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noticias jurídicas 30 abril 2014 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 30 de Abril de 2014 20:05

Tomado de www.legismovil.com

 

"..Entrada en vigencia de la oralidad se aplaza hasta finales del 2015 (4:10 p.m.)

La plenarias del Congreso aprobaron el informe de conciliación del proyecto de ley que aplaza la entrada en vigencia del sistema oral en los procesos civiles, de familia y agrarios, previsto en la Ley 1395 del 2010. Los congresistas decidieron que el texto aprobado por el Senado es el que debe convertirse en ley. Así, de sancionarse la iniciativa, el plazo máximo para la implantación del modelo verbal no podrá exceder el 31 de diciembre del 2015.

Noticia generada en Abr. 29/14 (4:10 p.m.)

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Control de advertencia a la Policía por demoras en fijar condiciones técnicas para monitorear maquinaria pesada con GPS (3:55 p.m.)
La Contraloría General de la República (CGR) afirmó que mientras distintas entidades del Estado han hecho su tarea en relación con la estrategia de lucha contra la minería ilegal, la Policía Nacional no ha procedido con la eficiencia necesaria. La contralora Sandra Morelli pidió a la institución que proceda de forma urgente y expedita a definir, sin más demoras, los requerimientos técnicos del sistema de posicionamiento global (GPS) que debe instalarse a toda la maquinaria pesada (agrícola, industrial y de construcción autopropulsada), para hacer seguimiento a la misma y detectar los casos en que pueda ser utilizada en minería ilegal, lo cual fue dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 2261 del 2012. “Las definiciones técnicas hasta ahora establecidas por la entidad que usted dirige podrían estar vulnerando los principios básicos de la contratación estatal de la transparencia y selección objetiva, al limitar la libre competencia de los proveedores de la tecnología necesaria para la correcta implementación de los GPS”, señala la CGR en el control de advertencia enviado al director de la Policía, general Rodolfo Palomino. Según la contralora, teniendo en cuenta que, a un año y medio de la expedición del decreto, aún no han sido definidos los requerimientos técnicos que deben cumplir estos sistemas resulta una causa determinante del daño e imposibilidad para el Gobierno de ser más eficiente en el cumplimiento de una estrategia efectiva contra la minería ilegal, “lo que hace indispensable que se tomen medidas oportunas para el cumplimiento de la obligación legal a cargo de esa entidad”, puntualiza el oficio.

Noticia generada en Abr. 29/14 (3:55 p.m.)

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Participar en actuación administrativa que luego es objeto de controversia jurídica no siempre es impedimento para el juez (3:48 p.m.)
El Consejo de Estado sostuvo que la participación de un funcionario en la elaboración de un concepto de la administración tributaria no lo inhabilita para que, más adelante, evalúe la legalidad de un actuación de contenido particular en la que se aplique tal concepto. Ello porque lo primero supone un análisis abstracto, que se adelanta con independencia de las consecuencias que produzca su incidencia en un caso concreto, lo cual difiere del examen particular que se adelanta en el segundo escenario. Con esos argumentos, la Sección Cuarta negó el impedimento presentado por la magistrada Carmen Teresa Ortiz para conocer de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho relacionada con la aplicación de un concepto del cual la funcionaria fue partícipe, a la hora de su elaboración, cuando se desempeñaba como integrante de la Dian. En estas eventualidades, dice, no se genera la causal de inhabilidad 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, que inhabilita a quien se pronunció sobre la misma materia, fuera de esa actuación judicial, a decidir el litigio (C. P. Jorge Octavio Ramírez).

Noticia generada en Abr. 29/14 (3:48 p.m.)

 

www.ambitojuridico.com.

Ajustes normativos no han disminuido la violencia intrafamiliar: CEJ
29 de Abril 2:47 PM


 

Los  ajustes normativos que se le han aplicado al delito de violencia intrafamiliar parecen no  haber tenido mayores efectos sobre su ocurrencia. Por el contrario, son un ejemplo más del llamado Derecho Penal simbólico, es decir, de su utilización como instrumento para darle tranquilidad a la sociedad, mostrándole que existe una autoridad fuerte que es capaz de reaccionar a los actos que ella misma desaprueba.

 

Así lo señaló la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), en  un estudio reciente en el que advierte que el simple aumento de penas no disuade la comisión de delitos, si no va acompañado de prevención y capacidad del Estado para identificar y procesar a los responsables, entre otras medidas.

 

Según explicó, las cifras de este ilícito han sido significativas, a pesar de las modificaciones que se le han aplicado. Estas conductas, agregó,  se han presentado mayoritariamente por la intolerancia entre las parejas. De igual forma, en  los diferentes tipos de violencia intrafamiliar, las mujeres han sido las más victimizadas, con un 77,7 % de los casos conocidos por Medicina Legal.

 

La CEJ recalcó que la verdadera lucha contra la violencia intrafamiliar no se debe enfocar solo en las modificaciones al tipo penal, sino en medidas como la prevención del delito, el empoderamiento de los derechos a las víctimas, el fortalecimiento en la atención de la Fiscalía y, sobre todo, la articulación interinstitucional.

 

“Aun cuando son diversas las autoridades de carácter administrativo y penal facultadas para recibir denuncias, condenar y adoptar medidas de protección para la víctima (…), no existen lineamientos o medidas encaminadas a otorgar una atención integral y articulada a las víctimas. Medidas que podrían generar un mayor impacto y ser más eficientes en el restablecimiento de los tejidos familiares”, manifestó.

 

Vale la pena recordar que la Ley 294 de 1996 tipificó la violencia intrafamiliar como delito autónomo, debido a los reiterados comportamientos de maltrato físico, síquico o sexual en el núcleo familiar.

 

Posteriormente, con la Ley 1142 del 2007, aumentaron las penas por este delito. Adicionalmente, la Ley 882 del 2004 introdujo una agravante, cuando la violencia recaiga sobre sujetos en condiciones de vulnerabilidad e indefensión, es decir, sobre un menor, una mujer, una persona mayor de edad o un discapacitado.

 

La última de las reformas la introdujo la Ley 1542 del 2012, que eliminó el carácter querellable y desistible del delito, lo que significa que, una vez conocido el hecho, las autoridades deben iniciar oficiosamente su investigación, lo cual cierra la puerta para que el proceso termine mediante conciliación.

 

Última actualización el Miércoles, 30 de Abril de 2014 20:08
 



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