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Corte Constitucional
Por cuatro años más se prorroga la Ley de Orden Público PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 19 de Diciembre de 2014 23:33

Tomado de www.legismovil.com

Extra

Se prorroga por cuatro años más la vigencia de la Ley 418 de 1997, que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. La vigencia de esta norma ha sido extendida varias veces, la última fue a través de la Ley 1421 del 2010. En ella se establecen los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y se brindan instrumentos para fortalecer la seguridad ciudadana y la preservación del orden público. También servirá para conservar los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Como novedades, la nueva ley contempla la homologación de la práctica profesional con el servicio militar obligatorio, cuando los jóvenes resuelvan su situación militar luego de realizar estudios de educación superior. Por otra parte, quienes participen en acercamientos, diálogos o negociaciones, o en la celebración de acuerdos de paz, no incurrirían en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención..."

Última actualización el Viernes, 19 de Diciembre de 2014 23:35
 
sentencia C-390-2014 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 16 de Octubre de 2014 22:05

 

Tomado de http://derechopenalcolombia.blogspot.com/:

 

"...

SENTENCIA C-390 DE 2014. DECLARA CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE LO REFERENTE A QUE LOS 120 DÍAS QUE CONSAGRA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 317 EMPEZARAN A CONTAR DESDE LA RADICACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN Y NO DESDE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN.

 

La Corte Constitucional en sentencia C-390 de 2014 que tendrá efectos desde el 20 de julio de 2015, declara la exequibilidad condicionada del numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en lo referente a que si el legislador no dispone un término distinto antes del 20 de julio de 2015, los 120 días que consagra el numeral 5 del artículo 317 empezaran a contar desde la radicación del escrito de acusación y no desde la realización de la audiencia de acusación.
Con esta sentencia con efectos diferidos, se resuelven dos puntos importantes en el ordenamiento penal: 1. La poca claridad de la norma que no permitía distinguir desde que momento se debían empezar a contar los 120 días y 2. Se llena el vacío jurídico de que no existiese un término establecido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la audiencia, lo que ha conllevado a que pasen años entre la radicación del escrito y la realización de la audiencia de acusación y no se pueda pedir la libertad por vencimiento de términos por no existir hasta esta sentencia un término para solicitar dicha libertad.

Dice la Corte:

En este sentido, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de 2004, en el entendido que la expresión acusada hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo.

En este sentido, la Corte considera necesario diferir los efectos de la sentencia de exequibilidad condicionada hasta el 20 de julio de 2015, mientras el legislador decide, si lo considera conveniente o necesario, regular expresamente el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo. Si al cabo de anterior término el legislador no ha adoptado una regulación distinta, y para proteger los derechos de las personas privadas provisionalmente de la libertad, la presente sentencia surtirá todos sus efectos.


SON LEGALES LAS GRABACIONES O INTERCEPTACIONES REALIZADAS POR LA VICTIMA

 

En sentencia de marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia deja claro que la víctima de una conducta punible puede realizar grabaciones o interceptaciones sin necesidad de orden judicial.

Dice la Corte


“La víctima, por sí misma o por interpuesta persona, perfectamente puede hacer la grabación de voz o de imagen, cuando está siendo objeto de una conducta punible por parte de un tercero, y éste, prevalido de ese interés de perseverar en el ilícito fin propuesto, se expone a ser captado de una u otra manera por equipos tecnológicos fabricados para tales fines –registrar voces y/o imágenes-, y esa recopilación puede ser tenida como elemento de convicción lícito y con la virtualidad de ingresar a la actuación penal, sin ser sometida a control de legalidad alguno....."

Última actualización el Jueves, 16 de Octubre de 2014 22:09
 
Vencimiento de términos para formular imputación no conduce a pérdida de competencia del fiscal. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 11 de Abril de 2014 21:27

Vencimiento de términos para formular imputación no conduce a pérdida de competencia del fiscal.
La Corte Suprema de Justicia determinó que el hecho de que la Fiscalía sobrepase los límites legales para formular la imputación no implican la pérdida de competencia del titular de la acción penal. Ello porque el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 del 2011), que conduce a la exclusión del proceso a quien adelanta la actuación, se condiciona a que se venzan los términos para formular la acusación o solicitar la preclusión. Sostuvo que aún cuando se admitiera en ello una causal de impedimento, ello no conduce a la nulidad, al tiempo que advirtió que en el caso concreto la supuesta irregularidad fue convalidada por las partes, que no recusaron al funcionario (M. P. Gustavo Enrique Malo).

Última actualización el Viernes, 11 de Abril de 2014 21:28
 
Fiscal General periodo personal de 4 años PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Lunes, 06 de Mayo de 2013 00:03

 

Tomado de  www.legismovil.com

".....Extra
Consejo de Estado apeló a jurisprudencia constitucional para establecer periodo cuatrienal del Fiscal General (8:00 a.m.)

El Consejo de Estado apeló a la jurisprudencia constitucional para sustentar su postura según la cual el Fiscal General de la Nación debe permanecer durante cuatro años en su cargo, contados desde su posesión. Ello, porque la Corte Constitucional determinó que quien asumiera esa plaza por falta absoluta del titular no lo haría para la terminación de ese mismo periodo, como lo proveía el artículo 29 de Ley 270 de 1996, declarado parcialmente inexequible mediante la Sentencia C-037 del mismo año. Adicionalmente, la Sala Plena de la máxima instancia contenciosa indicó que el artículo 249 de la Carta Política, al fijar en cuatro años los términos de la permanencia de este funcionario al frente del organismo investigador, deja en evidencia que no es jurídicamente aceptable una duración diferente a la indicada expresamente en la norma. Al referirse a la indeterminación con la cual la Corte Suprema de Justicia solemnizó la elección de Eduardo Montealegre como nuevo fiscal, el Consejo de Estado indicó que un periodo tiene alcances jurídicos de naturaleza institucional, siempre y cuando se señale concretamente su duración y las fechas de iniciación y culminación de este. Sin embargo, cabe destacar que el organismo nominador y demandado en este caso, representado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, concluyó que el funcionario había sido elegido para un periodo institucional que finalizaba el 31 de julio del 2013. Pese a que el Acto Legislativo 01 del 2003 otorga naturaleza institucional a los cargos públicos proveídos por elección, la providencia precisa que la citada reforma constitucional no abarcaba al titular del organismo investigador (C. P. Susana Buitrago).

Noticia generada en May. 3/13 (8:00 a.m.)..."


Última actualización el Lunes, 06 de Mayo de 2013 00:05
 
Obligación alimentaria de padres de familia no puede tornarse indefinida PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 18 de Enero de 2013 17:44

 

Tomado de www.ambitojuridico.com: 18 enero-2013

....La Corte Constitucional indicó que la obligación alimentaria que tienen los padres con sus hijos estudiantes mayores de 25 años concluye cuando terminan sus estudios.

Sin embargo, el operador judicial debe analizar las circunstancias especiales del caso, para que ese beneficio no se torne indefinido por la desidia de los hijos, advirtió.

La Corte recordó que la jurisprudencia estableció la edad de 25 años como término razonable para formarse en una profesión u oficio y obtener independencia económica.

En el caso analizado, le ordenó al Juzgado 11 de Familia de Medellín decidir nuevamente sobre la exoneración de alimentos solicitada por un padre frente a su hijo de 26 años, que no era estudiante, pues ya había culminado una carrera tecnológica, y no padecía limitaciones físicas ni mentales que le impidieran trabajar.

Aunque el juzgado de instancia negó la petición, porque el joven estaba desempleado, el alto tribunal determinó que su situación de estudiante no se podía prolongar indefinidamente para continuar recibiendo la cuota alimentaria.

El magistrado Nilson Pinilla aclaró el voto.   (Corte Constitucional, Sentencia T-854, oct. 24/12, M. P. Jorge Iván Palacio).."

Última actualización el Viernes, 18 de Enero de 2013 17:47
 
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