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Corte Suprema de Justicia
La falta de pago de la sanción impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por no enviar información tributaria no configura el delito de omisión del agente retenedor o recaudador PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 03 de Julio de 2015 20:39

tomado de  www.legismovil.com

 

"... Así lo aclaró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que afirmar lo contrario viola el principio de estricta tipicidad, en tanto se aplicaría una pena sin fundamento legal. Justamente, ese tipo penal exige que, pasados dos meses después de vencido el término para realizar el pago, el responsable del impuesto sobre las ventas o el encargado de retener o autorretener por concepto de retención en la fuente no lo haga. De ese modo, el hecho de no cancelar tal sanción no puede asemejarse a la falta de pago de la obligación tributaria, aseguró la sentencia (M. P. Eugenio Fernández)...."

Última actualización el Viernes, 03 de Julio de 2015 20:40
 
Responsables de delitos contra menores tienen derecho a redimir pena PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 03 de Julio de 2015 20:35

Tomado de  www.legismovil.com

 

"...Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al sentenciar que la reforma penitenciaria que entró en vigencia en el 2014 convirtió el instituto de la redención de pena en un derecho de obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales; en consecuencia, dice, incluso quienes hayan cometido conductas dolosas contra la libertad, integridad y formación sexual, o secuestro contra niños y adolescentes (artículo 199 del Código de Infancia - Ley 1098 del 2006), deben tener la posibilidad de redimir las penas que les hayan sido impuestas. Lo anterior, explicó, porque el artículo 64 de la Ley 1709 del 2014, al introducir el artículo 103A al Código Penitenciario (Ley 65 de 1993), convirtió este mecanismo en un derecho exigible, mientras el artículo 102 obliga a las autoridades judiciales a concederlo. Así las cosas, dice, las restricciones del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 no pueden obstaculizar el acceso al derecho de redención, concluyó (M. P. Jose Luis Barceló)...."

 

 

Última actualización el Viernes, 03 de Julio de 2015 20:36
 
Agravante de la Ley 1236 del 2008 no aplica a delitos sexuales contra menor de 14 años PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 22 de Junio de 2015 16:26

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La circunstancia de agravación punitiva prevista en el artículo 7° de la Ley 1236 del 2008 no aplica a los delitos previstos en los artículos 208 y 209 del Código Penal, esto es, acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años.

 

Así lo reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que avalar esa doble imputación viola elnon bis in ídem, ya que esos ilícitos tienen como elemento normativo del tipo la minoría de 14 años del sujeto pasivo, supuesto fáctico idéntico al de la agravante.

 

Cabe recordar que este argumento también fue defendido por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-521 del 2009, al declarar la exequibilidad condicionada de la norma que contiene dicha agravante. El magistrado Eugenio Fernández aclaró el voto.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-6917 (45230), 6/3/2015, M. P. Gustavo Malo)..."

Última actualización el Lunes, 22 de Junio de 2015 16:28
 
Procesado puede censurar la sentencia, aunque haya celebrado preacuerdo PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 22 de Junio de 2015 16:22

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En fallo de tutela, la Sala Penal de la Corte Suprema recordó que cuando se trata de preacuerdos y aceptación de responsabilidad, es posible recurrir la sentencia condenatoria. Sin embargo, destacó que los únicos aspectos susceptibles de ser objeto de los recursos ordinarios y extraordinarios son los relativos a la vulneración de garantías fundamentales, el monto de la pena, el reconocimiento de subrogados penales y todos los que sean ajenos a la declaración de responsabilidad penal.

 

De acuerdo con lo anterior, los intervinientes del acuerdo carecen de interés para censurar aspectos tales como atribución típica, grados de participación, circunstancias modales o agravantes, entre otros, que hayan sido objeto de negociación, ya que tal circunstancia implicaría retractarse de lo aceptado.

 

La Sala determinó que el tribunal de segunda instancia vulneró los derechos fundamentales del condenado y, además, cercenó su derecho a la doble instancia, al rechazar el recurso de apelación contra el fallo, bajo el argumento de que, en virtud del preacuerdo celebrado con el ente acusador, el procesado carecía de interés  para recurrir.

 

Por estos motivos, se declaró sin efectos la providencia de rechazo y se ordenó al tribunal tomar la decisión correspondiente, para lo cual le otorgó el término del 30 días.

 

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP 7095 (79885), jun 2/15 M. P. Patricia Salazar Cuellar)..."

Última actualización el Lunes, 22 de Junio de 2015 16:26
 
Informes de inteligencia no constituyen prueba en la actuación penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 02 de Junio de 2015 14:23

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Los informes de inteligencia no pueden tener valor probatorio por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal.

 

Así lo precisó el Consejo de Estado al condenar a la Nación por falla en el servicio, luego de comprobar que la Fiscalía vinculó a una ciudadana a un proceso penal y ordenó su captura con base en un informe de inteligencia.

 

Aunque desvirtuó que se tratara de una privación injusta de la libertad, pues la accionante no fue cobijada con medida de aseguramiento, concluyó que debe ser resarcida por el tiempo que permaneció detenida bajo conclusiones derivadas de una prueba como aquella.

 

Añadió que aun cuando para la época de los hechos no estaba vigente el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 (que modificó el artículo 313 del Decreto 2700 de 1991), que expresamente le retiró el valor probatorio a ese tipo de informes, la jurisprudencia constitucional también permite arribar a la misma conclusión (Sentencia C-1040 del 2012).

 

Precisó que ese tipo de elementos apenas  sirven para orientar la investigación y producir la prueba necesaria con el fin de establecer la realidad y la veracidad de los hechos que se controvierten en el proceso, bajo el entendido de  que el sindicado puede ejercer plenamente el derecho de contradicción frente a los mismos.

 

“Lo que revelan los informes de inteligencia son procedimientos que llevan a una serie de hipótesis que, de confirmarse, pueden establecer la existencia de un delito. Es decir, su valor reside en que se constituyen en un criterio orientador de la investigación penal, pero al mismo tiempo, al tratarse de sospechas, son apreciaciones que no están comprobadas suficientemente y no pueden ser consideradas como pruebas”, agregó.

 

Por último, recordó que,  al existir un amplio margen de dudas sobre la información por no estar comprobada suficientemente, es completamente válido a la luz de la Constitución que el legislador no le hubiere otorgado efecto jurídico de prueba dentro de los procesos disciplinarios y judiciales.

 

Sin embargo, lo anterior no significa que pasen desapercibidas en un todo, pues el contenido de tales informes podrá constituir un criterio orientador durante la indagación, lo cual atiende el deber del Estado, en virtud de la política criminal, de investigar con fundamento en la notitia criminis (art. 29 superior).

 

 

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(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100020080160401 (38478), 5/6/2015. C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz).."


 

Última actualización el Martes, 02 de Junio de 2015 14:25
 
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