COAUTORIA EN EL PORTE ILEGAL DE ARMAS. Imprimir
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Viernes, 14 de Febrero de 2014 19:59

Tribunal Superior de Santa Marta. Sala Penal. PORTE DE ARMA DE FUEGO AGRAVADO RAD. 0667-09. RAD 47189-31-04001-2009-0107-00.INTERNO. 0667-09. (9 de febrero de 2010).

 

3.- Coautoría en el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones.

Señala el defensor apelante respecto a JOSE RAFAEL LOPEZ GAMEZ, que no se le encontró arma de arma de fuego al momento de su retención, y que por tanto, debe ser absuelto, como quiera que actuó sin dolo, jamás portó el arma de fuego y tampoco conoció de la existencia de ella, ni se probó un concierto previo con DEIVIS ALFONSO de portar arma de fuego, lo que imposibilita establecer una coautoría en el delito referenciado.

La ley 599 de 2000, a diferencia del Decreto 100 de 1980, reguló expresamente en el artículo 29 inciso 2 el concepto de coautoría al establecer que son coautores los que mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte, con lo cual estableció claramente los elementos que la conforman:

a.- El acuerdo común: Se parte de la base de la intervención plural de personas en la conducta punible, lo que no resulta suficiente, porque a los distintos individuos los debe unir el propósito de realización del supuesto fáctico que fundamenta la conducta punible. Esto es, todos los sujetos deben tener conocimiento de las tareas a realizar por los diferentes intervinientes en el hecho.  

b.- La división del trabajo criminal: Implica que ninguno de los intervinientes realiza integralmente la conducta prevista en el tipo, sino que existe un principio de división de trabajo conforme a un plan común acordado para la realización conjunta del tipo penal.  

c.- La importancia del aporte: Concepto que permite diferenciar al coautor del cómplice pues éste último, también cumple una tarea concreta producto de un acuerdo previo. Aporte que debe ser esencial para que el interviniente que lo haga tenga el dominio funcional del hecho y sea posible considerarlo como coautor. 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en reiterados pronunciamientos[1] ha sostenido que cuando varias personas conciertan libre y voluntariamente la realización de una misma conducta punible, con distribución de funciones en una idéntica y compleja operación delictiva, de tal manera, que cada uno de ellos ejecuta una parte diversa de la empresa común[2], todos tienen la calidad de coautores, por ello actúan con conocimiento y voluntad para la producción del resultado comúnmente querido o por lo menos aceptado como probable.

En otra oportunidad, manifestó:

“Es cierto que el concepto así expresado, como se dijo en algunos salvamentos de voto, podría conducir a involucrar al cómplice dentro de un ampliada comprensión del término “autor”, dado que también interviene en el hecho común, en virtud de un acuerdo previo, inclusive con “dominio” de su propia intervención, que forma parte de la empresa total”.  “Es en este punto en el que el censor centra su argumento, cuando afirma que el sólo concierto previo no permite configurar la coautoría. Empero, de la posición asumida por la Corte, se destaca la afluencia de varios principios para entender el concurso de personas dentro de la institución de la coparticipación criminal, a saber, el de la ejecutividad, entendida ésta como la exteriorización de la conducta, mínimo hasta el grado de la tentativa, de la identidad, de manera que en torno a una misma empresa delictiva se aglutinen los partícipes, la convergencia dolosa, el cual supone el acuerdo de voluntades y de la división de trabajo como efecto de lo concertado y concretado. Si de la intervención así convenida, se podía deducir la “realización de una misma y compleja operación delictiva”, esta forma de participación tenía que ser calificada como de autor, dado que el artículo 23 de la codificación anterior consideraba como autor al que realizara el hecho punible, como así también lo establece el código actual (Ley 599/2000)” .  “Por lo expuesto, no puede afirmarse con certeza que la Corte legisló o, como lo insinúa el demandante, que se “inventó” la figura de la coautoría impropia, puesto que su comprensión dependió de la interpretación en vía de jurisprudencia, de la disposición legal a la cual dio dicho sentido y que el censor considera indebidamente aplicado”.  “Empero, es preciso determinar que de ese principio de convergencia debe distinguirse, primero, si la participación no tuvo la relievancia o intensidad indispensable para estimar al partícipe como autor, sino como cómplice, dificultad que la ley actual supera y aclara “atendiendo la importancia del aporte”, de tal manera que si el aporte no es importante, se debe entonces remitir a la figura de la complicidad y, segundo, si uno de los participantes actuó por fuera de lo pactado, lo cual conduce al exceso y la prohibición de regreso, pues en tal evento, la responsabilidad la asume el respectivo concurrente”.   “Es en este aspecto en el que se debe reflexionar, pues el recurrente considera indebidamente aplicado el artículo 23, anterior, por cuanto que, dice, el homicidio cometido no se le debe imputar a su representado ya que en su realización no tenía dominio ni para ello medió “su contribución objetiva”.    “Es factible que la teoría objetivo-formal de la “realización” del hecho o de la conducta punible, resulte adecuada para resaltar al autor unitario, no así al plural, puesto que en muchos casos de coautoría el coautor no interviene en actos de ejecución, en el sentido objetivo-formal, como sucede, por ejemplo, con el organizador de un plan delictivo que está presente en la dirección de la ejecución, pero no materialmente en ella. Su colaboración y aporte es de vital importancia, sin duda, pero no es ejecutiva desde el punto de vista objetivo-formal. Sin embargo, es un coautor, porque dentro de la división de trabajo que complementa el concepto de autor, su participación es importante, porque está comprendida dentro del plan de autor, como así lo admite la doctrina, tanto nacional como comparada. En la vigencia del código anterior, el determinador se consideraba autor, así, claro está, no interviniera en la ejecución material del reato”.    “Tratándose de un delito planificado, es elocuente que no todos los partícipes realizan todos los elementos del tipo, mas, el hecho de no haber realizado directamente el tipo doloso, no descarta que quien haya tenido el dominio funcional del hecho o conducta pueda ser considerado como coautor porque su aportación es esencial, mediando el acuerdo previo y la ejecución común, dada la distribución de funciones o actividades en el aludido plan”.   “Quiere decir lo anterior, que la teoría del dominio del hecho no puede entenderse, como así parece ser el caso del recurrente, dentro de un estrecho concepto objetivo-formal, puesto que es evidente que la ejecución o realización material, no constituye la única forma de manifestarse el dominio”.[3]

Aplicados los anteriores conceptos al delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones y haciendo un rastreo pormenorizado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra, la sentencia de 24 de septiembre de 1993, radicado 7272, en la que actuó como Magistrado Ponente Ricardo Calvete Rangel, tratándose de un asalto bancario con utilización de armas de fuego, algunas de uso privativo de las fuerzas armadas y otras de defensa personal, las cuales utilizaron como medio para intimidar a las personas que se encontraban en la entidad crediticia y para tratar de huir de las autoridades, perdiendo la vida en el intercambio de disparos, los que portaban las armas de uso privativo y siendo capturados los demás integrantes de la banda, pretendiendo sus defensores, que a estos últimos no se les impute la conducta de porte que fue sólo realizada por los individuos dados de baja en el momento de los hechos.


Como respuesta, nuestro más alto Tribunal de justicia ordinaria expresó:

 

“...Limitar el alcance del verbo portar a la idea de llevar el arma en la mano, o en la cintura, o de alguna manera adherida al cuerpo, es restringir en forma indebida su significación jurídico penal, pues porta no solo quien la lleva consigo, sino también todos aquellos que conocedores de esta circunstancia participan en la empresa delictiva común.   No tiene razón de ser admitir que si el arma es muy grande, un cañón por ejemplo y lo llevan entre cuatro personas, todos portan, en cambio si es pequeña, aunque hayan acordado llevarla con ellos, únicamente porta el que la tenga en sus manos. Para ilustrar lo erróneo de esta posición bastaría tener en cuenta que en casos semejantes sería suficiente que sortearan quien toma el arma, para que en el evento de ser descubiertos la responsabilidad solo recayera sobre una persona.    Abundando en ejemplos, si a dos individuos que son sorprendidos momentos antes de realizar un atentado se les encuentra una granada u otro artefacto explosivo cuyo porte y eventual utilización acordaron, pero que solo uno de ellos lleva consigo, la conducta de portar es imputable a los dos. Contrario sensu, si entre un grupo de personas que departen en un establecimiento abierto al público, o que comparten un transporte colectivo, una de ellas porta un arma sin permiso de autoridad competente, la responsabilidad es exclusivamente suya.   La interpretación que los dos demandantes hace del verbo portar, a través de la cual le fijan un limitado alcance, les sirve de punto de partida para plantear que esa conducta solo puede predicarse de quien físicamente tiene el arma, argumentación que no comparte la Sala, por las razones expuestas en precedencia, y que permiten concluir que el cargo no prospera...”



[1] CSJ. M.P. Dr. Reyes Echandía, Alfonso. Agosto 11 de 1981. Dr. Martínez Zúñiga, Lisandro. Noviembre 23 de 1988, Dr. Torres Fresneda, Juan Manuel. Septiembre 16 de 1992. Dr. Arboleda Ripoll, Fernando. Marzo 23 de 1999. Dr. Pérez Pinzón, Álvaro. Abril 24 de 2003. Dra. Pulido De Barón, Marina. Junio 8 de 2003, entre otros.

[2] CSJ. Septiencia de Septiembre 8 de 1980. M.P. Alfonso Reyes Echandía.

[3] C.S.J., Sentencia de 18 de febrero de 2004, radicado 17252, M.P. Herman Galán Castellanos.

 

Última actualización el Viernes, 14 de Febrero de 2014 20:04