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Corte Suprema de Justicia
Manifestación del acusado para llegar a un acuerdo no obliga a la Fiscalía a aceptarlo PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 09 de Noviembre de 2018 17:50

Tomado de www.ambitojuridico.com

"---A través de un auto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que si bien los preacuerdos implican la renuncia libre, voluntaria e informada al juicio oral, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo, ello no comporta el ejercicio de un poder dispositivo sobre la acción penal, sino, apenas, la búsqueda, a través del consenso, de alternativas que permitan anticipar o abreviar el desarrollo del proceso.


En esa dirección advirtió que aun cuando el acusado manifieste su voluntad de llegar a un acuerdo no implica que de forma automática la Fiscalía deba acceder a ello, pues de la naturaleza de la aceptación preacordada de responsabilidad se desprende la necesidad de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual se logra la culminación anticipada de la actuación.


Recordó que la Fiscalía es una autoridad pública y como tal está en el deber de dar respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos, pero la desatención de tal mandato no configura la vulneración al debido proceso. (Lea: Repase cuándo el juez puede hacer control material excepcional sobre acusaciones o preacuerdos).


Así mismo, agregó que es indiscutible que si el fiscal formula acusación durante la audiencia en la que también participa el defensor fue porque entre las partes no se concretó ningún acuerdo; “y ello, sin más, entraña una negativa a la propuesta del imputado”.


Concluyendo además que no existiendo legalmente ningún procedimiento preestablecido en el que se le asigne al ente investigador el deber de dar trámite a las propuestas de preacuerdo de una forma determinada, de ninguna manera es dable afirmar la vulneración al debido proceso (M. P. Patricia Salazar).  CSJ Sala Penal, Auto AP-37202018 (48414), Ago. 30/18.

Última actualización el Viernes, 09 de Noviembre de 2018 17:52
 
Interés jurídico constituye el límite del juez superior para resolver una apelación... PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:09

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En materia de recursos, además de la oportunidad para su interposición, su procedencia depende de la legitimidad del sujeto procesal, esto es, del interés jurídico surgido del agravio causado por la decisión objeto de impugnación en cuanto es contraria a sus pretensiones, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acorde con el artículo 186 de la Ley 600 del 2000 (norma vigente para la fecha de los hechos).

Así las cosas, el sujeto procesal legitimado en la causa para actuar no lo está para impugnar la providencia que lo favorece o resuelve el problema jurídico de acuerdo con lo pedido. (Lea: Agencia oficiosa no autoriza a terceros para intervenir en acción de revisión dentro de proceso penal)

El interés jurídico constituye el límite de la competencia del superior encargado de resolver la apelación, la cual puede extenderse a “los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, esto es, los que surjan a consecuencia del perjuicio provocado con la decisión judicial al sujeto procesal que la impugna.

Casuística

En el caso concreto, se presentó un recurso de casación contra una sentencia que revocó el fallo absolutorio de una persona condenada y en su lugar la condenó por el delito de estafa.

Luego de explicar lo precedente, la Sala Penal aseguró que la condenada ahora recurrente tiene razón al señalar que el juez de segunda instancia excedió su competencia funcional, al ocuparse de asuntos que no eran materia del recurso, al no estar ligado con el interés del apelante (fiscal), como la condena de la casacionista. En consecuencia, dispuso casar la providencia y dejar en firme el fallo absolutorio (M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-37372018 (51212), Sep. 5/18...."

Última actualización el Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:11
 
¿La sola cantidad de heridas causadas configura el homicidio con sevicia? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:06

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"..¿La sola cantidad de heridas causadas configura el homicidio con sevicia?

31 de Octubre del 2018...............Frente al tipo penal de homicidio agravado por la sevicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la sola cantidad de heridas causadas o la intensidad de la agresión no son suficientes para su reconocimiento.

Por el contrario, aseguró que para su configuración es necesario acreditar la manifiesta intención del acusado de ocasionar sufrimiento injustificado o innecesario a la víctima. (Lea: Causales de agravación determinan extremos punitivos, pero no inciden en la ubicación de los cuartos)

La corporación afirmó que la cantidad de heridas causadas es apenas un elemento que puede indicar esa intención en el sujeto activo de la conducta, pero de ninguna manera equivale a la sevicia. (Lea: Así es la nueva ley contra el maltrato animal)

Así mismo, afirmó que el número de golpes producidos o la intensidad de la agresión pueden confundirse con reflejos del atacante o su temor ante la posibilidad de una repentina reacción violenta por parte de la víctima.

Con todo, la sevicia exige el ánimo frío, el deseo de hacer daño por el daño mismo (sin ninguna necesidad) y únicamente por exteriorizar la capacidad vengativa del ofensor.

Vale la pena recordar que las circunstancias de agravación de este delito se encuentran consagradas en el artículo 104 del Código Penal.

La pena será de 25 a 40 años, hoy 400 meses a 600 meses de prisión, si el homicidio se cometiere:

En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas integradas de manera permanente a la unidad doméstica.

Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.

Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII del libro segundo del Código Penal.

Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

Valiéndose de la actividad de inimputable.

Con sevicia.

Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.

Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en la ley y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

CSJ Sala Penal, Auto 37222018 (49243), Ago. 29/18..."

Última actualización el Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:09
 
Determinan cuándo se estructura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:08

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura cuando el servidor público desatiende los condicionamientos atinentes a un contrato, específicamente en estos tres eventos:

 

  1. Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual

  2. Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual

  3. Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.

 

Sumado a ello, y en relación con el punible de interés indebido en la celebración de contratos, con base en una providencia del 2010 que citó un fallo de constitucionalidad del año 2003, precisó que así no se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y tampoco se incumplan los requisitos legales esenciales para el tipo de contrato que se trate, ello no impide que se vulnere el bien jurídico de la administración pública.

 

Ello como quiera que la actuación de un servidor público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones está determinada por un interés ajeno al que corresponde de acuerdo con la Constitución, la ley y/o los reglamentos, gobernado por propósitos o inclinaciones personales.

 

Además, la corporación aseguró que se está ante un injusto de mera conducta y, por tanto, no requiere un perjuicio concreto al bien jurídicamente tutelado, pues lo que se sanciona es la prevalencia del interés particular del funcionario que interviene, sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación.

 

Caso concreto

 

El coordinador de una comisión de reclamos presentó una denuncia contra el gerente de un hospital de Ibagué por el delito indicado, al adquirir dos lámparas para el servicio de cirugía. Previamente, culminada la fase precontractual de selección del proponente, el comité del hospital señaló cuál era la empresa que obtuvo un mayor puntaje y cuál era la que seguía, por lo que motivó la elaboración del proyecto con la primera.

 

Sin embargo, el gerente decidió conferirle el contrato a la empresa que se encontraba en segundo lugar con base en un concepto técnico donde se indicaba que las lámparas ofrecidas por esa empresa eran las ideales para satisfacer las necesidades del servicio de cirugía.

 

A juicio de la Sala, aun cuando la actuación del procesado no se ajustó a cabalidad a los presupuestos de la función administrativa ni a los principios que regulan la actividad contractual estatal, no es posible predicar que la voluntad del gerente estuvo dirigida a defraudar la administración pública, pues no se avizora la intención dolosa de querer favorecer a alguno de los proponentes y desconocer las fases que componen el proceso reglado. Por ello, casó la sentencia atacada y confirmó la absolución a favor de implicado (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20252018 (47603), Jun. 6/18...."

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:09
 
Recuerdan presupuestos objetivos y subjetivos de la conducta de prevaricato por acción 24 de Septiembre del 2018 PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:06

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"....La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que el ingrediente objetivo de la conducta hace alusión a un sujeto activo calificado que realiza la conducta, esto es, un “servidor público”, junto con el verbo rector de proferir, y que se trate de una “resolución, dictamen o concepto” con la característica de ser manifiestamente contraria a la ley.

 

El artículo 413 del Código Penal establece que se incurrirá en prisión de 48 a 144 meses y una multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.

 

De igual manera, agregó que el juicio de tipicidad no se sustrae a la constatación entre la disposición legal y la decisión que haya proferido el servidor público, sino que debe presentarse una contrariedad manifiesta con la norma, es decir, evidente.

 

Además, precisó que para determinar si la decisión es manifiestamente contraria a la ley debe valorarse la realidad procesal bajo la cual el funcionario profirió la determinación, así como acreditar si estuvo o no en posibilidad de ajustar o corregir su comportamiento de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

 

Lo expuesto, manifiesta la Corte, describe los elementos normativos de la conducta, mientras que el aspecto subjetivo requiere acreditar que la decisión haya sido proferida con el conocimiento y la voluntad de trasgredir el ordenamiento jurídico. Dicho ingrediente del tipo también debe probarse en la actuación.

 

Adicionalmente, desde la Sentencia SP14499-2014, en sujeción con la inviolabilidad e intangibilidad de las decisiones judiciales a que hace alusión el Acto Legislativo 02 del 2015, se precisó que junto con el conocimiento y voluntad de realizar la conducta, cuando se juzga a funcionarios judiciales, también debe mediar la intención de consumar un acto de corrupción.

 

En el caso concreto se acusó a un funcionario de haber incurrido en el delito citado al haber decretado la preclusión de una investigación. Al respecto, la Sala dispuso revocar la sentencia atacada y absolver al procesado, por cuanto aseguró que él no incurrió en una conducta manifiestamente contraria a la ley (M. P. José Francisco Acuña Vizcaya).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-21252018 (48298), Jun. 06/18....."

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:07
 
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