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Corte Suprema de Justicia
Víctimas no pueden solicitar cambio de radicación de un proceso penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:15

Tomado de www.ambitojuridico.com :

"...La Corte Suprema de Justicia recordó que a la luz del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), la facultad de solicitar el cambio de radicación de un proceso está únicamente en cabeza de las partes.

 

Según la corporación, esta limitación se deriva de la interpretación del artículo 47, que indica que antes de iniciar la audiencia de juicio oral, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno, oralmente o por escrito, pueden solicitar el cambio de radicación, ante el juez que esté conociendo del proceso.

 

A su juicio, de este mandato legal se deriva la exclusión directa de la víctima como legitimada para elevar la solicitud, teniendo en cuenta que en el actual sistema, su calidad es de interviniente, en tanto que la condición de “parte” solamente la ostentan la defensa y la Fiscalía.

 

Para el alto tribunal esto es tan claro, que dicha disposición distinguió a las partes y al Ministerio Público, en el entendido de que este último tampoco tiene condición de parte, sino de interviniente. Por ello, explicó que ante el propósito legislativo de permitirle invocar el cambio de radicación, fue necesario incluirlo de manera específica, ya que, de no hacerlo, quedaría igualmente excluido.

 

Con todo, advirtió que los operadores judiciales se abstendrán de examinar la solicitud de cambio de radicación, cuando el escrito sea presentado por la víctima.

 

Garantías

De acuerdo con el pronunciamiento, la conclusión derivada de la interpretación del artículo 47 no limita el acceso a la administración de justicia, no restringe el derecho de defensa en las fases previas al juicio, ni genera una desigualdad de armas que altere los rasgos fundamentales del proceso penal.

 

En criterio de la Sala, aunque el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia, no estableció tal facultad en cabeza de las víctimas, las razones que potencialmente conducen a trasladar un juicio de un lugar a otro surgen de factores externos que no comprometen la imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales que deban adelantar el juicio.

 

Por tanto, el ejercicio de esa potestad no es de significativa relevancia frente a los derechos de aquellas, que, en todo caso, pueden acudir por intermedio de la Fiscalía, el Ministerio Público o el mismo Gobierno a invocar su pretensión. Así, recordó que cuando probatoria y jurídicamente la víctima considere que están dadas las condiciones para solicitar el traslado del juicio, debe contactar a los sujetos mencionados.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Auto AP-1758 (45418), abr. 7/2015, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández)..."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:17
 
Fiscal que omite formular acusación a tiempo incurre en falta disciplinaria PDF Imprimir E-mail
Escrito por Leda Dominguez Londoño   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:09

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"..La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión por dos meses impuesta a una fiscal que omitió presentar el escrito de acusación en el término legalmente establecido, razón por la que los imputados fueron dejados en libertad.

 

De acuerdo con la corporación, esa conducta constituye una falta disciplinable, pues contradice lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 154 de Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), que prohíbe retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos asignados.

 

En ese contexto, encontró configurada la desatención de los artículos 175 y 294 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que expresamente señalan que el término para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad no puede exceder de 30 días, contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación.

 

En este caso, agregó la Sala, las normas procesales desconocidas por la disciplinada protegen el debido proceso del investigado. En ese sentido, recordó que “el legislador señaló un lapso razonable a fin de no someter al indiciado a un procedimiento extenso, marcado por las dilaciones. En consecuencia, al omitir la disciplinable radicar la formulación de acusación, vulneró con ello los derechos fundamentales de los investigados y, a su vez, la seguridad jurídica de quienes demandan la aplicación de la justicia”.

 

Por último, indicó que la conducta desplegada por la fiscal comporta antijuridicidad, sobre todo si la transgresión no estuvo justificada. De hecho, se constató que la funcionaria, en la época en que debía cumplir con su obligación, no se encontraba en encargo, incapacitada, ni de vacaciones.

 

(Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia 47001110200020100024701, dic. 11/4, M.P. Wilson Ruíz Orejuela).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:10
 
Corte Suprema aclara aplicación de aumento de penas en homicidio de menores PDF Imprimir E-mail
Escrito por e   
Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:06

 

tomado de www.ambitojuridico.com:

"....La Corte Suprema de Justicia determinó que el aumento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 no procede frente al homicidio agravado de menores, cuando el imputado se ha allanado a los cargos.

 

Según la Sala Penal, lo que justifica la aplicación del aumento es evitar que quienes se acogen a sentencia anticipada obtengan penas irrisorias por la aceptación de sus delitos, beneficio al que no podría acogerse quien delinque contra menores, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006.

 

Así, pierde toda razón de ser el aumento, dado que esta última norma impide concederles rebaja de penas por preacuerdos o negociaciones con la Fiscalía a quienes cometan homicidio o lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro en contra de niños y adolescentes.

 

“La aplicación del incremento punitivo de la Ley 890 de 2004 resulta improcedente, pues su finalidad no se halla justificada y constituye una intervención desproporcionada a su derecho fundamental a la libertad personal, como quiera que pese a la admisión de responsabilidad realizada por el procesado durante la audiencia de formulación de la imputación no se le disminuyó la pena, ni se le otorgó beneficio penal alguno”, precisó la Corte.

 

La Sala recordó cómo, con base en las mismas conclusiones, inaplicó, a partir de la Sentencia 33254 del 2013, el aumento de penas cuando los procesados se hubieran allanado a cargos por los delitos que, según el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 (sobre conductas relacionadas con el terrorismo), no tienen rebaja de penas.

 

“Al prohibir esta legislación la concesión de beneficios punitivos, eliminando cualquier tipo de efecto positivo sobre la pena para el procesado, el incremento no tendría razón, resultando excesiva su aplicación y, por tanto, también violatoria del principio de proporcionalidad de la sanción penal”, precisó la Sala.

 

La Corte agregó que el legislador ha abandonado premisas a su juicio vengativas sobre el juzgamiento y la sanción de las conductas delictivas, para ocuparse más cuidadosamente de que el castigo del Estado no exceda los límites eminentemente necesarios y justificados para prevenir la comisión de delitos.

 

El fallo destaca la necesidad de mantener el principio de proporcionalidad de la pena, tarea que, en criterio de la corporación, no solo radica en la labor legislativa, sino en la del juzgador, a quien le corresponde analizar, en cada caso, las consecuencias de las circunstancias de mayor y menor punibilidad.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-2196 (37671), mar. 4/15, M. P. Leonidas Bustos).."

Última actualización el Jueves, 07 de Mayo de 2015 17:07
 
IMPUTACION DE PORTE ILEGAL ARMA, ASI NO SE INCAUTE, PERO QUE SE TENGA CERTEZA DE SU USO PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 15 de Abril de 2015 17:53

IMPUTACION DE  PORTE ILEGAL  ARMA, ASI NO SE INCAUTE, PERO QUE SE TENGA  CERTEZA DE SU USO (Disparos, heridas con arma fuego, impactos en objetos etc, vainillas)-

Proceso No.9094

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIVATE

SALA DE CASACION PENAL

Aprobado Acta No.81

Magistrado Ponente:            Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

Santa Fe de Bogotá, D. C., catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco.

“..Es pertinente advertir sí, que si se desconoce que un sujeto anda armado y sometido a requisa nada se le encuentra en su poder, pues obvio resulta que ningún delito podrá imputársele ante la total ausencia de prueba sobre el porte ilegal de armas. Pero cuando el porte del arma =o de cualquier sustancia prohibida= está plenamente demostrado, la simple circunstancia de que el sujeto logre deshacerse de ella y que por tanto, al ser requisado no se encuentre en su poder el elemento prohibido que inmediatamente antes del registro llevaba consigo, es un aspecto que en nada incide en la adecuación típica de esta conducta. Para la Sala, también se equivoca la libelista y con ella la Delegada, al sostener que la conducta delictiva no se configuró porque no se determinó si el arma que portaba el acusado era de defensa personal o de uso privativo de la Fuerza Pública….”

 

Última actualización el Miércoles, 15 de Abril de 2015 17:54
 
Responsables de fraude procesal no acceden a suspensión de ejecución de la pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Los responsables de fraude procesal no pueden acceder al beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal (adicionado por el artículo 4º de la Ley 890 del 2004 y modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014).

 

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, ese subrogado se aplica a los delitos sancionados con penas que no excedan los cuatro años de prisión, monto inferior al fijado para ese punible, que se castiga con prisión de 6 a 12 años. No obstante, aclaró que este tipo penal sí da lugar a la detención domiciliaria, pues la Ley 1709 del 2014, en su artículo 23, permite otorgarla cuando la pena mínima prevista sea de ocho años o menos.

 

La Corte recordó que, a través de esta conducta, el sujeto activo se propone obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, valiéndose de un instrumento fraudulento, para inducir en error al servidor público que tiene capacidad para decidir el asunto sometido a trámite.

 

En estos casos, agregó, cobran importancia los medios engañosos empleados para desfigurar o alterar la verdad y conseguir que el funcionario, convencido de la seriedad o autenticidad de lo acreditado, incurra en acciones que lo puedan conducir a emitir una determinación falsa y contraria a la ley.

 

En el asunto analizado, la acusada se valió de unas declaraciones extrajuicio falsificadas, para engañar a los servidores públicos del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la que no tenía derecho, porque no gozaba de la calidad de beneficiaria.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-16843 (41360), dic. 10/14, M. P. Eyder Patiño Cabrera)..."

 

 

Última actualización el Miércoles, 11 de Febrero de 2015 22:25
 
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