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Corte Suprema de Justicia
vencimiento de terminos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 22 de Julio de 2014 16:36

tomado de www.ambitojuridico.com

Corte explica motivos para condicionar norma sobre libertad provisional por vencimiento de términos
14 de Julio 8:22 AM


 

"..El numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que establece el término de 120 días sin inicio de la audiencia de juzgamiento como tiempo límite para conceder la libertad al indiciado, riñe con el espíritu del esquema penal.

 

Por esa razón, la Corte Constitucional condicionó dicha norma a que la formulación de la acusación se equipare a la presentación del escrito de acusación, que debe ser el punto de partida para el conteo de los términos.

 

No obstante, este condicionamiento solo se comenzará a aplicar desde el 20 de julio del 2015, ya que el alto tribunal consideró viable establecer un plazo razonable para que el Congreso regule la materia.

 

De acuerdo con el comunicado de prensa en el que se dio a conocer la decisión, “… la única interpretación que resulta ajustada a la Constitución, en aras de respetar los principios de legalidad y de presunción de inocencia, además de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, es entender que la formulación de la acusación se equipara a la presentación del escrito de acusación”.

 

Según el documento, la decisión se tomó debido a la falta de claridad sobre la extensión de la privación de la libertad, por demás provisional, de quien está sometido a un proceso penal.

 

Como el término máximo que debe mediar entre el escrito de acusación y la audiencia de formulación de la acusación no está regulado, su extensión quedaba al arbitrio del juez, lo que conducía a eventuales dilaciones injustificadas que derivaban en abierta vulneración del derecho a la libertad del procesado, explicó la Corte.

 

Además, esa indeterminación, que está prohibida en las sanciones penales, debe ser proscrita ineludiblemente en relación con las circunstancias que den lugar a una privación indefinida de derechos constitucionales, y en particular del derecho a la libertad, como producto de una medida de aseguramiento.

 

En rueda de prensa celebrada el pasado 26 de junio, el presidente de la corporación, Luis Ernesto Vargas, aclaró que no se trata de un exhorto al Congreso de la República, dado que esa figura ha terminado siendo “un saludo a la bandera”. El magistrado salvó el voto, y se opuso al condicionamiento. Por su parte, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt anunció que presentará una aclaración de voto.

 

(Corte Constitucional, comunicado Sentencia C-390, jun. 26/14, M. P. Alberto Rojas)..."

 

Última actualización el Martes, 22 de Julio de 2014 16:39
 
ANALISIS DEL DOLO EN EL PREVARICATO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 22 de Julio de 2014 16:21

TOMADO DE www.AMBITOJURIDICO.COM

 

"..Explican configuración del dolo en condena a juez que concedió pensiones gracia irregularmente

14 de Julio 12:20 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el delito de prevaricato por acción, el dolo no depende de que se produzca algún rédito para el imputado, sino de la evidencia de que obró como lo hizo, a pesar de que se trataba de una actuación manifiestamente ilegal, explicó la Corte Suprema de Justicia.

 

Con este argumento, la Sala Penal ratificó la condena impuesta a un juez laboral que otorgó pensiones gracia a exprofesores afiliados al magisterio, aunque no reunían las condiciones para acceder a ese derecho y se trataba de un asunto que escapaba a su competencia.

 

La corporación resaltó que la procedencia de ese beneficio depende, entre otros aspectos, de que el reclamante no haya recibido ni esté recibiendo otra pensión o recompensa de origen nacional. En el caso analizado, los beneficiados no cumplían ese requisito, consagrado en la Ley 45 de 1913, lo que demuestra la configuración del dolo.

 

“… La providencia tildada de prevaricadora omitió valorar el requisito contenido en el numeral 3º del artículo 4º de la citada Ley, desentendiéndose de ese apartado en forma ostensible para concluir, que los demandantes tenían derecho a la pensión gracia, cuando lo cierto era que del solo análisis de esa exigencia (…) se habría desestimado que los accionantes tuvieran derecho a esa prerrogativa”, precisó.

 

De otro lado, la Sala concluyó que este asunto no era de competencia de un juez laboral, pues, al tratarse de un grupo de personas que hacen parte del régimen excepcional de prestaciones sociales del magisterio, le correspondía dirimirlo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

“Lo cierto es que tanto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura e inclusive, la Corte Constitucional, habían fijado una sólida posición relativa a que las controversias suscitadas en los regímenes de excepción no fueron asignados a la justicia ordinaria laboral como se explicó en precedencia”, subrayó.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-7764 (39901), jun. 25/14, M. P. Patricia Salazar)..".

Última actualización el Martes, 22 de Julio de 2014 16:28
 
Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 21 de Junio de 2014 20:56
Tomado de www.ambitojuridico.com
"..Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra menores
20 de Junio 4:00 PM

 

 

 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 solo se justifica en un sistema procesal premial en el que se apliquen el principio de oportunidad, las negociaciones, los preacuerdos y las reducciones de pena por allanamiento a cargos.

 

Así mismo, señaló que en los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo no se justifica el aumento, pues resultaría injusto, contrario a la dignidad humana y vulneraría la garantía de proporcionalidad.

 

No obstante, en los casos de “degradación de la conducta” o cuando el proceso culmina por cualquiera de estas formas anticipadas, se justifica el incremento, explicó.

 

Sobre el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), aclaró que los aumentos posteriores al 2005 desplazaron al derivado del incremento generalizado de penas contendido en el artículo 14 de la Ley 890.

 

Es decir, a los artículos modificados por las leyes 1236 del 20081257 del 20081329 del 2009 no se les  impone un incremento de la tercera parte en el extremo mínimo, ni de la mitad en el máximo, pues la pena será la que fijó la legislación posterior.

 

Finalmente, señaló que “el criterio que ha venido desarrollando la Corte desde la Sentencia 33254 del 2013resulta también aplicable en asuntos en los que se trate de delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes”.

 

Lo anterior, siempre que el acusado preacuerde con la Fiscalía o se allane a los cargos, sin que reciba ninguna compensación por acudir a alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso.

 

No pasa lo mismo en los casos de lesiones personales dolosas y todos los delitos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, pues en ellos la pena no se incrementa con motivo del artículo 14 de la Ley 890, sino por razones de política criminal que buscan una mejor protección del bien jurídico cuando su titular es menor de edad.

 

En el caso analizado, a la condena impuesta al autor de un homicidio doloso agravado contra una menor de año y medio de edad se le aplicó el incremento de la tercera parte a la mitad. Al respecto, el alto tribunal señaló que “mal podría alegar la inaplicación del incremento punitivo porque es solo prescindible en los casos en los que el acusado celebra preacuerdo o negociación con la Fiscalía o se allana a los cargos”

 

En su opinión, en eventos como este, es posible desechar el aumento que impone el artículo 14 de la Ley 890, pero solo si el llamado a responder opta por aceptar su culpabilidad por vía del preacuerdo o el allanamiento.

 

Si es vencido en juicio, la sanción es la del tipo base, con el incremento de la Ley 890, además del aumento derivado de las circunstancias agravantes específicas que prevén los artículos 104 y 170 de la norma penal sustantiva cuando se atenta contra niños, niñas o adolescentes.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5197 (41157), abr. 30/14, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero)..."

Última actualización el Sábado, 21 de Junio de 2014 20:59
 
Negarse a escuchar en interrogatorio al indiciado no viola el derecho a la defensa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 28 de Mayo de 2014 23:56

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..Negarse a escuchar en interrogatorio al indiciado no viola el derecho a la defensa

28 de Mayo 12:04 PM

 

El hecho de que el fiscal desista de la posibilidad de escuchar al indiciado en una diligencia de interrogatorio no constituye una violación del derecho a la defensa, pues, en un sistema adversarial, cada parte decide a qué herramientas acudir para cumplir su propósito, aclaró la Corte Suprema de Justicia.

 

La corporación recordó que el Código Penal (Ley 599 del 2000), en sus artículos 275 a 285, enumera los medios que se pueden tener en cuenta en la indagación, entre ellos el interrogatorio al indiciado, previsto en el artículo 282.

 

Para la Sala Penal, es aconsejable que el ente investigador garantice el desarrollo de esta diligencia, sin que, en caso contrario, se produzca la inobservancia de garantía alguna.

 

El alto tribunal recordó que el interrogatorio ya no es un medio de vinculación procesal, y su realización no es presupuesto del debido proceso. Por lo tanto, es optativo tanto para el fiscal como para el indiciado o imputado.

 

Los resultados del mismo, aclaró, tampoco son derroteros que deban seguirse dentro del esquema procesal, ya que se trata, ante todo, de un acto de parte, orientado a intentar obtener información relevante para definir la teoría del caso.

 

En cambio, en los casos de personas que son privadas de su libertad, la diligencia sí es necesaria, pues, de acuerdo con los tratados de derechos humanos, el imputado tiene derecho a ser llevado ante una autoridad judicial y ser escuchado por esta, en relación con las causas de su captura.

 

Finalmente, la Corte señaló que la nulidad por falta de competencia se predica del juez y no del fiscal,por cuanto una decisión en ese sentido no debe afectar el conocimiento a cargo del ente investigador.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5278 (43490), abr. 30/14, M. P. Leonidas Bustos).."

 

Tutela procede por error en dosificación de la pena
19 de Mayo 11:59 AM

 

 

 

La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales afectados por errores en la dosificación de la pena, aunque no se haya acudido a los mecanismos judiciales ordinarios ni se haya cumplido con el requisito de inmediatez, aclaró la Corte Constitucional.

 

La corporación advirtió que los jueces no deben confundir la etapa de determinación de la punibilidad con la de individualización de la sanción, pues si bien es posible fijar la gravedad de la conducta a la hora de individualizar la pena, estos no son los aspectos definitivos para determinar el cuarto a partir del cual se debe establecer.

 

De acuerdo con la Corte, es necesario identificar primero dichos límites y tener en cuenta estos elementos, para determinar el quantum.

 

“Si bien el artículo 61 del Código Penal, frente al proceso de individualización de la pena, permite considerar factores cómo: ‘(…) la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto’, estos parámetros no se pueden aplicar para fijar el cuarto punitivo, sino para moverse dentro del que, por expresa determinación legal, debe ser seleccionado”, señala la sentencia.

 

En el caso analizado, la Corte encontró que el juez impuso la pena por el delito de fuga presos partiendo del último cuarto, a pesar de que no se evidenciaban circunstancias de agravación y mayor o menor punibilidad. Así las cosas, lo procedente era partir del primer tramo, explicó.

 

De otro lado, recordó que según el artículo 61 del Código Penalel sentenciador solo puede partir del último cuarto cuando concurran circunstancias de agravación punitiva. Como, en este caso, el operador concluyó que dichas causales no habían tenido lugar, lo indicado era fijar como punto de partida el primer cuarto, ya que la misma disposición exige proceder de esa manera, cuando no se dan las circunstancias anotadas.

 

Por estas razones, le ordenó al juez ordinario redosificar la pena, pese a que el accionante no agotó los recursos ordinarios disponibles para atacar la determinación y aunque la acción de tutela solo se hubiera presentado seis años después de ocurridos los hechos.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-5390 (72976), abr. 29/14, M. P. Patricia Salazar Cuellar)

Última actualización el Jueves, 29 de Mayo de 2014 00:02
 
JUEZ NO PUEDE VARIAR CALIFICACION PARA AGRAVAR SITUACION DEL PROCESADO PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:53

TOMADO DE  WWW.AMBITOJURIDICO.COM.

"..Juez no puede variar calificación jurídica para agravar situación del acusado

22 de Mayo 2:51 PM


 

La Corte Suprema de Justicia casó parcialmente una sentencia que absolvió al padre de una menor acusado de acto sexual abusivo con incapaz de resistir, al que el juez de primera instancia le impuso una pena principal de 384 meses de prisión.

 

El alto tribunal recordó que, en cumplimiento del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, debe existir congruencia entre la acusación y la sentencia. No obstante, aclaró que es posible que el juez se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género.

 

Además, el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor o igual entidad, siempre y cuando se respete el núcleo fáctico de la acusación.

 

Así las cosas, no es admisible que el juez varíe la calificación jurídica de los hechos, para condenar y agravar la situación del acusado. Por esa razón, en el caso analizado, concluyó que fue equivocada la salida del juez de apelación que, de manera sorpresiva, estudió un tipo penal que no había sido considerado.

 

La sentencia de casación aclara que la pena de prisión debía ser de 167 meses, como autor de los punibles de actos sexuales abusivos con incapaz de resistir, en concurso homogéneo, e incesto, en concurso heterogéneo.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-3623 (36108), 3/12/2014. M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).."

 

Tomado de www.legismovil.com.

 

Administradora de pensiones asume el pago de la prestación, si no ejerce acciones de cobro contra el empleador moroso (9:22 a.m.)
Si las administradoras de pensiones no ejercen las herramientas jurídicas que les otorga el sistema de seguridad social para desplegar control, requerir a los morosos e iniciar acciones de cobro, así como contemplar a su favor intereses y multas, en los eventos en que el empleador no cumple a tiempo el pago de los aportes, deben asumir la responsabilidad y el pago de la prestación correspondiente, pues el incumplimiento no puede afectar al trabajador afiliado por razones no atribuibles a él, manifestó la Corte Suprema de Justicia. En este caso, no procede la condena solidaria con el empleador incumplido, ya que no existe norma en el ordenamiento jurídico que establezca dicha figura en relación con el pago de la prestación, precisó. (M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve). 

Noticia generada en May. 23/14 (9:22 a.m.).

 

Última actualización el Domingo, 25 de Mayo de 2014 20:58
 
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