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Corte Constitucional
Se puede capturar en flagrancia por el delito de FUGA DE PRESOS a quien se evade de su confinamiento. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:10

Sentencia  C-411  de 2015, Exequebilidad  art. 31 Ley 1709 de 2014.

"...14. Ahora bien, a lo anterior cabe agregar algunas consideraciones. En efecto, como antes se señaló, la facultad de capturar que contempla la norma cuestionada presupone que quien está sujeto a un régimen de detención o prisión domiciliarias se encuentra en una situación de libertad. Esta última, según lo indicado, puede de hecho ser producto de una sustracción ilegítima de las condiciones de reclusión que se le impusieron a la persona, dentro del marco legal, en la providencia que decretó la medida o la pena. En ese caso, dado que la persona no cuenta con permisos para sustraerse de las circunstancias de confinamiento que le definió específicamente un juez, no cuenta tampoco con expectativas legítimas de protección hacia su libertad personal, pues por virtud de una decisión judicial ha sido privado de ella. En consecuencia, si esa persona se encuentra en una situación de libertad de hecho, a pesar del régimen de privación que se le impuso y de la ausencia de autorizaciones para salir de sus restricciones, su captura se produce precisamente en virtud de una orden judicial pues consiste en sentido estricto en la ejecución de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión domiciliaria. En esos casos, más allá de si cabe aplicar la facultad de captura en flagrancia expresamente contemplada en la Constitución (CP art 32), por la posible incursión en delitos de fuga de presos (C Penal art 448) o fraude a resolución judicial (ídem art 454), quien se evade de su confinamiento puede ser capturado por los servidores administrativos que precisa la norma para ejecutar la medida o pena que se le impuso, y por ende no se viola la reserva judicial en la materia (CP art 28)....".

Última actualización el Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:15
 
Duplicar unidad de multa por reincidencia no configura una doble sanción penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 24 de Mayo de 2016 22:46

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..A través de la Sentencia C-181 del 2016, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de una expresión contenida en el artículo 46 de la Ley 1453 del 2011, que reformó el artículo 39 del Código Penal.

 

La disposición acusada permite duplicar la unidad multa cuando la persona haya sido condenada anteriormente por delito doloso o preterintencional en los 10 años previos, contados desde la realización del nuevo ilícito sancionado con la pena principal de multa.

 

Según el demandante, la normativa violaba los principios de legalidad, cosa juzgada y non bis in ídem, porque habilita una doble valoración judicial negativa del punible cometido inicialmente, esto es, fraccionar el hecho para traducirlo en varias penas, aseguraba el escrito. (Lea: Jueces carecen de discrecionalidad para estimar monto de la pena)

 

No obstante, la Corte encontró que se justifica válidamente que la figura de la reincidencia penal sea, en este caso, una circunstancia de agravación de la pena de multa, es decir, que se ubique en el elemento dogmático de la punibilidad, dado que así lo dispuso el legislador.

 

Efectivamente, la sentencia explica cómo la disposición no infringe el principio del non bis in ídem y se constituye en una medida de agravación punitiva que no se torna irrazonable, ya que la labor del juez al aplicar la norma que contiene el agravante punitivo examina el nuevo delito, sin realizar valoraciones de la sentencia precedente que dan cuenta de la reincidencia del sujeto activo actual.

 

Es claro que el juez penal no realiza un nuevo juicio a los hechos precedentes ni a la suficiencia de la pena impuesta anteriormente, pues, según la providencia, en este caso la certeza legal está protegida por el principio de cosa juzgada. (Lea: Es obligatorio motivar dosificación de la pena)

 

Esta situación tiene justificación constitucional, en tanto consulta el fin preventivo y resocializador de la pena, entendido este último como el establecimiento de obligaciones de doble vía, advirtió.

 

Así las cosas, concluyó que el medio utilizado no desconoce el principio que sustenta la demanda, considerando que la herramienta jurídica analizada es un agravante punitivo que no incide en la culpabilidad, ni exige verificaciones de hechos juzgados para su aplicación, de tal suerte que existe correspondencia constitucional entre el medio y el fin (M. P. Gloria Ortiz).

 

Corte Constitucional, Sentencia C-181, Abr. 13/16.."

Última actualización el Martes, 24 de Mayo de 2016 23:10
 
Reclusos pueden interponer acciones públicas en defensa de la Constitución PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 01 de Marzo de 2016 14:52

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..En esta oportunidad fue la Sección Segunda del Consejo de Estado la que aceptó la posibilidad de que las personas condenadas penalmente con pena privativa de su libertad gocen de legitimación en la causa por activa para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.

 

Para la ponente, la consejera Sandra Ibarra, la suspensión total de los derechos políticos a un ciudadano por virtud de una condena penal de prisión resulta ser expresión de una visión del Derecho demasiado formalista y va en desmedro de la vigencia y garantía de otros preceptos constitucionales, como la prevalencia de lo sustancial y el acceso a la administración de justicia.

 

En ese sentido, como expresión de los derechos políticos y de acceso a la justicia, debe prevalecer la interpretación favorable al desarrollo de un derecho humano de estirpe constitucional. (Lea: Consejo de Estado ordena cumplir normas en materia carcelaria y penitenciaria)

 

La magistrada estuvo de acuerdo con la nueva postura de la Corte Constitucional, que en junio del 2015 consideró que los ciudadanos colombianos mantienen su derecho político fundamental de instaurar acciones públicas, incluso si se encuentran condenados penalmente a pena privativa de la libertad.

 

Vale la pena recordar que esta nueva orientación constitucional se dio a partir de un auto de Sala Plena de la Corte, en el que resolvió favorablemente un recurso de súplica interpuesto contra el proveído de 25 de abril de 2013, que rechazó una demanda de inconstitucionalidad formulada por una persona privada de la libertad.

 

En esa oportunidad, el alto tribunal constitucional aclaró que solo exige ostentar la calidad de ciudadano para ejercer el derecho a instaurar este tipo de acciones. (Lea: Corte califica la política criminal como populista e incoherente)

 

“Dado que el acceso a la justicia es esencial para garantizar el goce efectivo de los demás derechos y libertades, y para definir los límites de las instituciones estatales, la suspensión parcial del derecho a interponer acciones públicas no es sólo la restricción de un derecho político, sino la reducción de la efectividad de todos los demás derechos constitucionales, lo cual es inadmisible”, enfatizó la providencia.

 

Lo anterior en consideración a la obligatoriedad que el artículo 241 superior y la misma jurisprudencia de esa alta corte le asignan al precedente constitucional (C. P. Sandra Ibarra).

(Consejo de Estado Sección Segunda, Auto 11001032500020150105900 (46742015),  Feb. 4/16 ) .."

Última actualización el Martes, 01 de Marzo de 2016 14:54
 
Devolución de saldos de pensión ante fallecimiento del aportante no requiere sentencia de sucesión PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 17 de Noviembre de 2015 13:52

 

"....La negativa para la devolución de saldos basada en que no existe sentencia de sucesión vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, señaló la Corte Constitucional.

 

En reciente providencia, explicó que el artículo 78 de la Ley 100 de 1993 dispone que los beneficiarios tienen derecho a que se les haga la devolución de saldos en el evento de que el afiliado fallezca, sin cumplir con los requisitos para causar la pensión y sin la necesidad de iniciar proceso de sucesión.

 

En este sentido, aclaró que el mencionado proceso es requerido únicamente cuando no existan beneficiarios,pues los aportes de la cuenta individual entran a ser parte de la masa sucesoral, al tenor de lo previsto en el artículo 76.

 

Así las cosas, precisó la providencia, al existir beneficiarios, las entidades tienen la obligación de hacerles la entrega correspondiente.

 

De otra parte, advirtió que la Circular 96 del 2013, por la cual se determina la inembargabilidad de algunas sumas depositadas en sección de ahorros y depósitos electrónicos, entre otros, no incluye dentro de sus categorías los depósitos efectuados en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado.

 

Según la entidad, los órdenes sucesorales son amplios y en ellos pueden participar, inclusive, los colaterales del grado más próximo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88 de la Ley 153 de 1887.

 

(Corte Constitucional, Sentencia T- 523, ago. 18/15, M.P. Jorge Iván Palacio)..."

Última actualización el Martes, 17 de Noviembre de 2015 13:54
 
Corte Constitucional advierte necesidad de combatir discriminación laboral contra mujeres embarazadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Martes, 04 de Agosto de 2015 19:23

Tomado de  www.legismovil.com

"...Con ese fin, ordenó a la ESAP adelantar una campaña de capacitación en torno a la estabilidad laboral reforzada y garantías laborales de las que deben gozar ese tipo de trabajadoras. Recordó, así mismo, que tanto los contratos de prestación de servicios como los de trabajo dan lugar a este marco de protección para mujeres gestantes o en periodo de lactancia. Recordó que los únicos elementos necesarios para que esta protección surja son que la operaria o contratista se encuentre en estado de embarazo, a pesar de no haberlo anunciado a su empleador o contratista, o que se encuentre dentro de los tres meses posteriores al parto. Recordó que fueron esos los elementos de aplicación del fuero de maternidad señalados en la Sentencia SU-070 del 2013. En el caso concreto, además, la prestación de servicios ocultaba un contrato de trabajo, indicó la Corte. En estos casos, si una vez vencido el contrato el empleador aspira a no renovarlo, debe acudir al inspector de trabajo para que este determine si se evidencian o no motivaciones para la terminación; si no surge esa claridad, debe renovar la relación laboral hasta los tres meses posteriores al nacimiento, pero si existen, puede finiquitarla, asegurando las cotizaciones necesarias para el pago de la licencia de maternidad. Si este no acude al inspector, el juez debe ordenar el reintegro de la trabajadora, con el pago de lo dejado de percibir desde el despido, y la cancelación de una indemnización de 60 días de salario, de acuerdo con el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo (M. P. Martha Victoria Sáchica)...."

Última actualización el Martes, 04 de Agosto de 2015 19:25
 
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