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Corte Suprema de Justicia
Lejanía del despacho que impida conocer jurisprudencia de las altas cortes no fundamenta un error de tipo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Sábado, 15 de Septiembre de 2018 23:54

Tomado de  www.ambitojuridico.com

".....Un Juez Penal del Circuito de Lérida (Tolima) fue condenado como autor del delito de prevaricato por acción, por proferir un fallo de tutela manifiestamente ilegal relacionado con la pensión gracia de varios docentes.

 

El apoderado del fallador interpuso recurso de apelación y argumentó un error de tipo, pues alegó que la ubicación del juzgado que dirigía el acusado en un municipio tolimense, alejado de la capital de la República, le impedía conocer de manera inmediata la jurisprudencia de las altas cortes. Además, agregó que para el año 2006 no era uniforme la posición sobre su fuerza vinculante. (Lea: Absuelven de prevaricato a jueza que aplicó erróneamente excepción procesal durante una restitución)

 

Al respecto, la corporación indicó que estos fundamentos carecen de la virtualidad de fundar un error de tipo, por las siguientes razones:

  1. El recurrente no precisó cuál sería la tesis interpretativa de uno de los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, ni se advierte que pueda existir, y vale decir que este conocimiento habría impedido la violación ostensible de las condiciones legales de procedencia de la tutela.

  2. Según el fallo, al juez se le acusó y condenó por la infracción directa e inmediata de normas legales, no por la de un precedente vertical. Por ello se asegura que la ignorancia en nada desvirtuaba la condena o, por lo menos, el defensor no explicó cómo pudo ocurrir. En todo caso, no se acreditó en el proceso la existencia de interpretaciones jurisprudenciales divergentes respecto de las normas legales infringidas.

  3. Frente al argumento de que las decisiones de las altas cortes, supuestamente, no eran novedosas para la época en que se profirió el fallo de tutela, pues se habían producido muchos años atrás, la Corte asegura que aun si fuera cierto que el acusado no tuvo conocimiento inmediato de tales providencias, es decir, desde su expedición, ello no implica necesariamente que esa ignorancia se prolongue por varios años, entre otras cosas.

 

Por otra parte, el abogado también solicitó que se revoque la decisión de imponer la pena accesoria de suspensión del ejercicio de la profesión de abogado, por cuanto el delito fue cometido en el cumplimiento de las tareas propias del cargo de juez y no de las del litigio, por lo que considera ilegal la aplicación simultánea de la inhabilitación.

 

La corporación revocó la inhabilitación temporal para el ejercicio como abogado, indicando que es inaplicable en la medida en que la conducta punible no está relacionada con el ejercicio del Derecho, sino con los deberes propios de la función (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-24542018 (50039), Jun. 27/18...."

 
Juez que no adelanta audiencia no siempre incurre en prevaricato por omisión.. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 27 de Agosto de 2018 15:56

Tomado de www.ambitojuridico.com:

 

"....Es deber de todo funcionario judicial resolver de forma célere y oportuna los asuntos que deba conocer en virtud de las funciones legales atribuidas, sin que pueda rehusar o retardar su solución injustificadamente.

Ahora bien, frente al prevaricato por omisión no basta con la comprobación objetiva de la no realización de un deber legal, como ocurre cuando un juez se niega a adelantar una audiencia, por ejemplo, pues deben consultarse, además, las razones que determinaron tal proceder, con miras a determinar si la negativa a adelantarla está justificada o no, en los términos del deber legal que constituye el límite de la conducta exigible a los funcionarios judiciales, aclaró la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La jurisprudencia de la Sala Penal indica que el presupuesto fáctico objetivo del prevaricato por omisión se encuentra constituido por tres elementos:

Un sujeto activo calificado -servidor público-

Que omita, retarde, rehúse o deniegue y Que alguno de estos verbos rectores recaiga sobre un deber constitucional o legal que haga parte de las funciones del cargo que desempeña.

Por tratarse de un tipo que solo admite la modalidad dolosa, para su configuración requiere que el sujeto agente obre con el propósito consciente de apartarse de los deberes propios de su cargo, así que no basta la simple omisión o retardo en el cumplimiento de sus funciones, es indispensable que medie el conocimiento y la voluntad deliberada de pretermitir o postergar el acto o función a que está obligado.

En este orden, indicó que en los eventos en que la negativa del juez a resolver determinada petición tiene por presupuesto la creencia (fundada o no) de que está incurso en una causal de impedimento no se actualiza el tipo penal referido, pues el incumplimiento de su deber está justificado en razón del convencimiento personal del funcionario de no poder definir el asunto imparcial y objetivamente (M. P. Luis Antonio Hernández).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4842018 (51501), Feb. 28/18...."

Última actualización el Lunes, 27 de Agosto de 2018 15:58
 
Juez no puede examinar fundamentos probatorios de la acusación y la corrección sustancial de la imputación.. PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 27 de Agosto de 2018 15:52

Tomado de www.ambitojuridico.com:

"...Los preacuerdos y negociaciones previstos en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) posibilitan la terminación anticipada del proceso por vía de la aceptación de culpabilidad, a cambio de obtener beneficios que comporten una menor respuesta punitiva del Estado (eliminación de alguna causal de agravación o algún cargo, o por la tipificación de la conducta de una forma específica con miras a disminuir la pena), explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, el acuerdo celebrado entre fiscalía y procesado equivale al escrito de acusación y bajo este aspecto el juez de conocimiento (tal como sucede con la acusación en el trámite ordinario) no puede dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la fijada por la fiscalía y admitida por el acusado, salvo que se afecten garantías fundamentales.

Con base en la jurisprudencia de la Sala, el fallo precisó que en un esquema adversarial donde la fiscalía ostenta la calidad de parte que presenta una hipótesis incriminatoria al juez le está vedado examinar tanto los fundamentos probatorios que sustentan la acusación como la corrección sustancial de la imputación jurídica (adecuación típica). (Lea: Acusación no es solamente un presupuesto, es el límite de la sentencia: Corte Suprema)

De permitirse tal supervisión judicial la estructura acusatoria se vería quebrantada, en la medida en que el juez asumiría el rol de parte al promover una particular teoría del caso, aseguró la Sala Penal.

Igualmente, resultaría afectada la imparcialidad exigible a quien únicamente tiene que juzgar el asunto, según los planteamientos del acusador. En tal virtud, afirmó que solo a la fiscalía le compete la determinación del nomen iuris de la imputación. (Lea: Ley de sometimiento de organizaciones criminales entra en vigencia).

En conclusión, advirtió que si el acuerdo respeta las garantías fundamentales de los intervinientes el juez no está facultado para dictar sentencia bajo una calificación jurídica distinta a la fijada por la fiscalía y admitida por el acusado. (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-4862018 (50000), Feb. 28 /18...."

Última actualización el Lunes, 27 de Agosto de 2018 15:54
 
Precisión en la acusación es una barrera que evita agravar la situación del acusado PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 10 de Agosto de 2018 16:55

Tomado de www.ambitojuiridico.com

"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que la precisión de la acusación constituye una barrera que le impide al juez agravar la situación del acusado para sustentar su responsabilidad en hechos o situaciones no discutidos ni deducidos en forma expresa.

 

En consecuencia, no puede modificar el núcleo fáctico de los cargos atribuidos ni suprimir circunstancias atenuantes reconocidas acerca de los mismos o incluir agravantes no contemplados, so pena de infringir el principio de congruencia, que es la estricta correspondencia entre la acusación y la sentencia.

 

De igual manera, indicó que la determinación exacta, circunstanciada y concreta de la conducta endilgada en el acto de acusación es de singular importancia para el derecho de defensa.

 

Además, la materialización del cargo hace efectivo el derecho inherente a quien se le atribuye el delito de conocer de manera expresa, clara y sin ambigüedades los hechos que originan la imputación, con el fin de ejercer la vigilancia del desarrollo regular del procedimiento, ofrecer pruebas, entre otras aspectos.

 

El conocimiento del procesado acerca de los hechos que se le imputan y la correspondencia de los mismos con las normas que los tipifican como delitos le permite ejercer una contradicción efectiva y equilibrada de la pretensión punitiva.

 

Así las cosas, no es admisible una acusación tácita, implícita o aquella respecto de la cual no ha tenido ocasión de defenderse o refutar todos y cada uno de los elementos fácticos de la conducta punible atribuida (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-13262018 (51653), 09/05/18...."

Última actualización el Viernes, 10 de Agosto de 2018 16:56
 
Sala Penal consolida su jurisprudencia sobre el valor probatorio y los requisitos del dictamen pericial PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 10 de Agosto de 2018 16:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Al desatar un recurso de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) establece las reglas puntuales sobre la prueba pericial, especialmente lo relacionado con la base “técnico-científica”.

 

De igual forma destacó la necesidad de que los expertos convocados expliquen suficientemente los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamentan sus verificaciones o análisis y grado de aceptación. Lo anterior bajo el entendido de que los jueces no deben aceptar de forma irreflexiva lo que expresen los peritos, a partir de la simple autoridad de quien emite la opinión.

 

Sumado a ello enfatizó que:

 

i.     El interrogatorio al perito debe orientarse a que este explique suficientemente la base técnico-científica de acuerdo con su opinión,

 

ii.     El experto debe exponer si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, probabilidad o certeza lo que resulta determinante para establecer el peso que el dictamen puede tener en la decisión judicial,

 

iii.     Cuando se pretende la admisión de “publicaciones científicas o de prueba novel” se deben cumplir los requisitos previstos en el artículo 422 de la Ley 906. Lo anterior bajo el entendido de que el juez no está llamado a aceptar de forma irreflexiva el dictamen pericial, sino a valorarlo en su justa dimensión, y

 

iv.     En buena medida, la claridad sobre la base científica del dictamen pericial, y de los demás aspectos que lo conforman, depende de la actividad generada durante el interrogatorio cruzado, lo que es propio de un sistema de corte adversativo.

 

Relación entre base técnico-científica y la fáctica

 

Por otra parte, la providencia advirtió que aunque no se descarta que un experto comparezca al juicio con el único propósito de ilustrar sobre determinadas reglas técnico-científicas, lo que ordinariamente sucede es que el perito emita su opinión frente a un determinado aspecto fáctico. Así las cosas, advirtió que la base fáctica del dictamen está constituida por los hechos o datos sobre los que el experto emite la opinión. (LeaEl conocimiento práctico del perito es clave para apreciar su idoneidad)

 

En ese orden de ideas, concluyó que el perito debe explicar la relación que existe entre la base técnico-científica y la base fáctica, lo que incluye la determinación de si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. De igual forma, debe sustentar por qué el caso objeto de opinión encaja en las reglas técnico científicas que ha explicado (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-27092018 (50637), Jul. 11/18...."

Última actualización el Viernes, 10 de Agosto de 2018 16:52
 
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