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Corte Constitucional
Fallos de tutela Corte constitucional PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Viernes, 28 de Octubre de 2016 17:40

 

T-301/16 Condena a una E.P.S. por negarse a practicar aborto

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, condenó en abstracto a la E.P.S. Saludcoop a pagar y reparar integralmente todos los perjuicios causados a una ciudadana, por la violación del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto al que tenía derecho por reunir una de las tres condiciones admitidas por la Corte Constitucional. La liquidación de perjuicios la realizará un Juez Administrativo de Bogotá en tres meses.

T-515/16 Corte Constitucional ordena traslado de cárcel de mujer indígena

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional dejó sin efectos dos sentencias en las cuales se negó el derecho que tiene una mujer indígena a pagar una condena por narcotráfico en su resguardo y en su lugar concedió la tutela. En la decisión la Corte Constitucional exhortó al Presidente de la República, al ministro de Justicia y del Derecho y al Presidente del Congreso de la República para que regulen lo relativo a la privación de la libertad de personas pertenecientes a comunidades indígenas.

T-507/16 Corte ordena presentar disculpas públicas por no devolver pierna amputada a paciente

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la Clínica las Américas, Patología Las Américas S.A., Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín, que en un término de diez días, presenten disculpas en una ceremonia pública a un paciente a quien le negaron la posibilidad de devolverle la extremidad inferior izquierda que le fue amputada en un procedimiento quirúrgico. La Corporación concluyó que las entidades demandadas vulneraron el derecho a la libertad de conciencia del accionante y señaló que quienes presten estos servicios de salud deben informar a sus usuarios sobre alternativas para la destinación de los residuos generados por la atención médica, en los casos en que el paciente objete en conciencia sobre su disposición final o incineración, teniendo en cuenta que tales opciones no pueden afectar la salubridad pública.

 

 

Última actualización el Viernes, 28 de Octubre de 2016 17:42
 
El móvil del agente al cometer el delito de feminicidio no desconoce el principio de tipicidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:49

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...El móvil del agente al causar la muerte a una mujer por su condición de mujer, uno de los elementos esenciales del delito de feminicidio, no desconoce el principio de tipicidad; así mismo, la circunstancia de agravación de esta conducta penal no implica una doble sanción y, por tanto, no infringe el principio non bis in ídem.

 

Así lo determinó recientemente la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de declarar la exequibilidad de las expresiones “por su condición de ser mujer” y “cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad”, contenidas en los artículos 104A y 104B del Código Penal, adicionadas por la Ley Rosa Elvira Celis  (Ley 1761 del 2015).

 

Al respecto, la Corte señaló que más que un problema de tipicidad el cuestionamiento es esencialmente de índole probatoria. No obstante, precisó que el elemento motivacional no es accidental al feminicidio, sino que mantiene con este una relación inescindible. (Lea: Corte Constitucional condiciona un aparte del delito de feminicidio)

 

El feminicidio está precedido siempre de esa finalidad, pero, al mismo tiempo, “es claro que esa intención es inferida y está relacionada con el contexto de discriminación y sometimiento de la víctima en medio del cual se ejecuta el crimen”.

 

En cuanto a los apartes impugnados por la supuesta doble sanción por un mismo hecho, la Sala observó que, contrario a lo que señalaban los demandantes, esas circunstancias, objetivamente consideradas como agravantes del feminicidio, no constituyen por sí mismas el delito, sino que solo permiten inferir las razones de género del homicidio de la mujer y conducir a su agravación.

 

Concluyó que tales circunstancias aportan elementos de juicio para concluir que la muerte fue provocada por motivos de género y confiere al feminicidio el carácter de agravado, lo cual no contraviene la Carta Política. (Lea: Asuntos contextuales sirven para establecer elemento subjetivo en delito de feminicidio)

 

Vale la pena decir que si bien los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas compartieron la decisión frente a las normas demandadas, anunciaron la presentación de aclaraciones de voto en relación con el análisis en abstracto del cargo de infracción del principio non bis in ídem.

 

Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-539, Oct. 5/16.."

Última actualización el Viernes, 14 de Octubre de 2016 14:50
 
Detención preventiva en los procesos penales debe ser excepcional PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 27 de Septiembre de 2016 14:03

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional destacó, según lo ha evidenciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la detención preventiva en Colombia ha pasado de ser excepcional a ser la regla general de las medidas de aseguramiento, lo que la está convirtiendo progresivamente en un adelantamiento de la posible pena.

 

Por tal motivo, a través de un fallo de tutela, exhortó al Consejo Superior de Política Criminal para que, conforme con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, adopte las medidas necesarias para que la detención preventiva en los procesos penales tenga un carácter excepcional.

 

El pronunciamiento se dio en torno a la situación de hacinamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía del Norte de Bucaramanga, lugar en el que el número de personas retenidas es de 143 reclusos, de los cuales ninguno ostenta la calidad de detenido contravencionalmente, sino que se trata de detenciones preventivas o en virtud de sentencias condenatorias ejecutoriadas. (Lea: Circunstancias para establecer si la libertad del procesado representa un peligro para la comunidad)

 

En ese sentido, recordó que la privación de la libertad en un Estado social de derecho debe ser excepcional y debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y durante su ejecución el Estado tiene el deber constitucional y legal de salvaguardar las garantías de los internos, especialmente las siguientes: (i) el derecho a la vida y la integridad personal; (ii) el derecho a presentar peticiones; (iii) el derecho a la dignidad humana; (iv) el derecho a la visita íntima o conyugal en condiciones dignas; (v) el derecho a la resocialización; (vi) el debido proceso disciplinario; (vii) el derecho a la palabra; (viii) el derecho al descanso; (ix) el derecho a la salud y (x) el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad (M. P. Jorge Pretelt).

 

Corte Constitucional, Sentencia T-276, May. 25/16...."

Última actualización el Martes, 27 de Septiembre de 2016 14:05
 
Inclusión de circunstancias de agravación consideradas en acusación y suprimidas en alegato de conclusión no vulnera congruencia PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:51

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..La Sala Penal de la Corte Suprema explicó que el hecho de que el juez incluya en la sentencia una circunstancia de agravación que hizo parte de la acusación pero que fue excluida tácitamente por el fiscal al no incluirla en su alegato de conclusión no viola el principio de congruencia.

 

Al respecto, recordó el cambio jurisprudencial que se dio en mayo de este año, sobre el alcance del artículo 448 de la Ley 906 del 2004, en el sentido de que el análisis de congruencia debe hacerse entre la acusación, entendida como el acto complejo compuesto por el escrito de acusación y la audiencia reglada en los artículos 338 y siguientes del estatuto procesal penal, y el fallo.

 

De ese modo, advirtió que el alegato de conclusión del fiscal, regulado en los artículos 443 y 448 del citado código, no determina el estudio de congruencia.

 

En el caso bajo análisis, la inclusión de la circunstancia de agravación en la condena no obedeció a que el juez que sucedió a quien emitió el sentido del fallo no estuvo de acuerdo con esta determinación y decidió modificarla en ese sentido. Se trató de un error por dar por sentado que en el sentido del fallo se incluyó la circunstancia de agravación, sin ser cierto.

 

Para la sala, es ostensible que ese error se generó porque el funcionario que profirió la sentencia consideró equivocadamente que el fiscal, en su alegato de conclusión, propuso la calificación jurídica de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en grado de tentativa, y como quiera que el funcionario que emitió el sentido del fallo acogió dicha modificación, asumió que la calificación incluida en la sentencia es igual a la anunciada por quien tuvo a cargo la dirección del juicio oral.

 

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-111442016 (46537), 11/08/2016, M. P. Patricia Salazar

..."

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:52
 
Circunstancias para establecer si la libertad del procesado representa un peligro para la comunidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:48

Tomado  de www.ambitojuridico.com

"..La Corte Constitucional explicó, a través del comunicado sobre la Sentencia C-469 del 2016, la exequibilidad de varios apartes demandados del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal,relacionados con las circunstancias que el juez penal debe valorar para establecer si la libertad del imputado representa un peligro para la comunidad.

 

Vale la pena recordar que estas circunstancias son las siguientes:

 

· La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

 

· El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

 

· El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

 

· La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

 

· Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

 

· Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

 

· Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.

 

La Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que para la completa determinación del concepto de detención preventiva y los eventos en que ella procede la Carta Política ha dejado un amplio margen a la potestad de configuración del legislador.

 

El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio y, como tal, buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse, agregó. (Lea: Reforma a la detención preventiva no aplica a casos regidos por la Ley 600 del 2000)

 

De ahí que la detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementosprobatorios importantes para la instrucción.

 

También recordó que la protección de la comunidad, en aras de impedir la continuación de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de la detención preventiva a partir de la consideración del mandato del artículo 1° de la Constitución, según el cual “el Estado colombiano se encuentra fundado en la prevalencia del interés general”.

 

El alto tribunal recalcó que la adopción de una medida de aseguramiento está sometida a valoraciones sobre su necesidad y proporcionalidad, las cuales serán evaluadas por el juez de control de garantías. (Lea: URI no son lugares para recluir personas procesadas o en ejecución de sentencia

 

No obstante, el magistrado Alberto Rojas se apartó de estas consideraciones, por cuanto, en su concepto, prever como justificación de la detención preventiva el que se estime que la libertad representa un peligro para la sociedad no se ajusta a los estándares internacionales vigentes en materia de detención preventiva.

 

Corte Constitucional, Comunicado Sentencian C-469, Ago. 31/16...."

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:50
 
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