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Apartarse de la interpretación constitucional sobre flagrancia y detención preventiva no configura, necesariamente, prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 11 de Febrero de 2019 22:05

Tomado de  www.legismovil.com

".....La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia absolutoria a favor de una fiscal acusada del delito de prevaricato por acción, por haber dejado en libertad a un ciudadano acusado de favorecer el contrabando de hidrocarburos. Si bien la acusación se centraba en que la funcionaria se había apartado de la interpretación que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-591 del 2005, realizó sobre los artículos 302 y 313 de la Ley 906 del 2004, que regula, respectivamente, el procedimiento en caso de flagrancia y la procedencia de la detención preventiva, el alto tribunal explicó que la aplicación realizada por la fiscal no constituía una decisión “manifiestamente contraria a la ley”.  Según la Sala, no puede afirmarse que el fallo constitucional haya definido claramente los contornos de la interacción de los fiscales y los jueces frente al trámite que debe adelantarse en los casos de captura en flagrancia por delitos que ameriten detención preventiva, cuando el fiscal considera que no existen motivos para solicitar la medida cautelar (M. P. Patricia Salazar).

 

La urgencia constituye excepción al factor territorial en materia de competencia de control de garantías (8:43 a.m.)

Un auto de la Sala Penal asignó la competencia para conocer de la audiencia preliminar de “control de legalidad de la recuperación de la información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicación” a un juzgado municipal con función de garantías de la ciudad de Tunja (Boyacá), aun cuando los hechos objeto del trámite penal no tuvieron ocurrencia en esa ciudad. La decisión fue adoptada luego de aceptar el argumento expuesto por el fiscal encargado de adelantar la investigación, quien, mientras adelantaba diligencias para otro proceso en ese municipio, aseguró que pretendía evitar el vencimiento del término para solicitar la legalidad de la evidencia recolectada. Ese motivo, a juicio del alto tribunal, configura una de las excepciones al factor territorial como regla general, derivada de razones de urgencia, en las que se sustenta la escogencia del lugar en donde se solicita la intervención del juez de control garantías (M. P. Patricia Salazar).

 

Aclaran competencia para conocer procesos seguidos por el delito de fuga de presos

La primera directriz del 2019 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclara a los tribunales superiores, a los juzgados penales y a la Fiscalía General de la Nación la competencia para conocer sobre procesos seguidos por el delito de fuga de presos. En efecto, en el documento se indica que el funcionario llamado a conocer, de cara al factor de competencia territorial, es el del lugar donde tenga ocurrencia el delito. Además, recuerda que esa conducta punible se consuma de forma instantánea y produce efectos permanentes, a partir del momento en el cual la persona legalmente privada de la libertad desconoce la órbita de custodia impuesta por el Estado y resuelve trasladarse sin permiso a un sector distinto. Así las cosas, lo esencial es, según el alto tribunal, determinar el lugar donde el Estado asignó el cumplimiento de la sanción penal privativa de la libertad (M. P. Eyder Patiño).

 

Sala Penal explica tesis de la responsabilidad por cadena de mando

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que para atribuir la autoría de uno o más delitos a personas distintas de quienes los ejecutan materialmente ha desarrollado y aplicado la tesis de la responsabilidad por cadena de mando, que también ha sido asimilada como autoría mediata en aparatos organizados de poder de dominio de la voluntad. Esa construcción conceptual tiene aplicación a los casos en que las conductas punibles objeto de reproche son cometidas por miembros de una estructura organizada, pero se busca atribuir responsabilidad por las mismas no solo a aquellos (los autores materiales) sino a quienes ejercen el control sobre la jerarquía organizacional, así no hayan tenido injerencia directa sobre quienes materializan o ejecutan las acciones ilícitas en el grupo. la Sala explica, además, otras formas de responsabilidad criminal por hechos ejecutados por terceros que no operan como instrumento, como lo es la figura de la posición de garante (M. P. Eugenio Fernández).

 

 

Última actualización el Lunes, 11 de Febrero de 2019 22:08
 



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