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Corte Suprema de Justicia
Delito de tortura no requiere que el dolor inflingido sea grave PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:05

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que para configurarse el delito de tortura establecido en el artículo 178 del Código Penal (Ley 599 del 2000) no se requiere que el dolor o el sufrimiento ocasionado a una persona sea grave, sino que para estructurar este tipo penal basta que este dolor físico o síquico persiga los fines señalados en él.

 

Además, se requiere que sea un acto expiatorio por un hecho cometido o que se sospecha se ha cometido, o de presión o amenaza por razón de algún tipo de discriminación que afecte la autonomía sin importar los grados o la intensidad. (Lea: El caso del estudiante de Derecho imputado por amenazar a su profesora de consultorio jurídico)

 

Lo precedente conforme a la Sentencia C-148 del 2005, que declaró la inexequibilidad de la expresión “graves” del artículo citado, al verificar que con este aparte se transgrede notoriamente la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y consecuencialmente el artículo 93 de la Constitución Política superior.

 

Así mismo, porque el artículo 12 constitucional no hace ninguna diferencia sobre la prohibición de la tortura que se fundamenta además en el respeto de la dignidad humana (M. P. Luis Guillermo Salazar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-94772016 (42129), 07/13/16..."

Última actualización el Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:07
 
Declaraciones de menores abusados sexualmente deben ser cotejadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:42

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Así lo sostuvo una sentencia reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de precisar que en este tipo de situaciones es forzoso analizar las circunstancias que rodean la declaración y cotejar esta con los demás medios de convicción recaudados, a efectos de verificar su grado de credibilidad y veracidad.

 

Igualmente, la Sala dijo que el funcionario judicial tendrá que explorar, atendiendo los principios técnico científicos y las reglas de la sana crítica, la percepción del menor, su memoria, la naturaleza de lo percibido, la forma de sus respuestas y, entre otras condiciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la comisión de la conducta tuvo lugar.

 

En lo que toca con la credibilidad de los relatos ofrecidos por niños abusados, la Sala ha sostenido que “puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de la misma forma los narran”; pero también, que ello no significa que aquellos no puedan faltar a la verdad y que “por ende, siempre ha de creérseles sin mayor explicación”.

 

De igual manera, la sala recordó que la Corte Constitucional ha manifestado que se erigen una serie de garantías, no solo por la prevalencia de los derechos de los menores, sino en la imperiosa obligación de adoptar medidas para su protección en todos los ámbitos, incluido el proceso penal, cuando sean víctimas de delitos aberrantes. (Lea: Señalan parámetros para entrevistas forenses a menores víctimas de delitos sexuales)

 

En ese mismo sentido, ese alto tribunal ha sostenido que es posible que los niños abusados acudan al juicio, siempre que se les garanticen a plenitud sus derechos. Igualmente, ha admitido, incluso antes de que se expidiera la Ley 1652 del 2013, que sus declaraciones anteriores se tengan como prueba de referencia admisible, a efectos de evitar que sean, de nuevo, victimizados. (M.P. Eyder Patiño).

 

En el año 2014, el máximo tribunal constitucional declaró exequibles los apartes demandados de los artículos 1º, 2º y 30 de la Ley 1652, al concluir que acudir a la entrevista forense para recopilar la declaración de menores de edad que han sido víctimas de agresiones sexuales no desconoce el derecho de defensa, ni el ejercicio de contradicción. (Lea: Información del menor que reposa en el expediente de restablecimiento de derechos es reservada)

 

En su concepto, se trata de medidas legislativas y judiciales para garantizar no solo la dignidad e intimidad de los menores (evitando injerencias indebidas en su vida privada), sino para protegerlos en todas las etapas del proceso, evitándoles nuevos daños.

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-95082016 (47124), 13/07/16...."

Última actualización el Miércoles, 10 de Agosto de 2016 12:43
 
Informe de servidor público para noticiar delitos se inadmite cuando no llene requisitos de una denuncia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 08 de Agosto de 2016 14:25

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..El informe presentado por un servidor público para noticiar sobre hechos aparentemente delictivos, con independencia de su denominación, constituye una verdadera denuncia y, por lo tanto, les son aplicables las exigencias mínimas de admisibilidad.

 

Así lo precisó recientemente un informe de relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de estudiar el concepto de denuncia y sus requisitos cuando estas sean realizadas por servidor público. (Lea: ¿En qué se diferencian la demanda, denuncia y querella?)

 

Vale la pena recordar que esta diligencia puede ser presentada verbalmente o por escrito, bajo la gravedad del juramento, y debe contener una relación detallada de los hechos conocidos por el denunciante. Así mismo, los servidores públicos tienen la  obligación de denunciar “cuando por cualquier medio conozcan de la comisión de delitos”.

 

El servidor cumple este mandato a través  de un documento denominado “informe”, el cual corresponde sustancialmente a una denuncia y, en consecuencia, es el acto informativo a través del cual se pone en conocimiento de la autoridad competente de investigar la perpetración de una conducta presumiblemente delictiva. (Lea: Suspenden a juez por no presentar denuncia por pérdida de expedientes)

 

De ahí que la jurisprudencia penal ha sostenido reiteradamente que la autoridad judicial debe inadmitir la denuncia, incluso si tiene autor conocido, cuando el relato fáctico que la sustenta no contiene una imputación concreta, definida y  revestida de seriedad que permita inferir de modo razonable la posible ocurrencia de una o más conductas punibles.

 

En decir, que si carece de la concreción que permita identificar los contornos de la posible infracción penal y orientar la investigación no podrá ponerse en funcionamiento legítimamente el aparato de punición estatal. Lo anterior se hace particularmente evidente si el informe por medio del cual se denuncian los posibles delitos no es elaborado con fundamento en el conocimiento personal que tuvo el funcionario sobre su ocurrencia. (Lea: Punición alternativa y Derecho Penal Internacional)

 

En este contexto, la apreciación adelantada por el servidor sobre la naturaleza delictiva de los hechos denunciados no puede resultar vinculante para la autoridad encargada de tramitar la eventual investigación, “en tanto es esta última la encargada de valorar si la noticia criminal tiene la aptitud para ser admitida”, concluyó el pronunciamiento (M.P. Eugenio Fernández).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-42992016 (47015), Jul. 06/16...."

Última actualización el Lunes, 08 de Agosto de 2016 14:26
 
Condenados a prisión domiciliaria también pueden trabajar extramuros: Sala Penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 04 de Agosto de 2016 14:58

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..La Sala Penal de la Corte Suprema reiteró que el trabajo extramural no es un derecho-deber exclusivo de quienes se encuentren condenados dentro de un establecimiento carcelario. (Lea:Gobierno decreta emergencia carcelaria)

 

En efecto, la ley extiende esa posibilidad a los internos que pueden estar purgando su pena en su domicilio, el cual podrán desarrollar fuera de este, siempre bajo el control y vigilancia de las autoridades que los tengan a cargo.

 

Hay que decir que el trabajo es un derecho del que gozan todos los condenados sin excepción, estén cumpliendo la pena en un centro de reclusión, en su domicilio o morada o en cualquier sitio de reclusión, como mecanismo adecuado para la resocialización que persigue la medida punitiva.

 

Pero también con la virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención,con excepción de los trabajos contratados con particulares.

 

El trabajo concebido como un deber social está regido por un conjunto de normas mínimas irrenunciables e intransferibles, establecidas en defensa de los trabajadores que deben ser respetadas en todas las circunstancias, para garantizar condiciones dignas y justas en su ejercicio.Entre estas reglas está la de la jornada ordinaria laboral.

 

Vale la pena precisar que la ley limita este servicio a 48 horas semanales, 8 horas diarias, de donde no podrían existir jornadas superiores ni trabajos que superen dichos límites, salvo el trabajo por turnos o que se realiza sin solución de continuidad.

 

A principios de este año, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional enfatizó que la labor que realice un recluso por fuera de jornada laboral carece de reconocimiento económico. (Lea:Cárceles que no corrijan violaciones a dignidad de los presos serán cerradas: Corte Constitucional)

 

El pronunciamiento se dio luego de analizar una acción de tutela interpuesta por un recluso de un establecimiento carcelario que pretendía amparar sus derechos fundamentales a la salud y al trabajo por habérsele desconocido el pago de horas extras y los respectivos recargos dominicales.

 

Finalmente, la Sala Penal advirtió que es deber de las autoridades hacer respetar las disposiciones legales en materia de derechos del trabajador, con mayor razón tratándose de presos, dada la especial condición en la que se encuentran, de suerte que la contratación laboral de estos no se convierta para los empleadores en una oportunidad para su explotación, abuso de su situación o el desconocimiento de sus derechos básicos (M. P. Fernando Alberto Castro).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP- 35802016 (47984), Jun. 08/16.."

Última actualización el Jueves, 04 de Agosto de 2016 15:01
 
Maltrato sexual no configura delito de violencia intrafamiliar PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 30 de Julio de 2016 14:31

Tonado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que el punible de violencia intrafamiliar se realiza siempre que los hechos en que se funda, los cuales deben corresponder a acciones de maltrato físico o psicológico por uno de los miembros de la unidad doméstica, no se sancionen más severamente a través de otro tipo penal, por tratarse de un comportamiento punible de naturaleza subsidiaria.

 

Según destaca el fallo, en sus inicios este tipo penal era una conducta autónoma e incluía como una de las formas de maltrato en la familia la violencia sexual pero, con posterioridad, tal ingrediente normativo fue suprimido para sancionar como violencia intrafamiliar únicamente el maltrato físico y psicológico, dejando el castigo de la ofensa sexual a los punibles atentatorios contra el bien jurídico de la formación, integridad y libertad sexuales.

 

En ese sentido, dada la descripción típica del delito de violencia intrafamiliar frente al cual el legislador le otorga el tratamiento de tipo subsidiario y del que excluyó la violencia sexual como una de las clases de maltrato propio de este comportamiento, no puede afirmarse que en sucesos atentatorios contra la libertad y formación sexuales de un miembro de la familia por parte de otro exista un concurso aparente de tipos penales entre el delito sexual y el delito contra la integridad familiar. (Lea: No demostrar convivencia en caso de violencia intrafamiliar no afecta principio de congruencia)

 

Lo anterior, como afirma el alto tribunal, en tanto la violencia sexual solo se castiga cuando se configure alguno de los delitos contemplados en el Título Cuarto del Estatuto Penal con la agravante prevista en el numeral 5º del artículo 211 de la misma normativa, que impone una mayor punibilidad cuando la ofensa sexual se cometa contra pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañero/a permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes (M. P. Fernando Castillo).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP- 91112016 (46454), Jul. 6/16..."

Última actualización el Sábado, 30 de Julio de 2016 14:33
 
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