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Corte Suprema de Justicia
Archivar investigaciones con hechos de connotación delictiva configura prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Aunque los fiscales son autónomos en sus decisiones no pueden renunciar al ejercicio de la acción penal y abstenerse de desplegar actos de investigación que permitan determinar si procede el archivo, la solicitud de preclusión o la imputación de cargos.

 

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la decisión de un tribunal que condenó a 54 meses de prisión y multa de 71 salarios mínimos mensuales a una fiscal por el delito de prevaricato por acción y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, éste último en grado de tentativa.

 

Según el alto tribunal, la orden de archivo emitida por el fiscal solo es admisible cuando, tras hacer una valoración objetiva de los motivos y circunstancias fácticas que permiten su caracterización como delito, se encuentra que el hecho indagado no comporta un injusto penal.

Por eso, reiteró que en todas aquellas oportunidades en donde exista discusión sobre aspectos subjetivos de la tipicidad quien debe resolver la misma es el juez penal a través de la preclusión, la aprobación del principio de oportunidad o la realización del juicio oral, y no el fiscal a través del archivo de las diligencias.

 

Sumado a ello, indicó que la Fiscalía en cada caso concreto debe cumplir con la función impuesta en el artículo 250 constitucional, según el cual “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.

 

En ese contexto, explicó que el ente investigador está obligado a desarrollar los actos de investigación que le permitan establecer o desvirtuar la materialidad de la conducta y su connotación delictiva.

 

De no hacerlo, incumple el deber de investigar y defrauda la confianza de la comunidad por limitar el acceso a la justicia de las víctimas que esperan que el Estado garantice verdad, justicia y reparación, sentenció la corporación.

 

El caso analizado

De acuerdo con el pronunciamiento, una fiscal archivó por atipicidad una investigación que se adelantaba en contra de dos individuos por el delito de extorsión,  capturados por exigir una suma de dinero a cambio de la suscripción de un convenio con una universidad.

 

Según la funcionaria, como los investigados no tenían vínculo con la institución académica no se podía tipificar el delito de extorsión sino el de estafa agravada, razón que la llevó a adoptar la decisión que dio origen al fallo condenatorio.

 

Por eso, su defensa se centró en resaltar que su actuar no tenía intención de infringir la ley toda vez que la decisión fue producto de la facultad interpretativa deferida a los operadores jurídicos.

 

No obstante, la Sala Penal sostuvo que el archivo era improcedente porque no estaban dados los dos únicos supuestos en que procede: inexistencia del hecho y la falta de caracterización como conducta típica.

 

Con todo, aun aceptando la tesis de la estafa, concluyó, la fiscal no podía archivar las diligencias, pues tenía que acudir ante el juez de conocimiento a solicitar la preclusión de la investigación prevista en el artículo 332 numeral 4 de la Ley 906 del 2004.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-4319 (44792), abr. 16/2015, M.P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:12
 
Mujeres víctimas de delitos sexuales tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:01

 

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En un fallo publicado recientemente, la Corte Constitucional insistió en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual a la verdad, la justicia y a la reparación, los cuales constituyen “una trilogía de derechos inseparables”.

 

De acuerdo con el alto tribunal, cuando se trata de esta clase de delitos en el contexto del conflicto armado interno contra mujeres víctimas del desplazamiento forzado, quienes, adicionalmente, ostentan otros factores de discriminación o exclusión, como la pertenencia a grupos étnicos, estados de discapacidad o en condiciones de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, estos derechos adquieren una especial relevancia y prevalencia.

 

Según la corporación, esto se da por el impacto grave y desproporcionado que causa la revictimización a través del delito sexual, otorgando a estas mujeres una calidad especial de sujetos protección constitucional reforzada, al confluir diversos factores de victimización.

 

“Las mujeres víctimas de desplazamiento y al encontrarse en un entorno muy diferente y ajeno al que estaban acostumbradas, llegan a sitios en los que por falta de protección terminan siendo igualmente violadas o abusadas sexualmente por su misma condición de fragilidad en las que la coloca su condición de desplazada, razón por la cual se ven expuestas a ser víctimas de delitos sexuales”, agregó.

 

Adicionalmente, sostuvo que los funcionarios judiciales que  tienen a cargo la investigación y juicio de delitos sexuales, particularmente si las víctimas son sujetos de especial protección constitucional, les asisten la obligación de ponderar los derechos que se encuentran en juego.

 

Otros pronunciamientos

 

Vale recordar que, en enero pasado,a través del Auto 009, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004 advirtió que persisten las conductas de violencia y esclavitud sexuales y prostitución forzada ejercidas contra mujeres, adolescentes y niñas por actores armados, en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado.

 

La corporación indicó que si bien el Ejecutivo y el Legislativo desarrollaron normativas, aún no se han implementado programas de prevención y atención dirigidos a estas personas.

 

De acuerdo con cifras de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al 1º de mayo del 2014, 5.110 personas afirmaron ser víctimas de delitos contra la integridad sexual, entre los años 1985 y 2013.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T-595, 8/30/2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)..."

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:03
 
Falta de resistencia física de víctima no desvirtúa violencia del acceso carnal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:48

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...El factor de la violencia en el delito de acceso carnal violento debe ser valorado por el juez desde una perspectiva ex ante, lo cual implica retrotraerse al momento de realización de la acción y tener en cuenta otros aspectos, como la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas y el estado de vulnerabilidad de la persona agredida.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al explicar que la idoneidad de la coacción, moral o física, dependerá de si tuvo la identidad de doblegar o no la voluntad de cualquier persona en las mismas condiciones de la víctima.

 

Bajo ese contexto, advirtió que un ataque violento no siempre genera una reacción expresada en actos materiales de defensa, ya que también puede ocasionar un estado de conmoción que paralice a la víctima, es decir, aquel no se desvirtúa con la ausencia de gritos, golpes o llamados de auxilio o cualquier acto de resistencia de física.

 

Por tanto, un estado de parálisis e inmovilidad asumido por la víctima no significa que haya dado su consentimiento, destacó la corporación.

 

Además, el fallo indicó que, en estos eventos, no se le puede exigir al sujeto pasivo activar mecanismos de autotutela y protección, los cuales sí proceden en ilícitos como la estafa y exoneran al autor de responsabilidad penal, pero son inviables frente a los delitos sexuales.

 

Caso

El alto tribunal casó una sentencia que absolvió a un hombre de la comisión del acceso carnal violento contra una joven de 15 años. Aunque el juzgador de segunda instancia afirmó que el acto fue consentido por la víctima, porque esta no se opuso a él y, además, sostenía una relación previa de amistad con el procesado, la Corte rechazó estos argumentos.

 

Frente a lo segundo, la providencia reprochó que el tribunal expusiera una argumentación que solo refleja sus prejuicios, al cuestionar el comportamiento social y sexual anterior de la víctima, pues esa posición viola la normativa internacional e interna que busca erradicar la discriminación contra la mujer.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-5395 (43880), mayo 6/15, M. P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:52
 
Prevaricato no se configura cuando existe un acto involuntario o 'lapsus calami' PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:04

Tomado de  www.legismovil.com.

"..Así lo recordó la Sala Penal de la Corte Suprema en sentencia que absolvió a un juez de familia acusado de prevaricar. El funcionario modificó, erróneamente, mediante un auto posterior a la sentencia, las fechas entre las cuales se formó una unión marital, pues su real intención era cambiar la fecha de inicio de la sociedad patrimonial. La Sala encontró que el error consignado únicamente en la parte resolutiva de la providencia no se identificaba con lo realmente expuesto en la parte motiva, lo que representó un descuido generador de culpa, que no se encuentra prevista como delito. De ese modo, si en la actuación del sujeto calificado no se advierte la intención concreta de daño, de desconocer la ley o actuar contrario a derecho, sino el afán por subsanar la actuación, carece de sentido atribuir a hecho diferente al lapsus calami la desarmonía de la decisión, dada la inexistencia de efecto material concreto que justifique como intencional el yerro (M.P. Gustavo Enrique Malo).

Noticia generada en May. 29/15 (3:09 p. m.)..."


Última actualización el Domingo, 31 de Mayo de 2015 23:20
 
Víctimas no pueden solicitar cambio de radicación de un proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:15

Tomado de www.ambitojuridico.com :

"...La Corte Suprema de Justicia recordó que a la luz del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), la facultad de solicitar el cambio de radicación de un proceso está únicamente en cabeza de las partes.

 

Según la corporación, esta limitación se deriva de la interpretación del artículo 47, que indica que antes de iniciar la audiencia de juicio oral, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno, oralmente o por escrito, pueden solicitar el cambio de radicación, ante el juez que esté conociendo del proceso.

 

A su juicio, de este mandato legal se deriva la exclusión directa de la víctima como legitimada para elevar la solicitud, teniendo en cuenta que en el actual sistema, su calidad es de interviniente, en tanto que la condición de “parte” solamente la ostentan la defensa y la Fiscalía.

 

Para el alto tribunal esto es tan claro, que dicha disposición distinguió a las partes y al Ministerio Público, en el entendido de que este último tampoco tiene condición de parte, sino de interviniente. Por ello, explicó que ante el propósito legislativo de permitirle invocar el cambio de radicación, fue necesario incluirlo de manera específica, ya que, de no hacerlo, quedaría igualmente excluido.

 

Con todo, advirtió que los operadores judiciales se abstendrán de examinar la solicitud de cambio de radicación, cuando el escrito sea presentado por la víctima.

 

Garantías

De acuerdo con el pronunciamiento, la conclusión derivada de la interpretación del artículo 47 no limita el acceso a la administración de justicia, no restringe el derecho de defensa en las fases previas al juicio, ni genera una desigualdad de armas que altere los rasgos fundamentales del proceso penal.

 

En criterio de la Sala, aunque el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia, no estableció tal facultad en cabeza de las víctimas, las razones que potencialmente conducen a trasladar un juicio de un lugar a otro surgen de factores externos que no comprometen la imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales que deban adelantar el juicio.

 

Por tanto, el ejercicio de esa potestad no es de significativa relevancia frente a los derechos de aquellas, que, en todo caso, pueden acudir por intermedio de la Fiscalía, el Ministerio Público o el mismo Gobierno a invocar su pretensión. Así, recordó que cuando probatoria y jurídicamente la víctima considere que están dadas las condiciones para solicitar el traslado del juicio, debe contactar a los sujetos mencionados.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-1758 (45418), abr. 7/2015, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández)..."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:17
 
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