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Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:41

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Gloria Stella Ortiz Delgado, nueva magistrada de la Corte Constitucional (4:57 p.m.)
Gloria Stella Ortiz Delgado, actual asesora del Fiscal General de la Nación, fue elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional, con 64 votos a favor. En cumplimiento del artículo 239 de la Constitución, se eligió en sesión plenaria de hoy el remplazo de Nilson Pinilla, que cumplirá su periodo de ocho años el próximo 2 de junio. Vale la pena recordar que Pinilla ocupa el cargo de magistrado desde el 16 de junio del 2006 y fue presidente de la corporación durante un año (2009 - 2010). Entre los aspirantes ternados por la Corte Suprema de Justicia se destacó la abogada Ortiz Delgado, por ser la única que ocupó cargos dentro de la Corte Constitucional, en los despacho de Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Montealegre y Marco Gerardo Monroy y en la Secretaría General. La nueva magistrada nació en Pasto (Nariño), es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes y candidata a magíster en Derecho Público del Externado. Tiene 21 años de experiencia profesional, 17 de ellos en la Rama Judicial como auxiliar judicial, abogada sustanciadora, de tutela y magistrada auxiliar del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es docente y conferencista de las universidades Sergio Arboleda, Rosario, Autónoma y Sabana. También es coautora de la investigación Itinerario de la jurisprudencia constitucional en derechos humanos. En la sesión del 6 de mayo, la nueva magistrada señaló que el compromiso en la defensa de las garantías individuales, la necesaria independencia judicial y la libertad de configuración política del Derecho son las tres condiciones más relevantes del juez constitucional para que la jurisdicción sea la más libre.

Noticia generada en May. 07/14 (4:57 p.m.)

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Consulta previa
Aunque el caso no exija consulta previa, administración debe escuchar a afectados por sus decisiones (2:22 p.m.)

El Consejo de Estado determinó que no solo frente a casos que requieran de consulta previa la administración está obligada a tener en cuenta las solicitudes elevadas por los ciudadanos afectados con determinada decisión. Con esos argumentos, y por medio de una acción de tutela, suspendió los efectos del Decreto 075 del 2013, a través del cual la Alcaldía de Santa Marta (Magdalena) estableció la regulación para el uso comercial de las playas de El Rodadero. La Sala sostuvo que ordenar que únicamente los vendedores carnetizados antes de la entrada en vigencia de la norma tienen derecho a adelantar actividades en el lugar viola el derecho al mínimo vital de quienes actualmente laboran allí sin esta licencia y de quienes, en el futuro, se vean forzados a adelantar estas mismas tareas en las playas. Así las cosas, la medida deberá mantenerse suspendida hasta tanto la jurisdicción contenciosa se pronuncie de fondo en torno a la legalidad del acto administrativo (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 07/14 (2:22 p.m.)

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Magistrado Mauricio Fajardo hará videoconferencia sobre responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad (2:48 p.m.)
La responsabilidad extracontractual de la administración por privación injusta de la libertad será el tema de la segunda vidoeconferencia que realizará el Consejo de Estado. La sesión tendrá lugar este jueves a las 10:00 a. m. y será dirigida por el magistrado Mauricio Fajardo, quien dará respuesta a las inquietudes de los internautas a través de la cuenta@consejodeestado. La exposición dará cuenta de la evolución jurisprudencial del juez contencioso frente al tema, que ha llevado a situar la libertad como el derecho fundamental más importante, después de la vida.

Noticia generada en May. 07/14 (2:48 p.m.) 

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Procuraduría verificará acciones del Gobierno para evitar accidentalidad en actividades mineras (2:35 p.m.)
Al solicitar informes de gestión a las autoridades para disminuir los riesgos de accidentes en las labores de extracción minera, la Procuraduría recordó que, desde el 2011, viene alertando sobre la necesidad de dar origen a políticas públicas que permitan a los operarios laborar en condiciones más seguras (Circular 17 del 2011). En ese sentido, elevó el requerimiento a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio del Trabajo, para que den cuenta de las decisiones que han venido adoptando para fortalecer los mecanismos de protección de quienes se dedican a esta actividad; de ahí que le haya pedido a la cartera que señale si ya se actualizaron los reglamentos de higiene y seguridad en las labores de minería subterránea y a cielo abierto, “en razón a que hasta el momento no se conocen resultados concretos sobre el particular”. Lo anterior con ocasión de recientes accidentes registrados en Cauca y Antioquia.

Noticia generada en May. 07/14 (2:35 p.m.) 

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Estas son las medidas del Gobierno para controlar la venta de agentes químicos (2:00 p.m.)
Fueron presentadas por el Ministerio de Salud las políticas para fortalecer las medidas de protección a las víctimas de agresiones con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas. La norma, dada a conocer mediante un proyecto de decreto, contempla dos etapas: una de prevención y otra de atención. En la primera se destacan la regulación a la venta de agentes químicos en establecimientos de comercio y la creación del registro de control para la venta al menudeo de siete sustancias (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico, hidróxido de sodio en dos presentaciones: solución acuosa y en escamas). Se considerará como venta al menudeo de estas sustancias un volumen de hasta cinco litros o un peso de hasta cinco kilogramos. El Invima será el encargado de diseñar, poner en funcionamiento y mantener el sistema de información que tendría que registrar tanto la procedencia de los productos corrosivos como los compradores y los fines para los que serán vendidos. Así mismo, el vendedor estaría obligado a suministrar la información del consumidor y la procedencia del producto. Por otro lado, la norma establece una ruta intersectorial de atención integral a las víctimas de este tipo de ataques, que tiene como objetivo principal garantizar el restablecimiento efectivo de sus derechos. Para garantizar una atención en urgencias a las víctimas, el ministerio anunció la adopción de un protocolo de atención integral.

Noticia generada en May. 07/14 (2:00 p.m.) 

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Sentencia de restitución de tierras
Opositor a restitución debe demostrar que verificó regularidad de la situación del predio en disputa (10:15 a.m.)

El Tribunal Superior de Antioquia recordó que la buena fe exenta de culpa no solo se demuestra con la evidencia de que en la conciencia del actuar hay legitimidad, sino a través de la prueba en torno a comportamientos que hayan perseguido verificar la regularidad de la situación. Ello porque así lo estableció la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-820 del 2012, en el aparte en que se define la exequibilidad del artículo 88 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el cual se fijan los parámetros de este instrumento a la hora de ejercer la oposición. El despacho indicó que, según esa misma norma, es en el opositor en quien recae la carga de la prueba, por lo tanto, al no haber entregado documentos que demostraran que hizo seguimiento en torno a la regularidad de la situación que aquí se define, le negó reconocimiento de derechos sobre la propiedad. Así, consideró que los cuatro reclamantes de la restitución del predio “Pa qué más”, en la vereda El Tres de Turbo (Antioquia), reunían los requisitos del artículo 77 de la Ley 1448 del 2011 (literales a) y b) del numeral 2º) para hacerse a la restitución del predio, del que fueron despojados por paramilitares.

Noticia generada en May. 07/14 (10:15 a.m.) 

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Senado aprueba proyecto sobre violencia sexual en el conflicto armado (9:45 a.m.)
Según el informe de ponencia presentado ante el Senado, cuyo texto fue aprobado ayer 6 de mayo, el proyecto de ley 244/13S-037/12C está orientado a la adopción de medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la asociada al conflicto armado interno, atendiendo de manera prioritaria las necesidades de mujeres, niños y adolescentes. De esta manera, se reformarán algunos artículos de las leyes 599 del 2000 (Código Penal) y 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), relacionados con la tipificación de conductas cometidas en contra de personas protegidas por el derecho internacional humanitario (DIH), como el acceso abusivo con persona menor de 14 años, prostitución forzada, esclavitud sexual y trata de personas. El proyecto también contempla la esterilización, embarazo, desnudez y aborto forzados. Por otra parte, las mujeres embarazadas víctimas de acceso carnal violento con ocasión del conflicto armado tendrán derecho a ser informadas, asesoradas y atendidas sobre la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo. Adicionalmente, cuando los actos de violencia sexual se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, se entenderán como crímenes de lesa humanidad, cuya acción penal será imprescriptible. Finalmente, el texto aprobado, luego de señalar que los delitos de violencia sexual no podrán ser investigados a través de la jurisdicción penal militar, contempla medidas para el fortalecimiento de la política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual, equidad y violencia basada en el género por parte del Ministerio de Defensa. La iniciativa deberá conciliarse antes de su envío a sanción presidencial. 

Noticia generada en May. 07/14 (9:45 a.m.) 

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Consejo de Estado pide investigar a demandante de congresistas que no se declararon impedidos en reelección del Procurador (8:48 a.m.)
Tras negar la demanda de pérdida de investidura instaurada contra nueve congresistas por supuesto conflicto de intereses durante la segunda elección del procurador Alejandro Ordóñez, el Consejo de Estado pidió investigar disciplinariamente al accionante, Saúl Villar, por la probable temeridad de su demanda. En su decisión, la Sala Plena compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para tal fin. Según las conclusiones de la corporación, el supuesto conflicto de intereses no se presentó, no solo porque a la fecha de la sesión los parlamentarios no eran objeto investigaciones vigentes a cargo del Ministerio Público, sino porque sí hubo evidencia de que se declararon impedidos, pero la plenaria no aceptó esa declaratoria. Así las cosas, el alto tribunal determinó que su participación en esa contienda electoral no estuvo marcada por ningún vicio que supusiera una causal de pérdida de investidura contra Janneth Wilches, Manuel Guillermo Mora, Carlos Ferro, Efraín Torrado, Martín Emilio Morales, Armando Benedetti, Musa Besaile, Milton Rodríguez y Aurelio Iragorri.

Noticia generada en May. 07/14 (8:48 a.m.) 
Gobierno anunciará hoy regulación para venta de ácidos (8:35 a.m.)
El Ministerio de Salud concluyó la consulta del proyecto de decreto por medio del cual reglamentará la Ley 1639, en lo relacionado con la comercialización de ácidos o sustancias similares que generen daño o destrucción de la piel. Según la propuesta, que estuvo en consulta hasta ayer 6 de mayo, por cada operación de venta al menudeo que se efectúe sobre cualquier sustancia objeto de registro, el vendedor estaría obligado a suministrar la información del consumidor y la procedencia del producto, con datos como nombre o razón social del vendedor y comprador, documento de identidad o NIT, tipo de transacción, descripción del producto, procedencia y cantidad y lugar y fecha de la transacción. El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, socializará mañana los mecanismos plasmados en el proyecto construido de manera conjunta con diferentes estamentos gubernamentales y sociales.

Noticia generada en May. 07/14 (8:35 a.m.)
Última actualización el Miércoles, 07 de Mayo de 2014 22:42
 
ultima hora 5 mayo-2014 PDF Imprimir E-mail
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Lunes, 05 de Mayo de 2014 23:13

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Ley de Garantías no afecta el traslado de afiliados entre EPS del régimen subsidiado (4:28 p.m.)
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1438 del 2011 (reforma a la salud), el cual modificó el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social en salud asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud, en cualquier momento, es decir, sin la necesidad de suscribir un contrato, por lo que el traslado entre afiliados no puede verse afectado por la Ley 996 de 1995 (Ley de Garantías), precisó el Ministerio de Salud. De otra parte, el Decreto 3045 del 2013, por el cual se estableció un mecanismo único y excepcional para el traslado de afiliados de las EPS ante liquidación voluntaria, revocatoria de su autorización de funcionamiento, por intervención forzosa administrativa o liquidación, también indica que el mismo tiene su origen en una disposición normativa y no en un contrato.

Noticia generada en May. 05/14 (4:28 p.m.) 

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Opción sexual no puede limitar el derecho a la visita íntima en establecimientos carcelarios (3:33 p.m.)
En sentencia publicada este año, la Corte Constitucional le ordenó al director de un establecimiento carcelario expedir un acto administrativo en el que autorice el disfrute periódico del derecho a la visita íntima de una pareja del mismo sexo conformada por dos mujeres privadas de la libertad. Según la tutela, el derecho a la visita íntima se relaciona con los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, no puede ser anulado o restringido en virtud de la libre opción sexual que haya tomado el interno o la interna (M. P. Jorge Iván Palacio).

Noticia generada en May. 05/14 (3:33 p.m.)

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Ajustes a los avalúos de vehículos para pago de impuesto se pueden hacer en la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá (2:48 p.m.)
Los propietarios de vehículos y motocicletas matriculados en Bogotá pueden recibir el 10 % de descuento en el valor de su impuesto, si realizan el pago antes del próximo viernes 9 de mayo, recordó la Secretaría Distrital de Hacienda. Para facilitar el cumplimiento de la obligación, los contribuyentes a quienes les apliquen los últimos cambios de avalúo generados por el Ministerio de Transporte, a través de las resoluciones 643 y 644 del 2014, pueden hacer la liquidación y las correcciones correspondientes. Una vez realizadas, deben imprimir el formulario ajustado y pagar en los bancos autorizados.

Noticia generada en May. 05/14 (2:48 p.m.) 

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Autonomía universitaria no puede limitar libertad de expresión de estudiantes inconformes con nivel educativo (2:30 p.m.)
En sentencia notificada hace unos días, la Corte Constitucional determinó que la autonomía universitaria no puede ser pretexto para que las instituciones educativas limiten la libertad de expresión de los estudiantes que se sienten inconformes con la calidad de los programas a su servicio, al punto de amenazarlos con la expulsión, si participan en cese de actividades. Con esos argumentos, consideró desproporcionada la decisión de la Universidad del Pacífico de cancelar el semestre y negarse a devolver el dinero del valor de la matrícula de los alumnos que tuvieron parte en una huelga estudiantil adelantada en el 2012; ello “constituye un desincentivo a la libertad de expresión y asociación de los estudiantes”, sostuvo. Adicionalmente, al concluir que la universidad debió descontar el 100 % del valor de la matrícula del semestre siguiente a los demás estudiantes, y no solo el 70 %, la Sala ordenó descontar un 30 % al valor del período académico entrante (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

Noticia generada en May. 05/14 (2:30 p.m.) 

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Consejo de Estado aclara que no ha prohibido uso de animales en investigaciones científicas (10:53 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que su decisión de suspender la licencia para labores de caza y recolección de primates que venían siendo utilizados en investigaciones científicas a cargo del científico Manuel Elkin Patarroyo no impide el uso de animales para este tipo de tareas. Advirtió que la determinación deja sin efectos la autorización con la que contaba la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) pero de manera temporal, mientras adecúa el desarrollo de sus proyectos a las exigencias de ley. Entre los requerimientos, sostiene, se cuenta el compromiso de repoblación, dice el alto tribunal. Así las cosas, señala la Sección Tercera, no se está restringiendo ni limitando el desarrollo de actividades científicas que requieran de la inclusión de este tipo de especies, sino que trata de que, al hacerlo, se garanticen sus derechos a no recibir tratos crueles ni degradantes (M. P. Enrique Gil).

Noticia generada en May. 05/14 (10:53 a.m.) 

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Pensión restringida también aplica en retiro voluntario del trabajador: Corte Constitucional (10:00 a.m.)
En sentencia recientemente aprobada, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando el ISS asumió los riesgos de vejez, invalidez y muerte, quienes acumularan menos de 10 años de servicio con un mismo empleador y decidieran retirarse tras 15 años de haber estado laborando tendrían derecho a la pensión restringida por retiro voluntario, una vez cumplieran 60 años de edad; es decir, no es exclusiva para quienes hayan sido despedidos sin justa causa y hubieren acumulado los restantes requisitos. Indicó que así lo ha determinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que le ha dado su equivalencia con la jubilación a cargo de la ya citada entidad. Ello porque, según el órgano de cierre en la materia, las pensiones reconocidas por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que se causan desde el momento del despido sin justa causa del trabajador, también deben cobijar situaciones en las que el propio operario decidió desvincularse, siempre que hubiere cumplido las demás condiciones (M. P. María Victoria Calle).

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Decisiones de la CIJ que modifiquen límites sí deben ser acatadas, pero a través de tratados internacionales: Corte Constitucional (8:50 a.m.)
La Corte Constitucional declaró exequible la jurisdicción para Colombia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el entendido de que decisiones de ese organismo supranacional que modifiquen los límites territoriales deben ser sometidas a tratados con el otro Estado afectado por el respectivo fallo; esta negociación, finalmente, debe ser sometida a la aprobación del Congreso (artículos 2º y 5º parciales; 32 a 50 de la Ley 37 de 1967). Para el alto tribunal, las decisiones del organismo multilateral “tampoco pueden ser desconocidas, de conformidad con el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas”, que ordena a las partes firmantes del Pacto de Bogotá cumplir las determinaciones del tribunal en todo litigio. Sin embargo, aclara la Sala Plena, en ningún caso el Estado colombiano puede desconocer el mandato del artículo 101 de la Constitución, que obliga a que modificaciones como la reseñada se adelanten únicamente por medio de tratados aprobados por el Legislativo. Así las cosas, decisiones como aquella en la que la Corte reconoció derechos económicos de Nicaragua sobre 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marino colombiano sí deberían ser acatadas, según el señalamiento de la máxima instancia constitucional frente a la imposibilidad de desconocerlas, pero no sin antes adelantar las etapas aquí fijadas. Los magistrados Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas salvaron el voto, en tanto que la magistrada María Victoria Calle se reservó la posibilidad de aclararlo (M. P. Mauricio González).

Noticia generada en May. 05/14 (8:50 a.m.)

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Suspensión provisional de sanción a Petro requiere conciliación prejudicial: Procuraduría (10:35 a.m.)
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años. Alternativamente, le sugirió que se abstenga de decidir las medidas cautelares contra los efectos del fallo, hasta tanto no se agote el requisito de procedibilidad que, a juicio del Ministerio Público, se evidencia en la falta de conciliación prejudicial. Según sus conclusiones, por tratarse de una demanda con pretensiones económicas, debe considerarse que la procedibilidad de la acción depende del adelantamiento de la mencionada etapa previa; añadió que aunque el artículo 613 del Código General del Proceso exceptúe de esta obligación a las demandas en las que se soliciten medidas cautelares, el caso no es aplicable, pues si bien el requerimiento cautelar tan solo va encaminado a procurar la suspensión de los efectos de una sanción disciplinaria, hay pretensiones patrimoniales en el fondo de la demanda,.

Noticia generada en May. 02/14 (10:35 a.m.).."
Última actualización el Lunes, 05 de Mayo de 2014 23:14
 
Noticias juridicas 2 mayo-14 PDF Imprimir E-mail
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Viernes, 02 de Mayo de 2014 18:22

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Este es el auto que suspendió examen para concurso de jueces y magistrados que se adelantaría este fin de semana (11:38 a.m.)
Al precisar que el acceso a cargos públicos solo puede ser restringido por el legislador estatutario, el Consejo de Estado justificó su decisión de este miércoles de suspender el concurso para elegir a magistrados y jueces de todo el país, cuyos exámenes se adelantarían este fin de semana. Así las cosas, atendiendo lo dispuesto por el artículo 234 del CPACA, que permite adoptar medidas cautelares antes de correr traslado a la parte demandada, la corporación consideró que urgía la imposición de esta determinación, para evitar la inversión de recursos que, eventualmente, se verían inutilizados ante la declaratoria de nulidad del concurso. Para el alto tribunal, la expresión “Solo se permitirá la inscripción de un (1) cargo”, contenida en el acto por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura convocó el concurso, afecta el cumplimiento del artículo 152 de la Constitución, que define el marco de la legislación estatutaria (C. P. Gustavo Gómez).

Noticia generada en May. 02/14 (11:38 a.m.)

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Sentencia de restitución de tierras
Tutela no procede como defensa ante irregularidades en adjudicación de predios, pues la restitución de tierras es idónea y eficaz (11:25 a.m.)

El proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 del 2011 es el medio idóneo y eficaz para establecer los derechos de la población víctima del despojo o abandono forzado de tierras, por esto, si no se agotan previamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de tutela debe ser declarada improcedente; así lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia dada a conocer este año. En el caso analizado, los accionantes pedían el restablecimiento del derecho a la propiedad y dejar sin efecto el acto de adjudicación proferido por el Incoder, a favor de terceros. En su opinión, se desconoció el hecho de que no habitaban el predio al momento de la adjudicación, por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas. Gabriel Eduardo Mendoza aclaró el voto (M. P. Mauricio González Cuervo).

Noticia generada en May. 02/14 (11:25 a.m.)

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Suspensión provisional de sanción a Petro requiere conciliación prejudicial: Procuraduría (10:35 a.m.)
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de destitución e inhabilidad de 15 años. Alternativamente, le sugirió que se abstenga de decidir las medidas cautelares contra los efectos del fallo, hasta tanto no se agote el requisito de procedibilidad que, a juicio del Ministerio Público, se evidencia en la falta de conciliación prejudicial. Según sus conclusiones, por tratarse de una demanda con pretensiones económicas, debe considerarse que la procedibilidad de la acción depende del adelantamiento de la mencionada etapa previa; añadió que aunque el artículo 613 del Código General del Proceso exceptúe de esta obligación a las demandas en las que se soliciten medidas cautelares, el caso no es aplicable, pues si bien el requerimiento cautelar tan solo va encaminado a procurar la suspensión de los efectos de una sanción disciplinaria, hay pretensiones patrimoniales en el fondo de la demanda,.

Noticia generada en May. 02/14 (10:35 a.m.)

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Nuevo enfrentamiento entre el Procurador y Fiscal por propuesta para que guerrilleros rediman penas con trabajo social (9:26 a.m.)
“Nos quieren llevar a empellones a la impunidad total”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez frente a la propuesta del fiscal general, Eduardo Montealegre, que busca que los guerrilleros de las Farc rediman sus culpas con la sociedad a través del trabajo comunitario. Para el jefe del ente investigador, se trata de una visión más moderna del derecho penal, donde la cárcel no es el único vehículo para sancionar la comisión de delitos. Para su contradictor, el jefe del Ministerio Público, ello daría a entender que mientras los responsables de crímenes de guerra van a “cuidar guarderías”, los militares van a “las mazmorras con 60 años de condena”. Montealegre aludió a labores de desminado como una de las posibles actividades alternativas de su propuesta. “No se pueden admitir las penas simbólicas que está planteando el Fiscal”, respondió Ordóñez.

Noticia generada en May. 02/14 (9:26 a.m.) 

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En cumplimiento del Fatca, DIAN recuerda plazos a instituciones financieras para registrarse ante el IRS (4:50 p.m.)
Como Colombia fue incluida por el Departamento del Tesoro de EE UU en la lista de países que tienen un acuerdo intergubernamental - IGA sustancialmente negociado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a las entidades que tengan la calidad de Foreign Financial Institutions (FFI) los plazos para registrarse ante el IRS (oficina del fisco estadounidense) para efectos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (Fatca, por su sigla en inglés) y así reportar información anual sobre cuentas secretas pertenecientes a contribuyentes estadounidenses. Por consiguiente, informó que las entidades que consideren tener la calidad FFI cumplen con las disposiciones de Fatca. Si bien las entidades adquieren un nuevo estatus (Registered deemed compliant FFI), a la luz del acuerdo intergubernamental existen obligaciones de corto y mediano plazo, entre ellas están la de registrarse en el portal del Internal Revenue Service (IRS) (www.irs.gov) y reportar su condición de entidad perteneciente a un país suscriptor de un IGA para la obtención del número de identificación respectivo. El plazo máximo para esto será el 1º de enero del 2015. Sin embargo, si quieren tener certeza de que obtendrán un Global Intermediary Identification Number – GIIN antes del 1º de julio del 2014 (fecha en la cual las entidades de EE UU comenzarán a practicar las retenciones establecidas en Fatca), deberán efectuar el registro a más tardar el 5 de mayo de este año. 

Noticia generada en Abr. 30/14 (4:50 p.m.) 

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Revisión que objete laudo arbitral solo puede versar sobre el fallo que juzgó su legalidad (2:35 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia recordó que el recurso de revisión no procede para alegar circunstancias ya enjuiciadas del laudo arbitral sino únicamente las relativas a la decisión judicial en la que se adelantó su control de legalidad y que no sean susceptibles de recurso. Así, si lo que se alega es la falta de competencia, esta debe predicarse en torno del tribunal que se pronunció sobre la legalidad de lo decidido por el juez arbitral y no sobre la falta de atribuciones de este último, como se dio en el caso concreto. La norma que así lo evidencia es el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce como la 8ª causal de procedencia de revisión la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso (M. P. Ruth Marina Díaz).

Noticia generada en Abr. 30/14 (2:35 p.m.).."
Última actualización el Viernes, 02 de Mayo de 2014 18:23
 
noticias jurídicas 30 abril 2014 PDF Imprimir E-mail
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Miércoles, 30 de Abril de 2014 20:05

Tomado de www.legismovil.com

 

"..Entrada en vigencia de la oralidad se aplaza hasta finales del 2015 (4:10 p.m.)

La plenarias del Congreso aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley que aplaza la entrada en vigencia del sistema oral en los procesos civiles, de familia y agrarios, previsto en la Ley 1395 del 2010. Los congresistas decidieron que el texto aprobado por el Senado es el que debe convertirse en ley. Así, de sancionarse la iniciativa, el plazo máximo para la implantación del modelo verbal no podrá exceder el 31 de diciembre del 2015.

Noticia generada en Abr. 29/14 (4:10 p.m.)

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Control de advertencia a la Policía por demoras en fijar condiciones técnicas para monitorear maquinaria pesada con GPS (3:55 p.m.)
La Contraloría General de la República (CGR) afirmó que mientras distintas entidades del Estado han hecho su tarea en relación con la estrategia de lucha contra la minería ilegal, la Policía Nacional no ha procedido con la eficiencia necesaria. La contralora Sandra Morelli pidió a la institución que proceda de forma urgente y expedita a definir, sin más demoras, los requerimientos técnicos del sistema de posicionamiento global (GPS) que debe instalarse a toda la maquinaria pesada (agrícola, industrial y de construcción autopropulsada), para hacer seguimiento a la misma y detectar los casos en que pueda ser utilizada en minería ilegal, lo cual fue dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 2261 del 2012. “Las definiciones técnicas hasta ahora establecidas por la entidad que usted dirige podrían estar vulnerando los principios básicos de la contratación estatal de la transparencia y selección objetiva, al limitar la libre competencia de los proveedores de la tecnología necesaria para la correcta implementación de los GPS”, señala la CGR en el control de advertencia enviado al director de la Policía, general Rodolfo Palomino. Según la contralora, teniendo en cuenta que, a un año y medio de la expedición del decreto, aún no han sido definidos los requerimientos técnicos que deben cumplir estos sistemas resulta una causa determinante del daño e imposibilidad para el Gobierno de ser más eficiente en el cumplimiento de una estrategia efectiva contra la minería ilegal, “lo que hace indispensable que se tomen medidas oportunas para el cumplimiento de la obligación legal a cargo de esa entidad”, puntualiza el oficio.

Noticia generada en Abr. 29/14 (3:55 p.m.)

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Participar en actuación administrativa que luego es objeto de controversia jurídica no siempre es impedimento para el juez (3:48 p.m.)
El Consejo de Estado sostuvo que la participación de un funcionario en la elaboración de un concepto de la administración tributaria no lo inhabilita para que, más adelante, evalúe la legalidad de un actuación de contenido particular en la que se aplique tal concepto. Ello porque lo primero supone un análisis abstracto, que se adelanta con independencia de las consecuencias que produzca su incidencia en un caso concreto, lo cual difiere del examen particular que se adelanta en el segundo escenario. Con esos argumentos, la Sección Cuarta negó el impedimento presentado por la magistrada Carmen Teresa Ortiz para conocer de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con la aplicación de un concepto del cual la funcionaria fue partícipe, a la hora de su elaboración, cuando se desempeñaba como integrante de la Dian. En estas eventualidades, dice, no se genera la causal de inhabilidad 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que inhabilita a quien se pronunció sobre la misma materia, fuera de esa actuación judicial, a decidir el litigio (C. P. Jorge Octavio Ramírez).

Noticia generada en Abr. 29/14 (3:48 p.m.)

 

www.ambitojuridico.com.

Ajustes normativos no han disminuido la violencia intrafamiliar: CEJ
29 de Abril 2:47 PM


 

Los  ajustes normativos que se le han aplicado al delito de violencia intrafamiliar parecen no  haber tenido mayores efectos sobre su ocurrencia. Por el contrario, son un ejemplo más del llamado Derecho Penal simbólico, es decir, de su utilización como instrumento para darle tranquilidad a la sociedad, mostrándole que existe una autoridad fuerte que es capaz de reaccionar a los actos que ella misma desaprueba.

 

Así lo señaló la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), en  un estudio reciente en el que advierte que el simple aumento de penas no disuade la comisión de delitos, si no va acompañado de prevención y capacidad del Estado para identificar y procesar a los responsables, entre otras medidas.

 

Según explicó, las cifras de este ilícito han sido significativas, a pesar de las modificaciones que se le han aplicado. Estas conductas, agregó,  se han presentado mayoritariamente por la intolerancia entre las parejas. De igual forma, en  los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, las mujeres han sido las más victimizadas, con un 77,7 % de los casos conocidos por Medicina Legal.

 

La CEJ recalcó que la verdadera lucha contra la violencia intrafamiliar no se debe enfocar solo en las modificaciones al tipo penal, sino en medidas como la prevención del delito, el empoderamiento de los derechos a las víctimas, el fortalecimiento en la atención de la Fiscalía y, sobre todo, la articulación interinstitucional.

 

“Aun cuando son diversas las autoridades de carácter administrativo y penal facultadas para recibir denuncias, condenar y adoptar medidas de protección para la víctima (…), no existen lineamientos o medidas encaminadas a otorgar una atención integral y articulada a las víctimas. Medidas que podrían generar un mayor impacto y ser más eficientes en el restablecimiento de los tejidos familiares”, manifestó.

 

Vale la pena recordar que la Ley 294 de 1996 tipificó la violencia intrafamiliar como delito autónomo, debido a los reiterados comportamientos de maltrato físico, síquico o sexual en el núcleo familiar.

 

Posteriormente, con la Ley 1142 del 2007, aumentaron las penas por este delito. Adicionalmente, la Ley 882 del 2004 introdujo una agravante, cuando la violencia recaiga sobre sujetos en condiciones de vulnerabilidad e indefensión, es decir, sobre un menor, una mujer, una persona mayor de edad o un discapacitado.

 

La última de las reformas la introdujo la Ley 1542 del 2012, que eliminó el carácter querellable y desistible del delito, lo que significa que, una vez conocido el hecho, las autoridades deben iniciar oficiosamente su investigación, lo cual cierra la puerta para que el proceso termine mediante conciliación.

 

Última actualización el Miércoles, 30 de Abril de 2014 20:08
 
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Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 05 de Febrero de 2014 20:26

 

Tomado de www.ambitojuridico.com.

 

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