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Corte Suprema de Justicia
Condicionan agravación punitiva de los delitos sexuales contra menores de 14 años PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 16 de Abril de 2019 17:26

Tomado de  www.legismovil.com

"....La Corte Constitucional resolvió una demanda contra los artículos 211, numeral 7° (modificado por la Ley 1257 del 2008), 208 y 209 (modificados por la Ley 1236 del 2008) del Código Penal, que regulan las circunstancias de agravación punitiva y los tipos penales de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El demandante, un recluso que se encuentra actualmente en la cárcel Modelo de Bogotá, estimaba que consagrar como circunstancia de agravación punitiva en los referidos delitos el hecho de que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, síquica o sensorial, ocupación u oficio, desconocía la razón de ser de dichos tipos penales por cuanto, por sí mismos, ya estipulan esa circunstancia particular como uno de sus elementos, esto es, que se trate de un menor de 14 años. La Sala concluyó que al aplicar dicha causal de agravación se viola el principio del non bis in ídem (artículo 29 de la Constitución Política), al desconocer los precedentes reiterados de la jurisprudencia constitucional que prohíben establecer, simultáneamente, como elemento del tipo y como elemento para agravar la pena la misma circunstancia de hecho. Finalmente, precisó que los casos en que los operadores jurídicos deban valorar la conducta con aspectos específicos que tipifican el delito y al mismo tiempo esto constituya causal de agravación punitiva, deberán realizar el juicio constitucional sobre el respeto del principio del non bis in ídem (M. P. Luis Guillermo Guerrero)...."

Última actualización el Martes, 16 de Abril de 2019 17:28
 
Así se le otorga crédito al relato de una persona del mundo delincuencial PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 27 de Febrero de 2019 18:01

tomado de  www.ambitojuridico.com

".....Al resolver las demandas de casación presentadas por los defensores de dos ciudadanos condenados por los delitos de concierto para delinquir agravado y atentar contra la seguridad pública, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó la posibilidad de otorgarle crédito al relato de una persona inmersa en el mundo delincuencial o de desmovilizados.

Frente a ello, y teniendo como finalidad la realización de la justicia, afirmó que el hombre, debido a una tendencia natural de la mente que hace más fácil decir verdades que mentiras, es por esencia verídico y, por consiguiente, inspirador de confianza entre sus semejantes, pues del otro lado, sobre el pilar de las mentiras, no sería dable ningún desarrollo personal ni social.

En otras palabras, el fallo aseguró que “no hay posibilidad alguna de progreso intelectual si no se toma como base y punto de partida la fe en los demás”. (Lea: Prueba de referencia, por sí sola, no es suficiente para sentencia condenatoria).

 

Por eso, frente a los testimonios el punto de partida es su veracidad, que en concreto se ve aumentada, corroborada, disminuida o destruida por las condiciones particulares que son inherentes al sujeto individual del testimonio, en su contenido personal,  en su forma individual o contrastada con las demás pruebas.

 

En este aspecto, insistiendo en que por lo general el hombre (incluidos los paramilitares) percibe y relata la verdad para que el testigo tenga derecho a ser creído es necesario que no se engañe y que no quiera engañar. Ello porque la presunción de veracidad puede ser destruida o disminuida por condiciones especiales que en concreto son inherentes al sujeto. (Lea: Pese a inconsistencias de la víctima, lo importante es la coherencia sobre circunstancias del delito)

 

 

 

Con todo, la corporación aseguró que por más de que se trate de “desmovilizados” o delincuentes incursos en delitos atroces del pasado, ese vicio del orden moral, aunque puede fijar rasgos de sospecha, no implica por sí solo descrédito absoluto, porque no le priva de idoneidad para decir la verdad (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-1532019 (46420), Ene. 30/19..."

Última actualización el Miércoles, 27 de Febrero de 2019 18:03
 
Decisiones judiciales deben tener enfoque de género... PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 27 de Febrero de 2019 17:59

Tomado de  www.ambitojuridico.com

".Ante la petición hecha por un hombre recluido en la cárcel por ser el presunto responsable del homicidio de su esposa, la Corte Suprema de Justicia hizo algunas precisiones sobre la violencia de género.

 

 

 

El procesado consideraba vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia por la medida cautelar que le fue impuesta. (Lea 13 sentencias hito de la Corte Constitucional sobre género)

 

 

 

No obstante, la Corte no encontró fundadas las pretensiones; por el contrario, consideró indispensable hacer énfasis en el deber que tienen los jueces de dictar sentencias con enfoque de género, teniendo en cuenta que las mujeres son un grupo que ha sido históricamente relegado y que no visibilizar el problema contribuye a aumentarlo.

 

 

 

Así mismo, señaló la importancia de que tanto las instituciones como los medios de comunicación adopten políticas públicas para eliminar este tipo de violencia, la cual paradójicamente ha aumentado, incluso después de la tipificación del delito de feminicidio.  Inclusive, destacó que “los esfuerzos institucionales y familiares no podrían tener éxito si en los contenidos continúa instrumentalizándose a la mujer, sosteniéndose su subordinación al género masculino, a través, entre otras, de un lenguaje excluyente y actitudes machistas”.

 

 

 

Por último, recalcó la importancia de las leyes 294 de 1996, 575 del 2000 y 1257 del 2008, las cuales sancionan la violencia intrafamiliar y de género. (Lea: Este parágrafo tiene que cumplir Mineducación sobre la Ley Rosa Elvira Cely).

 

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia STC-161822018 (11001020400020180219501), 12/10/18..."

Última actualización el Miércoles, 27 de Febrero de 2019 18:01
 
Claridad del preacuerdo o imputación determina viabilidad de sentencia condenatoria PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 27 de Febrero de 2019 17:58

Tomado de www.ambitojuridico.com.

"..... No existe control material sobre la imputación y la acusación, mientras que el examen sobre el acierto de la calificación jurídica de los hechos jurídicamente relevantes se ejerce exclusivamente cuando se advierta evidente vulneración de derechos fundamentales, precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para tal efecto, los jueces tienen la obligación de verificar (i) la presentación sucinta y clara de los hechos jurídicamente relevantes y (ii) el cumplimiento de los requisitos formales de los artículos 288 y 337 de la Ley 906 del 2004 (CPP), según presida la audiencia de imputación o acusación. Ocurre igual frente a los procesos que terminan anticipadamente, ya que el juez debe verificar si están dados los presupuestos para emitir una sentencia condenatoria. Así las cosas, “la imputación bajo estrictos parámetros de legalidad es la base que viabiliza las negociaciones, incluido el allanamiento, habilitando eventuales correcciones que deban hacerse por ‘ajuste de legalidad’ de los cargos imputados, con miras a la presentación del escrito de acusación”. Esto con el objeto de establecer, sin equívocos, cuándo una modificación que beneficia al imputado constituye un beneficio o cuándo corresponde a un acto unilateral de corrección de parte del ente acusador (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

[10:26, 27/2/2019] edilga: Así se le otorga crédito al relato de una persona del mundo delincuencial....Al resolver las demandas de casación presentadas por los defensores de dos ciudadanos condenados por los delitos de concierto para delinquir agravado y atentar contra la seguridad pública, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó la posibilidad de otorgarle crédito al relato de una persona inmersa en el mundo delincuencial o de desmovilizados.

Frente a ello, y teniendo como finalidad la realización de la justicia, afirmó que el hombre, debido a una tendencia natural de la mente que hace más fácil decir verdades que mentiras, es por esencia verídico y, por consiguiente, inspirador de confianza entre sus semejantes, pues del otro lado, sobre el pilar de las mentiras, no sería dable ningún desarrollo personal ni social.

En otras palabras, el fallo aseguró que “no hay posibilidad alguna de progreso intelectual si no se toma como base y punto de partida la fe en los demás”. (Lea: Prueba de referencia, por sí sola, no es suficiente para sentencia condenatoria).

 

Por eso, frente a los testimonios el punto de partida es su veracidad, que en concreto se ve aumentada, corroborada, disminuida o destruida por las condiciones particulares que son inherentes al sujeto individual del testimonio, en su contenido personal,  en su forma individual o contrastada con las demás pruebas.

 

En este aspecto, insistiendo en que por lo general el hombre (incluidos los paramilitares) percibe y relata la verdad para que el testigo tenga derecho a ser creído es necesario que no se engañe y que no quiera engañar. Ello porque la presunción de veracidad puede ser destruida o disminuida por condiciones especiales que en concreto son inherentes al sujeto. (Lea: Pese a inconsistencias de la víctima, lo importante es la coherencia sobre circunstancias del delito)

 

 

 

Con todo, la corporación aseguró que por más de que se trate de “desmovilizados” o delincuentes incursos en delitos atroces del pasado, ese vicio del orden moral, aunque puede fijar rasgos de sospecha, no implica por sí solo descrédito absoluto, porque no le priva de idoneidad para decir la verdad (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

 

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-1532019 (46420), Ene. 30/19...."

Última actualización el Miércoles, 27 de Febrero de 2019 17:59
 
Apartarse de la interpretación constitucional sobre flagrancia y detención preventiva no configura, necesariamente, prevaricato PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 11 de Febrero de 2019 22:05

Tomado de  www.legismovil.com

".....La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia absolutoria a favor de una fiscal acusada del delito de prevaricato por acción, por haber dejado en libertad a un ciudadano acusado de favorecer el contrabando de hidrocarburos. Si bien la acusación se centraba en que la funcionaria se había apartado de la interpretación que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-591 del 2005, realizó sobre los artículos 302 y 313 de la Ley 906 del 2004, que regula, respectivamente, el procedimiento en caso de flagrancia y la procedencia de la detención preventiva, el alto tribunal explicó que la aplicación realizada por la fiscal no constituía una decisión “manifiestamente contraria a la ley”.  Según la Sala, no puede afirmarse que el fallo constitucional haya definido claramente los contornos de la interacción de los fiscales y los jueces frente al trámite que debe adelantarse en los casos de captura en flagrancia por delitos que ameriten detención preventiva, cuando el fiscal considera que no existen motivos para solicitar la medida cautelar (M. P. Patricia Salazar).

 

La urgencia constituye excepción al factor territorial en materia de competencia de control de garantías (8:43 a.m.)

Un auto de la Sala Penal asignó la competencia para conocer de la audiencia preliminar de “control de legalidad de la recuperación de la información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicación” a un juzgado municipal con función de garantías de la ciudad de Tunja (Boyacá), aun cuando los hechos objeto del trámite penal no tuvieron ocurrencia en esa ciudad. La decisión fue adoptada luego de aceptar el argumento expuesto por el fiscal encargado de adelantar la investigación, quien, mientras adelantaba diligencias para otro proceso en ese municipio, aseguró que pretendía evitar el vencimiento del término para solicitar la legalidad de la evidencia recolectada. Ese motivo, a juicio del alto tribunal, configura una de las excepciones al factor territorial como regla general, derivada de razones de urgencia, en las que se sustenta la escogencia del lugar en donde se solicita la intervención del juez de control garantías (M. P. Patricia Salazar).

 

Aclaran competencia para conocer procesos seguidos por el delito de fuga de presos

La primera directriz del 2019 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclara a los tribunales superiores, a los juzgados penales y a la Fiscalía General de la Nación la competencia para conocer sobre procesos seguidos por el delito de fuga de presos. En efecto, en el documento se indica que el funcionario llamado a conocer, de cara al factor de competencia territorial, es el del lugar donde tenga ocurrencia el delito. Además, recuerda que esa conducta punible se consuma de forma instantánea y produce efectos permanentes, a partir del momento en el cual la persona legalmente privada de la libertad desconoce la órbita de custodia impuesta por el Estado y resuelve trasladarse sin permiso a un sector distinto. Así las cosas, lo esencial es, según el alto tribunal, determinar el lugar donde el Estado asignó el cumplimiento de la sanción penal privativa de la libertad (M. P. Eyder Patiño).

 

Sala Penal explica tesis de la responsabilidad por cadena de mando

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que para atribuir la autoría de uno o más delitos a personas distintas de quienes los ejecutan materialmente ha desarrollado y aplicado la tesis de la responsabilidad por cadena de mando, que también ha sido asimilada como autoría mediata en aparatos organizados de poder de dominio de la voluntad. Esa construcción conceptual tiene aplicación a los casos en que las conductas punibles objeto de reproche son cometidas por miembros de una estructura organizada, pero se busca atribuir responsabilidad por las mismas no solo a aquellos (los autores materiales) sino a quienes ejercen el control sobre la jerarquía organizacional, así no hayan tenido injerencia directa sobre quienes materializan o ejecutan las acciones ilícitas en el grupo. la Sala explica, además, otras formas de responsabilidad criminal por hechos ejecutados por terceros que no operan como instrumento, como lo es la figura de la posición de garante (M. P. Eugenio Fernández).

 

 

Última actualización el Lunes, 11 de Febrero de 2019 22:08
 
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