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Corte Suprema de Justicia
PREVARICATO POR ACCIÓN - Elementos: elemento normativo (decisión manifiestamente contraria a la ley), decisión en proceso penal, decisión relativa a detención domiciliaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez londoño   
Martes, 19 de Julio de 2016 17:55

/ DETENCIÓN DOMICILIARIA - Padres cabeza de familia: requisitos «El doctor ZH insiste en que no contrarió la ley, en tanto entre los dos detenidos existía una unión marital de hecho, pero en la providencia cuestionada (tampoco en el juicio y en el sustento de la apelación) no verificó probatoria y jurídicamente que las dos personas, sin estar unidas en matrimonio, hicieran comunidad de vida permanente y singular, que es como la Ley 54 de 1990 define el instituto. No solo no lo hizo, sino que, por el contrario, al momento de favorecer a TB con la detención domiciliaria (previamente la había otorgado a LM), dispuso que cada uno cumpliera la reclusión en su propia residencia, distantes en mucho una de la otra, de lo cual surge como inobjetable que no existía comunidad de vida permanente, dejando sin piso sus excusas. En el momento de emitir la providencia censurada, el señor juez acusado ya había concedido la detención domiciliaria a la progenitora de los menores, accediendo al pedido de la Fiscalía por verificarse su condición de madre cabeza de familia.

En esas condiciones, el propio funcionario dejaba sin posibilidad de aplicar igual criterio respecto de la pareja (que no compañero permanente) de aquella, señor TB. En efecto, la detención domiciliaria, bajo el entendido de que se está ante quien ejerce como cabeza de familia (sea la madre o el padre), de que trata la Ley 750 del 2002, debe entenderse en los términos del artículo 2º de la Ley 82 de 1993, modificado por la ley 1232 de 2008, esto es, que tiene a su cargo hijos menores de edad o discapacitados cuyo cuidado integral (protección, educación, afecto, educación, orientación, etc.) depende económica y exclusivamente de ella. La concesión del sustituto parte del supuesto necesario de que, previo a su detención, se demuestre que el procesado, él solo, sin apoyo alguno, estaba al cuidado de sus hijos, de tal manera que la privación de la libertad trajo como consecuencia el abandono, la exposición y el riesgo inminente para aquellos (confrontar auto del 14 de marzo de 2007, radicado 26.597). La vasta experiencia profesional y académica del acusado en el área penal, que fue estipulada (con anexos), conduce a que estaba al tanto de lo anterior, máxime su prolongado ejercicio como juez de garantías, en desarrollo del cual hubo de pronunciarse de manera reiterativa sobre la detención domiciliaria, aspecto que a la vez fue tenido como probado de común acuerdo entre las partes. En este contexto, como bien razonó el Tribunal, mal podía el señor juez de garantías tener a TB como padre cabeza de familia de los hijos de LM, porque (i) antes de ser aprehendido no los tenía a su cuidado (no eran hijos suyos), (ii) no convivía con aquella, (iii) había reconocido esa condición a la mujer, lo cual descartaba que pudiera pregonarse que el hombre quedaba como exclusivo protector de los infantes, (iv) no existía un desamparo económico porque el padre entregaba una cuota mensual para esos efectos, además de que otorgó a Lorena permiso para trabajar. Un hecho trascendente que la parte defendida deja de lado apunta a que, con independencia de lo que el juicio respectivo haya verificado, cuando menos sumariamente se demostró, y el señor juez acusado lo tuvo por probado, que al parecer los dos capturados se habían confabulado para dar muerte al esposo de la mujer y padre de los niños. En ese contexto, con el Tribunal debe concluirse que repugna al sentido común que la madre y su novio opten por dar muerte al esposo y padre de los niños para, así, generar el desamparo de estos para que el novio homicida adquiera la condición de padre cabeza de familia, y que el juez, para reconocérsela, invoque el interés superior de la protección de los niños, como que la conducta que se premia fue la que precisamente los privó de su progenitor. Con fundamento en las pruebas estipuladas, con tino el Tribunal verificó que el instituto concedido no fue solicitado ni, por ende, sustentado. En efecto, la postura del defensor ante el señor juez de garantías fue la de prohijar el pedimento de la Fiscalía sobre la concesión de la detención domiciliaria a LM y respecto de TB solo acudió a algunas frases genéricas, para decir que se le concediera libertad o “la domiciliaria”, pero sin soporte probatorio y jurídico alguno, ni la especie de “domiciliaria” a la que aspiraba y por qué. Por tanto, estándose ante un sistema de partes, rogado, en donde el juez debe ser plenamente imparcial, se impone que resuelva las peticiones de las partes, de donde deriva que la respuesta a la defensa de TB ha debido brindarla en consonancia con sus planteamientos, lo cual no solo no sucedió, sino que el doctor ZH se dedicó a rehacer la postulación defensiva y a resolver temas no pedidos, como que tuvo que elaborar un discurso sobre la detención domiciliaria, la condición de padre cabeza de familia y la concesión de permisos para trabajar, nunca reclamados ni sustentados probatoria ni jurídicamente, además de que, como acaba de verificarse, no se satisfacían las exigencias legales para adjudicar al detenido un carácter que no tenía. […] En la misma línea cabe resaltar, como hizo el Tribunal, que encontrándose el señor juez acusado valorando las exigencias para resolver la medida de aseguramiento, procedió, sin que la Fiscalía (tampoco la defensa) hubiera postulado esa pretensión, a modificar la imputación en el sentido de pregonar que se tipificaba el homicidio pero con el atenuante del estado de ira o intenso dolor, conminando al juez de conocimiento a tener por incluida esa modificación. Esa actitud demuestra, de nuevo, el quebrantamiento ostensible de la ley, en tanto la imputación fáctica y jurídica fue realizada por la Fiscalía, sin cuestionamiento alguno de la defensa, y el juez, de oficio, sin petición de parte, tomó partido en favor del acusado, beneficiándolo con ese aspecto, además de que lo hizo con omisión del principio de la preclusión de las etapas, como que la audiencia de imputación había expirado, el acto de tipicidad quedó consolidado y la adición la hizo el juez, no la parte facultada legalmente para hacerlo y sin siquiera postulación de la defensa».

Última actualización el Martes, 19 de Julio de 2016 18:00
 
Así se evitará la excarcelación masiva de presos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Sábado, 02 de Julio de 2016 13:59

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

OJO DESCARGUE LA LEY EN EL LINK DESCARGAS...

"...El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1786, con la cual aplaza la entrada en vigencia de algunos aspectos de la Ley 1760 del 2015, sobre racionalización de la medida de detención preventiva.

 

De esta manera se extendió por un año más un término de la norma del 2015 que habría generado una excarcelación masiva e indiscriminada. Entonces, la detención de carácter preventivo no podrá exceder de un año. Vencido este término, los detenidos deben quedar libres. (Lea: Esta es la propuesta del Gobierno para evitar una excarcelación masiva)

 

A esta regla le sigue una excepción relativa a tres casos en los cuales, dada la mayor complejidad en la investigación y juzgamiento, dicho periodo podría prorrogarse por un año más a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, sería cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, cuando sean tres o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva y cuando se trate de investigación o juicio de los actos de corrupción de los que trata laLey 1474 del 2011.

 

Por otra parte, impone como obligación del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura la elaboración de un plan de acción que implementarán, en el plazo de un año, con el objetivo de definir la continuidad de las medidas de aseguramiento que son susceptibles de prórroga.

 

Dicho plan deberá presentarse dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley. El Ministerio de Justicia y del Derecho también deberá presentar cada tres meses un informe al Congreso de la República indicando el estado, el avance y la gestión adelantada en dichos procesos.

 

¿Qué información debe contener el informe?

 

1. El número de personas que podrían adquirir el derecho a reclamar la libertad por vencimiento de términos en razón y con ocasión de las reformas introducidas por esta ley y por la Ley 1760 del 2015.

 

2. La discriminación de esa población carcelaria por delitos, regiones, sexo, edad y centro carcelario.

 

3. El estudio del número de audiencias que deberían realizarse en el plazo de un año para dar cumplimiento a los términos dispuestos en la presente ley.

 

4. La discriminación por tipo de audiencia, tipo de juez que debe realizarla, circuito judicial, tipo de fiscal que debe solicitarla o asistir a ella, seccional de la Fiscalía que tramita el proceso y tipo de defensor (público o de confianza).

 

Congreso de la República, Ley 1786, 07/01/16..."

Última actualización el Sábado, 02 de Julio de 2016 14:07
 
PENAL Conozca el alcance probatorio de la prueba de referencia en materia penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 20 de Junio de 2016 17:33

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..

La prueba de referencia es toda declaración realizada por fuera del juicio oral y es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño ocasionado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en juicio.

 

Esta fue una de las apreciaciones dadas por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 437 de la Ley 906 del 2004, a través de un comunicado sobre una sentencia, al resolver un recurso de casación.

 

Igualmente, la corporación aseguró que esta prueba requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1.Debe tratarse de una declaración

 

2.Que haya sido realizada por fuera del juicio oral

 

3.Se utilice o pretenda utilizar como medio de prueba y

 

4.Que el declarante no esté disponible para testificar en el juicio.

 

También resaltó que esta prueba es la declaración anterior de quien no asiste a declarar en el juicio oral y no, como equivocadamente lo interpretan los jueces y las partes, como el medio utilizado para demostrar que esa declaración existió y cuál es su contenido.

 

Del mismo modo, la Sala Penal indicó que para que una declaración anterior al juicio oral pueda ser admitida como prueba de referencia debe cumplir con las condiciones específicas establecidas en el artículo 438 y las generales indicadas en el artículo 441 inciso segundo de la Ley 906 del 2004.

 

Eficacia probatoria

 

El alto tribunal de justicia, acorde con el artículo 381 de la Ley 906, explicó que la eficacia probatoria para este tipo de pruebas es limitada, puesto que prohíbe condenar con fundamento exclusivamente en este material probatorio, siendo necesario que existan otros medios de naturaleza distinta que la complementen, y que su valoración conjunta permita llegar a la convicción racional de que el hecho delictivo ocurrió y que el procesado es responsable.

 

Además, afirmó que la declaración debe superar los juicios de legalidad, conducencia, pertinencia, conveniencia y utilidad exigidos para la generalidad de los medios de prueba y debe provenir de una fuente conocida, esto es, una fuente humana determinada, y en el caso que no se cumpla con esta condición, como las declaraciones anónimas, no será jurídicamente posible su admisión como medio de prueba (M.P.: José Francisco Acuña Vizcaya).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Comunicado Sentencia SP57982016 (41667), Abr. 05/16...."

Última actualización el Lunes, 20 de Junio de 2016 17:35
 
Corte Constitucional condiciona un aparte del delito de feminicidio PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Junio de 2016 22:03

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el literal e) del artículo 2° de la Ley 1761 del 2015 (Rosa Elvira Cely), mediante la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, en el entendido de que “la violencia a la que se refiere el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género”.

 

Se debe decir que el literal establece como una de las circunstancias de esta conducta penal que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciando o no.

 

El accionante manifestaba que el aparte acusado contrariaba a la Carta Política, en tanto que el legislador creó un tipo penal abierto que conllevaba a una violación de los postulados del debido proceso, “además que su clara ambigüedad violaba el principio de legalidad”. (Lea: Género y justicia)

 

Según el concepto de la alta corporación, y teniendo cuenta de la dificultad de probar bajo esquemas tradicionales que replican las desigualdades de poder la intención de dar muerte por motivos de género, determinó que la inclusión de elementos contextuales en la descripción del tipo penal de feminicidio constituye una garantía del acceso a la justicia para las mujeres, con un cambio estructural del derecho penal, el cual integra una perspectiva de género tanto en los tipos penales como en su investigación y sanción.

 

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones internacionales de adoptar medidas para erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. (Lea: Mallete y garrote para las decisiones judiciales con enfoque de género)

 

Así mismo, la corporación enfatizó que la misma norma y las referencias al derecho internacional de derechos humanos permiten precisar que necesariamente la violencia a la que se refiere el literal acusado es violencia de género, “lo cual es indispensable para establecer un patrón de discriminación que identifique una intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o por motivos de género, como elemento diferenciador del homicidio”.

 

Esta precisión mediante un referente calificado da a la norma claridad y hace que sea posible prever la conducta sancionada, agregó el pronunciamiento judicial.  (Lea: Estereotipos de género en decisiones judiciales las convierten en escenarios de discriminación)

 

En este orden de ideas, consideró que para superar esa indeterminación era necesario declarar una constitucionalidad condicionada del aparte acusado que garantice el respeto del principio de legalidad y precise el elemento diferenciador del delito en mención.

 

Finalmente, el magistrado Alberto Rojas Ríos se apartó de manera parcial de la decisión anterior, su colega Jorge Ignacio Pretelt anunció la presentación de una aclaración de voto en relación con la aptitud de la demanda. Por su parte, Alejandro Linares Cantillo se reservó una eventual aclaración de voto (M.P. Gloria Stella Ortiz)...."

Última actualización el Jueves, 16 de Junio de 2016 22:04
 
¿Cómo deben manejarse las declaraciones anónimas en la investigación penal? PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 16 de Junio de 2016 22:00

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...Una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que las declaraciones anónimas pueden ser útiles para las labores de control y verificación por parte de la Policía, e incluso pueden servir de base al inicio de la actuación penal cuando reúnen los requisitos consagrados en el artículo 29 de la Ley 600 del 2000 o del artículo 69 de la Ley 906 del 2004, pero no pueden ser utilizadas como prueba de la responsabilidad penal porque con ello se afectarían gravemente los derechos del procesado. (Vea: ¿Es posible solicitar como propios testigos de la contraparte en el proceso penal?)

 

 

Según explicó la providencia, la intención del legislador al evitar que declaraciones emanadas de personas indeterminadas sean usadas como medio de prueba es evitar la afectación que ello conlleva para los derechos de los procesados, principalmente en la imposibilidad del procesado de interrogar o hacer interrogar al testigo y, en general, de ejercer el derecho de confrontación, consagrado en los artículos 8 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente.

 

En síntesis, explicó, en el ordenamiento jurídico colombiano las declaraciones anónimas pueden ser utilizadas para lo siguiente:

 

a)  Por las autoridades de policía, para realizar labores de verificación;

 

b) Si reúnen los requisitos del artículo 29 de la Ley 600 del 2000 (equivalente al artículo 69 de la Ley 906 de 2004), puede dar lugar al inicio de la actuación penal; y

 

c) Pueden ser útiles para obtener los verdaderos medios de prueba.

 

Con base en la declaración recibida, el funcionario judicial debe tener suficiente claridad sobre los diferentes niveles de conocimiento que consagra el ordenamiento jurídico frente a cada decisión en particular y sobre la posibilidad de utilizar, para dichos efectos, la información recaudada, explicó el alto tribunal, pues es posible, por ejemplo, que unos datos en particular puedan ser utilizados por las autoridades de policía para realizar labores de control y verificación, e incluso sea idónea para iniciar la actuación penal, pero no puedan ser utilizados como prueba de la responsabilidad (M. P. Patricia Salazar).

 

CSJ, Sala Penal, Sentencia SP 75702016 (40961), Jun. 8/16.."

Última actualización el Jueves, 16 de Junio de 2016 22:01
 
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