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Archivar investigaciones con hechos de connotación delictiva configura prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 01 de Junio de 2015 00:11

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..Aunque los fiscales son autónomos en sus decisiones no pueden renunciar al ejercicio de la acción penal y abstenerse de desplegar actos de investigación que permitan determinar si procede el archivo, la solicitud de preclusión o la imputación de cargos.

 

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia al confirmar la decisión de un tribunal que condenó a 54 meses de prisión y multa de 71 salarios mínimos mensuales a una fiscal por el delito de prevaricato por acción y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, éste último en grado de tentativa.

 

Según el alto tribunal, la orden de archivo emitida por el fiscal solo es admisible cuando, tras hacer una valoración objetiva de los motivos y circunstancias fácticas que permiten su caracterización como delito, se encuentra que el hecho indagado no comporta un injusto penal.

Por eso, reiteró que en todas aquellas oportunidades en donde exista discusión sobre aspectos subjetivos de la tipicidad quien debe resolver la misma es el juez penal a través de la preclusión, la aprobación del principio de oportunidad o la realización del juicio oral, y no el fiscal a través del archivo de las diligencias.

 

Sumado a ello, indicó que la Fiscalía en cada caso concreto debe cumplir con la función impuesta en el artículo 250 constitucional, según el cual “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.

 

En ese contexto, explicó que el ente investigador está obligado a desarrollar los actos de investigación que le permitan establecer o desvirtuar la materialidad de la conducta y su connotación delictiva.

 

De no hacerlo, incumple el deber de investigar y defrauda la confianza de la comunidad por limitar el acceso a la justicia de las víctimas que esperan que el Estado garantice verdad, justicia y reparación, sentenció la corporación.

 

El caso analizado

De acuerdo con el pronunciamiento, una fiscal archivó por atipicidad una investigación que se adelantaba en contra de dos individuos por el delito de extorsión,  capturados por exigir una suma de dinero a cambio de la suscripción de un convenio con una universidad.

 

Según la funcionaria, como los investigados no tenían vínculo con la institución académica no se podía tipificar el delito de extorsión sino el de estafa agravada, razón que la llevó a adoptar la decisión que dio origen al fallo condenatorio.

 

Por eso, su defensa se centró en resaltar que su actuar no tenía intención de infringir la ley toda vez que la decisión fue producto de la facultad interpretativa deferida a los operadores jurídicos.

 

No obstante, la Sala Penal sostuvo que el archivo era improcedente porque no estaban dados los dos únicos supuestos en que procede: inexistencia del hecho y la falta de caracterización como conducta típica.

 

Con todo, aun aceptando la tesis de la estafa, concluyó, la fiscal no podía archivar las diligencias, pues tenía que acudir ante el juez de conocimiento a solicitar la preclusión de la investigación prevista en el artículo 332 numeral 4 de la Ley 906 del 2004.

 

(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-4319 (44792), abr. 16/2015, M.P. María del Rosario González)..."

 

Última actualización el Lunes, 01 de Junio de 2015 00:12
 



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