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Corte Constitucional
Reclusos pueden interponer acciones públicas en defensa de la Constitución PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 01 de Marzo de 2016 14:52

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..En esta oportunidad fue la Sección Segunda del Consejo de Estado la que aceptó la posibilidad de que las personas condenadas penalmente con pena privativa de su libertad gocen de legitimación en la causa por activa para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.

 

Para la ponente, la consejera Sandra Ibarra, la suspensión total de los derechos políticos a un ciudadano por virtud de una condena penal de prisión resulta ser expresión de una visión del Derecho demasiado formalista y va en desmedro de la vigencia y garantía de otros preceptos constitucionales, como la prevalencia de lo sustancial y el acceso a la administración de justicia.

 

En ese sentido, como expresión de los derechos políticos y de acceso a la justicia, debe prevalecer la interpretación favorable al desarrollo de un derecho humano de estirpe constitucional. (Lea: Consejo de Estado ordena cumplir normas en materia carcelaria y penitenciaria)

 

La magistrada estuvo de acuerdo con la nueva postura de la Corte Constitucional, que en junio del 2015 consideró que los ciudadanos colombianos mantienen su derecho político fundamental de instaurar acciones públicas, incluso si se encuentran condenados penalmente a pena privativa de la libertad.

 

Vale la pena recordar que esta nueva orientación constitucional se dio a partir de un auto de Sala Plena de la Corte, en el que resolvió favorablemente un recurso de súplica interpuesto contra el proveído de 25 de abril de 2013, que rechazó una demanda de inconstitucionalidad formulada por una persona privada de la libertad.

 

En esa oportunidad, el alto tribunal constitucional aclaró que solo exige ostentar la calidad de ciudadano para ejercer el derecho a instaurar este tipo de acciones. (Lea: Corte califica la política criminal como populista e incoherente)

 

“Dado que el acceso a la justicia es esencial para garantizar el goce efectivo de los demás derechos y libertades, y para definir los límites de las instituciones estatales, la suspensión parcial del derecho a interponer acciones públicas no es sólo la restricción de un derecho político, sino la reducción de la efectividad de todos los demás derechos constitucionales, lo cual es inadmisible”, enfatizó la providencia.

 

Lo anterior en consideración a la obligatoriedad que el artículo 241 superior y la misma jurisprudencia de esa alta corte le asignan al precedente constitucional (C. P. Sandra Ibarra).

(Consejo de Estado Sección Segunda, Auto 11001032500020150105900 (46742015),  Feb. 4/16 ) .."

Última actualización el Martes, 01 de Marzo de 2016 14:54
 
Devolución de saldos de pensión ante fallecimiento del aportante no requiere sentencia de sucesión PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 17 de Noviembre de 2015 13:52

 

"....La negativa para la devolución de saldos basada en que no existe sentencia de sucesión vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, señaló la Corte Constitucional.

 

En reciente providencia, explicó que el artículo 78 de la Ley 100 de 1993 dispone que los beneficiarios tienen derecho a que se les haga la devolución de saldos en el evento de que el afiliado fallezca, sin cumplir con los requisitos para causar la pensión y sin la necesidad de iniciar proceso de sucesión.

 

En este sentido, aclaró que el mencionado proceso es requerido únicamente cuando no existan beneficiarios,pues los aportes de la cuenta individual entran a ser parte de la masa sucesoral, al tenor de lo previsto en el artículo 76.

 

Así las cosas, precisó la providencia, al existir beneficiarios, las entidades tienen la obligación de hacerles la entrega correspondiente.

 

De otra parte, advirtió que la Circular 96 del 2013, por la cual se determina la inembargabilidad de algunas sumas depositadas en sección de ahorros y depósitos electrónicos, entre otros, no incluye dentro de sus categorías los depósitos efectuados en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado.

 

Según la entidad, los órdenes sucesorales son amplios y en ellos pueden participar, inclusive, los colaterales del grado más próximo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88 de la Ley 153 de 1887.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T- 523, ago. 18/15, M.P. Jorge Iván Palacio)..."

Última actualización el Martes, 17 de Noviembre de 2015 13:54
 
Corte Constitucional advierte necesidad de combatir discriminación laboral contra mujeres embarazadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 04 de Agosto de 2015 19:23

Tomado de  www.legismovil.com

"...Con ese fin, ordenó a la ESAP adelantar una campaña de capacitación en torno a la estabilidad laboral reforzada y garantías laborales de las que deben gozar ese tipo de trabajadoras. Recordó, así mismo, que tanto los contratos de prestación de servicios como los de trabajo dan lugar a este marco de protección para mujeres gestantes o en periodo de lactancia. Recordó que los únicos elementos necesarios para que esta protección surja son que la operaria o contratista se encuentre en estado de embarazo, a pesar de no haberlo anunciado a su empleador o contratista, o que se encuentre dentro de los tres meses posteriores al parto. Recordó que fueron esos los elementos de aplicación del fuero de maternidad señalados en la Sentencia SU-070 del 2013. En el caso concreto, además, la prestación de servicios ocultaba un contrato de trabajo, indicó la Corte. En estos casos, si una vez vencido el contrato el empleador aspira a no renovarlo, debe acudir al inspector de trabajo para que este determine si se evidencian o no motivaciones para la terminación; si no surge esa claridad, debe renovar la relación laboral hasta los tres meses posteriores al nacimiento, pero si existen, puede finiquitarla, asegurando las cotizaciones necesarias para el pago de la licencia de maternidad. Si este no acude al inspector, el juez debe ordenar el reintegro de la trabajadora, con el pago de lo dejado de percibir desde el despido, y la cancelación de una indemnización de 60 días de salario, de acuerdo con el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo (M. P. Martha Victoria Sáchica)...."

Última actualización el Martes, 04 de Agosto de 2015 19:25
 
Por cuatro años más se prorroga la Ley de Orden Público PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 19 de Diciembre de 2014 23:33

Tomado de www.legismovil.com

Extra

Se prorroga por cuatro años más la vigencia de la Ley 418 de 1997, que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia. La vigencia de esta norma ha sido extendida varias veces, la última fue a través de la Ley 1421 del 2010. En ella se establecen los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley y se brindan instrumentos para fortalecer la seguridad ciudadana y la preservación del orden público. También servirá para conservar los programas de protección en derechos humanos, atención a las víctimas del terrorismo, los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Como novedades, la nueva ley contempla la homologación de la práctica profesional con el servicio militar obligatorio, cuando los jóvenes resuelvan su situación militar luego de realizar estudios de educación superior. Por otra parte, quienes participen en acercamientos, diálogos o negociaciones, o en la celebración de acuerdos de paz, no incurrirían en responsabilidad penal o disciplinaria por razón de su intervención..."

Última actualización el Viernes, 19 de Diciembre de 2014 23:35
 
sentencia C-390-2014 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 16 de Octubre de 2014 22:05

 

Tomado de http://derechopenalcolombia.blogspot.com/:

 

"...

SENTENCIA C-390 DE 2014. DECLARA CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE LO REFERENTE A QUE LOS 120 DÍAS QUE CONSAGRA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 317 EMPEZARAN A CONTAR DESDE LA RADICACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN Y NO DESDE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN.

 

La Corte Constitucional en sentencia C-390 de 2014 que tendrá efectos desde el 20 de julio de 2015, declara la exequibilidad condicionada del numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en lo referente a que si el legislador no dispone un término distinto antes del 20 de julio de 2015, los 120 días que consagra el numeral 5 del artículo 317 empezaran a contar desde la radicación del escrito de acusación y no desde la realización de la audiencia de acusación.
Con esta sentencia con efectos diferidos, se resuelven dos puntos importantes en el ordenamiento penal: 1. La poca claridad de la norma que no permitía distinguir desde que momento se debían empezar a contar los 120 días y 2. Se llena el vacío jurídico de que no existiese un término establecido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la audiencia, lo que ha conllevado a que pasen años entre la radicación del escrito y la realización de la audiencia de acusación y no se pueda pedir la libertad por vencimiento de términos por no existir hasta esta sentencia un término para solicitar dicha libertad.

Dice la Corte:

En este sentido, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de 2004, en el entendido que la expresión acusada hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo.

En este sentido, la Corte considera necesario diferir los efectos de la sentencia de exequibilidad condicionada hasta el 20 de julio de 2015, mientras el legislador decide, si lo considera conveniente o necesario, regular expresamente el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo. Si al cabo de anterior término el legislador no ha adoptado una regulación distinta, y para proteger los derechos de las personas privadas provisionalmente de la libertad, la presente sentencia surtirá todos sus efectos.


SON LEGALES LAS GRABACIONES O INTERCEPTACIONES REALIZADAS POR LA VICTIMA

 

En sentencia de marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia deja claro que la víctima de una conducta punible puede realizar grabaciones o interceptaciones sin necesidad de orden judicial.

Dice la Corte


“La víctima, por sí misma o por interpuesta persona, perfectamente puede hacer la grabación de voz o de imagen, cuando está siendo objeto de una conducta punible por parte de un tercero, y éste, prevalido de ese interés de perseverar en el ilícito fin propuesto, se expone a ser captado de una u otra manera por equipos tecnológicos fabricados para tales fines –registrar voces y/o imágenes-, y esa recopilación puede ser tenida como elemento de convicción lícito y con la virtualidad de ingresar a la actuación penal, sin ser sometida a control de legalidad alguno....."

Última actualización el Jueves, 16 de Octubre de 2014 22:09
 
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