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Corte Suprema de Justicia
No es posible tomar de cada norma lo más conveniente para el procesado para crear una tercera ley PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:18

Al resolver un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que no es posible tomar de cada una de las normas penales lo que resulte más conveniente para el procesado para crear una tercera ley “lex tertia”.

 

Inicialmente, resulta importante recordar que la Ley 1709 del 2014 reformó algunos artículos del Código Penal (Ley 599 del 2000), como lo es el artículo de prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, entre otros. (Lea: Requisitos para sustituir detención preventiva por domiciliaria no pueden valorarse aisladamente)

 

De esta forma lo precisó la Sala, luego de estudiar una improcedencia de prisión domiciliaria de un procesado por el delito de violencia intrafamiliar argumentando que si bien el juez de segunda instancia se equivocó al analizar la improcedencia de esta figura a la luz de la Ley 1709 de 2014, por cuanto no estaba vigente para la fecha de los hechos, ese yerro carece de trascendencia.

 

Ello toda vez que la modificación en el cambio de sitio de reclusión tampoco es viable al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Penal, antes de la reforma introducida por la citada ley, dado que esta disposición consagraba como requisito objetivo para la procedencia de la prisión domiciliaria que la sentencia se imponga por una conducta punible cuya pena mínima sea de cinco años o menos.(Lea: Gobierno propone reformar los requisitos para conceder la prisión domiciliaria)

 

Y, según los hechos concretos, el recurrente fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar, bajo la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, porque la conducta recayó sobre una mujer, que tiene una pena 6 a 14 años. (Lea: Condenados a prisión domiciliaria también pueden trabajar extramuros: Sala Penal)

 

Con todo, la corporación concluyó que si bien el Tribunal Superior de Bogotá no debía aplicar la Ley 1709, ya que entró en vigencia luego de ocurridos los hechos específicos e incluso luego de haberse proferido el fallo de primera instancia, el articulado sin modificación tampoco resultaba viable para tal fin, por lo que dispuso no casar al providencia, entre otros argumentos  (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia SP-168392016 (44298), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:20
 
"..carecerá de fundamento constitucional o legal una decisión, bien del fiscal o ya del juez de control de garantías, que defina como ilegal la captura solo porque crea que el aprehensor extendió sin justificación hasta los límites cercanos a ese tope.." PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 21 de Diciembre de 2016 20:33

Proceso Nº 37733.. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA..SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente:JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCAAprobado Acta Nº239... Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012).

 

"....Del anterior fallo se sigue que en todos los casos de captura, si las tareas inherentes a las autoridades de policía, de la Fiscalía General de la Nación y de los funcionarios investidos de jurisdicción en relación con ese suceso, se cumplen dentro del improrrogable plazo de treinta y seis (36) horas, carecerá de fundamento constitucional o legal una decisión, bien del fiscal o ya del juez de control de garantías, que defina como ilegal la captura solo porque crea que el aprehensor extendió sin justificación hasta los límites cercanos a ese tope la privación de la libertad de la persona.

Por las mismas razones tampoco es posible que se ordene la libertad del capturado por un aparente vencimiento del término debido a cualesquiera demora que no supere el límite de las treinta y seis (36) horas siguientes a la retención, sin perjuicio de que si el funcionario competente advierte malicia, negligencia o un actuar injustificado de alguna de las autoridades que intervinieron en la aprehensión, pueda ordenar la correspondiente investigación de los responsables.

En el asunto examinado, como ha quedado esclarecido, la interceptación de Jhoiner Toledo Vargas el 21 de mayo de 2008, ocurrió a las 01:39 a.m., por parte de autoridades de Policía de Vigilancia, a raíz de la información que tenían acerca del transporte de sustancia estupefaciente en el cual presuntamente se hallaba éste comprometido, circunstancia evidenciada como probable con el análisis de las características físicas externas realizado por miembros de la Policía Judicial luego de llegar al sitio de la aprehensión pasadas las 02:00 a.m., y confirmada técnicamente tras la prueba de identificación preliminar homologada realizada en las instalaciones de la SIJIN, donde en presencia del capturado se desembalaron los catorce (14) bultos, contentivos de cuatrocientos veinte (420) paquetes con droga consistente en cocaína, con un peso neto de trescientos noventa y nueve mil setecientos catorce (399.714) gramos, procedimiento después del cual el indiciado fue trasladado y entregado en las instalaciones de la URI de la fiscalía a las 03:50 a.m., para efectos del control de legalidad de su captura, actividad en la que ninguna dilación injustificada puede percibirse......"

 


 

Última actualización el Miércoles, 21 de Diciembre de 2016 20:50
 
Corte Suprema acusa a la Corte Constitucional de tener poca familiaridad con la casación PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 23 de Noviembre de 2016 22:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Un auto de ponente de la Sala Penal empieza explicando que la legislación procesal penal no prevé el recurso de apelación contra fallos de segunda instancia, por tal razón la Corte Suprema carece de competencia reglada para definir su implementación y para actuar como tribunal de apelación en tales casos. (Lea: El caso de Iván Moreno y la incertidumbre por la doble instancia para aforados)

 

Vale la pena recordar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-792 del 2014, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004 por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias y difirió sus efectos a un año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015.

 

A su vez, en la sentencia de revisión de tutela SU-215 del 2016, al delimitar los efectos y alcances de aquel fallo de constitucionalidad, precisó que:

 

1.       Surte efectos desde el 25 de abril del 2016.

 

2.       Opera respecto de sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria.

 

3.       Aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de tales decisiones dispuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal.

 

4.       La Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancias de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala  Penal.

 

De acuerdo con ese contexto, el máximo juez de la justicia ordinaria  fue enfático al señalar que “la Corte Constitucional tiene poca familiaridad con el instituto de la casación”. (Lea: Corte Constitucional se pronuncia sobre apelación de sentencias laborales de primera instancia)

 

Lo anterior, según su concepto, porque todas las sentencias proferidas por delitos son susceptibles del recurso de casación, de modo que con la referida legislación ya no se distingue entre casación común y excepcional.

 

Es cierto que la demanda de casación puede ser inadmitida cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de tal impugnación, pero no se trata de una potestad arbitraria o caprichosa, en cuanto exige que del contexto del escrito “se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso”.

 

Entonces, si el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias comporta que todo fallo penal condenatorio pueda ser impugnado por el sancionado, que la controversia pueda ocuparse del contenido de la decisión judicial y que los planteamientos del impugnante sean estudiados por una instancia judicial diferente de la que lo condenó, “la Corte concluyó que tales exigencias son satisfechas sobradamente por el recurso de casación” (M.P. Luis Antonio Hernández).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-7365201647742, Oct. 26/16

...."

Última actualización el Miércoles, 23 de Noviembre de 2016 22:24
 
Nueva reglamentación para aplicar el principio de oportunidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 23 de Noviembre de 2016 22:18

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"..Para actualizar y unificar en un solo cuerpo normativo los criterios del principio de oportunidad y promover su aplicación, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la Resolución 2370 del 2016, la cual deroga las resoluciones 6657 y 6658 del 2004, 6618 del 2008, 3884 del 2009, 0692 del 2012 y 0919 y 1168 del 2014. El documento puede descargarlo aquí.

 

Vale la pena decir que, en virtud del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, el principio de oportunidad debe ser aplicado con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el juez de garantías.

 

Justamente, se establece que los fiscales delegados tienen competencia en todo el territorio nacional y actúan siempre en representación de la Fiscalía, en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía. (Lea: John Vervaele: “El principio de oportunidad no quiere decir automáticamente impunidad”

 

La norma advierte que no se concederán inmunidades totales, salvo cuando el beneficio obtenido para la justicia, la sociedad y las víctimas sea significativamente superior al obtenido por el procesado.

 

Esta figura se aplica en las modalidades de:

 

1. Interrupción.

 

2. Suspensión.

 

3. Renuncia, previa autorización del juez de control de garantías.

 

La aplicación de las modalidades de interrupción y suspensión está dirigida a lograr la renuncia de la acción penal.

 

No obstante, se podrá renunciar a la persecución penal sin que previamente se haya interrumpido o suspendido. (Lea: Corte Suprema reiteró razones de su cambio de criterio sobre la petición de absolución)

 

En cuanto al sistema de responsabilidad penal adolescente, indica que su aplicación deberá estar guiada por los principios generales del Código de la Infancia y la Adolescencia y por los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.

 

La nueva disposición establece, entre otras, las funciones del Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia, el procedimiento a seguir cuando la competencia es exclusiva de la Fiscalía General y el correspondiente a los eventos en que su aplicación puede ser delegada.

 

Finalmente, en aplicación del inciso segundo del artículo 326 de la Ley 906, el fiscal pondrá en conocimiento del juez  la  oposición de la víctima o su representante frente a la utilización de este principio en cada caso concreto. Lo anterior permitiría llevar a cabo la mencionada audiencia de control, incluso en los casos excepcionales en que no comparezca la víctima.

 

Solicitud del fiscal

 

Tenga en cuenta que el fiscal que solicite la aplicación del principio de oportunidad deberá:

 

1. Verificar la existencia de un mínimo de elementos materiales probatorios que permitan inferir que el procesado es autor o participe de una conducta delictiva.

 

2.  Consultar por el medio más expedito al Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa para establecer si el procesado ha sido beneficiado anteriormente con la aplicación de principio de oportunidad o si se está adelantando algún trámite en ese mismo sentido.

 

3. Mantener actualizado el sistema misional respecto del proceso sobre cual se tramita la aplicación del principio de oportunidad.

 

4. Diligenciar el formato estandarizado y adjuntar en fotocopia la documentación que sustente la causal invocada y los elementos materiales probatorios o evidencia física que desvirtúan la presunción de inocencia.

 

5. Remitir copia del formato diligenciado con sus respectivos anexos al Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa.

 

Fiscalía General de la Nación, Resolución 2370, Jul. 11/16

."

Última actualización el Miércoles, 23 de Noviembre de 2016 22:21
 
HAY VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CUANDO HAY HIJOS EN COMÚN ASI NO CONVIVAN JUNTOS PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 16 de Noviembre de 2016 14:15

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Magistrada Ponente. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA...Ref.- Exp. No. 11-001-02-30-000-2008-00333-00....Acta No. 30...No. 322.... Bogotá D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008).-

"....Ha de recordarse, que en relación con el delito de violencia intrafamiliar, esta Corporación se ocupó de su estudio en proveído anterior, cuyas consideraciones, oportuno se ofrece citar en algunos apartes:

“(…) de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política, la familia constituye el “núcleo fundamental de la sociedad”, razón por la cual el Estado debe adoptar las medidas necesarias para protegerla de cualquier situación que eventualmente la ponga en peligro. Por ello el legislador, en desarrollo de ese mandato, expidió la Ley 294 de 1996, precisamente con la finalidad de “prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”, en sus “diferentes modalidades” (art. 1º), habiéndose establecido en su artículo 2º que, para todos sus efectos, integran la familia: “a) Los cónyuges o compañeros permanentes; b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica.” (se resalta)

Por su importancia en el caso que ocupa la atención de la Corte, es necesario acotar que la ley en comento no aplica para un tipo particular de familia, sea la que surge del matrimonio –civil o religioso-, sea la que se constituye por vínculos naturales, o por la voluntad responsable de conformarla, pues cualquiera que sea su origen, ella goza de la tutela del Estado por mandato del artículo 42 de la Carta Política, sin que en el punto puedan construirse o edificarse diferencias, como si la violencia intrafamiliar se torne en conducta punible dependiendo de la clase de familia en que se presente. (…)

“Tampoco puede condicionarse la aplicación de la citada ley a la convivencia de sus miembros –padres e hijos-, o a la cohabitación de la pareja y, en fin, a circunstancias de hecho o meramente factuales, pues tal suerte de interpretación, ab initio, implicaría alterar la genuina noción de familia, con algunas de las instituciones que dan lugar a ella, como el matrimonio o la unión marital de hecho, siendo claro que los deberes y obligaciones que nacen de la condición de marido y mujer (art. 178 C.C., modificado por el Dec. 2820 de 1974), o, en lo pertinente, de la calidad de compañeros permanentes, al igual que los elementos que permiten configurar la unión como tal (art. 1º, ley 54 de 1990), pese a su importancia, no determinan el surgimiento de la familia propiamente dicha (…).

“El propósito de la ley 294 de 1996, sin duda, es el de amparar y de suyo salvaguardar la institución familiar, no una de sus formas, como tampoco una manera de vivirla. Hay familia cuando el hombre y la mujer conforman un hogar común, sea por los hechos o por el derecho, haya o no descendencia. Y ella subsiste aun cuando, mediando hijos, estos, el padre o la madre, abandonen la casa paterna o materna, al margen de las causas que hubieren dado lugar a ello, stricto sensu. Que el marido abandone a su mujer, dejándole los hijos, o viceversa, no es motivo suficiente para afirmar que la familia, per se, se extinguió  (…). En general, el marchitamiento del matrimonio o de la unión marital de hecho, o las distancias que marquen las leyes de la naturaleza o la voluntad humana entre los miembros de una familia, no dan pábulo para afirmar la desaparición de esta nuclear institución, cuya “armonía y unidad” deben ser preservados, cualquiera que sea la situación en que ella se encuentre. “(…)

En este sentido, ha señalado la Corte Constitucional que “Dentro del contexto de la Constitución vigente, los progenitores tienen, pues, el deber ineludible de ofrecer a su prole un ambiente de unidad familiar que permita y favorezca el desarrollo integral y armónico de su personalidad. En consecuencia, procrear un hijo implica hoy la obligación de depararle un ambiente familiar adecuado, aún después de la crisis o ruptura de las relaciones de pareja. Porque es, precisamente en esos momentos críticos, cuando el niño necesita más apoyo psicológico y moral de su familia para evitar traumas que puedan incidir en su desarrollo emocional.” Y agregó: “De ahí que esta Corte advierta que la ruptura de la convivencia por hechos graves e irremediables no excluye necesariamente esa especie de unidad esencial e irreductible que la Carta de 1991 consagra y protege contra eventuales manifestaciones de violencia en beneficio directo del núcleo familiar y de los niños. Sólo así se explica que sean titulares de un derecho a tener una familia y no ser separados de ella”. (Se resalta; sentencia T-523/92).

“Es, pues, desde esta puntual perspectiva como debe entenderse el inciso 5º del artículo 42 de la Constitución Política, norma según la cual, “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”, mandato que el legislador desarrolló a través de Ley 294 de 1996, uno de cuyos “principios” rectores para su interpretación y aplicación, es “La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma de daño físico, psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar” (se resalta; lit. c) art. 3º).

 

“A este respecto, precisan los elocuentes antecedentes de la citada ley, que “Los tipos penales propuestos pretenden reprimir conductas que se dan al interior de la relación familiar o como consecuencia de haber existido una relación familiar;  (…). He aquí por qué se estableció en la ley en comentario, que integraban la familia “El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar” (se resalta), sin que puedan hacerse distinciones que el legislador no quiso hacer, como en efecto no lo hizo, todo en desarrollo de milenarias y potísimas reglas de índole hermenéutica. (…).

No escapa a la Corte que en ocasiones anteriores, se sostuvo que “de conformidad con el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y para los fines tutelares de dicha normatividad, los ex compañeros permanentes no integran una familia, ni siquiera en el evento de tener hijos en común por cuanto el literal b) ibídem hace relación al vínculo de filiación exclusivamente. (Exp. No. 559. Auto de 22 de enero de 1988).

“Sin embargo, auscultada nuevamente esa tesis, de cara al material preceptivo ya mencionado (constitucional y legal), encuentra la Sala que ella debe ser replanteada, para entender que la aplicación de la ley 294 de 1996 y, más concretamente, del delito de violencia intrafamiliar (art. 229 C.P.), en el caso de familias con hijos, no reclama la convivencia de los progenitores, ni una filiación en particular. Por eso el mencionado literal b) no hace alusión a los cónyuges, ni a los compañeros permanentes, unos y otros comprendidos en el literal a), sino al “padre y la madre de familia”, cuya paternidad y maternidad pueden ser matrimonial o extramatrimonial. En suma, para que exista familia, en la hipótesis comentada, es suficiente que de un hombre y una mujer se puedan predicar las calidades de padre y madre de un determinado hijo. Por eso, ello es capital, es que el menor tiene derecho a una familia (art. 44 C. Pol.), así sus progenitores no estén unidos por vínculo matrimonial, ni sean compañeros permanentes, o “no convivan en un mismo hogar”, como lo señala la Ley 294 de 1996, ya referida.

(…)”.[1] La claridad de los preceptos transcritos en precedencia, permite concluir que en este asunto, el bien jurídico afectado con el comportamiento del agresor no es otro que el de la familia y, por tanto, el delito constitutivo es el de violencia intrafamiliar, habida cuenta que las lesiones causadas contra LINA ASTRID BELTRÁN ZAMBRANO provienen de OSWALDO CAÑAS HERNÁNDEZ, con quien no convive y es al parecer el padre del hijo que espera....."



[1] Sala Plena. Exp. 032. Auto de 23 de marzo de 2006

Última actualización el Miércoles, 16 de Noviembre de 2016 14:25
 
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