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Corte Constitucional
Acumulación jurídica de penas no es un beneficio sino un derecho PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:46

Tomado de www.ambitojuridico.com

"...La acumulación jurídica de penas no hace parte de los sustitutos o beneficios prohibidos para las personas condenadas, entre otros, por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, toda vez que no se encuentra previsto como tal en el contenido del numeral 8º del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, ni hace parte de los beneficios señalados por la Ley 65 de 1993 a la que se debe acudir por remisión.

 

Así lo sostuvo la Sala Penal de la Corte Suprema, en una tutela que encontró probada la vía de hecho en la interpretación de los postulados antes mencionados. (Lea: Procesados por delitos sexuales contra menores pueden solicitar libertad por vencimiento de términos)

 

Según explica la providencia, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098) no se ocupa de instituir los subrogados, mecanismos sustitutivos o beneficios judiciales o administrativos aplicables a los adultos responsables de delitos, ni sus requisitos, pues de esa materia se encargan el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.

 

En conclusión, ningún precepto legal establece que la acumulación jurídica de penas es un “beneficio” y, por ende, en el caso concreto, no podían las autoridades accionadas darle una interpretación a las normas, que contienen diversas prohibiciones de las que no hace parte el instituto de la acumulación jurídica de penas (Patricia Salazar).

 

CSJ. Sala Penal, Sentencia STP-79662016 (86202), Jun. 14/16..."

Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2016 14:48
 
FALLOS DE TUTELA 2016 CORTE CONSTITUCIONAL PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 07 de Septiembre de 2016 14:42

T-252/16 Jueces no pueden aprobar conciliaciones que discriminen a las personas

Al estudiar una acción de tutela, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional advirtió que los jueces no pueden aprobar cláusulas que impidan la convivencia de parejas del mismo sexo. El Tribunal Constitucional estudió el caso de una mujer que fue presionada por su ex esposo a suscribir un acuerdo para dejar de convivir con su pareja del mismo sexo, so pena de no ver a su hijo

 

T-151/16 Corte ordena evacuar detenidos en las URI y estaciones de Policía en Bogotá

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a las personas detenidas en Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía y advirtió que estos lugares no tienen la capacidad para albergar en condiciones dignas a la población que allí es trasladada. Como consecuencia dio plazos perentorios al Gobierno y a las Autoridades para evitar la vulneración de Derechos Fundamentales.

 

T-363/16 Sena debe respetar orientación sexual

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a una persona transexual y ordenó al Sena -Regional Atlántico- abstenerse de interferir en el desarrollo y la expresión legítima de la identidad de género en especial en aspectos relativos a la forma de vestir y la utilización de accesorios estéticos. Igualmente, la Corte dio un plazo de seis meses para que la institución diseñe un plan que adopte el servicio de educación que provee, al respeto y la promoción que merecen las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, particularmente las expresiones de la identidad de género y la orientación sexual.

 

T-146/16 Tenencia de animales silvestres es del Estado y no de particulares

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional determinó que no les corresponde a los particulares alegar la propiedad privada sobre la fauna silvestre y en el caso de animales silvestres se debe privilegiar su estado de libertad. El pronunciamiento fue hecho al negar una tutela a una familia que solicitaba a las autoridades ambientales que le devolvieran un mono aullador.

 

T-241/16 Llamado de la Corte a jueces para proteger mujeres víctimas de violencia

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional llamó la atención de los jueces del país, para que sean respetuosos del estándar internacional y adoptar un enfoque de género en los casos de violencia contra la mujer, de manera que permitan administrar justicia de manera efectiva. El pronunciamiento fue hecho al conceder una acción de tutela a una mujer cuyo esposo la maltrataba y la Comisaría de Familia le impuso una multa, pero posteriormente un juez revocó dicha sanción.

 

T-265/16 Acoso sexual en el trabajo es violatorio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional dejó sin efectos dos fallos de la Procuraduría que impidieron la participación de una mujer presuntamente afectada en un proceso por acoso sexual en el trabajo y advirtió que tal conducta debe ser considerada como una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El pronunciamiento fue hecho al conceder una acción de tutela a la señora a quien el Ministerio Público había negado su participación porque no era la quejosa y porque consideró que “la falta disciplinaria investigada no constituye violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ni del Derecho Internacional Humanitario”.

 

T-283/16. Corte protege derechos de recluso LGBTI

La Corte Constitucional amparó los derechos de una persona homosexual que está recluida en la cárcel La Picota de Bogotá, quien exigía el traslado de celda por considerar ser víctima de maltrato físico y discriminación por parte de otros reclusos y de las autoridades del establecimiento carcelario por su orientación sexual. Mediante fallo la Corte ordenó al INPEC tomar medidas preventivas para garantizar la dignidad humana a la que tienen derecho las personas LGBTI privadas de la libertad, realizar vigilancia para que no se produzcan actos discriminatorios en los recintos penitenciarios contra esta población.

 

T-036/16 Antecedentes disciplinarios deben ser actualizados

En un fallo de tutela, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional advirtió a la Procuraduría General de la Nación la necesidad de dar estricto cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de las personas. En tal sentido indicó que debe actualizar los datos para que la información consignada corresponda a la realidad. El fallo favoreció a un vigilante de un colegio en Cartagena, a quien le aparecieron antecedentes penales que no correspondían a la realidad y a pesar de ello lo mantuvo reseñado en los antecedentes disciplinarios.

 

 

T-050/16. Límites al Derecho a la libre expresión en redes sociales.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a una persona que se declaró ofendida por una publicación que hizo otra persona en su contra a través de la red social Facebook. En tal virtud ordenó que en los próximos tres días se debe realizar una rectificación en la misma red. La Corte considera que en materia de controles institucionales tanto en medios de comunicación no virtuales, como virtuales, la libertad de expresión conlleva el mismo grado de responsabilidad.

 

T-012/16. Violencia económica en las relaciones de pareja también es discriminación contra la mujer.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una mujer que durante su matrimonio sufrió maltratos físicos y sicológicos. Dependía económicamente de su esposo quien, aprovechando su posición, la ahogó financieramente ocasionando daños en su vida, integridad personal y presiones sicológicas. La Corte advirtió que si bien este tipo de violencia en muchas ocasiones es difícil de probar, no por ello deja de ser una práctica por medio de la cual los hombres pueden agredir a sus parejas. De esta manera, los jueces de la república tienen el deber de estudiar estos casos con base en criterios de género y ausentes de estereotipos, para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional. Además, concluyó que cuando concurren culpas en un proceso de divorcio, no necesariamente se debe negar el derecho de alimentos pues una culpa puede ser consecuencia de la otra.

 

T-772/15. Corte toma medidas en favor de mujeres agredidas por sus parejas

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al conceder una acción de tutela a una mujer que fue agredida por su pareja, advirtió a la Fiscalía General de la Nación que cuando reciba denuncias por violencia de género, deberá solicitar inmediatamente al juez de control de garantías medidas de protección contempladas en la Ley 1257 de 2008. Igualmente, previno a los Comisarios de familia, Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y a los Jueces de Control de Garantías que deberán dar un estricto cumplimiento a los términos contemplados en la Ley 1257 de 2008, para evitar que las víctimas de maltrato estén expuestas a nuevas agresiones.

 

T-762/2015 Corte ordena volcar política criminal al respeto de los Derechos de las personas privadas de la libertad

En un fallo que acumula 18 tutelas, la Corte reiteró el Estado de Cosas Inconstitucional –ECI- en materia carcelaria. Además: (i) ordenó ajustar y articular la política criminal conforme a estándares de respeto a los derechos fundamentales; y (ii) fijó parámetros de acción y ordenó la expedición de las Normas Técnicas sobre la Privación de la Libertad, para determinar garantías puntuales a favor de los internos, las necesidades del sistema penitenciario, su estado actual y los avances en la adecuación de las condiciones de vida en las cárceles. Por otra parte, advirtió que la superación del ECI estará condicionada a los criterios fijados en la sentencia, será liderada por la Defensoría del Pueblo, vigilada por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la Presidencia articulará a todas las instituciones implicadas.

Última actualización el Miércoles, 07 de Septiembre de 2016 14:53
 
Actos de discriminación y hostigamiento sí se agravan cuando se cometen por identidad de género PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Miércoles, 31 de Agosto de 2016 20:18

Tomado de  www.ambitojuridico.com

"...La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-257 del 2016, que declaró exequible artículo 58.3 del Código Penal, en relación con el cargo por la falta de previsión de la categoría de identidad de género en el respectivo precepto legal y los artículos 58.3, 134A y 134B del mismo estatuto, por no haberse previsto que la sanción penal se extiende a los delitos realizados en razón de la orientación sexual real y meramente percibida por el victimario.

 

La demanda, interpuesta por el exfiscal Eduardo Montealegre, atacaba la constitucionalidad de estas disposiciones por la configuración de dos presuntas deficiencias: ni la causal de agravación punitiva ni los tipos penales se configuran cuando la conducta punible se encuentra motivada por la identidad de género de la víctima, sino por otros factores de discriminación como la raza, la etnia, la nacionalidad, el sexo o la orientación sexual y, además, porque no  comprende la orientación sexual real de la víctima ni la meramente percibida por el victimario. (Lea: Se deben revisar categorías que impiden comprender toda la diversidad humana)

 

Sin embargo, la Corte encontró que el juicio pretendido por el demandante no era viable, porque, antes de presentarse la acusación, la Ley 1752 del 2015 modificó los tipos penales objeto de análisis mediante la introducción de una cláusula residual de factores de discriminación que, al permitir la criminalización de los delitos motivados por la identidad de género de la víctima, tácitamente enmienda la presunta falencia constitucional identificada por el actor.

 

Según explica la sentencia, dicha cláusula ahora permite la criminalización de los delitos motivados por la condición de género, “tácitamente enmendando la presunta falencia constitucional identificada por el actor”.

 

Los magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva manifestaron su salvamento parcial de voto al considerar que en el análisis y consideraciones que se exponen en la providencia la Sala ha debido pronunciar una decisión de exequibilidad condicionada.

 

Finalmente, la magistrada Gloria Stella Ortiz salvó el voto en relación con el pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 134 A y 134 B, toda vez que los tipos penales de actos de discriminación y hostigamiento previstos en estas disposiciones fueron modificados, “razón por la cual había carencia actual de objeto sobre el cual la Corte debía pronunciarse” (M.P. Luis Guillermo Guerrero).

 

Corte Constitucional, Sentencia C-257,  May. 18/16...."

Última actualización el Miércoles, 31 de Agosto de 2016 20:19
 
Se puede capturar en flagrancia por el delito de FUGA DE PRESOS a quien se evade de su confinamiento. PDF Imprimir E-mail
Escrito por LEDA DOMINGUEZ LONDOÑO   
Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:10

Sentencia  C-411  de 2015, Exequebilidad  art. 31 Ley 1709 de 2014.

"...14. Ahora bien, a lo anterior cabe agregar algunas consideraciones. En efecto, como antes se señaló, la facultad de capturar que contempla la norma cuestionada presupone que quien está sujeto a un régimen de detención o prisión domiciliarias se encuentra en una situación de libertad. Esta última, según lo indicado, puede de hecho ser producto de una sustracción ilegítima de las condiciones de reclusión que se le impusieron a la persona, dentro del marco legal, en la providencia que decretó la medida o la pena. En ese caso, dado que la persona no cuenta con permisos para sustraerse de las circunstancias de confinamiento que le definió específicamente un juez, no cuenta tampoco con expectativas legítimas de protección hacia su libertad personal, pues por virtud de una decisión judicial ha sido privado de ella. En consecuencia, si esa persona se encuentra en una situación de libertad de hecho, a pesar del régimen de privación que se le impuso y de la ausencia de autorizaciones para salir de sus restricciones, su captura se produce precisamente en virtud de una orden judicial pues consiste en sentido estricto en la ejecución de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión domiciliaria. En esos casos, más allá de si cabe aplicar la facultad de captura en flagrancia expresamente contemplada en la Constitución (CP art 32), por la posible incursión en delitos de fuga de presos (C Penal art 448) o fraude a resolución judicial (ídem art 454), quien se evade de su confinamiento puede ser capturado por los servidores administrativos que precisa la norma para ejecutar la medida o pena que se le impuso, y por ende no se viola la reserva judicial en la materia (CP art 28)....".

Última actualización el Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:15
 
Duplicar unidad de multa por reincidencia no configura una doble sanción penal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Edilberto Alvarez   
Martes, 24 de Mayo de 2016 22:46

Tomado de www.ambitojuridico.com

"..A través de la Sentencia C-181 del 2016, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de una expresión contenida en el artículo 46 de la Ley 1453 del 2011, que reformó el artículo 39 del Código Penal.

 

La disposición acusada permite duplicar la unidad multa cuando la persona haya sido condenada anteriormente por delito doloso o preterintencional en los 10 años previos, contados desde la realización del nuevo ilícito sancionado con la pena principal de multa.

 

Según el demandante, la normativa violaba los principios de legalidad, cosa juzgada y non bis in ídem, porque habilita una doble valoración judicial negativa del punible cometido inicialmente, esto es, fraccionar el hecho para traducirlo en varias penas, aseguraba el escrito. (Lea: Jueces carecen de discrecionalidad para estimar monto de la pena)

 

No obstante, la Corte encontró que se justifica válidamente que la figura de la reincidencia penal sea, en este caso, una circunstancia de agravación de la pena de multa, es decir, que se ubique en el elemento dogmático de la punibilidad, dado que así lo dispuso el legislador.

 

Efectivamente, la sentencia explica cómo la disposición no infringe el principio del non bis in ídem y se constituye en una medida de agravación punitiva que no se torna irrazonable, ya que la labor del juez al aplicar la norma que contiene el agravante punitivo examina el nuevo delito, sin realizar valoraciones de la sentencia precedente que dan cuenta de la reincidencia del sujeto activo actual.

 

Es claro que el juez penal no realiza un nuevo juicio a los hechos precedentes ni a la suficiencia de la pena impuesta anteriormente, pues, según la providencia, en este caso la certeza legal está protegida por el principio de cosa juzgada. (Lea: Es obligatorio motivar dosificación de la pena)

 

Esta situación tiene justificación constitucional, en tanto consulta el fin preventivo y resocializador de la pena, entendido este último como el establecimiento de obligaciones de doble vía, advirtió.

 

Así las cosas, concluyó que el medio utilizado no desconoce el principio que sustenta la demanda, considerando que la herramienta jurídica analizada es un agravante punitivo que no incide en la culpabilidad, ni exige verificaciones de hechos juzgados para su aplicación, de tal suerte que existe correspondencia constitucional entre el medio y el fin (M. P. Gloria Ortiz).

 

Corte Constitucional, Sentencia C-181, Abr. 13/16.."

Última actualización el Martes, 24 de Mayo de 2016 23:10
 
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