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Corte Suprema de Justicia
Explican concepto de acoso sexual y precisan diferencias con otras conductas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 01 de Marzo de 2018 22:02

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que el tipo penal de acoso sexual no ha sido objeto de detenido examen en esta corporación dada su novedosa incorporación como delito. (Lea: Acoso sexual en el trabajo trasgrede el Derecho Internacional de los Derechos Humanos)

 

Con base en algunas legislaciones precisó que si bien no se posee una definición unívoca de acoso sexual sí es posible determinar un lugar común, referido a actitudes o comportamientos que por sí mismos causan mortificación o crean un clima hostil en ámbitos de trabajo o similares respecto de actos, gestos o palabras que en muchas ocasiones representan una pretensión, pero no la consumación de la misma.  (Lea: Jalón de orejas al Sena por sancionar a aprendiz que presentó una queja por acoso sexual)

 

Regulación en la materia

 

En Colombia, este delito fue instaurado en lLey 1257 del 2008, que dictó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Al respecto, la Corporación aclaró que este delito opera generalmente en contra de la mujer.

 

Sin embargo, nada impide que en determinados casos pueda materializarse respecto de víctimas de otro género o identidad sexual, independientemente de que el agresor sea otro hombre o una mujery siempre y cuando se cubran los presupuestos modales, objetivos y subjetivos que diseñan el tipo penal en examen. (Lea: Destituyen a juez que acosaba sexualmente a una de las partes de un proceso)

 

En torno a lo anterior, la sala señaló que el artículo 210 A del Código Penal contiene una textura bastante abierta, a la espera de consignar allí todas las posibilidades de ejecución de la conducta e incluso de beneficiarios de la misma, pues se alude al “beneficio” propio o de un tercero.

 

Aplicación del concepto

 

También advierte que el bien jurídico tutelado, libertad, integridad y formación sexuales, puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos el legislador estimó prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores, compatibles con la noción de acoso.

 

Finalmente, explicó la distinción entre la materialización de un delito de acceso carnal o actos sexuales violentos y uno de acoso sexual, indicando que estos se diferencian en los alcances de lo ejecutado por el agente. (M. P. Fernando León Bolaños Palacios).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-1072018 (49799), 07/02/18.."

Última actualización el Jueves, 01 de Marzo de 2018 22:06
 
No se vulnera principio de congruencia si la sentencia es acorde con la acusación PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 01 de Marzo de 2018 21:47

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que no puede indicarse que el juez o los jueces violaron el principio de congruencia cuando el fallo emitido y que es impugnado se delimitó a la pretensión de la Fiscalía. (Lea: Preacuerdos y negociaciones suscritos en fase de investigación limitan la sentencia)

 

En tal sentido, los falladores protegen este principio cuando la sentencia es acorde con la acusación y se impone la pena correspondiente al delito que se le acusa.

 

En el caso concreto, fueron acusados dos soldados y un sargento de la muerte de dos personas protegidas, en desarrollo de un operativo militar. Al respecto la sala advirtió que la providencia emitida se ajustó a la acusación. (Lea: ¿Cómo cuestionar un fallo disciplinario que no cumple con el principio de congruencia?)

 

Sin embargo, la estructura gramatical de la parte resolutiva y de algunos apartes de la sustentación dieron a entender que los procesados fueron condenados por los dos homicidios, lo que es más notorio en el ámbito de los perjuicios, porque se les impuso la sanción mínima prevista para el delito de homicidio en persona protegida.

 

En tal sentido, modificó el fallo impugnado aclarando que el sargento y un soldado son responsables de la muerte de una persona y el otro soldado del deceso de la otra persona protegida; en consecuencia, aclaró la condena de perjuicios, pero no casó la sentencia.

 

La Sala no compartió lo expuesto en la demanda de casación en el sentido de que cada uno de los procesados fue condenado por las muertes de las dos personas. Sin embargo, aclaró, es evidente que en el fallo impugnado se hicieron manifestaciones que pueden generar confusión al respecto (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-0362018 (42374), 24/01/18.."

Última actualización el Jueves, 01 de Marzo de 2018 21:57
 
Explican eventualidades a considerar frente al principio de necesidad de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Jueves, 01 de Marzo de 2018 20:12

Tomado de wwww.ambitojuridico.com

 

"...Recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que una vez el juez encuentra satisfechas las categorías dogmáticas de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad frente a determinado comportamiento humano debe atender u observar el principio hermenéutico de necesidad de la pena. (Lea: No se vulnera principio de congruencia si la sentencia es acorde con la acusación)

 

Para ello, el fallo explicó que es necesario considerar las siguientes tres eventualidades:

 

i. Para determinar si se está frente a uno de los supuestos en los que el legislador lo faculta para prescindir de la pena, según lo normado en artículo 34 de la Ley 599 de 2000, se debe cumplir con la primera exigencia relativa a que se trate de un delito culposo o reprimido con pena no privativa de la libertad y con la segunda que precisa los grados de parentesco y vínculos filiales,

 

ii. Al momento de individualizar la pena, con sustento en los criterios establecidos en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, dado que la observancia de esos moduladores son desarrollo de los ya indicados principios de proporcionalidad y razonabilidad, en cuanto permiten establecer la magnitud de castigo necesaria y merecida por el infractor sin desconocer los límites legales, en este asunto acatados por los juzgadores, y

 

iii. Con el fin de establecer si se reúnen los presupuestos para conceder la suspensión de la ejecución de la pena, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, este subrogado requiere el condicionamiento objetivo relativo al monto de pena impuesta el cual no puede superar de cuatro años.

 

Debe tenerse en cuenta que el análisis de este aspecto no tiene que ver no con la necesidad de imponer una pena, sino con la necesidad de ejecutarla (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-0422018 (46283), Ene. 24/18

..."

Última actualización el Jueves, 01 de Marzo de 2018 20:13
 
Hacen estudio semántico de la norma que fija el límite de la pena para cómplices PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ   
Jueves, 01 de Marzo de 2018 15:20

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó, con base en el artículo 30 del Código Penal, que cuando la participación se hace a título de cómplice la pena debe reducirse de una sexta parte a la mitad.

 

Acorde con ello, indicó que la palabra “de” indica el mínimo de la rebaja (una de cada seis unidades), y la palabra “a” o “hasta” hace alusión al máximo descuento posible (la mitad).

 

De igual forma, la Sala precisó que esta norma debe complementarse con lo establecido en el numeral 5° del artículo 60 ídem, el cual explica los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables y específicamente señala que “si la pena se disminuye en dos proporciones la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica”.

 

En el caso concreto, el tribunal violó directamente la ley sustancial, por la interpretación errada de las mencionadas normas, lo que dio lugar a que la pena que procedía legalmente fuera reducida en una proporción mucho más amplia que la dispuesta por el legislador. Por esa razón la Corte decidió casar el fallo impugnado.

 

Finalmente, tenga en cuenta estas definiciones a la hora de estudiar este tema en una conducta punible:

 

-          Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.

 

-          Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

 

-          PartícipesSon partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.

 

-          Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.

 

-          Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización se le rebajará la pena en una cuarta parte (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-2272018 (45436), Feb. 14/18.."

Última actualización el Jueves, 01 de Marzo de 2018 15:21
 
Delito de obtención de documento público falso puede producirse si se induce al error al notario PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:25

Tomado de www.ambitojuridico.com

"....Un decisión reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  explica que para la realización de la conducta de que trata el artículo del 288 del Código Penal (obtención de documento público falso), se requiere que el sujeto activo conozca la condición de que la persona de la que obtiene un documento falso sea servidor público y que este actúe en ejercicio de sus funciones.

 

El delito de obtención de documento público falso prevé la posibilidad de sancionar con pena privativa de la libertad a cualquier persona que mediante artificios o engaños induzca en error a un servidor público, para que este, en ejercicio de sus funciones, le extienda o expida un documento público con potencialidad de acreditar la existencia de un hecho o de una relación jurídica que no corresponden a la verdad, precisa la corporación.

 

Por lo tanto, el autor del comportamiento es cualquier persona sin cualificación, esto es, el particular que engaña al servidor público. (LeaConozca la condena a dos exfuncionarios de juzgado por fraude en reparto judicial)

 

Así, la falsedad es la alteración consciente de la verdad, es decir, faltar maliciosamente a ella; y debe recaer sobre documento público, pues lo que sanciona la ley penal es la infracción a la fe pública que las personas depositan en dichos escritos, los cuales tienen seriedad en la vida civil y el comercio.

 

En ese orden, la fe pública es el bien jurídico tutelado para asegurar la confianza colectiva que hace posible el desenvolvimiento en la vida común. Por la misma razón, no es de la esencia de la falsedad el perjuicio de un tercero cuando se realiza a través de documento público, ya que estos valen por sí mismos. (Lea¿Qué entidad se legitima por pasiva tratándose de la responsabilidad estatal por falla notarial o registral?)

 

Así las cosas, la Sala concluyó que para todos los efectos de la ley penal también se consideran servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, es decir, que no cabe duda que “los notarios pueden ser pasibles de engaño para efectos de la realización de este delito” (M. P. José Francisco Acuña).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-180962017 (42019), 01/11/17.."

Última actualización el Miércoles, 07 de Febrero de 2018 15:26
 
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