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Ministerio Publico Ciudad Bolivar
El allanamiento es una especie o modalidad de preacuerdos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 04 de Mayo de 2019 16:07

Tomado de : https://kaminoashambhala.blogspot.com/2018/10

 

"....La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 28 de febrero de 2018, identificada con el radicado 51833, se refirió al allanamiento a cargos el cual constituye una especie o modalidad de los preacuerdos. Al respecto dijo:

En memorial fechado 11 de enero del año en curso, el procesado, entre otros asuntos, planteó a la Corte la posibilidad de otorgarle “(…) una rebaja punitiva equivalente al cincuenta por ciento frene a los dos cargos que acepté (…)”.
Al respecto, en el acta de formulación y aceptación de cargos, la Sala de Instrucción le advirtió al procesado lo siguiente:

(…) Es cierto que la Corte ha aceptado la aplicación favorable del mayor término de rebaja establecido en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a casos regulados por la Ley 600 de 2000.
“Pero como ello se fundamentó en la tesis según la cual el allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004 es asimilable al instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000.
Sin embargo, a partir del fallo del 27 de septiembre de 2017 dentro del radicado 39831, caso Nule:

"La Corte replanteó dicha postura, para establecer que el allanamiento a cargos de la primera normatividad constituye una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a obtener beneficios punitivos,

"y que en tal medida, para su aprobación es necesario el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 349, lo que significa que en aquellos casos en los que el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma, debe reintegrar como mínimo el 50% de su valor y asegurar el recaudo del remanente.
“Por tanto, no puede esta Sala de Instrucción ofrecer al señor procesado la aplicación de la rebaja señalada en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004, pues desconoce las consecuencias que en aplicación del nuevo precedente recaerán sobre los trámites de sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000.
“Se trata de un tema sobre el cual la Corte no se ha pronunciado de manera específica y por tanto, está al análisis de la Sala de Juzgamiento (…).
Pues bien, en el fallo de casación identificado como CSJ SP14496-2017, 27 sep. 2017, rad. 39831, la Sala Penal de la Corte cambió su jurisprudencia, pues recogió la tesis que le atribuía naturaleza y efectos diversos al allanamiento a cargos y a los preacuerdos en la Ley 906 de 2004.
En consecuencia, ratificó su planteamiento primigenio (CSJ SP, 23 ago. 2005, rad. 21954 y CSJ SP, 14 dic. 2005, rad. 21347), según el cual el primero (el allanamiento a cargos) es una especie o modalidad de los segundos (de los preacuerdos) (paréntesis fuera del texto).
“Esto, debido a que es el propio Código de Procedimiento Penal (art. 351) el que se refiere a la aceptación de cargos como un “acuerdo” que debe ser presentado al juez de conocimiento.
En el mismo párrafo en el que se concretó la variación jurisprudencial aludida se precisó que ella se hacía:

“(…) con todas las consecuencias que de ella se derivan (…) , acotación que se acompañó con la cita del proveído CSJ SP, 23 may. 2006, rad. 25300, con lo cual se entiende que se apropian y actualizan las consideraciones allí contenidas, esto es que:
(…) el concepto amplio que siempre ha manejado esta Corte Suprema frente a la aplicación del principio de favorabilidad, no puede conllevar a que, con su pretexto, se pueda invocar, por ejemplo, la aplicación íntegra del nuevo sistema procesal a un caso no cobijado por su vigencia, pues, de un lado, el principio de favorabilidad es predicable de cara a institutos contenidos en uno u otro método de juzgamiento –los contenidos en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004- en tanto discurran coetáneamente, y, de otro, la igualdad sólo es predicable frente a individuos que se encuentran en condiciones similares, o mejor expresado, como el fin último de cualquier sistema procesal es el de servir de ámbito de garantía a los derechos del individuo, es claro que cada sistema por sí mismo contiene una estructura interna propia que materializa y desarrolla el catálogo de garantías fundamentales consagradas en la Carta Política.
Por lo tanto, no puede perderse de vista que tanto la Ley 600 como la 906 responden a sistemas procesales expedidos por el legislador con arreglo y en desarrollo de normas constitucionales diferentes, por lo que la comparación para establecer cuál de las normas sustanciales coexistentes inserta en alguno de los dos sistemas de juzgamiento que hoy operan en el país resulta más favorable, abarca la necesaria comparación del régimen constitucional dentro del cual fue emitida.
De allí que la aplicación de la favorabilidad respecto de determinadas normas contenidas en la Ley 906 a casos regulados por la Ley 600, depende de la equivalencia de los respectivos institutos,

"la cual, desde ya se advierte, no se consolida en los casos de la aceptación de la imputación en la audiencia de su formulación prevista en los artículos 293 y 351 de la primera normatividad, y la sentencia anticipada regulada en el artículo 40 de la segunda,

"pues además de que fueron moldeados con arreglo a esquemas constitucionales diferentes, configuran institutos procesales sostenidos en bases filosóficas distintas: aquél en el paradigma del consenso, ésta en el del sometimiento (…)
Dentro de esa lógica, surge evidente que la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación de la imputación de la Ley 906 de 2004, no son institutos idénticos, porque pertenecen a sistemas procesales de investigación y juzgamiento diametralmente contrapuestos, lo cual lleva a excluir la pretendida aplicación del principio de favorabilidad que reclama el demandante. (…). (CSJ SP, 23 may. 2006, rad. 25300).
En esta línea de pensamiento, no es posible acceder a lo pretendido por el Senador (…) en materia de reducción punitiva...."

Última actualización el Sábado, 04 de Mayo de 2019 16:23
 
Regla según la cual, el plazo de 24 horas para realizar el control de legalidad de las diligencias de Policía Judicia PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:52

C-014  DE 2018  CORTE  CONSTITUCIONAL

MEDIDA DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA-Audiencia de control de legalidad/MEDIDA DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA-Regla según la cual, el plazo de 24 horas para realizar el control de legalidad de las diligencias de Policía Judicial, se cuenta a partir del recibo del informe correspondiente por parte del fiscal, no infringe el plazo de 36 horas previsto en la Constitución.

 

25. Debe clarificarse, con todo, que si por cualquier circunstancia es superado el plazo de 12 horas que tiene la Policía Judicial para rendir el informe correspondiente al Fiscal, de conformidad con los artículos 14, inciso 4º, y 154, numerales 1 y 9 C.P.P., la audiencia de control posterior de legalidad sobre lo actuado deberá adelantarse en todo caso dentro del término máximo de 36 horas luego de finalizada la diligencia investigativa[22]. Este es el efecto precisamente de que las 24 horas dentro de las cuales, según al precepto acusado, debe realizarse el aludido control judicial sean un término máximo y de que el mismo debe ser armonizado con las citadas reglas procesales y el artículo 250.2 Superior. De la misma manera, es claro que si se excede el plazo de 36 horas, de las cuales hacen parte las 12 horas iniciales con las que cuenta la Policía Judicial para presentar el correspondiente informe y las 24 horas para la realización del control de legalidad sobre lo actuado, surgirán las respectivas consecuencias establecidas en las normas procesales y, en especial, las contenidas en los artículos 23, 232 y 360 C.P.P.

Última actualización el Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:55
 
REBAJA DE PENA PARA FEMENICIDIO ES DE 1/6 en formulacion de imputacion FLAGRANCIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:24

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA PENAL.....JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, Magistrado Ponente, SP18534-2017, Radicación n.° 49209, Acta n.° 372,

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

"....Empero, el a quo reconoció únicamente una sexta parte (1/6) de reducción de la pena por razón de lo dispuesto por el artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015, que es del siguiente tenor:

Artículo 5.°. Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

"....Para la Sala no le asiste razón al casacionista en su reclamo y el monto reconocido como rebaja de pena a cambio del allanamiento a la imputación se ajusta a lo previsto en la ley.

Si bien el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, lo cierto es que con esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el primer inciso del artículo 351 del C. de P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3.° del artículo 288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 (se subraya).

Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible conexión que existe entre los dos preceptos.

Si bien la intención de eliminar beneficios y subrogados para los perpetradores de feminicidio fue morigerada en forma significativa durante el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso n.° 322 del 22 de mayo de 2015, página 11), en todo caso se mantuvo el propósito declarado en la exposición de motivos, esto es, obtener la imposición de una sanción ejemplarizante para los responsables de feminicidio, debido a la gravedad del hecho y al grado de repudio que el mismo merece (Gaceta del Congreso n.° 773 del 26 de septiembre de 2013, página 8).

Pues bien, a ese designio se ajusta la interpretación prohijada por la Sala, así como también a la conceptualización que ha retomado a partir de la providencia CSJ SP14496-2017, 27 sep. 2017, radicado 39831, en el sentido que el allanamiento a cargos es una modalidad de preacuerdo....."

 
REBAJA DE PENA PARA FEMENICIDIO ES DE 1/6 en formulacion de imputacion FLAGRANCIA PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 01 de Mayo de 2019 16:24

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA PENAL.....JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO, Magistrado Ponente, SP18534-2017, Radicación n.° 49209, Acta n.° 372,

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

"....Empero, el a quo reconoció únicamente una sexta parte (1/6) de reducción de la pena por razón de lo dispuesto por el artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015, que es del siguiente tenor:

Artículo 5.°. Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

"....Para la Sala no le asiste razón al casacionista en su reclamo y el monto reconocido como rebaja de pena a cambio del allanamiento a la imputación se ajusta a lo previsto en la ley.

Si bien el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, lo cierto es que con esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el primer inciso del artículo 351 del C. de P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también se aplica en caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3.° del artículo 288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 (se subraya).

Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible conexión que existe entre los dos preceptos.

Si bien la intención de eliminar beneficios y subrogados para los perpetradores de feminicidio fue morigerada en forma significativa durante el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso n.° 322 del 22 de mayo de 2015, página 11), en todo caso se mantuvo el propósito declarado en la exposición de motivos, esto es, obtener la imposición de una sanción ejemplarizante para los responsables de feminicidio, debido a la gravedad del hecho y al grado de repudio que el mismo merece (Gaceta del Congreso n.° 773 del 26 de septiembre de 2013, página 8).

Pues bien, a ese designio se ajusta la interpretación prohijada por la Sala, así como también a la conceptualización que ha retomado a partir de la providencia CSJ SP14496-2017, 27 sep. 2017, radicado 39831, en el sentido que el allanamiento a cargos es una modalidad de preacuerdo....."

 
Enfermedad grave del procesado penal también pueden certificarse con peritajes de médicos particulares PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Abril de 2019 17:29

Tomado de  www.legismovil.com

 

"...A la Corte Constitucional le correspondió determinar si el estado grave por enfermedad del procesado, que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por el del lugar de residencia, debía ser acreditado mediante “dictamen de médicos oficiales”, según lo dispuesto en el artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal. Ello por ser considerada, según el demandante, violatoria del derecho al debido proceso y, por ende, de los derechos de defensa y acceso a la justicia. La Corte encontró que, si bien el legislador puede establecer la necesidad de ciertas evidencias para la adopción de una decisión, en virtud de la referida garantía y salvo que medien razones constitucionales suficientes, no puede impedir que se recurra a otras pruebas, conforme con las reglas legales pertinentes. Esto con el fin de que el juez adopte una determinación a partir de diversos elementos de juicio y con arreglo a los principios de la sana crítica y libertad de apreciación probatoria. Observó, sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles de una interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según la cual, si bien debe allegarse dictamen de “médicos oficiales”, también pueden presentarse peritajes de médicos particulares, por lo que condicionó la exequibilidad de la norma (M. P. Diana Fajardo Rivera)...."

Última actualización el Martes, 16 de Abril de 2019 17:30
 
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