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Legalizacion de Captura
Si no se legaliza captura o se declara ilegal la rebaja de pena en caso de allanamiento es del 50% PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 03 de Agosto de 2014 17:00

".                                                                 REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA PENAL
Magistrado Ponente:
Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 035


AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Bogotá, D.C., miércoles, nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014).


Radicación
11001600017201303507 01
Procedente
Juzgado 28Penal del Circuito de Conocimiento
Procesado
Carlos Enrique Muñoz Galindo
Delito
Homicidio agravado tentado
Asunto
Decreta nulidad de allanamiento
Decisión
Revoca

.La legalización de la captura de una persona aprehendida en situación de flagrancia se vincula a la rebaja de pena que procede en caso de allanamiento. El Tribunal Superior de Bogotá dice que si una persona es aprehendida en situación de flagrancia pero no se legaliza la captura, en caso de allanamiento a la imputación procede la rebaja de hasta el 50 por ciento de la pena a imponer

Cuando la Fiscalía promueve una audiencia preliminar de legalización de captura contra una persona aprehendida en situación de flagrancia, para que persista la alegada flagrancia -con sus consecuencias- debe el juez de garantías declarar la legalidad de la captura. Pero en supuestos en los que se declara la ilegalidad de una captura, la Fiscalía podría continuar con la audiencia de imputación, luego de la cual el procesado estaría facultado para allanarse a los cargos y recibir una rebaja de pena de hasta el 50% porque no existiría jurídicamente la alegada situación de flagrancia, en tanto la misma fue declarada ilegal...."

Última actualización el Domingo, 03 de Agosto de 2014 17:05
 
Fraude procesal se configura solo si el imputado tiene el propósito de inducir a error al funcionario PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 04 de Junio de 2014 19:55

tomado de  www.legismovil.com.

"..Fraude procesal se configura solo si el imputado tiene el propósito de inducir a error al funcionario (10:37 a.m.)

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que el fraude procesal requiere que el sujeto activo acuda al dolo, teniendo plena certeza de que su propósito es inducir a error al administrador o al funcionario judicial. Sin embargo, si genera el yerro actuando de buena fe, sin tener la intención de quebrantar la legalidad, no se le puede endilgar responsabilidad penal alguna. Frente al caso concreto, la Sala desestimó que la forma inadecuada como el imputado dio cuenta de la cesión de derechos sobre un bien tuviera el propósito de inducir a error a la administración, en procura de la venta de una propiedad. La corporación encontró que si bien la escritura pública aportada al expediente no cumplía con la ritualidad propia de tales contratos de cesión, sí se expresaba en ella la voluntad de los cedentes y, en todo caso, el indiciado no procuraba acudir a un medio fraudulento para finiquitar el negocio (M. P. Luis Guillermo Salazar). 

Noticia generada en Jun. 4/14 (10:37 a.m.)

 


Última actualización el Miércoles, 04 de Junio de 2014 20:05
 
Noticias de ultima hora PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 21 de Mayo de 2014 22:16

Tomado de www.legismovil.com:

 

"...

 

Noticia destacada
Extra
Suspenden normas que permitían contratación directa para actividades de seguridad nacional (10:00 a.m.)

El Consejo de Estado suspendió temporalmente varias normas que permiten a algunas entidades estatales compras y contrataciones sin cumplir el requisito de selección objetiva. Así las cosas, no tendrá vigencia la disposición que autoriza la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios necesarios para garantizar la seguridad nacional, como lo establece el inciso 7º del artículo 3º del Decreto 1510 del 2013. También dejó sin efectos la norma que clasifica todos y cada uno de estos elementos, entre los cuales se cuenta armamento, equipos médicos, alimentación, vehículos, contratación de obras civiles, así como tecnología en materia de seguridad carcelaria, la utilizada para contiendas electorales, la propia para la Rama Judicial y la Unidad Nacional de Protección (artículo 65). La decisión cobija los apartes normativos que exoneran al contratante del deber de justificar la modalidad de contratación que haya escogido (inciso final del artículo 73) y aquellos que permiten que, sin necesidad de escuchar varias ofertas, en lo que atañe a la adquisición de bienes y servicios que requieren reserva, entidades estatales del sector defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección no cumplan con el requisito de la selección objetiva (inciso 1º del artículo 78). Finalmente, suspendió la disposición que clasifica los objetos contractuales propios de dicha reserva (inciso 2º del artículo 78, incluyendo sus numerales 1º al 20) (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en May. 21/14 (10:00 a.m.) 

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Senado aprueba sistema acusatorio para la justicia penal militar (3:00 p.m.)
La plenaria del Senado de la República aprobó, en segundo debate, el proyecto de reforma a la justicia militar que permitiría implantar el sistema penal acusatorio, crear la fiscalía militar y un cuerpo técnico de investigación. Esta iniciativa de 130 artículos seguirá su trámite en la Cámara de Representantes. 

Noticia generada en May. 21/14 (3:00 p.m.) 

Información relacionada:


Declaran constitucionales destinación y beneficios del Cree (11:53 a.m.)
La Corte Constitucional declaró exequibles algunos apartes normativos que regulan los beneficios del impuesto a la renta para la equidad (Cree) y su destinación (artículos 24 y 25 parciales de la Ley 1607 del 2012). En ese sentido, declaró como ajustado a la Carta Política que los recursos recaudados sean destinados a la financiación de programas sociales en favor de la población más vulnerable, lo mismo para el descuento en la tarifa a los empleadores, en aras de la generación de nuevos puestos de trabajo. Pese a que coincidía con esta postura, en su concepto, la Procuraduría había solicitado declarar inexequible la norma que permite incorporar y apropiar en el año siguiente los recursos del Cree que en la respectiva vigencia fiscal no fueron ejecutados, como lo consagra el artículo 28.

Noticia generada en May. 21/14 (11:53 a.m.)

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Estos son los acuerdos para mantener el programa de descongestión de la Rama Judicial (10:48 a.m.)
Tras las protestas convocadas por Asonal Judicial, ante el fin del programa nacional de descongestión de la Rama Judicial, voceros del sindicato aseguraron que el Gobierno se comprometió a mantenerlo hasta el 31 de diciembre de este año. Además, precisaron que el Ministerio de Hacienda aceptó desembolsar $ 100.000 millones para la financiación de esta tarea, que ya estaban autorizados en el presupuesto del 2014, pero no se había fijado la vigencia fiscal respectiva. Además, se creó una comisión que establecerá cuáles son las necesidades para mantener el plan hasta finales del 2014. Adicionalmente, otra comisión se encargará de verificar los elementos necesarios para que los actuales despachos de descongestión asuman la calidad de permanentes. Según Asonal, hay voluntad del Ejecutivo para que estos operadores se incorporen, en forma definitiva, al poder jurisdiccional.

Noticia generada en May. 21/14 (10:48 a.m.) 
Declaran inexequible papel de la Unidad de Víctimas y de la URT en incidente de identificación de víctimas para reparar en Justicia y Paz (9:22 a.m.)
La Corte Constitucional declaró inexequibles el incidente de identificación para la reparación a víctimas de grupos armados al margen de la ley y el papel que tienen la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en los términos que dispone la Ley 1592 del 2012. A juicio del alto tribunal, estas actuaciones no pueden estar supeditadas a una actuación administrativa, sino que deben ser resueltas únicamente por vía judicial, como lo señalaba originalmente la Ley de Justicia y Paz. Para el alto tribunal, lo propio era aplicar la tesis de la Sentencia C-180 del 2014, según la cual es en el orden jurisdiccional que se deben definir los aspectos relacionados con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, so pena de desconocer garantías al debido proceso. En otra demanda estudiada por la Corte este martes, se ordenó estarse a lo resuelto en la presente decisión. 

Noticia generada en May. 21/14 (9:22 a.m.) 

Información relacionada:


Suspenden normas que regulan pago de prima técnica a varios funcionarios de la Cámara de Representantes (9:10 a.m.)
El Consejo de Estado suspendió tres normas en las que se consagra el pago de la prima técnica para varios funcionarios de la Cámara de Representantes. Así, dejó sin efectos transitorios el artículo 1º de la Resolución 2051 del 2004, que permite que el beneficio se extienda para todos los empleados del nivel profesional. Ello porque el artículo 1º del Decreto 1724 de 1997 autoriza estos pagos únicamente para quienes se desempeñen de manera permanente en cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en las diferentes entidades estatales. La Sala también suspendió la compensación por cinco años de experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, que se encuentra reglamentada por el artículo 3º del mismo acto, en su numeral 1º. Lo anterior porque el artículo 3º del Decreto 2177 del 2006 impide que el título de estudios de formación avanzada se compense por experiencia e indica que el mismo deberá estar relacionado con la plaza que ocupe el funcionario respectivo. Finalmente, suspendió el contenido del artículo 7º de la resolución, que regula el pago para quienes ejerzan labores de profesional universitario, periodista, médico, almacenista o asistente administrativos de las oficinas de Presupuesto, Protocolo, Archivo Legislativo, Control de Cuentas, Gaceta del Congreso, Leyes, Fondo de Publicaciones, Contabilidad, Revisor de Documentos y demás despachos adscritos a la mesa directiva, Dirección Administrativa y Secretaría General (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 21/14 (9:10 a.m.) 

Información relacionada:

Para efectos tributarios, ‘leasing’ habitacional no es un sistema para financiar vivienda (8:50 a.m.)
De la exención de renta respecto a los aportes voluntarios realizados a fondos de pensiones, cuando el retiro de los mismos se destine a la adquisición de vivienda, por medio de financiación o sin ella, no se puede concluir que la figura de leasing habitacional sea un sistema para financiar vivienda, pues requiere la opción de compra para su materialización, precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De otra parte, indicó la entidad, el beneficio tributario lo obtiene el propietario de los aportes voluntarios destinados a la adquisición de vivienda, por lo que la cesión de derechos no da lugar a la exención ni la calidad de locatario en un contrato de leasing habitacional.

Noticia generada en May. 21/14 (8:50 a.m.) 
Rechazan impedimentos de dos magistrados para conocer segunda instancia de tutela que restituyó a Petro (8:35 a.m.)
El magistrado Ariel Salazar deberá proyectar el fallo de la impugnación a la tutela que restituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, luego de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negara el impedimento que presentó para conocer del asunto. A su vez, se negó la objeción que del magistrado Armando Tolosa. Solo se aceptó el impedimento que presentó la expresidenta de la corporación, Ruth Marina Díaz, debido a la relación de amistad que mantiene con el procurador Alejandro Ordóñez. En el caso de Salazar, sostuvo que los vínculos de consanguinidad con una contratista del Distrito Capital no dan lugar a que se habilite la casual 1ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ya que la acción de tutela va dirigida contra una actuación administrativa de la Presidencia y contra el Ministerio Público. Por los mismos motivos, dice la Sala, fue rechazado el impedimento del magistrado Tolosa, ya que la demanda de reparación directa que interpuso tiempo atrás contra el Secretaría de Educación de Bogotá no supone la evidencia de la causal, toda vez que los reparos de la acción no van dirigidos contra esa entidad. Finalmente, aclara, en el caso de Díaz tiene lugar la causal 5ª del Código de Procedimiento Penal, en vista de su amistad con el jefe del organismo de control, por lo que debe ser reemplazada por un conjuez.

Noticia generada en May. 21/14 (8:35 a.m.)..."
Última actualización el Miércoles, 21 de Mayo de 2014 22:18
 
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Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:17

Tomado de www.ambitojuridicio.com:

"..Condenas superiores a cuatro años no pueden ser objeto de suspensión de pena de Ley 1709

8 de Mayo 1:53 PM


 

Quienes son condenados a penas superiores a cuatro años de cárcel no pueden beneficiarse de la suspensión de la pena prevista en el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014 (reforma carcelaria), advirtió la Corte Suprema de Justicia.

 

Según el alto tribunal, la norma modificó el artículo 63 del Código Penal, estableciendo la suspensión por un periodo de entre dos y cinco años, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos, entre ellos que la pena no exceda el cuatrienio.

 

La corporación recordó que el artículo 23 de la reforma introdujo el artículo 38B a la Ley 599 del 2000, fijando beneficios como la prisión domiciliaria para condenados por delitos cuya pena mínima sea hasta de ocho años, con excepción de los dolosos que sean cometidos en contra de la administración.

 

En ese sentido, preció que se entienden por delitos que afectan el patrimonio del Estado los que lo lesionen de manera directa, por menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por la conducta dolosa de un funcionario.

 

Aunque, en el caso analizado, los procesados purgan penas que se cuentan dentro de ese límite, no pueden hacerse acreedores al beneficio, porque fueron condenados por el delito de peculado,explicó la Corte.

 

En una decisión similar, la corporación recordó que quienes paguen condenas por concusión no pueden ser cobijados con los beneficios de la reforma carcelaria. Esa vez, le negó el beneficio a un fiscal y ratificó la condena de seis años de prisión que se le impuso por aprovecharse de su investidura para amedrentar a sus deudores y obligarlos a pagar, so pena iniciar actuaciones institucionales en su contra.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4161 (34074), abr. 2/14, M. P. Patricia Salazar).."

 

Comisión de delitos por temor a perder empleo debe valorarse según reglas de la experiencia
9 de Mayo 12:05 PM


 

El delito de lavado de activos se ejecuta con la puesta en marcha de indefinidas operaciones que buscan ocultar los enlaces de ilegalidad que caracterizan a los bienes y esconder u ocultar el origen espurio del dinero.

 

Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, al recordar que la realización de este punible requiere la intervención de un número plural de personas.

 

En el caso analizado, la Sala de Casación Penal dejó sin efectos una sentencia absolutoria y, en su lugar, condenó a la secretaria de una sociedad a 72 meses de prisión, por coautoría en este delito.

 

De acuerdo con la corporación, en este caso no podía aplicarse la regla según la cual “un trabajador, para no perder su empleo, obedece las órdenes dadas por su jefe, sin importar la clase de actividades, incluso sean ilegales”.

 

A su juicio, la procesada no se limitó a cumplir con las tareas propias de su cargo y obedecer las órdenes impartidas por su jefe, bajo el temor reverencial de perder su empleo, pues realizó las actividades ilegales, inclusive, durante varios meses después de desvincularse.

 

La Corte advirtió que si las actividades laborales se alejan del dictado de la moral y las buenas costumbres o implican un exceso o una extralimitación, es frecuente que los empleados decidan abandonar sus puestos de trabajo mediante la renuncia.

 

Con estos argumentos, concluyó que el juez desconoció los parámetros de la sana crítica y dejó de aplicar el inciso 20 del artículo 29 (coautoría) y el artículo 323 (lavado de activos) del Código Penal.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4615 (42722), abr. 9/14, M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Solo la jurisdicción ordinaria puede juzgar hechos constitutivos de desaparición forzada
2 de Mayo 4:26 PM


 

La jurisdicción ordinaria es la única que puede juzgar a los responsables de hechos constitutivos de desaparición forzada, con exclusión de cualquier jurisdicción especial, ya sea la penal militar o la indígena. Así lo señaló la Corte Constitucional, en una sentencia publicada recientemente.

 

El alto tribunal recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Ley 707 del 2001, prohíbe que los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada sean juzgados por jurisdicciones especiales.

 

En el caso analizado, concluyó que le corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y juzgar a cinco miembros del resguardo unificado Embera Chamí del Municipio de Mistrató (Risaralda), enjuiciados por la posible comisión de los delitos de desplazamiento forzado y homicidio.

 

Para la corporación, la desaparición forzada tiene una especial connotación en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, ya que incluso puede ser objeto de la jurisdicción de tribunales internacionales.

 

Sobre el sentido, alcance y límites de la jurisdicción indígena, reiteró:

 

  1. La autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas se debe ejercer de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (artículos 246 y 330 de la Constitución).

 

  1. Las normas legales imperativas de Colombia priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural.

 

  1. Los usos y costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las normas legales dispositivas.

 

Sobre la noción de fuero indígena, señaló que se conjugan dos elementos: el personal, según el cual el indígena debe ser juzgado con las normas y por las autoridades de su propia comunidad; y el geográfico, que indica que la comunidad indígena puede juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio.

 

En los casos en los que las comunidades pueden ejercer jurisdicción, la Corte ha acudido a los tres criterios tradicionales empleados en el derecho para determinar la competencia: el personal, el territorial y el objetivo o de la materia.

 

Estos criterios no son absolutos. Por ejemplo, en los casos de conductas realizadas en el territorio de una comunidad, pero que causan daños a terceros ajenos, es posible que el asunto deba ser juzgado por la jurisdicción ordinaria.

 

Además, es factible que pese a que una conducta reprochada por una comunidad haya sido cometida por uno de sus miembros dentro de su territorio, el caso deba ser remitido a la jurisdicción nacional, debido a la no pertenencia de la víctima a la comunidad y al grado de integración del infractor a la cultura mayoritaria.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-449, jul. 12/13, M. P. Mauricio González Cuervo).

 

Primera demanda admitida contra la reforma al Código Penitenciario
12 de Mayo 12:15 PM


 

Desde la entrada en vigencia de la reforma al Código Penitenciario (L. 1709/14), ante la Corte Constitucional han sido radicadas cinco demandas en su contra.

 

La única admitida hasta el momento ataca la expresión “previa valoración de la conducta punible”, del artículo 30 de la Ley 1709, que modifica el artículo 64 del Código Penal (L. 599/00).

 

En opinión del demandante, la norma habilita al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que valore en concreto los aspectos que componen la conducta punible, tarea que le corresponde al juez de conocimiento.

 

También, advierte que esa regla para evaluar la libertad condicional vulnera los artículos 13, 29, 121 y 122 de la Carta Política, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

A su juicio, desde la entrada en vigencia de la norma, se ha conocido un alto número de decisiones emitidas por jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, en las cuales se niega sistemáticamente la libertad condicional, al considerar que la “valoración de la conducta punible” es una exigencia para la procedencia del subrogado penal.

 

Lo anterior, señala, implica una transgresión del principio non bis in ídem, del derecho a la igualdad y, por lo tanto, una duplicidad de funciones, pues el juez de ejecución, sin ser el competente, se faculta para valorar no solo la gravedad, sino las mismas circunstancias que rodearon la conducta punible en concreto.

 

En ese sentido, advierte, la función de la pena respecto de la resocialización ha sido descontextualizada por parte de los jueces de ejecución de penas, que aplican, “una tesis donde impera como ultima ratio, no un sistema penal humano, sino que por el contrario, más restrictivo de derechos, en los que como única solución se ofrece la prisión como mecanismo de disuasión”.

 

Esta acción de inconstitucionalidad fue admitida el pasado 8 de mayo y su estudio está a cargo de Nilson Pinilla.

 

(C. Const., Exp. D-10185, 05/09/2014. Demandante: Juan David Correal Rodríguez)

Última actualización el Lunes, 12 de Mayo de 2014 21:21
 
PRINCIPIO DE CONFIANZA-JUEZ ABSUELTO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:56

TOMADO www.ambitojuridico.com

 

"..Juez no siempre es penalmente responsable de fraude en sus decisiones
6 de Mayo 2:07 PM


 

Aunque una decisión judicial sea la actuación determinante para la comisión de un fraude o una estafa, el juez no siempre es penalmente responsable de los hechos.

 

Con ese argumento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena impuesta a una juez laboral que libró órdenes de pago por 1.100 millones de pesos, correspondientes a dos títulos valores de depósitos judiciales a nombre del Invías, que se dieron en virtud de falsos poderes presentados por un abogado.

 

“Fue la intervención de terceros coludados con un empleado del juzgado, quienes a través de documentos falsos con apariencia de verdad, engañaron al juez y al secretario, de ninguna manera puede verificarse, de un lado, que la acusada infringió el deber objetivo de cuidado, o mejor, creó un riesgo jurídicamente desaprobado”, agregó.

 

La Sala recalcó que el principio de compartimentación, que divide las funciones en la ejecución de la labor pública ante la imposibilidad de que un solo funcionario controle detalladamente todas las actividades, genera que el titular del despacho judicial no pueda verificar todos los procesos que allí se cumplen.

 

En su criterio, esto demuestra que la complicidad del juzgado en la comisión del delito es una circunstancia exclusivamente atribuible al empleado que concertó el fraude con el abogado, pero no comporta el peculado culposo que se le endilgó a la juez por autorizar las órdenes de pago.

 

“Basta acudir a lo que el día a día judicial enseña, para verificar que de ninguna manera el juez puede, agobiado como se halla por múltiples funciones y labores, advertir todas las complejidades del trámite y dedicar su tiempo a verificar lo que sus empleados, conforme las tareas a ellos asignadas, supuestamente decantaron previamente”, agregó.

 

Para la corporación, es desatinado el que la Fiscalía haya considerado que el supuesto desorden reinante en el despacho sea prueba de la falta de debido cuidado que se le enrostró a la procesadacomo evidencia de su negligencia a la hora de verificar la procedencia de los poderes del Invías, que resultaron ser falsos.

 

“En este sentido, se reitera, no entiende la Sala, ni el Tribunal lo justifica, a qué se refiere el fallo de primer grado cuando sostiene que la vulneración al deber objetivo de cuidado provino de que la funcionaria omitió ‘verificar la procedencia del pago de los títulos judiciales”, anotó.

 

En criterio de la Sala, no existe ninguna razón legal que hubiera amparado a la procesada para no librar la orden de pago. En contraste, la legislación vigente y ciertas actuaciones administrativas la instaban a acceder a las pretensiones del abogado, sin que pudiera atribuírsele culpa en sus intenciones delictivas.

 

La providencia recuerda el contenido del artículo 7° del Acuerdo 1676 del 2002, en el que el Consejo Superior de la Judicatura señala la posibilidad de ordenar el desembolso de los depósitos judiciales a nombre del apoderado de la entidad, en los términos del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

 

“El A quo nunca especificó en qué consiste, concretamente, la dicha verificación, o cómo opera la misma, en tanto, lo que legalmente se conoce indica que, en efecto, el apoderado especial del Invías, conforme el poder presentado para el efecto, estaba facultado para reclamar los títulos consignados en el despacho por consecuencia del embargo ocurrido en el proceso ejecutivo archivado”, concluyó.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4451 (43363), abr. 9/14, M. P. Gustavo Enrique Malo)..."


Última actualización el Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:58
 
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