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Corte Suprema de Justicia
Tutela no puede usarse para compensar el desinterés de la parte que no interpuso los recursos que disponía: Corte Constitucional . PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Lunes, 03 de Diciembre de 2018 23:44

Tomado de  www.legismovil.com

"....Al resolver una tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras contra un juzgado promiscuo municipal de Santander con el propósito de solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, tras considerar que un proceso monitorio reinvidicatorio no tuvo la publicidad necesaria para permitir la oposición al mismo, la Corte Constitucional realizó importantes precisiones sobre los requisitos generales de procedencia de la tutela. Allí indicó que como en el caso analizado no se acreditó la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable, se debe acudir a los procedimientos administrativos y judiciales previstos en las normas, ya que son los medios ordinarios de defensa los idóneos. Así las cosas, recordó que la tutela no es un mecanismo establecido para reabrir asuntos concluidos en las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativa, revivir términos procesales o compensar el desinterés de quienes no acudieron en la oportunidad legal a los recursos ordinarios y extraordinarios que disponían (M. P. Luis Guillermo Guerrero).

Precisiones sobre el debido proceso y legalidad en materia disciplinaria

La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó, con base en el precedente de la Corte Constitucional, que las garantías generales del debido proceso administrativo son: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) ser notificado oportunamente y en término de ley, (iii) que la actuación no tenga dilaciones injustificadas, (iv) que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el orden jurídico, (v) gozar de la presunción de inocencia, (vi) solicitar y controvertir pruebas, así como (vii) impugnar decisiones y promover nulidad de las obtenidas con violación al debido proceso. Por último, en relación con el principio de legalidad, indicó que puede ser flexibilizado pero de tal forma que no se conduzca a la arbitrariedad de la Administración y se entiende vulnerado cuando la indeterminación de la ley no permite la identificación plena de la conducta o la sanción a imponer, de manera que no se puedan establecer con certeza las consecuencias de la conducta (C. P. Carmelo Perdomo Cuéter)...."

Última actualización el Lunes, 03 de Diciembre de 2018 23:46
 
Sala Penal despeja dudas sobre apreciación de la prueba testimonial PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 03 de Diciembre de 2018 23:42

"..Una providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explica que la sana crítica ha fijado los criterios de apreciación de la prueba testimonial, entre los cuales impone tener en cuenta la personalidad del declarante, de modo que la sola circunstancia relativa a los vínculos entre el acusado y el declarante, por sí sola, no hace sospechosa su declaración. De ahí que el funcionario está obligado a tener en cuenta la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se percibió, la forma como hubiere declarado y las singularidades que pudiera observar en el testimonio (M. P. Luis Guillermo Salazar)....."

Última actualización el Lunes, 03 de Diciembre de 2018 23:44
 
Manifestación del acusado para llegar a un acuerdo no obliga a la Fiscalía a aceptarlo PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Viernes, 09 de Noviembre de 2018 17:50

Tomado de www.ambitojuridico.com

"---A través de un auto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que si bien los preacuerdos implican la renuncia libre, voluntaria e informada al juicio oral, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo, ello no comporta el ejercicio de un poder dispositivo sobre la acción penal, sino, apenas, la búsqueda, a través del consenso, de alternativas que permitan anticipar o abreviar el desarrollo del proceso.


En esa dirección advirtió que aun cuando el acusado manifieste su voluntad de llegar a un acuerdo no implica que de forma automática la Fiscalía deba acceder a ello, pues de la naturaleza de la aceptación preacordada de responsabilidad se desprende la necesidad de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual se logra la culminación anticipada de la actuación.


Recordó que la Fiscalía es una autoridad pública y como tal está en el deber de dar respuesta a las peticiones elevadas por los ciudadanos, pero la desatención de tal mandato no configura la vulneración al debido proceso. (Lea: Repase cuándo el juez puede hacer control material excepcional sobre acusaciones o preacuerdos).


Así mismo, agregó que es indiscutible que si el fiscal formula acusación durante la audiencia en la que también participa el defensor fue porque entre las partes no se concretó ningún acuerdo; “y ello, sin más, entraña una negativa a la propuesta del imputado”.


Concluyendo además que no existiendo legalmente ningún procedimiento preestablecido en el que se le asigne al ente investigador el deber de dar trámite a las propuestas de preacuerdo de una forma determinada, de ninguna manera es dable afirmar la vulneración al debido proceso (M. P. Patricia Salazar).  CSJ Sala Penal, Auto AP-37202018 (48414), Ago. 30/18.

Última actualización el Viernes, 09 de Noviembre de 2018 17:52
 
Interés jurídico constituye el límite del juez superior para resolver una apelación... PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:09

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...En materia de recursos, además de la oportunidad para su interposición, su procedencia depende de la legitimidad del sujeto procesal, esto es, del interés jurídico surgido del agravio causado por la decisión objeto de impugnación en cuanto es contraria a sus pretensiones, explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acorde con el artículo 186 de la Ley 600 del 2000 (norma vigente para la fecha de los hechos).

Así las cosas, el sujeto procesal legitimado en la causa para actuar no lo está para impugnar la providencia que lo favorece o resuelve el problema jurídico de acuerdo con lo pedido. (Lea: Agencia oficiosa no autoriza a terceros para intervenir en acción de revisión dentro de proceso penal)

El interés jurídico constituye el límite de la competencia del superior encargado de resolver la apelación, la cual puede extenderse a “los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, esto es, los que surjan a consecuencia del perjuicio provocado con la decisión judicial al sujeto procesal que la impugna.

Casuística

En el caso concreto, se presentó un recurso de casación contra una sentencia que revocó el fallo absolutorio de una persona condenada y en su lugar la condenó por el delito de estafa.

Luego de explicar lo precedente, la Sala Penal aseguró que la condenada ahora recurrente tiene razón al señalar que el juez de segunda instancia excedió su competencia funcional, al ocuparse de asuntos que no eran materia del recurso, al no estar ligado con el interés del apelante (fiscal), como la condena de la casacionista. En consecuencia, dispuso casar la providencia y dejar en firme el fallo absolutorio (M. P. Luis Guillermo Salazar Otero).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-37372018 (51212), Sep. 5/18...."

Última actualización el Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:11
 
¿La sola cantidad de heridas causadas configura el homicidio con sevicia? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:06

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"..¿La sola cantidad de heridas causadas configura el homicidio con sevicia?

31 de Octubre del 2018...............Frente al tipo penal de homicidio agravado por la sevicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la sola cantidad de heridas causadas o la intensidad de la agresión no son suficientes para su reconocimiento.

Por el contrario, aseguró que para su configuración es necesario acreditar la manifiesta intención del acusado de ocasionar sufrimiento injustificado o innecesario a la víctima. (Lea: Causales de agravación determinan extremos punitivos, pero no inciden en la ubicación de los cuartos)

La corporación afirmó que la cantidad de heridas causadas es apenas un elemento que puede indicar esa intención en el sujeto activo de la conducta, pero de ninguna manera equivale a la sevicia. (Lea: Así es la nueva ley contra el maltrato animal)

Así mismo, afirmó que el número de golpes producidos o la intensidad de la agresión pueden confundirse con reflejos del atacante o su temor ante la posibilidad de una repentina reacción violenta por parte de la víctima.

Con todo, la sevicia exige el ánimo frío, el deseo de hacer daño por el daño mismo (sin ninguna necesidad) y únicamente por exteriorizar la capacidad vengativa del ofensor.

Vale la pena recordar que las circunstancias de agravación de este delito se encuentran consagradas en el artículo 104 del Código Penal.

La pena será de 25 a 40 años, hoy 400 meses a 600 meses de prisión, si el homicidio se cometiere:

En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas integradas de manera permanente a la unidad doméstica.

Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.

Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII del libro segundo del Código Penal.

Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil.

Valiéndose de la actividad de inimputable.

Con sevicia.

Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación.

Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en la ley y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

CSJ Sala Penal, Auto 37222018 (49243), Ago. 29/18..."

Última actualización el Jueves, 01 de Noviembre de 2018 16:09
 
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