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Escrito por Administrator   
Lunes, 28 de Abril de 2014 20:58

tomado de www.legismovil.com.

 

Entidades sin ánimo de lucro tienen la obligación de cualquier empresa frente a derechos pensionales del artículo 260 del CST (3:24 p.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que las entidades sin ánimo de lucro sí pueden ser consideradas como empresa y, por lo tanto, están obligadas a cumplir con las exigencias del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en materia de pensiones; esta precisa que todo trabajador que labore en un mismo ente privado, con capital superior a los $ 800.000, tendrá derecho a la jubilación, al cumplir 20 años de servicio y cumplir 55 años de edad, si se es varón, o 50, si se es mujer. Según la Sala, el lucro no es el elemento distintivo a la hora de definir si el empleador es empresa o no lo es, luego los que no persiguen este rédito económico por su operación también se acogen a tal concepto, dice la providencia (M. P. Rigoberto Echeverri).

Noticia generada en Abr. 28/14 (3:24 p.m.)

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Sistema de seguridad social en salud no cubre servicios en el exterior (2:55 p.m.)
Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de salud y todo lo que conlleva dentro del sistema de seguridad social está supeditado al principio de territorialidad, este no cubre los servicios de los nacionales colombianos que pretendan realizarse en el exterior, indicó el Ministerio de Salud. La Resolución 5521 del 2013, por la cual se actualizó el plan obligatorio de salud, señaló que es deber de las entidades promotoras de salud garantizar el servicio en las condiciones y calidad previstas en la normativa vigente a los afiliados dentro del territorio nacional. 

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:55 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Presidenta del Consejo de Estado ve con buenos ojos transmisión en vivo de sesiones de sala (2:15 p.m.)

Hablando a título personal y no institucional, la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, dio su visto bueno a la posibilidad de que las sesiones plenarias y de las salas de los órganos judiciales en las que se deabte la toma de decisiones sean transmitidas en vivo. A su juicio, si se habla de la necesidad de intensificar la transparencia, hubiera sido deseable que la ciudadanía hubiera verificado, por sí misma, la forma como la corporación a su cargo abordó y resolvió temas como la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El vocero de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, y el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Jairo Parra, se sumaron al respaldo, por considerarla una opción deseable y razonable de control social a la administración de Justicia, que contribuiría a la formación del ciudadano en estos temas. Para Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, no se trata de la solución más atractiva, aun cuando no la descarta, en aras de procurar la transparencia en la función jurisdiccional.

Noticia generada en Abr. 28/14 (2:15 p.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Senador Cristo propone presentar dos proyectos distintos y simultáneos para reformar la Justicia (11:11 a.m.)

El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, sostuvo que para reformar el poder judicial es necesario presentar dos proyectos legislativos distintos que además deben tramitarse de manera simultánea; uno que no requiere modificaciones a la Constitución, relacionado con el acceso a la administración de Justicia, y otro que encerraría la doble instancia, la transformación del régimen disciplinario de los abogados y el penal para magistrados, así como la eliminación de la reelección presidencial. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Ménde, también dio cuenta de algunos de estos aspectos, centrándose en la condición de mutuos juzgadores y juzgados que tienen congresistas y magistrados, fenómeno que debe ser eliminado, dice. Mientras la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, advirtió la necesidad de solucionar los problemas de represamiento que la resolución de acciones constitucionales está generando frente al trámite de procesos ordinarios, los presidentes de la Corte Suprema, Luis Gabriel Miranda, y de la Sala Administrativa, Pedro Octavio Munar, también se refirieron a casos extremos de congestión, como el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que busca poner fin a esta problemática por medio de la creación de un órgano permanente de descongestión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (11:11 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Es un error empezar el debate de reforma a la Justicia por la modificación de su instrumento más eficaz, la tutela: Rodrigo Urpimny (10:50 a.m.)

El director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, calificó como un error abordar el debate de reforma a la Justicia a partir de la modificación al único instrumento que, a su juicio, ha sido verdaderamente eficaz para solucionar los problemas de acceso al aparato jurisdiccional, como es la tutela. Añadió que ello lo demuestran las cifras, que evidencian que en los escenarios más optimistas, el 52 % de las acciones que interponen los ciudadanos no genera la respuesta que espera quien acude a ellas. A su juicio, debe hablarse de una reforma quirúrgica, que resuelva esos problemas de accesibilidad, empezando por el diseño del Consejo Superior de la Judicatura. Para el senador Juan Carlos Vélez, esas irregularidades estructurales solo se pueden corregir mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Recordó que el proyecto fue radicado nuevamente por él ante el Congreso y que su propósito es que 50 juristas provenientes de la Rama o con la calidad de aspirar a ella puedan conformar esa asamblea para reformar la Justicia.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:50 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Pérdida de credibilidad es el mayor problema de la Rama Judicial: exmagistrado José Alejando Bonivento (10:00 a.m.)

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Alejando Bonivento, afirmó que la pérdida de credibilidad de los jueces es el mayor problema que afecta a la Rama Judicial en la actualidad y afirmó que una eventual reforma no puede sustraerse de la necesidad de separar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la Sala Disciplinaria. Afirmó que la primera debe tener una vocación más gerencial y que el control de las actuaciones de los abogados ya no debe estar en cabeza de la segunda; podría pensarse en la creación de un tribunal autónomo que asuma algunas de esas tareas, dijo. Por otra parte, afirmó que sin recursos no hay tarea legislativa que valga y precisó que la prueba está en la reforma al Código Civil, que dio lugar al Código General del Proceso; un conjunto de reglas que solo han podido ponerse en funcionamiento de manera gradual, acota, debido a la falta de dinero para terminar de implantar la oralidad.

Noticia generada en Abr. 28/14 (10:00 a.m.)

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Debate de reforma a la Justicia
Desplazamiento de competencias del Ejecutivo ha tenido que soportarlo la justicia: exmagistrado Hernando Torres (9:35 a.m.)

El expresidente del Consejo Superior de la Judicatura Hernando Torres afirmó que la justicia ha tenido que soportar el desplazamiento de competencias que se evidencia en la acción del Ejecutivo. A su juicio, es el operador judicial quien, en últimas, debe asumir las tareas propias de esa rama del poder público. En su criterio, el traslado de funciones inicia cuando el Ejecutivo pone en cabeza de particulares el cumplimiento de las tareas a su cargo; de ahí que, finalmente, sea el juez quien deba suplir necesidades ante los incumplimientos. Para el exfuncionario, eso explica que la cuarta parte de los procesos judiciales que hoy se tramitan en Colombia sean acciones de tutela. “No será que eso indica la frecuente violación de derechos por parte de las autoridades contra el ciudadano”, cuestionó. El pronunciamiento se dio en el foro “¿Se necesita una reforma a la Justicia?”, en el que participa la Rama Judicial.

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:35 a.m.)

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Consejo de Estado ha reconocido reparaciones por $ 3.700 millones por cobro de tasa especial de servicios aduaneros (9:20 a.m.)
El Consejo de Estado ordenó el pago de la tercera reparación directa por el daño originado en el hecho del legislador, que se produjo por el cobro de la tasa especial de servicios aduaneros que regía para la vigencia fiscal del 2000 y que fue retirada del ordenamiento un año después. Según los daños hasta ahora reconocidos en estas tres providencias, los costos del resarcimiento superan los $ 3.700 millones. En este caso, la corporación recordó que la Sentencia C-992 del 2001, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 del 2000, puso en evidencia que los contribuyentes que cancelaron el tributo terminaron asumiendo una carga que no estaban obligados a soportar. La Sala indicó que aun cuando el fallo de la máxima instancia constitucional no haya tenido efectos modulatorios, se produce una falla en el servicio a cargo del Congreso, en tanto que su actuación derivó en el cobro de un tributo sin sustento constitucional. En este expediente la Sala reconoce la reparación directa por daños materiales y lucro cesante que suman $ 1.100 millones (C. P. Mauricio Fajardo).

Noticia generada en Abr. 28/14 (9:20 a.m.) 

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Aclaran situación de acción de grupo contra Mindefensa que ha provocado largas filas en el Consejo de Estado (8:35 a.m.)
El Consejo de Estado aclaró que los interesados en la solicitud de revisión de una acción de grupo relacionada con prestaciones laborales a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa, con el radicado 11001333103720100027401, serán notificados oportunamente, en caso de que sea pertinente vincularlos al grupo que elevó el requerimiento. Esto a raíz de las extensas filas que se han visto en el Palacio de Justicia para reclamar un derecho que aún no ha sido reconocido. Para la corporación, es posible que la situación se haya presentado por versiones erróneas sobre la situación del expediente, ya que ni siquiera se ha resuelto la admisibilidad del recurso de revisión.

Noticia generada en Abr. 28/14 (8:35 a.m.) 

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Tribunal Superior de Bogotá indujo a error al Presidente en caso Petro: Procuraduría (4:48 p.m.)
Para el procurador Alejandro Ordóñez, el Tribunal Superior de Bogotá interpretó inadecuadamente lo relativo al bloque de constitucionalidad e indujo a error al presidente Juan Manuel Santos al ordenarle aplicar las medidas de la CIDH que permitieron restituir a Gustavo Petro en la alcaldía distrital. Con argumentos como este impugnó la tutela mediante la cual un despacho de restitución de tierras de la Sala Civil determinó que el jefe de Estado estaba obligado a cumplir las medidas hasta que se finiquitara el control de legalidad sobre la sanción. En criterio de Ordóñez, ese tipo de medidas no son obligatorias para los Estados parte, habida cuenta que integran el reglamento interno de la CIDH y no el Pacto de San José de Costa Rica, que sí considera vinculante. Según el jefe del Ministerio Público, esa determinación se funda en un salvamento de voto, ignorando jurisprudencia de las altas cortes respecto a la competencia del organismo de control para sancionar a funcionarios elegidos popularmente. Finalmente, adujo que el actor carecía de legitimación, pues la decisión del organismo supranacional protegía los derechos del propio alcalde y no de sus electores. El Ministerio del Interior y la Presidencia también recurrieron la sentencia, que deberá ser estudiada por la Corte Suprema.

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:48 p.m.)

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Presentan ponencias positivas al proyecto de cobro por congestión vehicular, en Bogotá (4:35 p.m.)
Los concejales Diego García Bejarano y Diana Alejandra Rodríguez presentaron ponencias positivas, con modificaciones, al proyecto de acuerdo 93 del 2014, por el cual se establecería una tasa por uso de áreas de alta congestión vehicular. Según García, el uso del vehículo particular impacta no solo en problemas de congestión y afectación en la velocidad de operación, sino en la salud pública por el aporte de gases contaminantes y material particulado, por lo que considera oportuna y necesaria la implementación de la tasa por el uso en áreas de alta contaminación. Por su parte, el concejal Edward Arias Rubio presentó ponencia negativa a la iniciativa, por considerar que la única forma para establecer la medida es que se garantice a los ciudadanos los medios de transporte público suficientes para cubrir la demanda de pasajeros y la infraestructura vial requerida, además del mantenimiento de la malla vial deteriorada. 

Noticia generada en Abr. 25/14 (4:35 p.m.)

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Última actualización el Lunes, 28 de Abril de 2014 21:00