidad de resocializarse.

 

Sin embargo, la posibilidad de redimir pena por estudio, enseñanza, trabajo, actividades deportivas y artísticas, y cualquier otro mecanismo de resocialización que llegare a establecerse en la política criminal estatal, debe guardar consonancia y armonía con los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, recordó la entidad, en consonancia con lo dicho por la Sala Penal de la Corte Suprema (Vea: Responsables de delitos contra menores tienen derecho a redimir pena).

 

Esto con el fin de que la fase de la ejecución de la condena produzca resultados eficaces en la rehabilitación de internos según el tipo de delito y disminuya los niveles de reincidencia, para lograr la efectiva resocialización del individuo.

 

Para la Sala, esta posición no se opone al precedente jurisprudencial que existe sobre la potestad de configuración legislativa, la función de la sanción penal, la resocialización del penado y la protección a los menores víctimas de delitos, entre otros, a través de la prohibición de beneficios o subrogados, en tanto que la redención de pena es una institución diferente y tal como se encuentra regulada en la Ley 65 de 1993 respeta las funciones preventiva y retributiva de la punición, porque aún con el descuento al que accede el demandante la condena conserva la proporcionalidad que inicialmente le fue impuesta.

 

La Corte concluyó en el caso de un condenado por delitos contra menor de 14 años que la negativa de reconocer la redención de pena constituye una vulneración del principio de igualdad, en virtud del cual las personas tienen derecho a recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-718, Nov.24/15, M. P. Jorge Iván Palacio)...."

Última actualización el Martes, 02 de Febrero de 2016 15:17
 
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