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Corte Suprema de Justicia
Determinan cuándo se estructura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:08

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura cuando el servidor público desatiende los condicionamientos atinentes a un contrato, específicamente en estos tres eventos:

 

  1. Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual

  2. Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual

  3. Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.

 

Sumado a ello, y en relación con el punible de interés indebido en la celebración de contratos, con base en una providencia del 2010 que citó un fallo de constitucionalidad del año 2003, precisó que así no se infrinja el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y tampoco se incumplan los requisitos legales esenciales para el tipo de contrato que se trate, ello no impide que se vulnere el bien jurídico de la administración pública.

 

Ello como quiera que la actuación de un servidor público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones está determinada por un interés ajeno al que corresponde de acuerdo con la Constitución, la ley y/o los reglamentos, gobernado por propósitos o inclinaciones personales.

 

Además, la corporación aseguró que se está ante un injusto de mera conducta y, por tanto, no requiere un perjuicio concreto al bien jurídicamente tutelado, pues lo que se sanciona es la prevalencia del interés particular del funcionario que interviene, sobre el general de la comunidad en el proceso de contratación.

 

Caso concreto

 

El coordinador de una comisión de reclamos presentó una denuncia contra el gerente de un hospital de Ibagué por el delito indicado, al adquirir dos lámparas para el servicio de cirugía. Previamente, culminada la fase precontractual de selección del proponente, el comité del hospital señaló cuál era la empresa que obtuvo un mayor puntaje y cuál era la que seguía, por lo que motivó la elaboración del proyecto con la primera.

 

Sin embargo, el gerente decidió conferirle el contrato a la empresa que se encontraba en segundo lugar con base en un concepto técnico donde se indicaba que las lámparas ofrecidas por esa empresa eran las ideales para satisfacer las necesidades del servicio de cirugía.

 

A juicio de la Sala, aun cuando la actuación del procesado no se ajustó a cabalidad a los presupuestos de la función administrativa ni a los principios que regulan la actividad contractual estatal, no es posible predicar que la voluntad del gerente estuvo dirigida a defraudar la administración pública, pues no se avizora la intención dolosa de querer favorecer a alguno de los proponentes y desconocer las fases que componen el proceso reglado. Por ello, casó la sentencia atacada y confirmó la absolución a favor de implicado (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20252018 (47603), Jun. 6/18...."

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:09
 
Recuerdan presupuestos objetivos y subjetivos de la conducta de prevaricato por acción 24 de Septiembre del 2018 PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:06

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"....La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que el ingrediente objetivo de la conducta hace alusión a un sujeto activo calificado que realiza la conducta, esto es, un “servidor público”, junto con el verbo rector de proferir, y que se trate de una “resolución, dictamen o concepto” con la característica de ser manifiestamente contraria a la ley.

 

El artículo 413 del Código Penal establece que se incurrirá en prisión de 48 a 144 meses y una multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.

 

De igual manera, agregó que el juicio de tipicidad no se sustrae a la constatación entre la disposición legal y la decisión que haya proferido el servidor público, sino que debe presentarse una contrariedad manifiesta con la norma, es decir, evidente.

 

Además, precisó que para determinar si la decisión es manifiestamente contraria a la ley debe valorarse la realidad procesal bajo la cual el funcionario profirió la determinación, así como acreditar si estuvo o no en posibilidad de ajustar o corregir su comportamiento de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

 

Lo expuesto, manifiesta la Corte, describe los elementos normativos de la conducta, mientras que el aspecto subjetivo requiere acreditar que la decisión haya sido proferida con el conocimiento y la voluntad de trasgredir el ordenamiento jurídico. Dicho ingrediente del tipo también debe probarse en la actuación.

 

Adicionalmente, desde la Sentencia SP14499-2014, en sujeción con la inviolabilidad e intangibilidad de las decisiones judiciales a que hace alusión el Acto Legislativo 02 del 2015, se precisó que junto con el conocimiento y voluntad de realizar la conducta, cuando se juzga a funcionarios judiciales, también debe mediar la intención de consumar un acto de corrupción.

 

En el caso concreto se acusó a un funcionario de haber incurrido en el delito citado al haber decretado la preclusión de una investigación. Al respecto, la Sala dispuso revocar la sentencia atacada y absolver al procesado, por cuanto aseguró que él no incurrió en una conducta manifiestamente contraria a la ley (M. P. José Francisco Acuña Vizcaya).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-21252018 (48298), Jun. 06/18....."

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:07
 
¿Qué ocurre si los registros de audio y video de una actuación penal fallan? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:02

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que si bien las actuaciones dentro de un juicio penal son orales se deben utilizar los medios técnicos disponibles para imprimirle agilidad y garantizar la fidelidad de su registro.

 

Ante la ausencia absoluta o significativa de los mismos, es claro que el control judicial de las decisiones por quien no presenció directamente las pruebas sería imposible, caso en el cual habría lugar a declarar la nulidad de lo actuado a efecto de repetir los actos procesales afectados por tal anomalía.

 

“En esas condiciones, carecería de los elementos mínimos para verificar la validez y legalidad o no de la sentencia de su inferior, cuando ella haya sido impugnada por las partes o intervinientes”, puntualizó la Sala.

 

No obstante, concluye la Sala, si los defectos en las grabaciones no son sustanciales o la pérdida de los registros no abarca la esencia del debate, esto es, si la irregularidad no es trascendente de cara a la decisión proferida, no habrá lugar a dicha declaratoria.

 

Insiste la sala que estas situaciones por sí solas no son suficientes para desechar los medios de convicción que se recogieron en el acto, mucho más en los eventos en los que las partes e intervinientes no ponen en duda que el evento procesal y probatorio se verificó (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-24302018 (45909), Jun. 28/18..."

Última actualización el Miércoles, 26 de Septiembre de 2018 17:05
 
¿Cómo se deben valorar las pruebas practicadas a menores de edad dentro de un proceso penal? PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:05

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...Al resolver un recurso de casación relacionado con la condena de una persona responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se deben valorar las pruebas practicadas a menores de edad dentro de un proceso penal.

 

La corporación recordó que no es dable asumir como criterio de autoridad que las manifestaciones de los menores de edad siempre merecen crédito, toda vez que le corresponde al juez en cada caso concreto valorar dichas manifestaciones bajo el tamiz de la sana crítica y confrontarlas con los demás elementos de convicción. (LeaCada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz: Sala Penal)

 

Con base en una providencia del año 2011, igualmente aseguró que, como todo testigo, los dichos de los menores de edad deben examinarse de forma imparcial y sin prejuicios, siguiendo los lineamientos del artículo 404 de la Ley 906 de 2004, que regula la apreciación del testimonio.

 

Ello en cuanto a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. (Lea¿Cuál es el funcionario idóneo para escuchar a los menores de edad llamados a declarar?)

 

Por otro lado, y con base en una providencia del 2017, también recordó que el hecho de que un testigo haya entregado dos versiones diferentes frente a un mismo aspecto, obliga a analizar el asunto con especial cuidado, bajo el entendido de que:

 

  1. No puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad bajo el único criterio del factor temporal

  2. El fallador no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión. Por el contrario, es posible que concluya que ninguna de ellas merece credibilidad,

  3. Ante la concurrencia de versiones antagónicas u opuestas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarles poder persuasivo a todas

  4. Ese análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos sino con la explicación del raciocinio que lleva al operador judicial a tomar la decisión, pues slo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes e intervinientes a través de los recursos

  5. La parte que ofrece el testimonio tiene la carga de suministrarle al juez la información necesaria para que éste pueda decidir si alguna de las versiones entregadas por el testigo merece credibilidad, sin perjuicio de las potestades que tiene la parte adversa para impugnar la credibilidad del testigo

  6. La prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan esas situaciones, entre otros aspectos. (LeaConozca los parámetros para valorar el cambio de versión de testigos o su retractación)

 

Finalmente, precisó que la retractación de un testigo no acarrea de forma automática la falsedad de la incriminación que hizo inicialmente, sino que genera la obligación para el juez de analizar conjuntamente todas las versiones del mismo deponente y de contrastarlas con las demás pruebas incorporadas en la actuación (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-20162018 (48559), Jun. 6/18...."

 

Última actualización el Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:06
 
La fe pública y los derechos de la víctima no siempre se defienden dejando sin efectos el acto jurídico falso PDF Imprimir E-mail
Escrito por leda dominguez   
Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:03

Tomado de  www.ambitojuridico.com

 

"...No siempre la forma de defender la fe pública y los derechos de la víctima debe consistir en dejar automáticamente sin efecto el acto jurídico cuya falsedad se halla formalmente probada. Particularmente, manifestó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando el autor del delito se somete a las consecuencias penales para derivar de ello un provecho ilícito.

 

Por ejemplo, cuando existe un acto subyacente, como una hipoteca, la decisión que más se acompasa con ese tipo de supuestos conduce a hacer prevalecer los derechos del que se ha declarado víctima.

 

Cuando quiera que el acto subyacente implica la voluntad de las partes en la realización del negocio y a la declaración de responsabilidad penal se llega estratégicamente a partir de la aceptación de cargos, máxime cuando procura dejar sin efectos una sentencia civil que ha reconocido el derecho a rematar la totalidad del inmueble para solventar la obligación incumplida.

Lo anterior implicaría un despojo indebido de la garantía hipotecaria, de modo que la intervención del juez penal en casos semejantes culminaría agotando el menoscabo patrimonial de la víctima, en una proporción de la que obtendrían derecho los estafadores.

 

Así las cosas, la decisión que más se acompasa con este supuesto es no soslayar las garantías consolidadas en desarrollo de actuaciones procesales de derecho privado (M. P. Luis Guillermo Salazar).

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-27372018 (46961), Jul. 11/18...."

Última actualización el Domingo, 16 de Septiembre de 2018 00:04
 
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