company logo

Directorio de Enlaces

Comentarios

Visitante No.

Corte Suprema de Justicia
Corte Constitucional respalda una de las causales de libertad del proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 08 de Mayo de 2017 14:34

Tomado de www.ambitojuridico.com

 

"...La Sala Plena de la Corte Constitucional informó recientemente sobre la declaratoria de exequibilidad del numeral 6° del artículo 2º de la Ley 1786 del 2016.

 

Entonces, le correspondió a la Corte determinar si existía una omisión legislativa con relación a esta disposición, según la cual transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, y si no se ha celebrado la audiencia de lectura del fallo o su equivalente, el acusado debe ser puesto en libertad.

 

La norma fue demandada por no incluir a los acusados privados de la libertad y amparados por la presunción de inocencia que aguardan la decisión de segunda instancia. (Lea: Jueza fue destituida e inhabilitada por ordenar libertad de una persona condenada por otro juez)

 

La alta corporación encontró que la carencia de regulación a la cual se refieren los demandantes no tiene sustento. (Lea: Reforma a la detención preventiva no aplica a casos regidos por la Ley 600 del 2000)

 

Lo anterior si se tiene en cuenta que los acusados que esperan la decisión de segunda instancia no se encuentran desprotegidos, ni se les viola el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, pues tampoco están sometidos a estar indefinidamente privados de la libertad.

 

La Sala concluyó que estos derechos se encuentran debidamente protegidos por el artículo 1 de la Ley 1786, en la medida en que el plazo máximo de un año de detención cautelar ha sido estimado, tomando como referente el término máximo para la emisión del fallo de segundo grado.

 

“La hipótesis de exclusión planteada con relación a la disposición acusada está comprendida y protegida, por lo tanto el legislador no incurrió en omisión alguna”, finaliza el comunicado del fallo (M. P. José Antonio Cepeda).

 

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-221, Abr. 19/17.."

Última actualización el Lunes, 08 de Mayo de 2017 14:36
 
Corte Suprema hace precisiones sobre nueva interpretación de dosis personal de estupefacientes PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 07 de Abril de 2017 21:05

tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..El consumidor o adicto a estupefacientes puede portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre que sea con la finalidad de su consumo personal y aprovisionamiento y no exista evidencia que indique tráfico de sustancias ilícitas.

 

Así lo reiteró recientemente la Corte Suprema de Justicia luego de absolver a un procesado que fue detenido hace cuatro años por efectivos de la Policía Nacional, quienes, tras una requisa, hallaron en su poder una bolsa plástica en su ropa que contenía 5,7 gramos de cocaína, en el municipio de Bello (Antioquia).

 

Según el concepto de la Sala Penal, durante el proceso la Fiscalía no pudo demostrar que la acción de llevar consigo esa cantidad de la sustancia estupefaciente, que supera ampliamente la dosis personal, lo hubiera hecho con el ánimo de traficar con esa sustancia o que la hubiere fabricado, por lo que debe ser tratado como un enfermo y no un infractor de la ley.

 

Sin embargo, advirtió que si el porte de dosis personal carece del nexo con propio consumo, o se advierte su  comercialización, tráfico o su distribución, así sea gratuita, la conducta ha de ser penalizada al tener la potencialidad de afectar los bienes jurídicos de salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social.

 

Sobre este tema, es necesario recordar que, en marzo del año pasado, la Sentencia SP- 29402016 (41760) del 2016, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, fijó esta nueva interpretación del artículo 376 (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) del Código Penal.

 

Después, la Sentencia SP-41312016 (43512) del 2016, con ponencia del mismo magistrado, aclaró que los  expendedores de estupefacientes deben ser judicializados, aunque sean adictos.

 

Ello porque en este tipo de conductas pueden coexistir las dos calidades, tanto la de adicto como el de distribuidor o comerciante de la droga, motivo por el cual aclaró que la justicia no puede permitir que, precisamente, una enfermedad sea utilizada como pretexto para delinquir.

 

Corte Suprema de Justicia, Comunicado, Abr. 3/17

..."

Última actualización el Viernes, 07 de Abril de 2017 21:07
 
Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:24

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"..Correspondió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por una procesada a quien el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga declaró penalmente responsable por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La sentencia condenó a la procesada a una pena privativa de la libertad de más de 20 años.

 

La recurrente formula un único cargo contra el fallo emitido por el tribunal, con sustento en la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 del 2004 por violación al debido proceso, al considerar que el fallo del ad quem desconoció abiertamente la garantía del derecho a la defensa técnica que le asistía, en el entendido de que la profesional del Derecho que la asistió en la audiencia preparatoria desconocía la estructura y dinámica de la misma.

 

El pronunciamiento de la Sala Penal

 

Jurisprudencialmente, la Corte ha reiterado que el derecho a la defensa constituye una garantía de rango constitucional, cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario judicial que se caracteriza por ser intangible, real o material y permanente.

 

La violación al derecho a la defensa real o material se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la asistencia del profesional del Derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción.

 

Así, se ha establecido que invocar la violación del derecho a la defensa en casación requiere que el demandante enuncie las pruebas que dejaron de practicarse por omisión del abogado defensor, con indicación de su pertinencia, conducencia y utilidad, así como la exposición de una debida argumentación tendiente a evidenciar la posibilidad de haber sacado adelante una defensa más favorable al procesado.

 

En jurisprudencia reciente, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la falta de aptitud del abogado en la solicitud de pruebas en el curso de la audiencia preparatoria genera por sí misma una vulneración inadmisible al derecho de defensa por cuanto impide que la verdad declarada en la sentencia sea el resultado de la confrontación de las tesis de dos adversarios.

 

De esa manera, la inefectividad de la defensa material prácticamente anula las posibilidades de controversia y por esa vía se desvirtúa el fundamento epistemológico de un sistema procesal de corte acusatorio, como el colombiano.

 

En este sentido, la legitimidad del fallo depende de la verdad procesal de sus presupuestos, los que, a su vez, se derivan de la paridad de las partes en el contradictorio, es decir, de la puesta a prueba de sus teorías del caso, a través de su efectiva exposición a refutaciones y a contrapruebas, producidas por una defensa dotada de poderes análogos a los de la acusación.

 

De manera que el derecho a la asistencia letrada pretende evitar desequilibrios entre los contradictores que puedan generar como resultado la indefensión y, en consecuencia, desde la óptica adversarial, promueve que las partes en contienda se opongan mutuamente a las pretensiones sustentadas del contrario.

 

La importancia de la audiencia preparatoria

 

La audiencia preparatoria es, justamente, el acto procesal por excelencia para realizar las solicitudes de las pruebas que habrán de practicarse en el juicio oral.

 

Por tal motivo, la legislación exige que el procesado deba estar asistido durante esta diligencia por un profesional del Derecho, que, como se explicó anteriormente, debe ser idóneo para la representación de los intereses que se le confían.

 

Lo anterior implica, entre otras cualidades, que sea depositario de los conocimiento y las habilidades necesarias para asegurar que el juicio será un escenario contradictorio, en el que su representado pueda ejercitar plenamente el derecho a la defensa, bien sea por medio de la práctica de la prueba postulada y admitida en la audiencia preparatoria o, confrontando y contradiciendo las allegadas por su contraparte.

 

Esta cualificación del defensor resulta relevante si se tiene en consideración que no basta con que se mencione la prueba que se desea practicar, sino que es necesario que se justifique su conducencia y pertinencia, por cuanto la norma legal establece las reglas que debe observar el juez respecto de las solicitudes probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria.

 

Así, en el caso concreto, la Sala casó la sentencia recurrida, por cuanto se logró probar que dentro de la audiencia preparatoria la profesional del Derecho no hizo ningún llamado a pruebas con lo que dejó en una situación de indefensión a su representada. (M.P. José francisco Acuña).

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-1542017 (48128), 01/18/2017 )

.."

Última actualización el Lunes, 27 de Marzo de 2017 23:26
 
Criterios para constatar cuándo se vulneran derechos fundamentales por falta de defensa técnica PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:22

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional recordó, por medio de una sentencia de tutela, que la jurisprudencia ha decantado los criterios que permiten determinar en qué casos se entienden vulnerados los derechos fundamentales por falta de defensa técnica, especialmente en materia penal. (Lea: Falta de aptitud del abogado en la audiencia preparatoria vulnera el derecho de defensa)

 

En efecto, la Sala Cuarta de Revisión indicó que:

 

(i)Se requiere demostrar que efectivamente existieron fallas en la defensa y que desde ninguna perspectiva posible pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada

 

(ii)Se debe acreditar que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado

 

(iii)Se debe demostrar que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial, de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos que hacen procedente la tutela sobre providencias judiciales, estos son, defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales

 

(iv)Se debe probar que, como consecuencia de todo lo anterior, hay una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales no procede la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso, advirtió la corporación.

 

Aunado a lo precedente, la sala también recordó que en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del Derecho. Esto es, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por ello, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa.

 

No obstante, aclaró que si bien el derecho a una defensa técnica es una manifestación del derecho de defensa, aun cuando el imputado o condenado haya nombrado a un abogado de confianza o a un defensor público para asistirlo, este se reserva el derecho de actuar en su favor dentro del expediente penal. (Lea: No se debe emitir sentencia si no se enuncian con claridad elementos fácticos del delito)

 

Defensa técnica y material

 

Del mismo modo precisó que en el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor (defensa técnica), sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado (defensa material), las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo, cual es defender al imputado. (Lea: Este sería el procedimiento para impugnar el primer fallo condenatorio en el proceso penal)

 

Finalmente, concluyó que las posibles faltas en la asistencia de un abogado habilitan al afectado para reclamar su protección judicial y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios preestablecidos en el proceso, sin que tal habilitación se extienda por sí misma al amparo constitucional. (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-018, Ene. 20/17...."

Última actualización el Jueves, 23 de Marzo de 2017 20:24
 
Sala Penal explica cuándo deben aplicarse precedentes que inaplican incrementos punitivos PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:27

 

En la providencia 33254 del 2013,  la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no tiene aplicación en algunos eventos específicos. (Lea: Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores)

 

Ello cuando el investigado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, esto es, para delitos como la extorsión, terrorismo, secuestro, entre otros.

 

Así  mismo, en la Sentencia 37761 del 2015, la Sala aplicó similar interpretación para los casos en que no sea procedente conceder beneficios a los condenados por las conductas de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la integridad sexual o secuestro cometidos contra menores.

 

De acuerdo con todo lo anterior, un fallo reciente de la misma corporación sostuvo que estos dos precedentes jurisprudenciales son aplicables cuando:

 

1.       El condenado haya accedido a uno de los mecanismos de terminación anticipada del proceso.

 

2.       No obtenga rebaja punitiva alguna a pesar de allanarse a cargos o preacordar.

 

3.       La pena se dosifique con aplicación del incremento genérico contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Vale la pena decir que el precedente contenido en la decisión 37671 no es aplicable por razones de política criminal cuando la condena para el delito por el cual se reclama revisar la sentencia fue modificada por el legislador con posterioridad a la Ley 890 (M.P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-168212016 (47612), Nov. 16/16

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Enero de 2017 21:29
 
« InicioPrev12345678910PróximoFin »

Página 5 de 38



Potenciado por Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.